José Rubén Camacho Arnez perdió todos sus bienes y su familia a raíz de un juicio civil en su contra por una deuda económica. Asegura que fue engañado con la complicidad de jueces, fiscales, notarios y abogados.
Dice que estuvo injustamente en prisión en dos oportunidades.
Camacho es el presidente de la Asociación de Víctimas de Injusticia en Cochabamba, que aglutina a cerca de 300 integrantes y asegura que no descansará hasta que los “corruptos” sean sancionados con las máximas penas.
El dirigente formalizó una denuncia penal en contra de dos jueces, un fiscal, un vocal, funcionarios judiciales y abogados por los delitos de prevaricato, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, privación de libertad y organización criminal.
La demanda la presentó en Sucre con el respaldo de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Cochabamba para evitar el entorpecimiento del proceso.
Se trata de una de los pocos casos que ha avanzado hasta el proceso penal, informó la técnica de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, Patricia Soria.
Señaló que en lo que va del año recibieron al menos 100 acusaciones en contra de funcionarios judiciales por corrupción, de las cuáles 10 se formalizaron como denuncias ante el Ministerio Público.
En muchos casos, son derivadas a los juzgados disciplinarios cuya máxima sanción es la destitución, explicó.
INSUFICIENTES Desde el punto de vista del presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Richard Mitma Crispín, las sanciones que reciben los jueces y vocales son una burla .
Protestó porque mientras se desarrollan los juicios, los acusados continúan en sus funciones.
Apuntes
Denuncias
El Consejo de la Magistratura realizó auditorías en juzgados provinciales y en la oficina de Derechos Reales de Punata para identificar hechos de corrupción.
En Quillacollo se puso especial atención en el Juzgado Segundo Cautelar, donde se identificaron serias irregularidades como la demora en la atención de los memoriales, falta de conminatoria a fiscales en casos en que los plazos están venciendo, entre otras.
En Punata también se identificó indicios de corrupción que derivó en la denuncia formal del Consejo de la Magistratura en contra del subregistrador, ante la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción.
Incidencia
Cochabamba ocupa el tercer lugar en la cantidad de denuncias recibidas en contra de funcionarios judiciales. La información es el resultado de la inspección realizada por los magistrados Cristina Mamani y Roger Triveño a los juzgados disciplinarios.
El Consejo de la Magistratura con frecuencia realiza campañas informativas para concienciar a la población.
No comments:
Post a Comment