Thursday, November 12, 2015

Destituyen a fiscal que pidió cárcel para ex diputado del MAS

El fiscal Richard Zepita Condori, que pidió la detención preventiva en el penal de San Pedro para el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Benigno Quispe Mamani involucrado en el caso del Fondo Indígena, fue destituido ayer de su cargo por la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios.

La audiencia cautelar de Quispe, se realizó el martes precedente y terminó con la decisión del juez Cautelar No. 1, Daniel Copa, de remitirlo al recinto carcelario por el delito de uso de influencias, aunque el fiscal Zepita en la fundamentación de la imputación señaló ese delito además el de legitimización de ganancias ilícitas.

De acuerdo a la investigación, Quispe transfirió cuentas del Fondo Indígena a cuentas personales, del Banco de la Unión, al Banco Nacional de Bolivia (BNB) por un monto aproximado de medio millón de bolivianos.

Lo que llamó la atención al término de la audiencia es que el ex diputado del MAS salió sonriente de la audiencia. Asimismo, se conoció ayer por funcionarios judiciales que Quispe señaló a Zepita que era su última audiencia, hecho no confirmado con el fiscal, quien afirmó que no emitiría declaración alguna sobre su agradecimiento de servicios.

DESPIDO

Ayer en la mañana fue sorpresa para todo el ámbito judicial, el despido del fiscal Richard Zepita, que en corrillos del Ministerio Público como del Juzgado, se señaló que era un tema político.

La fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios aclaró que no se trataba de una destitución, sino de un agradecimiento de servicios.

"No se destituyó al doctor Zepita, sino se le agradeció los servicios. La destitución es con un proceso administrativo interno. Ha habido un agradecimiento de servicios que en realidad llegó la anterior semana, el viernes y no se pudo agilizar antes, porque mi persona estaba en el Consejo Nacional del Ministerio Público en Potosí, los días lunes y martes", dijo.

Argumentó que el agradecimiento de los servicios fue producto de una supervisión y evaluación de los procesos. Y al nivel de conminatorias que llegaron al despacho de la fiscal Palacios respecto al trabajo del fiscal Zepita.

"Entonces haciendo ese tipo de supervisión y viendo la importancia del despacho que él lleva, tengo casos que se han comunicado en la investigación en el mes de junio y hasta la fecha no tengo ningún resultado, entonces se ha coordinado el agradecimiento de servicios del doctor (Zepita)", señaló.

Asimismo, indicó que el ex fiscal era funcionario de Defensa Pública y de los muchos casos que él llevaba, se excusó. Respecto al caso Fondo Indígena, la fiscal Palacios señaló que la línea en todos los temas de corrupción, es conocer la verdad histórica y debe caer quien caiga, sin encubrimientos.

"Ese proceso continuará hasta las instancias que tenga que llegar y eso no tiene nada que ver. Es un tema de supervisión y evaluación de trabajo, yo que tengo muchos fiscales que no entiendo la situación que puedan ampararse en temas de algún tipo de respaldo o señalar que porque conocen un caso delicado se le agradecen los servicios, no es así. El trabajo es que todos los casos son importantes", dijo.

Cuando se le consultó si eran instrucciones superiores, Palacios señaló que se descarta esa situación. "Eso no tiene nada que ver", afirmó.

El fiscal que ocupará temporalmente el área de anticorrupción será el abogado Juan Laura, "él ha estado cubriendo muchas audiencias que el doctor Zepita no quería cubrir", añadió.

LA PATRIA retornó por segunda oportunidad ante el fiscal Zepita para conocer su criterio sobre su agradecimiento de servicios, pero por segunda vez dijo que no daría declaraciones.

Se tiene como antecedente que el ex fiscal Zepita junto al fiscal Hugo Rocabado, tuvo a su cargo el caso del alcalde Édgar Bazán quien fue denunciado por el ministro de Educación, Roberto Aguilar por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por ampliar las vacaciones en Oruro.

En esa oportunidad, ambos fiscales rechazaron la denuncia del ministro Aguilar, ya que aplicaron el principio de velar el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes.

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