La audiencia comenzó con retraso ayer debido a la apretada agenda de la Sala Penal. La representante del Ministerio de Gobierno, Adriana Zelada, que es parte en el proceso penal por la matanza en El Abra, comenzó explicando que no había razones para que Duk fuera beneficiado con medidas sustitutivas a la detención, pues su vida no corría peligro encerrado, no sufre una enfermedad terminal y existen certificados que demuestran que él ejerce su derecho a la salud y se somete a tratamientos de fisioterapia por el esguince sufrido mientras hacía deporte.
La fiscal Jhossy Arauco, que dirigió la investigación de la corrupción que derivó en una matanza en el penal de El Abra, continuó la argumentación señalando que el peligro de obstaculización no había desaparecido porque existen antecedentes de que el mayor Yuri Duk amenazaba a policías de El Abra con iniciarles procesos en la Didipi y con hacer que su hermano, también policía e influyente en el Alto Mando, los cambie a destinos lejanos como Pando y Beni, si no obedecían sus órdenes, ligadas a la comisión de irregularidades.
La fiscal Arauco reveló que existen 120 testigos, entre policías, clases e internos del penal de El Abra que deben prestar sus declaraciones en el juicio oral que empieza el 6 de enero de 2016.
“Son subalternos del mayor Yuri Duk y él, en libertad, puede ejercer presión sobre ellos. Su sola salida de la carceleta ya logró que varios reclusos se sientan atemorizados”, sostuvo y citó una frase que un interno declaró a OPINIÓN el 16 de diciembre. “Muchos ya decidieron no ir a declarar al juicio porque si lo dejaron en libertad (a Duk) quiere decir que este proceso no va a llegar a una sentencia y los únicos perjudicados seremos nosotros”. Reveló que uno de los testigos principales, y a la vez acusado, es Gregorio Condo y que al ser Duk su superior en jerarquía, podría intimidarlo.
Como ejemplo, se refirió a las amenazas efectuadas por Duk el 27 de noviembre en contra del gobernador de Arani. La Fiscal solicitó, por éstos y otros motivos legales, la revocatoria de las medidas sustitutivas y la detención de Duk, a fin de garantizar que el juicio oral se desarrolle sin presiones a los testigos.
Patricio Vargas, el defensor de Duk, solicitó que se mantenga la libertad del jefe policial pues consideraba que no había riesgo real de obstaculización y objetó el informe del gobernador de Arani amenazado porque no fue enviado a una juez de Ejecución Penal, sino a la jueza del Tribunal de Sentencia de Sacaba.
Las vocales de la Sala Penal 3, Mirtha Meneces y Marcela Borja, leyeron las fundamentaciones por las que Duk fue liberado, el 1 de diciembre y que fueron redactadas por el Tribunal de Sacaba conformado por la jueza Aleyda Gómez, David Gamón y Nelson Pereira.
Las vocales señalaron que la Sentencia Constitucional 301/2011 establece que el peligro de obstaculización no desaparece al terminar la etapa de la investigación. “La fase esencial de todo proceso es el juicio oral porque allí se judicializan las pruebas testificales, documentales, periciales y se puede obstaculizar la verdad incluso durante el juicio. La verdad sale a luz hasta que hay calidad de cosa juzgada”, describió la vocal Mirtha Meneces.
Además, se trata de una investigación compleja, en la que hay acusados de diversas instituciones y se debe garantizar un juicio oral sin presiones. Respecto a garantizar el derecho a la salud de Duk, que sufre de un esguince en la rodilla, las vocales dijeron que los jueces de Sacaba podían ordenar el traslado de Duk a un penal más cercano a los hospitales para que reciba atención especializada, sin dictar su libertad.
En relación a las amenazas en contra del gobernador de Arani, las vocales dijeron que todo elemento probatorio es válido para su consideración y los jueces de Sacaba no podían argumentar respeto a la presunción de inocencia porque se trataba de un informe, no de un delito en investigación. Concluyeron que los jueces no valoraron adecuadamente el informe de Arani y persiste el riesgo de obstaculización del proceso. Por todos estos motivos, las vocales de la Sala Penal revocaron la decisión de los jueces de Sacaba y ordenaron la detención preventiva de Yuri Duk en la cárcel de San Pedro.
“Duk se prestó Bs 100 mil”
En diversas audiencias, el mayor de Policía Yuri Duk alegó que si bien está divorciado, tiene obligaciones económicas con sus tres hijos y que al no estar percibiendo su salario desde hace 15 meses, dejó de darles la asistencia familiar y ellos habían sido apartados del colegio por deudas de pensiones escolares. Consultado sobre cómo hizo para pagar la fianza de 100 mil bolivianos, su abogado, Patricio Vargas, dijo que Duk se prestó el dinero con una garantía hipotecaria. “Se ha gestionado a través de mi oficina, a través de un cliente un préstamo económico con garantía hipotecaria y se está pagando un interés del 3 por ciento mensual, es un sacrificio conjunto de toda su familia”, recalcó. Una vez que las vocales leyeron su resolución, el abogado Vargas pidió que Duk vuelva a la cárcel de Arani porque en San Pedro habrían reclusos de relevante peligrosidad, pero las autoridades dijeron que para precautelar su derecho a la salud, que era preferible estar en un recinto más cercano a todos los hospitales.
No comments:
Post a Comment