Desde que la justicia en Bolivia tocó fondo, un criterio que no sólo es de autoridades de Gobierno, sino de la población, se demandó un cambio. Las hablaron de convocar a una Cumbre de Justicia, pero, desde su anuncio, quedó en eso.
Sin embargo, instituciones de la sociedad civil están convencidas de que una reforma en la Justicia boliviana es un camino lago por recorrer. Así lo señaló la expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera.
Representantes de organizaciones como las fundaciones Buen Gobierno y Construir, además de la Defensoría del Pueblo, coincidieron en señalar que una reforma en la justicia debe ser partiendo de la voluntad política oficial, tomando el asunto como reto del Estado para garantizar una justicia creíble y accesible a toda la población boliviana.
Estos aspectos fueron presentados en la propuesta “Sociedad Civil en Acción: Elementos para una Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia”.
Griselda Sillerico, a nombre del Defensor del Pueblo, sostuvo que el tema de la justicia es fundamental, más aún en un Estado de derecho, por la necesidad que existe en realizar la Cumbre que se anunció, pero enmarcada en un “cambio estructural” y, por tanto, constituirse en prioridad de la agenda política pública.
Destacó la elaboración de una agenda ciudadana que permite avanzar con problemáticas reales, entre las que se encuentra la Justicia, y articular esfuerzos comunes para integrar todos los requisitos que debe tener, para justificar su cambio y, esencialmente, que tenga la credibilidad pública.
Para Eddy Cóndor, representante de la Fundación Buen Gobierno, el reto de la justicia transparente es un reto, contar con una única justicia en el marco de su independencia e imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, celeridad, probidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, todo lo cual enmarcado en la Constitución.
Sostuvo que uno de los aportes del documento es que la justicia debe ser “integral y de política pública”, basado en derechos humanos, donde el Estado tiene una acción inclusiva, coherente y participativa, consustanciales con la expectativa pública de tener una justicia real, sin tachas ni descréditos.
Para la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Betty Yañiquez, la cumbre judicial se tiene prevista su realización en el mes de abril del próximo año y se aportará, en la medida de la responsabilidad que se tenga en diferentes ámbitos de la justicia, así como identificar los cuellos de botella que dan paso a la retardación de justicia, falta de accesibilidad a la justicia y credibilidad, que es todo lo cual que demanda la población.
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