Al escándalo judicial que originó la denuncia contra el juez Marcelo Barrientos, quien fue filmado cuando pedía 15.000 dólares para favorecer a una litigante, ahora se suman las críticas contra el Tribunal Constitucional (TCP) por dejar sin cuórum a la entidad y con casos sin resolver por un viaje a China, y la denuncia contra el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, por presunta extorsión a una juez.
Todo ello ahonda la crisis por la que atraviesa el Órgano Judicial que es blanco de críticas desde todos los frentes: Gobierno, Legislativo y sociedad civil.
Para el constitucionalista José Antonio Rivera, esta crisis de la justicia en el país “se convierte en una especie de bomba de tiempo que en cualquier momento hará estallar la paz y tranquilidad de los ciudadanos conduciéndonos a conductas como la de aplicar justicia por mano propia”, concluyó el jurista.
El constitucionalista José Antonio Rivera agregó que las denuncias de corrupción dentro el Órgano Judicial nunca son investigadas ni esclarecidas ni sancionadas y que al final termina con la “impunidad para operadores del sistema judicial y del Ministerio Público que cada vez debilita al sistema judicial del Estado”.
Las últimas denuncias que han horadado la justicia boliviana involucran a funcionarios judiciales que van desde jueces anticorrupción y personal administrativo (secretaria) hasta magistrados de la más alta jerarquía como el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, y los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
En el primer caso el juez anticorrupción, José Marcelo Barrientos, está siendo procesado por la vía penal y disciplinaria. La autoridad cayó cuando una litigante, a quien le pidió 15.000 dólares para cambiar la tipificación de un delito, filmó la extorsión y difundió las imágenes y las presentó como prueba en el proceso.
En la denuncia también están involucrados los jueces Jorge Viscarra y René Escobar; el fiscal Félix Marín y la secretaria de ese juzgado.
Para el viceministro de Justicia Indígena, René Martínez, los hechos ilegales que implican a los operadores de justicia de todo nivel “permiten reconocer que hay una suerte de transversalización de la corrupción, es decir, donde te apoyes en el tema de justicia salta la pus, hay corrupción y esto está repercutiendo de manera gravitante en la seguridad ciudadana”, concluyó.
La segunda irregularidad tiene que ver con la revelación del magistrado del Tribunal Constiticional (TCP), Oswaldo Valencia, de que cuatro de sus colegas viajaron a China dejando a esta entidad sin quórum y con varias centenas de casos sin resolver.
Los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efren Choque y Mirtha Camacho, ante la ola de críticas, tuvieron que retornar de China antes de cumplir los 30 días por los que viajaron.
Sin embargo, a su llegada destituyeron a Valencia de la presidencia de la Comisión de Admisión del TCP y de la Academia Plurinacional Constitucional.
El magistrado afectado pidió a sus colegas que recapaciten sobre su decisión.
Para hacer frente a esta crisis, el constitucionalista Rivera plantea adoptar medidas urgentes en función a las causas que la genera. Mencionó entre ellas las económicas, institucionales, de formación profesional y capacitación.
Rivera citó además las causas de orden legislativo y político por “la excesiva intromisión de los órganos de poder político en el sistema judicial”.
Por su parte, Martínez aseguró que esta realidad obliga a reconocer que el eslabón de la justicia es la más débil en este proceso. “No fue tocado, pero fue oportunamente percibido por la interpelación que hace la ciudadanía”, concluyó.
El Ejecutivo, el Legislativo y el propio Órgano Judicial advierten sobre la crisis por la que atraviesa esta entidad, pero no toman medidas para detenerla.
Denuncia contra Sanabria
El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Freddy Sanabria, dijo estar dispuesto a cualquier tipo de investigación sobre la denuncia en su contra de una supuesta extorsión de $us 8.000 revelada por una exjueza de Montero en una grabación que le hizo el técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo.
Sanabria, después de dos días de la revelación del audio, rechazó el supuesto hecho de extorsión y dijo que está dispuesto a esclarecer este caso en cualquier tipo de investigación. Anunció además un juicio a quienes lo denunciaron.
La magistrada del CM y expresidenta de esa instancia judicial, con relación a la denuncia contra Sanabria, lamentó que exista ese tipo de autoridades. “No puede ser que una autoridad esté involucrada. Debemos ser un ejemplo. Sin embargo, si hay un audio que involucra a Sanabria se debe investigar”, dijo.
La juez Mamani recordó que por unas imágenes de video grabadas fueron destituidos dos jueces, en alusión a Marcelo Barrientos y Jorge Viscarra.
ÉTICA Y MORAL
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, sobre el que pesa una denuncia por extorsión de 8.000 dólares contra una jueza para mantenerla en el cargo, pidió hace tres semanas al juez Marcelo Barrientos que renuncie a su cargo para “limpiar la imagen de la justicia”.
“Por ética y moral, el mencionado juez debería renunciar”, dijo. Al mismo tiempo, advirtió que esto no implicaría que Barrientos se libre de los procesos disciplinarios y penales que se le iniciaron.
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