La primera audiencia del “Tribunal de la Mujer contra la Impunidad” condenó la falta de acción de los operadores de justicia y señalo que fiscales, jueces y policías incumplieron con su trabajo para el esclarecimiento del asesinato de la concejal de Ancoraimes, Juana Quispe, ocurrido hace más de tres años.
“Por tanto, el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, con la facultad reconocida por la Constitución Política del Estado, artículo 241 y 242, haciendo uso del control social, impone, una sanción y moral en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, por tolerar la vulneración de los derechos humanos, como la vida, el ejercicio libre y los derechos políticos de la exconcejala Juana Quispe Apaza, por no haber actuado oportunamente, ocasionando impunidad”, señala en su parte resolutiva.
La concejal de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, fue hallada muerta el 12 de marzo del 2012.
El Tribunal continuará instalando sus sesiones y accionando procesos estancados con el fin de dar a conocer las irregularidades que comente los administradores de justicia, según Mery Marca, parte del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
La audiencia estuvo presidida por expertas como la abogada Julieta Montaño, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la periodista y activista Lucia Zauma, y la representante de Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) Katya Velarde.
FISCALÍA EVADE RESPONSABILIDAD
De acuerdo con la explicación hecha por Valquiria Lira ante el TMCI, la abogada de la familia Quispe, reveló que el proceso se encuentra en cero luego de tres años y nueve meses de ocurrido el crimen, pues la “ineficiencia con la que actuaron los miembros del Ministerio Público”, hizo que se dicten sobreseimientos y luego se anule la imputación.
Según el fallo, los fiscales que dejaron en evidencia los errores en los que incurre el Ministerio Público, en la investigación de cualquier crimen, son la exfiscal de Distrito Patricia Santos, los fiscales de materia Susana Boyan, Genaro Quenta, Jhonny Garnica, Fernando Cabrera.
Dichos fiscales, según la relación de hechos, ni siquiera concluyeron la etapa de investigación pues según la Felcv, no presentaron los requerimientos para efectuar las pruebas de laboratorio, extracto de llamadas y no se realizó la inspección ocular, ni reconstrucción de los hechos.
Además observan la conducta de la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Lía Cardozo, por liberar a presuntos autores.
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