En 2015 no se registraron avances en justicia Legislativo exige sanciones drásticas contra jueces y fiscales corruptos

En 2015 varias reuniones se desarrollaron entre representantes del Órgano Judicial y miembros de las comisiones de Justicia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con miras a la realización de una Cumbre de Justicia a nivel nacional, no obstante, se evalúa su postergación. Ante este panorama y luego de conocer el caso del juez Marcelo Barrientos que extorsionó a una ciudadana, asambleístas exigen sanciones drásticas al Ministerio Público.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresó su indignación ante el accionar del juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz. En esa línea, exigió a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de inmediato sobre este caso.

CREDIBIIDAD

“Me da asco, me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas y exijo a las autoridades del Órgano Judicial que actúen de manera inmediata, si quieren recobrar la credibilidad por parte del pueblo boliviano. Un funcionario de la justicia en Bolivia no se puede burlar tan asquerosamente de los ciudadanos bolivianos”, subrayó.

En esa línea, la presidenta de los diputados destacó la enorme tarea que lleva a cabo la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y del Código de Familias, así también apuntó que no todo el Órgano Judicial es culpable de los errores de unos tantos.

A su turno, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, manifestó la urgente necesidad de reformar la justicia boliviana. “Hay que revisar varios temas en la justicia, desde leyes, pasando por la estructura misma de la justica y terminando en la formación de los abogados en Bolivia. Es un tema que estamos abordando y que va a llevar su tiempo”, dijo.

OPOSICIÓN

Al respecto, asambleístas de oposición aseguraron que la restructuración del sistema de justicia en el país debería ser prioritaria para el Gobierno de turno y no reaccionar sólo cuando se develan este tipo de irregularidades.

“El Concejo de la Magistratura no cumple con el objetivo de aplicar verdaderamente un orden disciplinario y sancionar de manera clara y contunde a los administradores de justicia corruptos, algunos hablan de la creación de un Contralor de la Justicia, para ello se necesita modificar la Constitución Política del Estado (CPE), el MAS no debería solamente, habernos llevado a reformar la CPE para habilitar la reelección de Evo Morales si no también para hacer modificaciones de la estructura del Órgano Judicial también, incluso se debería volver a discutir la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, puntualizó la diputada por Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares.

Por su parte, el diputado militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y parte de la Alianza de UD, Erick Morón, consideró que Bolivia se halla atrasada en temas de justicia, lamentó que los actuales mandatarios dejen de lado esta temática.

“El mismo presidente declaró que había un problema judicial y lo dejan a un lado y nos meten a un referéndum que no soluciona los problema de falta de institucionalización en el país. Seguimos avanzando con soluciones parche, nos entretienen con temas transitorios como es un referéndum que no soluciona la institucionalización que hace falta en el país, simplemente piensan en satisfacer ambiciones de continuismo en el poder”, refirió.

Luego de los últimos acontecimientos, el senador por UD, Yerko Núñez, cuestionó las declaraciones de la ministra de Justicia, Virginia Velasco que habría instruido investigar a la persona que grabó el accionar irregular del juez Barrientos.

A través de una Minuta de Comunicación remitida a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores recomendó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, “ejercer actividades tendientes a garantizar que las denuncias por parte de las personas particulares gozaran de anonimato y de la protección del Estado, especialmente en casos de corrupción y extorsión vinculados a funcionarios públicos”.