Al cumplir su primer año de gestión como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque puso su cargo a disposición de su Sala Plena. Su colega Zenón Bacarreza aparece como el firme candidato a sustituirlo, posiblemente, desde el lunes.
El magistrado Osvaldo Valencia confirmó que Choque puso a disposición del pleno la presidencia de la entidad y dejó que sus colegas definan su futuro. Aclaró que no existe ningún motivo para el alejamiento, porque se trabajó de manera coordinada.
Choque, en un contacto telefónico con este diario, evitó referirse al rumor que surgió ayer sobre la renuncia a su cargo. Sin embargo, se limitó a señalar que el lunes, cuando se reúna la Sala Plena del TCP, “habrá grandes sorpresas”.
De manera extraoficial, también se conoció que otro magistrado que podría sustituir a Choque sería el mismo Juan Osvaldo Valencia, que recientemente asumió la titularidad, luego de que su colega Ligia Velásquez dimitió para permitir el archivo de obrados dentro del juicio de responsabilidades que le siguió el Senado.
Pero Valencia indicó que su colega Zenón Bacarreza, quien también asumió la titularidad del cargo, en sustitución de Soraida Chánez, tiene el respaldo de cinco de sus siete colegas.
Los magistrados están convocados para el lunes a las 15.00, cuando sesionarán y podrían reemplazar a Choque, quien asumió sus funciones el 26 de febrero del año pasado, tras la polémica renuncia de su antecesor, Ruddy Flores.
Saturday, February 28, 2015
De 852.000 procesos en Bolivia en La Paz se atendió el 33%
JUAN CARLOS BERRÍOS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.
Pese al exiguo presupuesto destinado al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en este distrito en 2014 concentró más de 284.500 procesos judiciales (33.3 por ciento), de las 852.400 causas atendidas por los nueve distritos judiciales a nivel nacional, según el informe de Redición Pública presentado por el presidente de esa entidad, Juan Carlos Berríos, en el cual también identificó diez factores que perjudican de manera estructural la celeridad de su trabajo, dañando la imagen de la justicia en el país.
Berrios detalló que de los 284.500 procesos judiciales atendidos en 2014, el TDJ resolvió el 52 por ciento, es decir, 12 por ciento más en relación al 2013. “Esa cifras representan que en el Distrito Judicial de La Paz se tramitan y resuelven muchas más causas que en seis distritos judiciales. Chuquisaca, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Tarija, juntos, que atienden cerca de 220.000 causas; La Paz atiende 84.000 causas más que esos seis departamentos. No obstante, somos el distrito judicial menos atendido en dotación de recursos económicos, infraestructura, muebles, tecnología, materiales y personal capacitado”, afirmó.
El desafío de encarar, la impresionante carga procesal que, cada año, va en aumento progresivo es asumido sólo por un equipo de 209 jueces y 20 vocales que conforman el TDJ, los cuales están distribuidos en las 20 provincias del departamento.
Explicó que la excesiva carga procesal representa que, en promedio, cada uno de los 893 jueces tiene bajo su responsabilidad cerca de 1.000 causas. “Esas 852.400 causas representan los intereses de 852.400 familias. Y si consignamos tres integrantes por familia, tendríamos cerca de 2.6 millones de ciudadanos que conforman la población litigante a nivel nacional”, afirmó.
En relación a la emisión de resoluciones por año, en 2012 se han resuelto 33 por ciento de las causas; en 2013 el 40 y en 2014 el logro fue el de 52 por ciento de las causas. Un crecimiento efectivo de casi el 20 por ciento en los últimos tres años.
Por otro lado, ayer, en el acto de rendición de cuentas, realizado en Palacio de Justicia de la calle Potosí, Berrios señaló que con la ayuda de expertos, determinó identificar al menos diez factores que perjudican que el Órgano Judicial realice su trabajo de manera óptima.
“Un sistema judicial colonial heredado; excesiva carga procesal, consecuencia de la creación de nuevas figuras delictivas; la falta de un presupuesto adecuado; la falta de independencia económica judicial; crónico déficit de infraestructura, materiales y mobiliario y la inexistencia de nuevos jueces que hayan seguido la carrera judicial”, son algunas de estos factores que dañan la imagen del Órgano Judicial y al momento no son atendidos por el Gobierno.
Jueces trabajan hacinados y con bajo presupuesto
Durante el informe de rendición de cuentas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, una de las principales demandas por parte de las autoridades judiciales fue la falta de infraestructura y equipamiento, por lo cual parte de los magistrados, se ven obligados a prestar sus servicios en condiciones de hacinamiento, como es el caso de los recién posesionados jueces técnicos, como lo verificó EL DIARIO.
De los siete jueces técnicos, posesionados en diciembre del año pasado, se verificó que hasta la fecha, al menos dos continúan trabajando en espacios de un metro por uno y medio, rodeado de archivos y sin la privacidad necesaria para una autoridad.
Francisco Tarquino, representante departamental del Consejo de la Magistratura, instancia responsable de dotar de la infraestructura y condiciones necesarias a los magistrados, explicó que esto se debe a que hasta antes de 2012, el Órgano Judicial siempre fue descuidado, pero a partir de su gestión se ha estado luchando para lograr la construcción de la Casa de la Justicia, en los predios tanto de Miraflores como de Achumani, pero no se está dando lugar estos proyectos.
Entretanto, anunció que el CM desde Sucre, está trabajando en la modificación del presupuesto asignado a este sector desde el Ministerio de Economía.
De los siete jueces técnicos, posesionados en diciembre del año pasado, se verificó que hasta la fecha, al menos dos continúan trabajando en espacios de un metro por uno y medio, rodeado de archivos y sin la privacidad necesaria para una autoridad.
Francisco Tarquino, representante departamental del Consejo de la Magistratura, instancia responsable de dotar de la infraestructura y condiciones necesarias a los magistrados, explicó que esto se debe a que hasta antes de 2012, el Órgano Judicial siempre fue descuidado, pero a partir de su gestión se ha estado luchando para lograr la construcción de la Casa de la Justicia, en los predios tanto de Miraflores como de Achumani, pero no se está dando lugar estos proyectos.
Entretanto, anunció que el CM desde Sucre, está trabajando en la modificación del presupuesto asignado a este sector desde el Ministerio de Economía.
Friday, February 27, 2015
Reconoció que tenía 41 procesos Quispe se querella contra sus “víctimas”
El fiscal despedido Humberto Quispe anunció ayer que iniciará procesos legales en contra de las personas que hicieron denuncias “temerarias” en su contra, con cargos de extorsión, robo, abuso de autoridad y corrupción, entre otros. El aún fiscal (goza de vacaciones hasta el 15 de marzo, luego se hará efectivo su despido), manifestó que las personas que se agruparon en una “asociación de víctimas”, sólo quieren dañar su imagen para que no acceda al cardo de Fiscal de Distrito.
Ayer, el fiscal Quispe tomó contacto con varios medios de comunicación en inmediaciones de la Fiscalía de Distrito, sin mostrar ninguna inquietud, es más, varios fiscales se acercaron y extendiéndole la mano, le expresaron su “apoyo”.
“No van a poder aprehenderme, ni disponer mi detención, porque no hay elementos de prueba. Así marchen 10 mil personas, 100 millones de personas, la ley no se activa por la marchas, sino por la violación del procedimiento”, declaró Quispe.
Además, reconoció, que desde 2011 tiene 41 procesos en su contra, pero en el marco del congestionamiento judicial, logró eludir 37 y al memento solo tiene pendientes cuatro.
Según explicó, la determinación del Fiscal General, no fue su destitución sino, el despido, “agradecimiento de servicios”, el cual se hará efectivo luego de que cumpla sus vacaciones el 15 de marzo. Descalificó a las personas que conformaron una “asociación de víctimas”.
Entre los cuatro procesos están uno por robo de joyas en el cual allanó una joyería, en la “secuestro” 800 gramos de este metal, para solo devolver 200 y buena cantidad habría sido cambiada por otro tipo de material.
En otro caso, Quispe fue inculpado por intento de violación. Un tercer y cuarto proceso tienen argumentos más contundentes en contra de Quispe, ya que se trata de la adulteración de números de registros informáticos en procesos inventados y el de un “operativo” en cual no era el fiscal asignado, siendo sancionado desde la Fiscalía General del Estado, pero sólo con una multa económica.
Ayer, el fiscal Quispe tomó contacto con varios medios de comunicación en inmediaciones de la Fiscalía de Distrito, sin mostrar ninguna inquietud, es más, varios fiscales se acercaron y extendiéndole la mano, le expresaron su “apoyo”.
“No van a poder aprehenderme, ni disponer mi detención, porque no hay elementos de prueba. Así marchen 10 mil personas, 100 millones de personas, la ley no se activa por la marchas, sino por la violación del procedimiento”, declaró Quispe.
Además, reconoció, que desde 2011 tiene 41 procesos en su contra, pero en el marco del congestionamiento judicial, logró eludir 37 y al memento solo tiene pendientes cuatro.
Según explicó, la determinación del Fiscal General, no fue su destitución sino, el despido, “agradecimiento de servicios”, el cual se hará efectivo luego de que cumpla sus vacaciones el 15 de marzo. Descalificó a las personas que conformaron una “asociación de víctimas”.
Entre los cuatro procesos están uno por robo de joyas en el cual allanó una joyería, en la “secuestro” 800 gramos de este metal, para solo devolver 200 y buena cantidad habría sido cambiada por otro tipo de material.
En otro caso, Quispe fue inculpado por intento de violación. Un tercer y cuarto proceso tienen argumentos más contundentes en contra de Quispe, ya que se trata de la adulteración de números de registros informáticos en procesos inventados y el de un “operativo” en cual no era el fiscal asignado, siendo sancionado desde la Fiscalía General del Estado, pero sólo con una multa económica.
CASO EXTORSIÓN FISCAL QUISPE REITERA SU INOCENCIA
El suspendido fiscal Humberto Quispe reitero ayer su inocencia y afirmó que no puede ser detenido porque no existen elementos de prueba en su contra. El jurista, quien ayer admitió que se mantiene como funcionario del Ministerio Público, explicó que actualmente goza de vacaciones y que dentro de 20 días surtirá efecto el memorando de retiro enviado por el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Quispe declaró que las múltiples denuncias en su contra, en total 30, tienen el objetivo de dañar su imagen profesional y afirmó que son delincuentes los miembros de la asociación de víctimas que se formó para presentar denuncias en su contra. En tanto una de sus víctimas, Carmiña Luna, afirmó que se han librado citaciones a policías para que declaren sobre uno de los casos en los que Quispe está involucrado.
Quispe declaró que las múltiples denuncias en su contra, en total 30, tienen el objetivo de dañar su imagen profesional y afirmó que son delincuentes los miembros de la asociación de víctimas que se formó para presentar denuncias en su contra. En tanto una de sus víctimas, Carmiña Luna, afirmó que se han librado citaciones a policías para que declaren sobre uno de los casos en los que Quispe está involucrado.
Wednesday, February 25, 2015
395 Empleados judiciales sancionados en 2014
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó ayer que la Sala Disciplinaria sancionó a 395 funcionarios judiciales en 2014 por faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas.
"Se han perfeccionado acciones para los operativos de control y fiscalización y los procesos disciplinarios y penales en contra de los servidores que hubieren cometido faltas y delitos en el ejercicio de funciones", dijo a la ABI.
"Se han perfeccionado acciones para los operativos de control y fiscalización y los procesos disciplinarios y penales en contra de los servidores que hubieren cometido faltas y delitos en el ejercicio de funciones", dijo a la ABI.
Tuesday, February 24, 2015
En la FELCC desaparece el oro que decomisó el exfiscal Quispe
Parte del oro que en marzo de 2014 el exfiscal Humberto Quispe le confiscó al joyero Mario Gutiérrez, "desapareció” de los depósitos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur.
"En el acta de secuestro (de marzo de 2014) figuran 62,5 gramos. Se devolvió (a otra persona) 51,2 gramos en mayo de 2014, faltando 11,3. No se entregó 48,9 gramos de oro chafa porque también faltan 3,4 gramos”, se escribió en el acta de devolución de los objetos confiscados a Gutiérrez, el 19 de febrero de 2015. "Eso que falta no se sabe dónde está, desapareció”, dijo el joyero.
El 5 de marzo de 2014, el entonces fiscal Quispe, junto a varios policías, llegó a la joyería de Gutiérrez y le confiscó 80.000 dólares, entre oro y dinero en efectivo. Lo acusó de comprar joyas robadas a una tienda cuya propietaria era María Encinas.
Gutiérrez inició un proceso para que se le devuelva lo confiscado, y el 30 de julio del año pasado, la jueza Margot Pérez dispuso que Quispe "devuelva a Gutiérrez todos los objetos”.
Pero esta disposición no se cumplió hasta casi siete meses después, cuando el fiscal Carlos Andrade se dirigió a la FELCC para cumplir la orden de la jueza, pero verificó que en los depósitos no se encontraban los mismos objetos confiscados al joyero.
De un total de 1.025,4 gramos de oro secuestrados, 14,7 no aparecieron, y otros 698,8 ya habían sido devueltos en mayo de 2014, pero a otra persona: María Encinas, la presunta víctima del primer robo.
Se observó otra irregularidad: cuando Encinas describió lo que le habían robado, habló de un montón de joyas, pero -excepto por unos gramos de oro chafa- la descripción no coincidió con lo que se secuestró a Gutiérrez, y tampoco con los 698,8 gramos que después el exfiscal Quispe devolvió a la supuesta propietaria.
Gutiérrez calculó que por estas irregularidades sólo recuperó 35.000 dólares de los 80.000 (valor de lo que le confiscaron).
Además, tampoco se le devolvió 41,7 gramos de oro porque la mitad "se convirtió” en cobre. "Había fotos de todo, pero justo de esos 41,7 gramos se perdió la foto, para que no se sepa que todo era oro y que lo cambiaron por cobre”, dijo Gutiérrez.
El exfiscal Quispe, en una anterior declaración, aseguró que en este caso actuó en todo momento conforme a ley, que habían pruebas de que Gutiérrez compró joyas robadas, y que todo lo confiscado se encontraba en laboratorio de la FELCC zona Sur. "Yo no me quedé con nada, y lo que hay allí lo cuidan los policías”, dijo.
Encinas explicó que ella recogió de la fuerza antricrimen "parte” de lo que le habían robado. Dijo que Gutiérrez fue aprehendido junto a J.L.F., "el ladrón” que se llevó las joyas de su tienda, quien reconoció que las vendió a Gutiérrez a 12.500 dólares. "Ahora de la FELCC yo recogí pepas, eso no lo declaré como robado, seguro en mi ofuscación no lo hice, pero todas las joyerías tenemos pepas”, dijo.
Los sucesos
Caso En marzo de 2014 confiscaron, entre oro y dinero en efectivo, 80.000 dólares al orfebre Mario Gutiérrez, después de acusarlo de comprar joyas robadas a una tienda.
Devolución En julio de 2014 una juez resolvió la devolución de todo lo confiscado a Gutiérrez, por no hallar pruebas en su contra que lo incriminen en la compra de joyas robadas.
Denuncia Mario Gutiérrez señala a un exfiscal y a tres policías por la confiscación irregular de sus pertenencias y la posterior manipulación de éstas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur.
"En el acta de secuestro (de marzo de 2014) figuran 62,5 gramos. Se devolvió (a otra persona) 51,2 gramos en mayo de 2014, faltando 11,3. No se entregó 48,9 gramos de oro chafa porque también faltan 3,4 gramos”, se escribió en el acta de devolución de los objetos confiscados a Gutiérrez, el 19 de febrero de 2015. "Eso que falta no se sabe dónde está, desapareció”, dijo el joyero.
El 5 de marzo de 2014, el entonces fiscal Quispe, junto a varios policías, llegó a la joyería de Gutiérrez y le confiscó 80.000 dólares, entre oro y dinero en efectivo. Lo acusó de comprar joyas robadas a una tienda cuya propietaria era María Encinas.
Gutiérrez inició un proceso para que se le devuelva lo confiscado, y el 30 de julio del año pasado, la jueza Margot Pérez dispuso que Quispe "devuelva a Gutiérrez todos los objetos”.
Pero esta disposición no se cumplió hasta casi siete meses después, cuando el fiscal Carlos Andrade se dirigió a la FELCC para cumplir la orden de la jueza, pero verificó que en los depósitos no se encontraban los mismos objetos confiscados al joyero.
De un total de 1.025,4 gramos de oro secuestrados, 14,7 no aparecieron, y otros 698,8 ya habían sido devueltos en mayo de 2014, pero a otra persona: María Encinas, la presunta víctima del primer robo.
Se observó otra irregularidad: cuando Encinas describió lo que le habían robado, habló de un montón de joyas, pero -excepto por unos gramos de oro chafa- la descripción no coincidió con lo que se secuestró a Gutiérrez, y tampoco con los 698,8 gramos que después el exfiscal Quispe devolvió a la supuesta propietaria.
Gutiérrez calculó que por estas irregularidades sólo recuperó 35.000 dólares de los 80.000 (valor de lo que le confiscaron).
Además, tampoco se le devolvió 41,7 gramos de oro porque la mitad "se convirtió” en cobre. "Había fotos de todo, pero justo de esos 41,7 gramos se perdió la foto, para que no se sepa que todo era oro y que lo cambiaron por cobre”, dijo Gutiérrez.
El exfiscal Quispe, en una anterior declaración, aseguró que en este caso actuó en todo momento conforme a ley, que habían pruebas de que Gutiérrez compró joyas robadas, y que todo lo confiscado se encontraba en laboratorio de la FELCC zona Sur. "Yo no me quedé con nada, y lo que hay allí lo cuidan los policías”, dijo.
Encinas explicó que ella recogió de la fuerza antricrimen "parte” de lo que le habían robado. Dijo que Gutiérrez fue aprehendido junto a J.L.F., "el ladrón” que se llevó las joyas de su tienda, quien reconoció que las vendió a Gutiérrez a 12.500 dólares. "Ahora de la FELCC yo recogí pepas, eso no lo declaré como robado, seguro en mi ofuscación no lo hice, pero todas las joyerías tenemos pepas”, dijo.
Los sucesos
Caso En marzo de 2014 confiscaron, entre oro y dinero en efectivo, 80.000 dólares al orfebre Mario Gutiérrez, después de acusarlo de comprar joyas robadas a una tienda.
Devolución En julio de 2014 una juez resolvió la devolución de todo lo confiscado a Gutiérrez, por no hallar pruebas en su contra que lo incriminen en la compra de joyas robadas.
Denuncia Mario Gutiérrez señala a un exfiscal y a tres policías por la confiscación irregular de sus pertenencias y la posterior manipulación de éstas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur.
Monday, February 23, 2015
Víctimas denuncian Detenidos obstaculizan procesos judiciales
Personas detenidas por los presuntos delitos de robo de autopartes y vehículos obstaculizan los procesos judiciales en los que se encuentran implicados evitando asistir a sus audiencias, según denunció Claudio Álvarez, representante de la “Asociación de víctimas de robo de vehículos seguido de muerte”.
Los implicados fueron identificados como supuestos componentes del Clan Negro Churco, quienes en días pasados debían presentarse a su audiencia para definir la acusación formal y el proceso judicial por los supuestos delitos de asociación delictuosa, robo agravado, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Según la declaración del representante, este procedimiento fue suspendido por segunda vez en menos de seis meses, lo que impide que se pueda determinar su culpabilidad o inocencia en los hechos delincuenciales.
Los implicados fueron identificados como supuestos componentes del Clan Negro Churco, quienes en días pasados debían presentarse a su audiencia para definir la acusación formal y el proceso judicial por los supuestos delitos de asociación delictuosa, robo agravado, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Según la declaración del representante, este procedimiento fue suspendido por segunda vez en menos de seis meses, lo que impide que se pueda determinar su culpabilidad o inocencia en los hechos delincuenciales.
Saturday, February 21, 2015
Exfiscal declara por tercera denuncia en su contra
El exfiscal Humberto Quispe se presentó la mañana de ayer ante el Ministerio Público por la citación de un tercer caso en el que está implicado, por la supuesta comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes, y allanamiento de dependencias.
A las 8:30 de ayer, el denunciado se acogió al derecho del silencio en la ampliación de su declaración informativa ante el fiscal Elmer Cruz. "Se acogió al derecho de silencio porque era la ampliación por allanamiento y en una anterior oportunidad él ya declaró que no hubo allanamiento, porque fue una actuación en flagrancia”, explicó su abogado Jorge Borda.
El 13 de febrero el exfiscal declaró en la zona Sur por su supuesta complicidad en un robo agravado, el 19 lo hizo tras ser denunciado por recibir un soborno de 7.000 bolivianos.
Ayer declaró por un tercer caso, el de la abogada Carmiña Luna, quien en noviembre de 2012 fue detenida junto a otros dos abogados en un operativo encabezado por Quispe. Se la acusó de falsificar documentos y se ingresó a su oficina en el centro paceño para recolectar pruebas.
Luna aseguró que todo fue un montaje para que el exfiscal y personal del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) se apropien de un domicilio. La abogada amplió la denuncia contra Quispe por allanamiento porque según ella no se la aprehendió en flagrancia. "No me encontraron entregando o recibiendo documentos falsos”.
Pero Quispe dijo que actuó al llamado del CEIP y que en el operativo encontraron a dos personas con papeles falsificados que se dirigían a la oficina de Luna, donde se ingresó al instante.
A las 8:30 de ayer, el denunciado se acogió al derecho del silencio en la ampliación de su declaración informativa ante el fiscal Elmer Cruz. "Se acogió al derecho de silencio porque era la ampliación por allanamiento y en una anterior oportunidad él ya declaró que no hubo allanamiento, porque fue una actuación en flagrancia”, explicó su abogado Jorge Borda.
El 13 de febrero el exfiscal declaró en la zona Sur por su supuesta complicidad en un robo agravado, el 19 lo hizo tras ser denunciado por recibir un soborno de 7.000 bolivianos.
Ayer declaró por un tercer caso, el de la abogada Carmiña Luna, quien en noviembre de 2012 fue detenida junto a otros dos abogados en un operativo encabezado por Quispe. Se la acusó de falsificar documentos y se ingresó a su oficina en el centro paceño para recolectar pruebas.
Luna aseguró que todo fue un montaje para que el exfiscal y personal del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) se apropien de un domicilio. La abogada amplió la denuncia contra Quispe por allanamiento porque según ella no se la aprehendió en flagrancia. "No me encontraron entregando o recibiendo documentos falsos”.
Pero Quispe dijo que actuó al llamado del CEIP y que en el operativo encontraron a dos personas con papeles falsificados que se dirigían a la oficina de Luna, donde se ingresó al instante.
Chánez anuncia demanda ante CIDH
La ex magistrada Soraida Chánez acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el proceso que se inició en su contra fue ilegal y exigir 60 millones de dólares de indemnización, informó el viernes su abogado, Eduardo León.
Según dijo el jurista, la ex magistrada acudirá a la CIDH en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que hoy trata su caso, rechace la apelación que la acusada presentó por la resolución del juicio en su contra.
El 8 de enero, el Tribunal de Sentencia del Senado encontró culpable a Chánez por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y por suspender la vigencia de la Ley del Notariado.
León indicó que son alrededor de 150 fojas de la demanda que se va a presentar ante la Comisión Internacional allá en Washington pidiendo el resarcimiento por 60 millones de dólares para cada uno de los magistrados depuestos del cargo.
En tanto, el vicepresidente Álvaro García dijo que el fallo del Tribunal de Sentencia es inapelable porque se lo hizo en cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política del Estado.
Según dijo el jurista, la ex magistrada acudirá a la CIDH en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que hoy trata su caso, rechace la apelación que la acusada presentó por la resolución del juicio en su contra.
El 8 de enero, el Tribunal de Sentencia del Senado encontró culpable a Chánez por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y por suspender la vigencia de la Ley del Notariado.
León indicó que son alrededor de 150 fojas de la demanda que se va a presentar ante la Comisión Internacional allá en Washington pidiendo el resarcimiento por 60 millones de dólares para cada uno de los magistrados depuestos del cargo.
En tanto, el vicepresidente Álvaro García dijo que el fallo del Tribunal de Sentencia es inapelable porque se lo hizo en cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política del Estado.
Friday, February 20, 2015
Santos llama pedófilo a médico por ser soltero y no tener hijos
La fiscal distrital de La Paz, Patricia Santos, afirmó que el médico del hogar Virgen de Fátima, J. F., imputado por supuestamente violar al bebé Alexander, el 13 de noviembre de 2014, tiene un perfil pedófilo por ser un hombre de 34 años sin pareja, sin hijos, que buscó acercarse a los niños y ganar la confianza de su entorno.
Fue en la audiencia cautelar del 16 de diciembre del año pasado que Santos dijo: "Se analizó el perfil pedófilo. Es importante decir que en forma seria la Fiscalía investigó y estableció varios rasgos que tiene el ahora imputado con el perfil pedófilo”.
Después, señaló esos rasgos. "El médico buscó tener acceso a los niños. Tiene 34 años, sin estabilidad en relación de pareja, en constitución de un hogar. Ganó la confianza del entorno próximo a Alexander (actuó con premeditación para acercarse a él)”, se lee en el cuaderno de investigaciones al que este medio accedió.
El 13 de noviembre falleció Alexander, con ocho meses de vida. La autopsia reveló que fue abusado sexualmente y que murió por una hemorragia interna. El principal sospechoso para la Fiscalía es J. F., por ser "el único varón” que tuvo un acceso libre.
Después de imputarlo el 16 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia cautelar y ante las acusaciones de Santos la defensa respondió que "no existe informe ni evaluación psicológica que diga que el imputado tenga un perfil pedófilo. No es delito tener 34 años, no ser casado, no tener hijos”.
Después de los argumentos expuestos por la comisión de fiscales para que al médico se lo envíe a prisión de forma preventiva, la jueza Lía Cardoso accedió no sin antes explicar que "el hecho de que tenga 34 años, sea soltero, no tenga hijos, no le hace un pedófilo”.
Sangre en la uña
Otro aspecto que se reveló de la audiencia "pública”, a la que no se permitió el acceso de los medios de comunicación, fue que el fiscal Edwin Blanco, miembro de la comisión que investiga el caso Alexander, informó que no sólo se encontró rastros de sangre humana en varios lugares próximos a la habitación del bebé, sino que también se halló sangre seca en las uñas de la mamá sustituta, M. P., imputada por infanticidio.
"Además, se encontró sangre en M. P., en la ‘mamita’, se encontró sangre en la uña de la imputada, sangre humana, este elemento debe ser sometido a pericias en genética forense, para determinar si es compatible con la sangre del bebé”, dijo Blanco.
Punto de vista
fakur hugo yapur Psicólogo clínico
"El pedófilo quiere someter al otro ”
La principal característica de un pedófilo está en el gusto de someter a alguien más débil que él mismo. Por lo tanto, la atracción sexual no se dará por personas que tengan la misma edad del pedófilo.
Esa es su principal característica, someter al otro, por lo que tiene que escoger víctimas indefensas. Tiene el pensamiento de destruir la inocencia y consumirla.
El no tener hijos ni pareja pueden ser características también, pero no es algo general, no se puede decir que alguien es pedófilo sólo con esto. Es necesario un examen psicológico. Es cierto que este tipo de personas tienen cierta conciencia de que le puede pasar algo malo a sus hijos.
Por otro lado, no es común que tengan relaciones de pareja duradera puesto que no pueden solidificar las relaciones con una pareja de su misma edad o dentro del rango de su edad.
Entonces, es muy difícil que este tipo de persona pueda establecer relaciones de pareja sólida, con seriedad, matrimonio y posteriormente p
Fue en la audiencia cautelar del 16 de diciembre del año pasado que Santos dijo: "Se analizó el perfil pedófilo. Es importante decir que en forma seria la Fiscalía investigó y estableció varios rasgos que tiene el ahora imputado con el perfil pedófilo”.
Después, señaló esos rasgos. "El médico buscó tener acceso a los niños. Tiene 34 años, sin estabilidad en relación de pareja, en constitución de un hogar. Ganó la confianza del entorno próximo a Alexander (actuó con premeditación para acercarse a él)”, se lee en el cuaderno de investigaciones al que este medio accedió.
El 13 de noviembre falleció Alexander, con ocho meses de vida. La autopsia reveló que fue abusado sexualmente y que murió por una hemorragia interna. El principal sospechoso para la Fiscalía es J. F., por ser "el único varón” que tuvo un acceso libre.
Después de imputarlo el 16 de diciembre, se llevó a cabo la audiencia cautelar y ante las acusaciones de Santos la defensa respondió que "no existe informe ni evaluación psicológica que diga que el imputado tenga un perfil pedófilo. No es delito tener 34 años, no ser casado, no tener hijos”.
Después de los argumentos expuestos por la comisión de fiscales para que al médico se lo envíe a prisión de forma preventiva, la jueza Lía Cardoso accedió no sin antes explicar que "el hecho de que tenga 34 años, sea soltero, no tenga hijos, no le hace un pedófilo”.
Sangre en la uña
Otro aspecto que se reveló de la audiencia "pública”, a la que no se permitió el acceso de los medios de comunicación, fue que el fiscal Edwin Blanco, miembro de la comisión que investiga el caso Alexander, informó que no sólo se encontró rastros de sangre humana en varios lugares próximos a la habitación del bebé, sino que también se halló sangre seca en las uñas de la mamá sustituta, M. P., imputada por infanticidio.
"Además, se encontró sangre en M. P., en la ‘mamita’, se encontró sangre en la uña de la imputada, sangre humana, este elemento debe ser sometido a pericias en genética forense, para determinar si es compatible con la sangre del bebé”, dijo Blanco.
Punto de vista
fakur hugo yapur Psicólogo clínico
"El pedófilo quiere someter al otro ”
La principal característica de un pedófilo está en el gusto de someter a alguien más débil que él mismo. Por lo tanto, la atracción sexual no se dará por personas que tengan la misma edad del pedófilo.
Esa es su principal característica, someter al otro, por lo que tiene que escoger víctimas indefensas. Tiene el pensamiento de destruir la inocencia y consumirla.
El no tener hijos ni pareja pueden ser características también, pero no es algo general, no se puede decir que alguien es pedófilo sólo con esto. Es necesario un examen psicológico. Es cierto que este tipo de personas tienen cierta conciencia de que le puede pasar algo malo a sus hijos.
Por otro lado, no es común que tengan relaciones de pareja duradera puesto que no pueden solidificar las relaciones con una pareja de su misma edad o dentro del rango de su edad.
Entonces, es muy difícil que este tipo de persona pueda establecer relaciones de pareja sólida, con seriedad, matrimonio y posteriormente p
Presos pagan gastos de jueces que los juzgan
Los reclusos del área rural de Chuquisaca se ven obligados a pagar los gastos de transporte y alimentación de los jueces que asisten a sus audiencias, denunció ayer la Defensoría del Pueblo de esa región.
"En la celebración de las audiencias en las cárceles de las provincias, los gastos de transporte, incluso de alimentación, de las autoridades del Órgano Judicial corren por cuenta de las personas privadas de libertad", aseguró la representante de la Defensoría en Chuquisaca, Juana Maturano, a radio La Plata.
La funcionaria cuestionó que los reclusos tengan que cubrir los gastos de los empleados del Estado y que el Órgano Judicial no pueda planificar la logística para ese trabajo.
Asimismo, dijo que en las provincias las cárceles son precarias, no ofrecen atención en salud, ni terapias ocupacionales para la rehabilitación de los reclusos, como exige la normativa sobre régimen penitenciario.
Junto con estos problemas, las cárceles del país presentan un grave hacinamiento debido a la lentitud en la administración de la justicia, una situación que ha provocado enfrentamientos y motines, en algunos casos con muertos.
El Gobierno que preside Evo Morales aprobó en los últimos años varios programas de indulto para reclusos nacionales y extranjeros.
"En la celebración de las audiencias en las cárceles de las provincias, los gastos de transporte, incluso de alimentación, de las autoridades del Órgano Judicial corren por cuenta de las personas privadas de libertad", aseguró la representante de la Defensoría en Chuquisaca, Juana Maturano, a radio La Plata.
La funcionaria cuestionó que los reclusos tengan que cubrir los gastos de los empleados del Estado y que el Órgano Judicial no pueda planificar la logística para ese trabajo.
Asimismo, dijo que en las provincias las cárceles son precarias, no ofrecen atención en salud, ni terapias ocupacionales para la rehabilitación de los reclusos, como exige la normativa sobre régimen penitenciario.
Junto con estos problemas, las cárceles del país presentan un grave hacinamiento debido a la lentitud en la administración de la justicia, una situación que ha provocado enfrentamientos y motines, en algunos casos con muertos.
El Gobierno que preside Evo Morales aprobó en los últimos años varios programas de indulto para reclusos nacionales y extranjeros.
Wednesday, February 18, 2015
Comisión de Justicia de Diputados rechazó apelación de exmagistrada
La comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados rechazó el recurso de apelación restringida presentado por la exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rosario Chánez, en contra de su destitución por haber paralizado la Ley del Notariado, sanción impuesta por el Senado en un juicio de responsabilidades
El diputado Franklin Flores (MAS), miembro de esta comisión, informó que el rechazo de la apelación implica ratificar la sentencia del Senado sobre la destitución de la exmagistrada
“La comisión ha resuelto rechazar esa apelación restringida, más al contrario ha ratificado la sentencia de la Cámara de Senadores, por tanto ese informe que ha elaborado la comisión se ha remitido al presidente de la Cámara de Diputados y el presidente a la Presidencia del Senado”, informó Flores a la ANF
El legislador explicó que el rechazo a la apelación fue porque la magistrada no justificó la supuesta falta de cumplimiento al debido proceso, en referencia a que la Asamblea Legislativa no puede emitir sentencias penales, pero la sentencia del Senado sólo, dijo, aprobó su destitución y no una sanción penal
El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, convocó para este viernes a una sesión de Asamblea para tratar la apelación presentada por Chánez. De acuerdo a Flores, el informe de la comisión, rechazando esta apelación, podría ser aprobado por simple mayoría en esta sesión
A través de un juicio de responsabilidades instaurado por el Senado, el pasado 8 de enero esta Cámara legislativa aprobó la destitución de la magistrada Chánez, además determinó remitir el caso al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal
El juicio de responsabilidades comenzó en octubre de 2014 contra Chánez y sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, la primera renunció como magistrada y el segundo fue excluido por padecer una enfermedad, razón por la que se los excluyó de la sentencia.
El diputado Franklin Flores (MAS), miembro de esta comisión, informó que el rechazo de la apelación implica ratificar la sentencia del Senado sobre la destitución de la exmagistrada
“La comisión ha resuelto rechazar esa apelación restringida, más al contrario ha ratificado la sentencia de la Cámara de Senadores, por tanto ese informe que ha elaborado la comisión se ha remitido al presidente de la Cámara de Diputados y el presidente a la Presidencia del Senado”, informó Flores a la ANF
El legislador explicó que el rechazo a la apelación fue porque la magistrada no justificó la supuesta falta de cumplimiento al debido proceso, en referencia a que la Asamblea Legislativa no puede emitir sentencias penales, pero la sentencia del Senado sólo, dijo, aprobó su destitución y no una sanción penal
El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, convocó para este viernes a una sesión de Asamblea para tratar la apelación presentada por Chánez. De acuerdo a Flores, el informe de la comisión, rechazando esta apelación, podría ser aprobado por simple mayoría en esta sesión
A través de un juicio de responsabilidades instaurado por el Senado, el pasado 8 de enero esta Cámara legislativa aprobó la destitución de la magistrada Chánez, además determinó remitir el caso al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal
El juicio de responsabilidades comenzó en octubre de 2014 contra Chánez y sus colegas Ligia Velásquez y Gualberto Cusi, la primera renunció como magistrada y el segundo fue excluido por padecer una enfermedad, razón por la que se los excluyó de la sentencia.
Monday, February 16, 2015
La Cumbre de Justicia tendrá cinco ejes fundamentales’
Diego Jiménez. Tras el anuncio del presidente Evo Morales de la realización de la Cumbre de Justicia que allane el camino a un referéndum, la organización quedó en manos del ministerio del área. Por ello, el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales accedió a explicar a La Razón la justificación, preparativos y bases técnicas y jurídicas de dicho evento.
— ¿Cuál será la labor del Ministerio de Justicia en el marco de la realización de la Cumbre de Justicia?
— En esta gestión en especial se tiene la tarea de apoyar y coadyuvar en la parte técnica en la labor encomendada a la hermana ministra Virginia Velasco, de encarar la Cumbre de Justicia anunciada por el presidente Evo Morales.
— ¿Cuál es la situación de la Justicia en Bolivia?
— Las declaraciones del mandatario Morales responden a una sensación objetiva que percibe y demanda toda la población sobre la profunda crisis del Órgano Judicial, crisis evidente que día a día va mostrando nuevos procesos que saltan a la luz: fiscales que tienen hasta 25 denuncias por corrupción o por extorsión, y jueces que liberan a delincuentes a los días de haber sido capturados y que encima son reincidentes.
— ¿Existe la necesidad de la realización de una Cumbre de Justicia?
— En la gestión 2014, el Ministerio de Justicia ha conocido más de 2.000 denuncias sobre temas vinculados a actos de corrupción, retardación de justicia, entre otros, que ocurren dentro del Órgano Judicial. Por lo tanto, la necesidad apremiante y objetiva del pueblo boliviano es que existan verdaderas transformaciones, transformaciones profundas en el Órgano Judicial y en la administración de justicia en el país.
— ¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia?
— El problema de la Justicia, y éste es un diagnóstico preliminar del Ministerio de Justicia y del Gobierno nacional, es que no solo tiene que ver con los administradores de justicia ni con los abogados, es un problema que tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto, porque todo ciudadano es potencial usuario de la administración de la justicia, por lo tanto, es un problema que tiene que ver con absolutamente todo.
— ¿Quiénes deben participar de la cumbre y por qué?
— El Ministerio de Justicia está encarando la preparación de un plan de trabajo técnico y sistemático para la preparación preliminar y diagnósticos preliminares de la agenda definitiva de la Cumbre de Justicia. Este plan será presentado a la opinión pública en los siguientes días. No se trata de una propuesta sectorial del Ministerio de Justicia, sino es un plan que tiene que ver con una secuencia de reuniones por parte de la ministra Velasco con todos los movimientos sociales del país, con todos los actores de la sociedad civil y organizada, con todos los sectores académicos de universidades y colegios de abogados, y con todos los actores vinculados a la administración de justicia.
— ¿Cuál debe ser el objetivo de la Cumbre de Justicia?
— Después de encarar un diálogo nacional entre todos los actores, que sea de este diálogo que salgan los lineamientos y los ejes importantes que se deben tratar en la Cumbre de Justicia. Saldrá una agenda de trabajo por comisiones, mesas de trabajo y, de acuerdo con el resultado de la propuesta debatida entre todas las organizaciones, será el pueblo boliviano en su conjunto, si hay la necesidad del referéndum, el que decida el camino, la vía que debe tener el Órgano Judicial para alcanzar una verdadera transformación.
— ¿Cuáles serán los ejes base?
— Los ejes de trabajo para la cumbre deben partir pensando en una transformación estructural; en aplicar nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio de la Justicia; en la producción de normativa orgánica judicial, códigos y leyes, leyes morales de administración de procedimientos para una justicia transparente, sin dilaciones; en la institucionalidad y defensa para la protección de ciudadano en situación vulnerable; y, finalmente, en la realización del referéndum judicial, si se determina ese camino en la Cumbre de Justicia.
Perfil
Nombre: Diego Ernesto Jiménez Guachalla
Nació: 19-04-1988
Profesión: Abogado
Viceministro a los 27 años
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); realizó estudios de posgrado en Interculturalidad y Educación Superior, y Sobre los Procesos de Integración en América Latina y Tribunal Andino de Justicia. Es magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y El Caribe del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Unión Europea (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín; y actualmente cursa el Doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas en la UMSA. Fue nombrado como Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y es miembro del Global Classroom The Human Rigths de la Unión Europea.
— ¿Cuál será la labor del Ministerio de Justicia en el marco de la realización de la Cumbre de Justicia?
— En esta gestión en especial se tiene la tarea de apoyar y coadyuvar en la parte técnica en la labor encomendada a la hermana ministra Virginia Velasco, de encarar la Cumbre de Justicia anunciada por el presidente Evo Morales.
— ¿Cuál es la situación de la Justicia en Bolivia?
— Las declaraciones del mandatario Morales responden a una sensación objetiva que percibe y demanda toda la población sobre la profunda crisis del Órgano Judicial, crisis evidente que día a día va mostrando nuevos procesos que saltan a la luz: fiscales que tienen hasta 25 denuncias por corrupción o por extorsión, y jueces que liberan a delincuentes a los días de haber sido capturados y que encima son reincidentes.
— ¿Existe la necesidad de la realización de una Cumbre de Justicia?
— En la gestión 2014, el Ministerio de Justicia ha conocido más de 2.000 denuncias sobre temas vinculados a actos de corrupción, retardación de justicia, entre otros, que ocurren dentro del Órgano Judicial. Por lo tanto, la necesidad apremiante y objetiva del pueblo boliviano es que existan verdaderas transformaciones, transformaciones profundas en el Órgano Judicial y en la administración de justicia en el país.
— ¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia?
— El problema de la Justicia, y éste es un diagnóstico preliminar del Ministerio de Justicia y del Gobierno nacional, es que no solo tiene que ver con los administradores de justicia ni con los abogados, es un problema que tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto, porque todo ciudadano es potencial usuario de la administración de la justicia, por lo tanto, es un problema que tiene que ver con absolutamente todo.
— ¿Quiénes deben participar de la cumbre y por qué?
— El Ministerio de Justicia está encarando la preparación de un plan de trabajo técnico y sistemático para la preparación preliminar y diagnósticos preliminares de la agenda definitiva de la Cumbre de Justicia. Este plan será presentado a la opinión pública en los siguientes días. No se trata de una propuesta sectorial del Ministerio de Justicia, sino es un plan que tiene que ver con una secuencia de reuniones por parte de la ministra Velasco con todos los movimientos sociales del país, con todos los actores de la sociedad civil y organizada, con todos los sectores académicos de universidades y colegios de abogados, y con todos los actores vinculados a la administración de justicia.
— ¿Cuál debe ser el objetivo de la Cumbre de Justicia?
— Después de encarar un diálogo nacional entre todos los actores, que sea de este diálogo que salgan los lineamientos y los ejes importantes que se deben tratar en la Cumbre de Justicia. Saldrá una agenda de trabajo por comisiones, mesas de trabajo y, de acuerdo con el resultado de la propuesta debatida entre todas las organizaciones, será el pueblo boliviano en su conjunto, si hay la necesidad del referéndum, el que decida el camino, la vía que debe tener el Órgano Judicial para alcanzar una verdadera transformación.
— ¿Cuáles serán los ejes base?
— Los ejes de trabajo para la cumbre deben partir pensando en una transformación estructural; en aplicar nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio de la Justicia; en la producción de normativa orgánica judicial, códigos y leyes, leyes morales de administración de procedimientos para una justicia transparente, sin dilaciones; en la institucionalidad y defensa para la protección de ciudadano en situación vulnerable; y, finalmente, en la realización del referéndum judicial, si se determina ese camino en la Cumbre de Justicia.
Perfil
Nombre: Diego Ernesto Jiménez Guachalla
Nació: 19-04-1988
Profesión: Abogado
Viceministro a los 27 años
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); realizó estudios de posgrado en Interculturalidad y Educación Superior, y Sobre los Procesos de Integración en América Latina y Tribunal Andino de Justicia. Es magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y El Caribe del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Unión Europea (CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín; y actualmente cursa el Doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas en la UMSA. Fue nombrado como Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y es miembro del Global Classroom The Human Rigths de la Unión Europea.
Saturday, February 14, 2015
Humberto Quispe pretende ser fiscal de distrito de La Paz
El exfiscal Humberto Quispe anunció ayer que regresará al Ministerio Público para "tarde o temprano” ser fiscal distrital de La Paz. Hizo esta declaración después de que se presentó a declarar por un proceso en el que se lo acusa de complicidad en un robo agravado.
"El único motivo que tienen es dañar mi imagen profesional porque tarde o temprano tengo que ser el fiscal departamental de La Paz. He cumplido con todos los requisitos establecidos, tengo diplomados, tengo maestrías, voy a presentarme conforme a procedimiento a las convocatorias que emita la Fiscalía General”, dijo ayer Quispe en contacto telefónico con ATB.
Los días pasados supuestas víctimas acusaron al exfiscal de armar procesos, de extorsión, robos, privación de libertad y otras irregularidades para obtener beneficios. Una de estas "víctimas” es José Luis Cuenca, quien el 30 de abril de 2014 sufrió un robo en su casa de Irpavi. Quispe investigó el caso, le acusó de un autorrobo y le confiscó de forma irregular sus pertenencias.
Por ello Cuenca amplió su denuncia contra Quispe. El fiscal de la zona Sur, Carlos Andrade, citó al exfuncionario a declarar, pero como éste no se presentó en dos oportunidades, libró un mandamiento de aprehensión en su contra el miércoles.
Pero a las 8:00 de ayer Quispe se presentó a declarar "de forma voluntaria” según su abogado, Jorge Borda . Negó todas las acusaciones en su contra y se acogió al derecho de silencio.
El fiscal Andrade dispuso entonces que se defienda en libertad. "Inmediatamente el señor fiscal dispuso mi libertad porque no hay elementos. Estoy asumiendo mi defensa en libertad pura y simple”, dijo el acusado.
En una anterior declaración Quispe manifestó que no se presentaría a declarar porque así validaría un acto irregular. "El proceso tiene errores. Deben abrir uno nuevo porque en éste yo figuro como fiscal y como acusado”.
Pero su abogado dijo que se presentó "por respeto a la autoridad y dejó en claro que había actividad procesal defectuosa”.
Borda también sostuvo que no conoce las intenciones de su cliente de postulares al cargo de fiscal distrital de La Paz. Opinó que primero debe regularizar su situación para así gestionar su retorno al Ministerio Público.
La víctima del robo agravado, José Luis Cuenca, dijo ayer que la declaración de Quispe fue una acción sospechosa, pues sucedió a las 8:00, cuando el horario de atención de la Fiscalía empieza a las 8:30. "Entra y sale como en su casa. Parece que rápido el fiscal Andrade le tomó su declaración. Ahora resulta que quiere volver a ser fiscal de distrito. Eso está mal, es un hombre que hizo mucho daño a la sociedad”
Los antecedentes
Destitución Humberto Quispe fue destituido por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, la semana pasada, tras las constantes denuncias por corrupción en su contra.
Denuncias Gloria Carrasco, una de las supuestas víctimas del exfiscal, aseguró que Quispe tiene 31 procesos penales en su contra y 12 procesos disciplinarios.
Respuesta El aludido reiteró en varias oportunidades que jamás cometió un acto de corrupción y que las denuncias en su contra son "difamaciones y calumnias” de personas que buscan venganza por las investigaciones que él encabezó en su contra.
"El único motivo que tienen es dañar mi imagen profesional porque tarde o temprano tengo que ser el fiscal departamental de La Paz. He cumplido con todos los requisitos establecidos, tengo diplomados, tengo maestrías, voy a presentarme conforme a procedimiento a las convocatorias que emita la Fiscalía General”, dijo ayer Quispe en contacto telefónico con ATB.
Los días pasados supuestas víctimas acusaron al exfiscal de armar procesos, de extorsión, robos, privación de libertad y otras irregularidades para obtener beneficios. Una de estas "víctimas” es José Luis Cuenca, quien el 30 de abril de 2014 sufrió un robo en su casa de Irpavi. Quispe investigó el caso, le acusó de un autorrobo y le confiscó de forma irregular sus pertenencias.
Por ello Cuenca amplió su denuncia contra Quispe. El fiscal de la zona Sur, Carlos Andrade, citó al exfuncionario a declarar, pero como éste no se presentó en dos oportunidades, libró un mandamiento de aprehensión en su contra el miércoles.
Pero a las 8:00 de ayer Quispe se presentó a declarar "de forma voluntaria” según su abogado, Jorge Borda . Negó todas las acusaciones en su contra y se acogió al derecho de silencio.
El fiscal Andrade dispuso entonces que se defienda en libertad. "Inmediatamente el señor fiscal dispuso mi libertad porque no hay elementos. Estoy asumiendo mi defensa en libertad pura y simple”, dijo el acusado.
En una anterior declaración Quispe manifestó que no se presentaría a declarar porque así validaría un acto irregular. "El proceso tiene errores. Deben abrir uno nuevo porque en éste yo figuro como fiscal y como acusado”.
Pero su abogado dijo que se presentó "por respeto a la autoridad y dejó en claro que había actividad procesal defectuosa”.
Borda también sostuvo que no conoce las intenciones de su cliente de postulares al cargo de fiscal distrital de La Paz. Opinó que primero debe regularizar su situación para así gestionar su retorno al Ministerio Público.
La víctima del robo agravado, José Luis Cuenca, dijo ayer que la declaración de Quispe fue una acción sospechosa, pues sucedió a las 8:00, cuando el horario de atención de la Fiscalía empieza a las 8:30. "Entra y sale como en su casa. Parece que rápido el fiscal Andrade le tomó su declaración. Ahora resulta que quiere volver a ser fiscal de distrito. Eso está mal, es un hombre que hizo mucho daño a la sociedad”
Los antecedentes
Destitución Humberto Quispe fue destituido por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, la semana pasada, tras las constantes denuncias por corrupción en su contra.
Denuncias Gloria Carrasco, una de las supuestas víctimas del exfiscal, aseguró que Quispe tiene 31 procesos penales en su contra y 12 procesos disciplinarios.
Respuesta El aludido reiteró en varias oportunidades que jamás cometió un acto de corrupción y que las denuncias en su contra son "difamaciones y calumnias” de personas que buscan venganza por las investigaciones que él encabezó en su contra.
Víctimas rechazan pretensiones de fiscal Humberto Quispe
Los miembros de la asociación de víctimas del fiscal despedido, Humberto Quispe, indicaron que el exfuncionario carece de moral alguna, luego de oír las declaraciones de Quispe, en medios de comunicación, en sentido de que los procesos penales abiertos en su contra, fueron planteados para dañar su imagen y perjudicar su postulación al puesto de Fiscal de Distrito de La Paz.
Luego de presentarse ante el fiscal de Materia de la zona Sur, Marco Michel Andrade, ayer a las 08.00, Humberto Quispe señaló a la Red ATB: “El señor fiscal dispuso mi libertad porque no hay elementos. Estoy asumiendo mi defensa en libertad pura y simple. El único motivo (interés) que tienen es dañar mi imagen profesional, porque tarde o temprano, tengo que ser el Fiscal Departamental de La Paz”, afirmó.
Las declaraciones de Quispe se dieron a la salida del despacho del fiscal Andrade, donde se negó a declarar y se acogió al silencio, con el pretexto de que si lo hubiera hecho, habría convalidado una denuncia irregular.
Indignadas, varias de las víctimas, expresaron su reprobación y emitieron varios calificativos negativos reprochando la postura de Quispe. “Es aberrante, este sinvergüenza un poco más y va querer ser Fiscal General”, afirmó José Luis Cuenca, quien inició el proceso por el que se emitió la orden de aprehensión en contra del fiscal despedido.
Otra de las víctimas señaló que estas declaraciones demuestran el “descaro y el encubrimiento, por parte de los policías, los jueces y el mismo fiscal general (Ramiro Guerrero), porque de otra manera no se explica que este cara dura todavía quiera ser jefe de fiscales, es increíble y ahora con más razón uno tiene que hacer las denuncias, si él tiene el valor de decir esto, es porque alguien con poder lo está protegiendo”, afirmó Emilio Gutiérrez, que inicio proceso en contra de Quispe por extorsión.
“He cumplido con todos los requisitos establecidos, tengo diplomados, tengo maestrías, voy a presentarme, conforme a procedimiento a las convocatorias que emita la Fiscalía General” declaró Quispe al medio televisivo.
Quispe es procesado por complicidad de robo y extorsión, en la querella penal abierta por José Luís Cuenca, luego de ser víctima de un grupo de falsos policías que ingresaron a su domicilio en Irpavi y sustrajeran una caja fuerte y varios equipos de computación.
La investigación del caso recayó sobre Quispe, quien, según Cuenca, tardó más de cuatro meses en investigar el robo y cuando al fin se hizo la reconstrucción del caso, el 27 de agosto, procedió al secuestro de más objetos de valor, un vehículo, otra caja fuerte (de propiedad del hermano), precintó una casa comercial que nada tenía que ver con el robo y lo acusó de autorobo, para luego poder extorsionarlo.
El abogado de Cuenca, Boris Espinosa, afirmó que el acogerse al silencio, es una “chicanería” jurídica de Quispe. “Lo que él (Quispe) quiere, es que todos los involucrados declaren y después él va acomodar su declaración a lo que dicen”, aseveró.
La Asociación de Víctimas de Humberto Quispe, conformada por más de 22 personas, inició 31 procesos penales y 12 disciplinarios en contra del jurista despedido, por presunto incumpliendo de deberes, omisión, calumnias, extorsión, robo y otros.
Luego de presentarse ante el fiscal de Materia de la zona Sur, Marco Michel Andrade, ayer a las 08.00, Humberto Quispe señaló a la Red ATB: “El señor fiscal dispuso mi libertad porque no hay elementos. Estoy asumiendo mi defensa en libertad pura y simple. El único motivo (interés) que tienen es dañar mi imagen profesional, porque tarde o temprano, tengo que ser el Fiscal Departamental de La Paz”, afirmó.
Las declaraciones de Quispe se dieron a la salida del despacho del fiscal Andrade, donde se negó a declarar y se acogió al silencio, con el pretexto de que si lo hubiera hecho, habría convalidado una denuncia irregular.
Indignadas, varias de las víctimas, expresaron su reprobación y emitieron varios calificativos negativos reprochando la postura de Quispe. “Es aberrante, este sinvergüenza un poco más y va querer ser Fiscal General”, afirmó José Luis Cuenca, quien inició el proceso por el que se emitió la orden de aprehensión en contra del fiscal despedido.
Otra de las víctimas señaló que estas declaraciones demuestran el “descaro y el encubrimiento, por parte de los policías, los jueces y el mismo fiscal general (Ramiro Guerrero), porque de otra manera no se explica que este cara dura todavía quiera ser jefe de fiscales, es increíble y ahora con más razón uno tiene que hacer las denuncias, si él tiene el valor de decir esto, es porque alguien con poder lo está protegiendo”, afirmó Emilio Gutiérrez, que inicio proceso en contra de Quispe por extorsión.
“He cumplido con todos los requisitos establecidos, tengo diplomados, tengo maestrías, voy a presentarme, conforme a procedimiento a las convocatorias que emita la Fiscalía General” declaró Quispe al medio televisivo.
Quispe es procesado por complicidad de robo y extorsión, en la querella penal abierta por José Luís Cuenca, luego de ser víctima de un grupo de falsos policías que ingresaron a su domicilio en Irpavi y sustrajeran una caja fuerte y varios equipos de computación.
La investigación del caso recayó sobre Quispe, quien, según Cuenca, tardó más de cuatro meses en investigar el robo y cuando al fin se hizo la reconstrucción del caso, el 27 de agosto, procedió al secuestro de más objetos de valor, un vehículo, otra caja fuerte (de propiedad del hermano), precintó una casa comercial que nada tenía que ver con el robo y lo acusó de autorobo, para luego poder extorsionarlo.
El abogado de Cuenca, Boris Espinosa, afirmó que el acogerse al silencio, es una “chicanería” jurídica de Quispe. “Lo que él (Quispe) quiere, es que todos los involucrados declaren y después él va acomodar su declaración a lo que dicen”, aseveró.
La Asociación de Víctimas de Humberto Quispe, conformada por más de 22 personas, inició 31 procesos penales y 12 disciplinarios en contra del jurista despedido, por presunto incumpliendo de deberes, omisión, calumnias, extorsión, robo y otros.
Friday, February 13, 2015
Crece la Asociación de Víctimas del exfiscal Humberto Quispe
Aumentan las firmas en el acta de fundación de la Asociación de Víctimas de Humberto Quispe.
Desde noviembre de 2014, de forma consecutiva, la entidad tenía incialmente 11 miembros, pero ayer se integraron otros tres, según el cuaderno del grupo.
"Nos sumamos porque también fuimos víctimas del fiscal Quispe. Él dispuso que unos policías saquen a mi tía de un terreno en el que vivió por 30 años, sin ninguna orden de allanamiento ni nada entraron”, explicó María Charca, una de las recientes integrantes.
La mencionada asociación fue fundada el 20 de noviembre del año pasado por personas que se conocieron en su peregrinar por las oficinas estatales ante los supuestos abusos del ahora exfiscal. Los primeros en anotarse fueron Gloria Carrasco y Víctor Vargas. En la lista también figuran Mario Gutiérrez, José Luis Cuenca, Marianela Cerbán y Carmiña Luna, quien asegura que hay aún más "víctimas”, pero que no se atreven a hacer públicas sus denuncias.
Una de ellas puede ser Pamela Moya, abogada con detención domiciliaria que fue investigada por Quispe. La imputaron por falsificación de documentos. Reconoció que tenía papeles de dudosa procedencia, pero asegura que no se comprobó el uso indebido de éstos. "Eran documentos que usaba para hacer prácticas con mis alumnos. Jamás se utilizaron para dañar a alguien”, dijo.
"Me dijeron que me sume a la Asociación de Víctimas, pero no estoy segura porque ahí también está entrando gente que es culpable”, aseguró.
Charca, la nueva integrante, firmó el acta de la asociación con Rosmary Choque y Luis Fernández. Los tres aseguraron que su tía, Carmen Matías, fue desalojada con violencia de un terreno en Alto Següencoma por Giovana Mendoza y un grupo de policías, sin ninguna orden de allanamiento.
"Mi tía recibió el terreno para cuidarlo de un tal Julio Mendoza, pero Giovana la botó y se apropió sin demostrar el derecho propietario. El fiscal Humberto Quispe estaba detrás de esto y en ningún momento nos dejó ver el cuaderno de investigación, ni lo conocemos a él”, dijo Charca.
Mendoza sostuvo que en realidad las supuestas víctimas intentaron apropiarse del terreno cuando su tía, Carmen, sufrió una embolia y que ella sólo hizo valer su derecho propietario y desalojó con efectivos de Radio Patrulla 110 a los ocupantes.
El ahora exfiscal Quispe advirtió en una anterior ocasión que quienes conforman la asociación de víctimas son personas investigadas por él, que lo difaman y lo calumnian por venganza.
FELCC busca a exfiscal para aprehenderlo
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur, Osvaldo Fuentes, informó ayer que dispuso a su personal cumplir con el mandamiento de aprehensión de Humberto Quispe.
"Aún no se ejecutó el mandamiento pero se están realizando esas actividades. La orden de aprehensión significa que cuando esta persona esté circulando en vía pública se la captura. No podemos ingresar a su domicilio porque se requiere una orden de allanamiento”, dijo Fuentes.
El abogado de Quispe, Jorge Borda, dijo que su cliente no se esconderá ni huirá porque no hay motivo para ello.
Desde noviembre de 2014, de forma consecutiva, la entidad tenía incialmente 11 miembros, pero ayer se integraron otros tres, según el cuaderno del grupo.
"Nos sumamos porque también fuimos víctimas del fiscal Quispe. Él dispuso que unos policías saquen a mi tía de un terreno en el que vivió por 30 años, sin ninguna orden de allanamiento ni nada entraron”, explicó María Charca, una de las recientes integrantes.
La mencionada asociación fue fundada el 20 de noviembre del año pasado por personas que se conocieron en su peregrinar por las oficinas estatales ante los supuestos abusos del ahora exfiscal. Los primeros en anotarse fueron Gloria Carrasco y Víctor Vargas. En la lista también figuran Mario Gutiérrez, José Luis Cuenca, Marianela Cerbán y Carmiña Luna, quien asegura que hay aún más "víctimas”, pero que no se atreven a hacer públicas sus denuncias.
Una de ellas puede ser Pamela Moya, abogada con detención domiciliaria que fue investigada por Quispe. La imputaron por falsificación de documentos. Reconoció que tenía papeles de dudosa procedencia, pero asegura que no se comprobó el uso indebido de éstos. "Eran documentos que usaba para hacer prácticas con mis alumnos. Jamás se utilizaron para dañar a alguien”, dijo.
"Me dijeron que me sume a la Asociación de Víctimas, pero no estoy segura porque ahí también está entrando gente que es culpable”, aseguró.
Charca, la nueva integrante, firmó el acta de la asociación con Rosmary Choque y Luis Fernández. Los tres aseguraron que su tía, Carmen Matías, fue desalojada con violencia de un terreno en Alto Següencoma por Giovana Mendoza y un grupo de policías, sin ninguna orden de allanamiento.
"Mi tía recibió el terreno para cuidarlo de un tal Julio Mendoza, pero Giovana la botó y se apropió sin demostrar el derecho propietario. El fiscal Humberto Quispe estaba detrás de esto y en ningún momento nos dejó ver el cuaderno de investigación, ni lo conocemos a él”, dijo Charca.
Mendoza sostuvo que en realidad las supuestas víctimas intentaron apropiarse del terreno cuando su tía, Carmen, sufrió una embolia y que ella sólo hizo valer su derecho propietario y desalojó con efectivos de Radio Patrulla 110 a los ocupantes.
El ahora exfiscal Quispe advirtió en una anterior ocasión que quienes conforman la asociación de víctimas son personas investigadas por él, que lo difaman y lo calumnian por venganza.
FELCC busca a exfiscal para aprehenderlo
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur, Osvaldo Fuentes, informó ayer que dispuso a su personal cumplir con el mandamiento de aprehensión de Humberto Quispe.
"Aún no se ejecutó el mandamiento pero se están realizando esas actividades. La orden de aprehensión significa que cuando esta persona esté circulando en vía pública se la captura. No podemos ingresar a su domicilio porque se requiere una orden de allanamiento”, dijo Fuentes.
El abogado de Quispe, Jorge Borda, dijo que su cliente no se esconderá ni huirá porque no hay motivo para ello.
EL EXFISCAL QUISPE ESPERA UNA DECISIÓN JUDICIAL
El exfiscal Humberto Quispe POMA informó ayer que está la espera de una decisión de la justicia ante la acción de libertad que interpuso a consideración del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la orden de aprehensión emitida en su contra.
Humberto Quispe, quien fue involucrado en 40 supuestos hechos de corrupción y extorsión por personas a quienes investigó y fueron hallados en flagrancia, declaró que hay un principal interesado involucrado en un caso de robo agravado, que pretende tomar venganza por el proceso e investigación que llevó a cabo en abril de 2014.
“He presentado una acción de libertad porque el fiscal que investiga el caso incurrió en un defecto establecido en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Espero que el juez controlador resuelva este recurso en los plazos establecidos para continuar mi defensa”.
Humberto Quispe, quien fue involucrado en 40 supuestos hechos de corrupción y extorsión por personas a quienes investigó y fueron hallados en flagrancia, declaró que hay un principal interesado involucrado en un caso de robo agravado, que pretende tomar venganza por el proceso e investigación que llevó a cabo en abril de 2014.
“He presentado una acción de libertad porque el fiscal que investiga el caso incurrió en un defecto establecido en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Espero que el juez controlador resuelva este recurso en los plazos establecidos para continuar mi defensa”.
Thursday, February 12, 2015
Jueces y magistrados presentarán amparo constitucional
La vicepresidenta de la Asociación de Jueces de la Ciudad de La Paz, Sandra Castillo, informó ayer que los jueces y magistrados presentarán un amparo constitucional en contra del reglamento de la carrera judicial que, a su juicio, vulnera los derechos de los juristas.
“Ya tenemos asumido el asesoramiento técnico recientemente hemos contratado los servicios de un bufet de abogados que está redactando esta acción de amparo, porque este reglamento vulnera los derechos adquiridos de todos los asociados por cuanto desconoce toda la trayectoria”, explicó. Dijo que el amparo se presentará después del feriado de carnaval.
“En realidad no se ha dado ningún plazo para que se reconsidere la modificación del reglamento, simplemente vamos asumir acciones legales. El aspecto técnico se va explicar en el momento de interponer el amparo”, respaldó.
Según la jurista el reglamento desconoce los años de experiencia, vulnera derechos, porque dispone un examen de competencia, sin respetar el cargo. “Estaríamos empezando de cero”, matizó.
El pasado 28 de enero, el Consejo de la Magistratura presentó el reglamento de la carrera judicial para transparentar la selección de jueces en el país.
El reglamento establece que la selección de jueces será por concurso de méritos, exámenes de competencia, evaluación psicológica y un curso judicial complementario, que exigirá una nota mínima de 70 puntos de aprobación.
Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Francisco Tarquino, aseguró que el reglamento se aplicará, “porque fue consensuado con jueces y magistrados”.
“Se va implementar tal como está propuesto, se establece que ellos pueden participar en el proceso de selección, porque se van a tomar en cuenta los méritos y años de experiencia en la preselección”, subrayó.
“Ya tenemos asumido el asesoramiento técnico recientemente hemos contratado los servicios de un bufet de abogados que está redactando esta acción de amparo, porque este reglamento vulnera los derechos adquiridos de todos los asociados por cuanto desconoce toda la trayectoria”, explicó. Dijo que el amparo se presentará después del feriado de carnaval.
“En realidad no se ha dado ningún plazo para que se reconsidere la modificación del reglamento, simplemente vamos asumir acciones legales. El aspecto técnico se va explicar en el momento de interponer el amparo”, respaldó.
Según la jurista el reglamento desconoce los años de experiencia, vulnera derechos, porque dispone un examen de competencia, sin respetar el cargo. “Estaríamos empezando de cero”, matizó.
El pasado 28 de enero, el Consejo de la Magistratura presentó el reglamento de la carrera judicial para transparentar la selección de jueces en el país.
El reglamento establece que la selección de jueces será por concurso de méritos, exámenes de competencia, evaluación psicológica y un curso judicial complementario, que exigirá una nota mínima de 70 puntos de aprobación.
Por su parte, el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Francisco Tarquino, aseguró que el reglamento se aplicará, “porque fue consensuado con jueces y magistrados”.
“Se va implementar tal como está propuesto, se establece que ellos pueden participar en el proceso de selección, porque se van a tomar en cuenta los méritos y años de experiencia en la preselección”, subrayó.
Wednesday, February 11, 2015
Acuerdan en que se investigue el patrimonio de los fiscales
La fiscala departamental de Policía de Potosí, Willma Blazz, informó que en el último consejo de fiscales de Bolivia se determinó crear, voluntariamente, una oficina de investigación sobre patrimonio de funcionarios del Ministerio Público.
“No puede ser que algunos funcionarios parezcan con casas y movilidades en una forma no muy proporcional al sueldo”, dijo. Y, por ello, cada uno de los fiscales de los nueve departamentos de Bolivia autorizó que se realice la investigación de patrimonios de los nueve fiscales de Bolivia.
El objetivo fundamental es transparentar el trabajo de los funcionarios que cumplen una función encomendada por las normas establecidas y en actual vigencia.
La denuncia, según la fiscal, puede presentar cualquier ciudadano que posiblemente “comprende” de que el sueldo de un alto funcionario no puede incrementarse si solo se le cancela un determinado sueldo.
“Es así que en una junta de fiscales han determinado trabajar en bien de la sociedad”, dijo la representante del Ministerio Público del Estado Plurinacional.
Paralelamente a esa determinación voluntaria, según Blazz, ahora el funcionario público que trabaja o trabajará en la institución tendrá más horario de trabajo.
Antes, el horario de oficina de un funcionario del Estado era de cuatro horas.
Esto cambió, pues los fiscales trabajarán más de las ocho horas previstas, señaló.
“Han determinado trabajar una hora y media más, es decir que ya no se va a salir seis y media de la noche, como se hacía siempre, sino se va a salir siete y media de la noche”, dijo.
Pero también se definió que todos los sábados voluntariamente trabajarán con el fin de descongestionar los casos que ingresan al Ministerio Público.
“Esperemos que esta actitud muy voluntaria, y muy buena, sea asimilada por los fiscales y jueces”, expresó.
Blazz dijo que si es posible también que los funcionarios judiciales puedan someterse a esta fiscalización con el finalidad de recuperar la credibilidad en su conjunto.
Habrá un control estricto
La fiscala Willma Blazz dijo que, si bien existe un nivel, todo funcionario está en la obligación de presentar la declaración jurada.
"Todo funcionario está en su pleno derecho de transparentar", apuntó.
No obstante, dijo que los fiscales departamentales harán un seguimiento minuciosa al trabajo de desempeñan los administradores de justicia. Blazz no se refirió que estos funcionarios tendrán responsabilidad.
“No puede ser que algunos funcionarios parezcan con casas y movilidades en una forma no muy proporcional al sueldo”, dijo. Y, por ello, cada uno de los fiscales de los nueve departamentos de Bolivia autorizó que se realice la investigación de patrimonios de los nueve fiscales de Bolivia.
El objetivo fundamental es transparentar el trabajo de los funcionarios que cumplen una función encomendada por las normas establecidas y en actual vigencia.
La denuncia, según la fiscal, puede presentar cualquier ciudadano que posiblemente “comprende” de que el sueldo de un alto funcionario no puede incrementarse si solo se le cancela un determinado sueldo.
“Es así que en una junta de fiscales han determinado trabajar en bien de la sociedad”, dijo la representante del Ministerio Público del Estado Plurinacional.
Paralelamente a esa determinación voluntaria, según Blazz, ahora el funcionario público que trabaja o trabajará en la institución tendrá más horario de trabajo.
Antes, el horario de oficina de un funcionario del Estado era de cuatro horas.
Esto cambió, pues los fiscales trabajarán más de las ocho horas previstas, señaló.
“Han determinado trabajar una hora y media más, es decir que ya no se va a salir seis y media de la noche, como se hacía siempre, sino se va a salir siete y media de la noche”, dijo.
Pero también se definió que todos los sábados voluntariamente trabajarán con el fin de descongestionar los casos que ingresan al Ministerio Público.
“Esperemos que esta actitud muy voluntaria, y muy buena, sea asimilada por los fiscales y jueces”, expresó.
Blazz dijo que si es posible también que los funcionarios judiciales puedan someterse a esta fiscalización con el finalidad de recuperar la credibilidad en su conjunto.
Habrá un control estricto
La fiscala Willma Blazz dijo que, si bien existe un nivel, todo funcionario está en la obligación de presentar la declaración jurada.
"Todo funcionario está en su pleno derecho de transparentar", apuntó.
No obstante, dijo que los fiscales departamentales harán un seguimiento minuciosa al trabajo de desempeñan los administradores de justicia. Blazz no se refirió que estos funcionarios tendrán responsabilidad.
Magistrada dice que los jueces en Bolivia son transitorios
Hemos sacado la convocatoria basados en la disposición cuarta de la Ley 025, que señala de que todos los actuales jueces son transitorios", afirmó Wilma Mamani, magistrada del Consejo de la Magistratura (CM).
Afirmó que la institución que representa está cumpliendo su rol, que es justamente la distribución en el tema de recursos humanos.
Por ello, con el fin de institucionalizar la Carrera Judicial, Mamani dijo que se está haciendo la invitación general para que se presenten los mismos juzgadores.
"La población conoce que hay excelentes administradores de justicia, que realmente dignifican al Poder Judicial, pero también hay malos y creo que es el momento de que tengan estabilidad laboral", afirmó la magistrada.
Indicó que es importante la institucionalización de los funcionarios, ya que otorga certidumbre a un profesional que se encuentra impartiendo justicia.
Estas declaraciones las hizo Mamani en la presentación del Reglamento de la carrera judicial en el salón Edgar Rosales del Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Es ilegal y se activarán recursos legales. Por su parte, el presidente de los Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Emerson Figueroa, dijo que hay un pronunciamiento nacional de rechazo al Reglamento Judicial, que lo consideran ilegal e inconstitucional.
Aclaró que la Carta Magna, en su transición sexta, sostiene que se revisará el escalafón judicial y eso significa una evaluación de desempeño.
Afirmó que no se oponen a que se sancione y destituya a los jueces malos y corruptos, pero si están en contra a la falta de respeto a juzgadores excelentes con 25 y 30 años de experiencia.
"Ya nos han sometido a una serie de evaluaciones y de formación, pasando por una serie de filtros para acceder a su cargo y que se han capacitado en Puerto Rico y Costas Rica", manifestó.
Comentó que además de los profesionales avalados por la cooperación española para capacitarse, donde se venció procesos de prácticas jurídicas y se dio exámenes con tribunales, ahora se los quiera meter en la misma bolsa junto con los nuevos aspirantes. Figueroa advirtió que los magistrados del país están tomando los recaudos legales correspondientes para detener la convocatoria del Consejo de la Magistratura (CM), porque la consideran abusiva y arbitraria.
Están en su derecho. Por su parte, la magistrada Wilma Mamani, respondió que cada profesional está en el legítimo derecho de accionar cualquier recurso, si cree que se le está vulnerando algún derecho constitucional.
Aseguró que el CM está enmarcado en la Constitución, "pero ellos señalan de forma genérica que es inconstitucional, pero el ente que represento no es la instancia para resolver la demanda", enfatizó.
Carrera judicial
La Constitución habla de la revisión del escalafón judicial
Carrera judicial. Constitución política del estado (cpe). Disposiciones transitorias. Sexta. En plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.
Ley 025. Disposición transitoria cuarta. Todos los vocales, jueces, secretarios, actuarios, demás servidoras y servidores judiciales, así como notarios en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de nuevos servidores judiciales. Podrán participar en procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y Tribunales Departamentales respectivamente.
Afirmó que la institución que representa está cumpliendo su rol, que es justamente la distribución en el tema de recursos humanos.
Por ello, con el fin de institucionalizar la Carrera Judicial, Mamani dijo que se está haciendo la invitación general para que se presenten los mismos juzgadores.
"La población conoce que hay excelentes administradores de justicia, que realmente dignifican al Poder Judicial, pero también hay malos y creo que es el momento de que tengan estabilidad laboral", afirmó la magistrada.
Indicó que es importante la institucionalización de los funcionarios, ya que otorga certidumbre a un profesional que se encuentra impartiendo justicia.
Estas declaraciones las hizo Mamani en la presentación del Reglamento de la carrera judicial en el salón Edgar Rosales del Palacio de Justicia de Santa Cruz.
Es ilegal y se activarán recursos legales. Por su parte, el presidente de los Magistrados y Jueces de Santa Cruz, Emerson Figueroa, dijo que hay un pronunciamiento nacional de rechazo al Reglamento Judicial, que lo consideran ilegal e inconstitucional.
Aclaró que la Carta Magna, en su transición sexta, sostiene que se revisará el escalafón judicial y eso significa una evaluación de desempeño.
Afirmó que no se oponen a que se sancione y destituya a los jueces malos y corruptos, pero si están en contra a la falta de respeto a juzgadores excelentes con 25 y 30 años de experiencia.
"Ya nos han sometido a una serie de evaluaciones y de formación, pasando por una serie de filtros para acceder a su cargo y que se han capacitado en Puerto Rico y Costas Rica", manifestó.
Comentó que además de los profesionales avalados por la cooperación española para capacitarse, donde se venció procesos de prácticas jurídicas y se dio exámenes con tribunales, ahora se los quiera meter en la misma bolsa junto con los nuevos aspirantes. Figueroa advirtió que los magistrados del país están tomando los recaudos legales correspondientes para detener la convocatoria del Consejo de la Magistratura (CM), porque la consideran abusiva y arbitraria.
Están en su derecho. Por su parte, la magistrada Wilma Mamani, respondió que cada profesional está en el legítimo derecho de accionar cualquier recurso, si cree que se le está vulnerando algún derecho constitucional.
Aseguró que el CM está enmarcado en la Constitución, "pero ellos señalan de forma genérica que es inconstitucional, pero el ente que represento no es la instancia para resolver la demanda", enfatizó.
Carrera judicial
La Constitución habla de la revisión del escalafón judicial
Carrera judicial. Constitución política del estado (cpe). Disposiciones transitorias. Sexta. En plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.
Ley 025. Disposición transitoria cuarta. Todos los vocales, jueces, secretarios, actuarios, demás servidoras y servidores judiciales, así como notarios en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de nuevos servidores judiciales. Podrán participar en procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y Tribunales Departamentales respectivamente.
Fiscalía de Potosí Atenderán horas extra para acelerar procesos
La fiscal departamental de Potosí, Wilma Blass, informó ayer que se determinó ampliar el horario de atención por las tardes hasta por una hora y media más para descongestionar todos los procesos que existen en este departamento.
"En forma voluntaria para alcanzar los lineamientos, con las metas trazadas como distrito, los fiscales han decidido trabajar una hora y media más. Esto quiere decir que ya no van a salir 18:30 sino 20:00 todos los días. De igual manera, para mejorar y alcanzar una mejor emisión en resoluciones van a trabajar los días sábados de 8:00 a 12:00”, afirmó ayer la fiscal, según la red ACLO de ERBOL.
Esta decisión fue adoptada de manera voluntaria por los demás fiscales como parte de un compromiso institucional para mejorar el avance en el trabajo, después de una reunión. Blass aseveró que pudo haber emitido instructivos, pero al ver la predisposición de sus colegas admitió que no hubo la necesidad de obligarlos a nada.
Se presume que los funcionarios públicos asumieron esta ampliación debido a que durante las últimas semanas se registró un incremento de casos en la institución y que la mayoría de éstos son por violencia familiar y doméstica.
"Se evidencia que en el distrito de Potosí ha habido un incremento alarmante de causas, como una referencia podemos mostrar que en una semana, hablamos de lunes a viernes, se han registrado más de 120 denuncias, donde 43 corresponden a delitos de violencia familiar y doméstica”, aclaró la autoridad del Ministerio Público.
"En forma voluntaria para alcanzar los lineamientos, con las metas trazadas como distrito, los fiscales han decidido trabajar una hora y media más. Esto quiere decir que ya no van a salir 18:30 sino 20:00 todos los días. De igual manera, para mejorar y alcanzar una mejor emisión en resoluciones van a trabajar los días sábados de 8:00 a 12:00”, afirmó ayer la fiscal, según la red ACLO de ERBOL.
Esta decisión fue adoptada de manera voluntaria por los demás fiscales como parte de un compromiso institucional para mejorar el avance en el trabajo, después de una reunión. Blass aseveró que pudo haber emitido instructivos, pero al ver la predisposición de sus colegas admitió que no hubo la necesidad de obligarlos a nada.
Se presume que los funcionarios públicos asumieron esta ampliación debido a que durante las últimas semanas se registró un incremento de casos en la institución y que la mayoría de éstos son por violencia familiar y doméstica.
"Se evidencia que en el distrito de Potosí ha habido un incremento alarmante de causas, como una referencia podemos mostrar que en una semana, hablamos de lunes a viernes, se han registrado más de 120 denuncias, donde 43 corresponden a delitos de violencia familiar y doméstica”, aclaró la autoridad del Ministerio Público.
Judicatura auditará a jueces que liberen a delincuentes
Ya no creo en la justicia, los pillan a los maleantes y los liberan a pesar de haberles encontrado con todo lo robado. No entiendo para que hay fiscales y jueces, si lo único que hacen es transar y liberar a esos mal nacidos”, denuncia Fabiola G., quien es madre de una víctima de robo, a quien la agredieron para sustraerle su celular.
La impotencia de esta persona como de muchas otras que pasaron por lo mismo hace que cada día pierdan la confianza en la justicia. Más aún cuando los malhechores son liberados y puestos nuevamente en las calles para que sigan delinquiendo.
“Lo que más rabia me da es que mi hija reconoció a esos maleantes y presentó la denuncia a la Policía, quienes les agarraron después. Pero cuando fueron a la audiencia, el juez los liberó como si nada, entonces de que seguridad estamos hablando si son cómplices estas personas—aseguró--. Parece que debemos hacer justicia con nuestras manos, porque en vano los capturan si los van a liberar. Lo peor de todo es que luego se pueden vengar porque nos amenazan”.
S. C. es otra de las víctimas que sufrió hace una semana el robo de su celular, los delincuentes la agredieron por la espalda y luego le sustrajeron su equipo y otros objetos de valor. A las pocas horas la Policía logró capturar a los autores, pero cuando fueron a la audiencia de medidas cautelares, la juez ordenó su liberación sin sanción alguna.
“La verdad estoy decepcionada con los juzgados y los fiscales, muchas veces criticamos a la Policía, pero la realidad es otra y es por culpa de los fiscales y de los jueces que se liberan a los delincuentes—indicó--. Los fiscales no argumentan bien sus imputaciones, y los jueces no valoran nada. Si te matan puede ser que la piensen alguito, pero si no, no hay delito y los sacan libres”.
Sanción a los jueces
La representante del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, preocupada por las denuncias de las víctimas, indicó que procederá a solicitar auditorías jurídicas a los fallos de los jueces que liberen a los antisociales que hayan cometido delitos en flagrancia. Aseguró que de ser necesario, se pedirá el alejamiento del juzgador.
“Los jueces están siendo muy garantistas, pareciera que no quieren tener casos, no quieren trabajar y más bien cierran los casos con este tipo de acciones, pese a existir todos los elementos para sancionar como se muestra por la televisión—indicó Chirinos--. Ahora llama la atención que el Ministerio Público permita la extinción de la pena y eso da mucho que decir”. Aseguró que se interpondrán acciones legales contra los jueces que en las últimas semanas liberaron a antisociales que fueron encontrados en flagrancia cometiendo delitos y fueron liberados. No se descarta incluso denunciar a los fiscales que estuvieron llevando los casos.
“Estamos haciendo seguimiento y se interpondrá una acción legal. No es posible que en algunos casos se falle de forma diferente que en otros—indicó--. Con el nuevo reglamento de la carrera judicial vamos atener que cambiar a los jueces que no dan seguridad ciudadana a la población”.
Recordó que en 2014 se retiró a un juez de Yacuiba, por haber estado cometiendo irregularidades al liberar antisociales. Aparentemente existían cobros de por medio para emitir fallos a favor. Esa investigación será a aplicada con algunos funcionarios del Tribunal Departamental de Tarija (TED) y en caso de encontrarse actos irregulares serán procesados y echados de la institución.
“Se procesó en Yacuiba y se suspendió al juez Abircata, ahí y se encontró actos de corrupción—añadió--. No por nada vienen fallo medio irregular y eso de seguro no es gratis”.
El fiscal Gilbert Muñoz, consultado sobre las acciones de los fiscales de materia, no quiso referirse al tema, mas al contrario mostró su molestia por el cuestionamiento del Consejo de la Magistratura.
El 80% de Los aprehendidos son liberados por jueces
Liberados
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Hernán Gallardo, aseguró que del 100% de malhechores aprehendidos, el 80% son liberados cuando van a las audiencias de medidas cautelares.
Apoyo de instituciones
El comandante departamental de la Policía, coronel José Castillo, solicitó el apoyo de las demás instituciones como la Fiscalía y los Juzgados, asegurando que es necesario sancionar a los malhechores que son reincidentes.
La impotencia de esta persona como de muchas otras que pasaron por lo mismo hace que cada día pierdan la confianza en la justicia. Más aún cuando los malhechores son liberados y puestos nuevamente en las calles para que sigan delinquiendo.
“Lo que más rabia me da es que mi hija reconoció a esos maleantes y presentó la denuncia a la Policía, quienes les agarraron después. Pero cuando fueron a la audiencia, el juez los liberó como si nada, entonces de que seguridad estamos hablando si son cómplices estas personas—aseguró--. Parece que debemos hacer justicia con nuestras manos, porque en vano los capturan si los van a liberar. Lo peor de todo es que luego se pueden vengar porque nos amenazan”.
S. C. es otra de las víctimas que sufrió hace una semana el robo de su celular, los delincuentes la agredieron por la espalda y luego le sustrajeron su equipo y otros objetos de valor. A las pocas horas la Policía logró capturar a los autores, pero cuando fueron a la audiencia de medidas cautelares, la juez ordenó su liberación sin sanción alguna.
“La verdad estoy decepcionada con los juzgados y los fiscales, muchas veces criticamos a la Policía, pero la realidad es otra y es por culpa de los fiscales y de los jueces que se liberan a los delincuentes—indicó--. Los fiscales no argumentan bien sus imputaciones, y los jueces no valoran nada. Si te matan puede ser que la piensen alguito, pero si no, no hay delito y los sacan libres”.
Sanción a los jueces
La representante del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, preocupada por las denuncias de las víctimas, indicó que procederá a solicitar auditorías jurídicas a los fallos de los jueces que liberen a los antisociales que hayan cometido delitos en flagrancia. Aseguró que de ser necesario, se pedirá el alejamiento del juzgador.
“Los jueces están siendo muy garantistas, pareciera que no quieren tener casos, no quieren trabajar y más bien cierran los casos con este tipo de acciones, pese a existir todos los elementos para sancionar como se muestra por la televisión—indicó Chirinos--. Ahora llama la atención que el Ministerio Público permita la extinción de la pena y eso da mucho que decir”. Aseguró que se interpondrán acciones legales contra los jueces que en las últimas semanas liberaron a antisociales que fueron encontrados en flagrancia cometiendo delitos y fueron liberados. No se descarta incluso denunciar a los fiscales que estuvieron llevando los casos.
“Estamos haciendo seguimiento y se interpondrá una acción legal. No es posible que en algunos casos se falle de forma diferente que en otros—indicó--. Con el nuevo reglamento de la carrera judicial vamos atener que cambiar a los jueces que no dan seguridad ciudadana a la población”.
Recordó que en 2014 se retiró a un juez de Yacuiba, por haber estado cometiendo irregularidades al liberar antisociales. Aparentemente existían cobros de por medio para emitir fallos a favor. Esa investigación será a aplicada con algunos funcionarios del Tribunal Departamental de Tarija (TED) y en caso de encontrarse actos irregulares serán procesados y echados de la institución.
“Se procesó en Yacuiba y se suspendió al juez Abircata, ahí y se encontró actos de corrupción—añadió--. No por nada vienen fallo medio irregular y eso de seguro no es gratis”.
El fiscal Gilbert Muñoz, consultado sobre las acciones de los fiscales de materia, no quiso referirse al tema, mas al contrario mostró su molestia por el cuestionamiento del Consejo de la Magistratura.
El 80% de Los aprehendidos son liberados por jueces
Liberados
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Hernán Gallardo, aseguró que del 100% de malhechores aprehendidos, el 80% son liberados cuando van a las audiencias de medidas cautelares.
Apoyo de instituciones
El comandante departamental de la Policía, coronel José Castillo, solicitó el apoyo de las demás instituciones como la Fiscalía y los Juzgados, asegurando que es necesario sancionar a los malhechores que son reincidentes.
TSJ rechaza pedido de libertad de Belaunde
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia rechazó ayer la solicitud de libertad irrestricta de Martín Belaunde Lossio, quien guarda detención domiciliaria en La Paz desde el 21 de enero pasado, y remitió el memorial presentado por su abogado en consulta a la Corte Suprema de Justicia de Perú.
El presidente del TSJ, Jorge Von Borries, dijo que en el memorial presentado por el ciudadano peruano se hace mención a un fallo de la justicia de su país que rechaza pedir su extradición a Bolivia.
Indicó que producto de esta situación es que se ha decidido remitir el memorial, vía Cancillería, a la Corte Suprema de Justicia de Perú para que esa instancia se pronuncie sobre el tema.
"Hay un memorial presentado por Belaunde en el que se hace mención a una situación que se ha producido en la Corte Suprema de Perú, lo que se ha dispuesto es hacer conocer y trasladar ese memorial a la embajada de Perú a través de la Cancillería", explicó.
Es la segunda vez que la justicia boliviana le niega al exasesor de la campaña electoral del Presidente peruano, Ollanta Humala. La anterior semana el TSE rechazó la solicitud de cesación de detención y ratificó el plazo de 60 días para que Perú formalice el pedido de extradición, mismo que vence el 21 de marzo.
El presidente del TSJ, Jorge Von Borries, dijo que en el memorial presentado por el ciudadano peruano se hace mención a un fallo de la justicia de su país que rechaza pedir su extradición a Bolivia.
Indicó que producto de esta situación es que se ha decidido remitir el memorial, vía Cancillería, a la Corte Suprema de Justicia de Perú para que esa instancia se pronuncie sobre el tema.
"Hay un memorial presentado por Belaunde en el que se hace mención a una situación que se ha producido en la Corte Suprema de Perú, lo que se ha dispuesto es hacer conocer y trasladar ese memorial a la embajada de Perú a través de la Cancillería", explicó.
Es la segunda vez que la justicia boliviana le niega al exasesor de la campaña electoral del Presidente peruano, Ollanta Humala. La anterior semana el TSE rechazó la solicitud de cesación de detención y ratificó el plazo de 60 días para que Perú formalice el pedido de extradición, mismo que vence el 21 de marzo.
Tuesday, February 10, 2015
En Oruro Guerrero dispone turno de fiscales por Carnaval
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó ayer que todos los fiscales que prestan sus servicios en Oruro estén de turno desde este miércoles hasta después del Carnaval, para coadyuvar en la resolución de los procesos judiciales que se puedan registrar durante la celebración de la principal fiesta regional.
"Se está haciendo todo un operativo y ojalá este Carnaval sea tranquilo y no tengamos ninguna situación lamentable, como el pasado año. Juntamente con el fiscal departamental de Oruro estamos trabajando en ese tema, todo el Ministerio Público estará de turno desde el día miércoles hasta pasado el Carnaval”, aseveró Guerrero, según ANF.
Esa disposición establece que los fiscales no podrán dejar sus funciones hasta después del tiempo establecido por la máxima autoridad del Ministerio Público, debido a que durante esta celebración se incrementan casos sobre diferentes delitos como violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad privada, robo agravado y violaciones, entre otros.
Asimismo, Guerrero remarcó que el año pasado, durante la entrada del Carnaval de Oruro, se registró el desplome de una pasarela que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y cerca de 60 heridos.
Tras este suceso, no había funcionarios públicos, por lo que no se pudo realizar una investigación inmediata.
Para evitar esos contratiempos, la autoridad no descartó la posibilidad de desplazar a fiscales de Cochabamba y Potosí para apoyar el trabajo de sus colegas en la capital del folklore.
"Se está haciendo todo un operativo y ojalá este Carnaval sea tranquilo y no tengamos ninguna situación lamentable, como el pasado año. Juntamente con el fiscal departamental de Oruro estamos trabajando en ese tema, todo el Ministerio Público estará de turno desde el día miércoles hasta pasado el Carnaval”, aseveró Guerrero, según ANF.
Esa disposición establece que los fiscales no podrán dejar sus funciones hasta después del tiempo establecido por la máxima autoridad del Ministerio Público, debido a que durante esta celebración se incrementan casos sobre diferentes delitos como violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad privada, robo agravado y violaciones, entre otros.
Asimismo, Guerrero remarcó que el año pasado, durante la entrada del Carnaval de Oruro, se registró el desplome de una pasarela que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y cerca de 60 heridos.
Tras este suceso, no había funcionarios públicos, por lo que no se pudo realizar una investigación inmediata.
Para evitar esos contratiempos, la autoridad no descartó la posibilidad de desplazar a fiscales de Cochabamba y Potosí para apoyar el trabajo de sus colegas en la capital del folklore.
Denuncian que abogada busca despojar a su madre de su casa
Dionisia R. denunció ayer en puertas del Ministerio Público que su hija, que es abogada, pretende apoderarse de su casa ubicada en la ciudad de El Alto. La jurista y su esposo, también abogado, iniciaron tres procesos contra la denunciante por violencia intrafamiliar.
Sobre un banco de madera, con un par de carteles y de pie, Dionisia, una mujer de 61 años, lamentó que después de sacrificarse por pagar la carrera de Derecho ahora su hija, Julieta A., utilice sus conocimientos para despojarla de sus bienes.
"Estoy muy mal. A mi hija yo le he hecho estudiar derecho para que me meta a la cárcel, me ha abierto procesos (solloza), no sé a dónde más acudir”, dijo.
La supuesta víctima es comerciante, afirma que le regaló una casa a Julieta en la zona Villa Tejada, cerca de la plaza del Obelisco de El Alto. "Mi madre le ha regalado a mi hermana una casa y ha firmado los papeles de propiedad, no conforme con eso, mi hermana quiere su otro inmueble”, manifestó el hijo de la denunciante.
Ellos aseguraron que Julieta y su esposo hicieron que Dionisia firmara papeles en blanco para apoderarse de su vivienda.
Sin embargo, la abogada negó todas las acusaciones y aseguró que no hay ningún proceso para despojar a su progenitora del inmueble donde pasó su infancia con su familia.
"Dicen que me estoy apropiando de esa casa, pese a la discriminación que tiene mi madre hacia mí, por el simple hecho de ser mujer, no vivo en esa casa”, aseguró Julieta.
De acuerdo con documentos que presentó, hay tres procesos de violencia intrafamiliar contra su madre y su hermano, a quienes acusa de agresión y, además, de golpear a su esposo.
La primera agresión contra la abogada data del 26 de junio de 2014, cuando fue "golpeada por su hermano y su madre”, se lee en el informe de un médico forense. El especialista le dio ocho días de impedimento.
La segunda agresión, según la hija denunciada, ocurrió el 30 de agosto. El forense le otorgó cuatro días de impedimento.
Finalmente, la última golpiza se registró contra el esposo de la abogada el 7 de septiembre del año pasado. El informe médico estableció siete días de impedimento, según la abogada.
La jurista afirma que la denuncia contra ella, de querer apropiarse de una casa, es impulsada por sus hermanos para que su progenitora realice esas acciones en su contra.
No obstante, uno de sus hermanos aseguró que en realidad fue su madre la que sufrió violencia física por parte de la pareja, el 30 de agosto de 2014, y que denunciaron el hecho a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, pero hasta ahora el caso no avanzó.
Por este motivo solicitan a la fiscal de distrito, Patricia Santos, que el Ministerio Público investigue el caso.
Sobre un banco de madera, con un par de carteles y de pie, Dionisia, una mujer de 61 años, lamentó que después de sacrificarse por pagar la carrera de Derecho ahora su hija, Julieta A., utilice sus conocimientos para despojarla de sus bienes.
"Estoy muy mal. A mi hija yo le he hecho estudiar derecho para que me meta a la cárcel, me ha abierto procesos (solloza), no sé a dónde más acudir”, dijo.
La supuesta víctima es comerciante, afirma que le regaló una casa a Julieta en la zona Villa Tejada, cerca de la plaza del Obelisco de El Alto. "Mi madre le ha regalado a mi hermana una casa y ha firmado los papeles de propiedad, no conforme con eso, mi hermana quiere su otro inmueble”, manifestó el hijo de la denunciante.
Ellos aseguraron que Julieta y su esposo hicieron que Dionisia firmara papeles en blanco para apoderarse de su vivienda.
Sin embargo, la abogada negó todas las acusaciones y aseguró que no hay ningún proceso para despojar a su progenitora del inmueble donde pasó su infancia con su familia.
"Dicen que me estoy apropiando de esa casa, pese a la discriminación que tiene mi madre hacia mí, por el simple hecho de ser mujer, no vivo en esa casa”, aseguró Julieta.
De acuerdo con documentos que presentó, hay tres procesos de violencia intrafamiliar contra su madre y su hermano, a quienes acusa de agresión y, además, de golpear a su esposo.
La primera agresión contra la abogada data del 26 de junio de 2014, cuando fue "golpeada por su hermano y su madre”, se lee en el informe de un médico forense. El especialista le dio ocho días de impedimento.
La segunda agresión, según la hija denunciada, ocurrió el 30 de agosto. El forense le otorgó cuatro días de impedimento.
Finalmente, la última golpiza se registró contra el esposo de la abogada el 7 de septiembre del año pasado. El informe médico estableció siete días de impedimento, según la abogada.
La jurista afirma que la denuncia contra ella, de querer apropiarse de una casa, es impulsada por sus hermanos para que su progenitora realice esas acciones en su contra.
No obstante, uno de sus hermanos aseguró que en realidad fue su madre la que sufrió violencia física por parte de la pareja, el 30 de agosto de 2014, y que denunciaron el hecho a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, pero hasta ahora el caso no avanzó.
Por este motivo solicitan a la fiscal de distrito, Patricia Santos, que el Ministerio Público investigue el caso.
Fiscal Santos paga en un día Bs 85.800 por 33 meses de alquiler
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, y su esposo, Aldo Heredia, pagaron este lunes el total de su deuda por 33 meses de alquiler de un departamento en el edificio Orión. La dueña de la vivienda, Mariela Andrade, recibió el dinero en efectivo.
“Ya me pagó todo. Me ha pagado 85.800 bolivianos en efectivo. Me lo ha pagado todo”, exclamó Andrade.
Agregó que la pareja se comprometió a entregarle el departamento hasta el 24 de febrero. “Han sacado algunas cosas para tener el tiempo suficiente para pintarlo y entregar tal como yo lo había entregado”, sostuvo.
Las partes firmaron un documento privado como constancia de la cancelación de la deuda. El escrito señala que Santos y Heredia admitieron una deuda de alquiler desde el 4 de mayo de 2012 hasta el 24 de febrero de 2015.
El acuerdo detalla que la fiscal y su esposo honraron su deuda con la entrega de 12.300 dólares y 188 bolivianos, además presentaron las facturas de servicios y mantenimiento canceladas al día.
El fin de semana, la pareja se mudó de este departamento hacia otro que tienen en el edifició Mariscal de Zepita, donde cancelaron más de 8 mil bolivianos debido a una deuda por concepto de mantenimiento.
“Ya me pagó todo. Me ha pagado 85.800 bolivianos en efectivo. Me lo ha pagado todo”, exclamó Andrade.
Agregó que la pareja se comprometió a entregarle el departamento hasta el 24 de febrero. “Han sacado algunas cosas para tener el tiempo suficiente para pintarlo y entregar tal como yo lo había entregado”, sostuvo.
Las partes firmaron un documento privado como constancia de la cancelación de la deuda. El escrito señala que Santos y Heredia admitieron una deuda de alquiler desde el 4 de mayo de 2012 hasta el 24 de febrero de 2015.
El acuerdo detalla que la fiscal y su esposo honraron su deuda con la entrega de 12.300 dólares y 188 bolivianos, además presentaron las facturas de servicios y mantenimiento canceladas al día.
El fin de semana, la pareja se mudó de este departamento hacia otro que tienen en el edifició Mariscal de Zepita, donde cancelaron más de 8 mil bolivianos debido a una deuda por concepto de mantenimiento.
Monday, February 9, 2015
Santos desaloja el edificio donde debe 33 meses de renta
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, desalojó ayer del edificio Orión, donde debe 33 meses de alquiler, y se mudó al edificio Mariscal de Zepita.
"Han salido esta mañana (Santos y su esposo), lo cual me llena de alegría, tranquilidad, satisfacción de verdad”, manifestó Mariela Andrade, dueña del departamento en el edificio Orión.
El pasado lunes, ésta hizo conocer a través de los medios de prensa el incumplimiento de pagos de alquiler en el que incurrió la fiscal Santos.
El 3 de febrero pasado, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, indicó que había dado dos días a Santos para que resuelva esta situación. "Yo le dije a ella que arregle eso en un plazo máximo de 48 horas”, dijo Guerrero.
En la semana, el esposo de la fiscal acordó, de manera verbal, el pago de los alquileres en cuotas. Sin embargo, aún no se canceló el monto adeudado.
Una reunión
Andrade informó que hoy tiene una reunión con Santos, en la cual espera que ésta le entregue la llave del departamento y luego arreglen el tema de la deuda.
En contacto con este medio, el abogado de Andrade, Christian Lanza, confirmó el encuentro.
"Mañana (hoy) tenemos una reunión con el doctor Aldo Heredia (esposo de Santos) y con su abogado, el doctor Nina, a las 18:15. Me imagino que vamos a llegar a una solución amigable y definitiva. No se ha cancelado ni un centavo todavía”, aseveró.
El documento de arrendamiento señala que se alquiló la propiedad en junio de 2011 por un alquiler mensual de 2.600 bolivianos. Según Andrade, Santos canceló sus cuotas hasta mayo del año 2012.
Se conoció que Santos y su esposo también tenían deudas por concepto de mantenimiento en los edificios Franz Tamayo y Mariscal de Zepita.
En el último caso, la deuda era de 8.129 bolivianos, monto que -según ERBOL- se pagó antes de que la pareja se mude ayer al inmueble.
"Han salido esta mañana (Santos y su esposo), lo cual me llena de alegría, tranquilidad, satisfacción de verdad”, manifestó Mariela Andrade, dueña del departamento en el edificio Orión.
El pasado lunes, ésta hizo conocer a través de los medios de prensa el incumplimiento de pagos de alquiler en el que incurrió la fiscal Santos.
El 3 de febrero pasado, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, indicó que había dado dos días a Santos para que resuelva esta situación. "Yo le dije a ella que arregle eso en un plazo máximo de 48 horas”, dijo Guerrero.
En la semana, el esposo de la fiscal acordó, de manera verbal, el pago de los alquileres en cuotas. Sin embargo, aún no se canceló el monto adeudado.
Una reunión
Andrade informó que hoy tiene una reunión con Santos, en la cual espera que ésta le entregue la llave del departamento y luego arreglen el tema de la deuda.
En contacto con este medio, el abogado de Andrade, Christian Lanza, confirmó el encuentro.
"Mañana (hoy) tenemos una reunión con el doctor Aldo Heredia (esposo de Santos) y con su abogado, el doctor Nina, a las 18:15. Me imagino que vamos a llegar a una solución amigable y definitiva. No se ha cancelado ni un centavo todavía”, aseveró.
El documento de arrendamiento señala que se alquiló la propiedad en junio de 2011 por un alquiler mensual de 2.600 bolivianos. Según Andrade, Santos canceló sus cuotas hasta mayo del año 2012.
Se conoció que Santos y su esposo también tenían deudas por concepto de mantenimiento en los edificios Franz Tamayo y Mariscal de Zepita.
En el último caso, la deuda era de 8.129 bolivianos, monto que -según ERBOL- se pagó antes de que la pareja se mude ayer al inmueble.
Abogados desmienten a Quispe y anuncian proceso
Luego de conocer los procesos por robo y corrupción en contra del fiscal Humberto Quispe, quien asegura que el mismo obedece a una campaña de desprestigio organizado por los abogados Víctor Vargas y Carminia Luna, entre otros nombres mencionados, los aludidos anuncian continuar los procesos y mostrar la documentación, entre los cuales están copias de las denuncias al Ministerio de Gobierno de jefes policiales del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE).
Por su lado, Patricia Santos, fiscal de Distrito, incumpliendo la conminatoria del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que honre sus deudas por más de 33 meses por alquileres, se anuncia que recién hoy se podría dar la firma de un convenio y pago parcial de esta deuda, según informa el portal digital de Erbol. El sábado, este mismo portal da cuenta que Santos y su esposo también figuran en la lista de deudores morosos de otros dos edificios.
Ayer, se dio a conocer que la Fiscal de Distrito se mudó del edificio Orión, donde debe 33 meses de alquiler, y se trasladó hacia el edificio Mariscal de Zepita donde tenía una deuda de más de 8 mil bolivianos que ya fue saldada.
“COMPLOT”
El miércoles 4 de febrero, el fiscal general Guerro anunció la destitución de Quispe, para que asuma defensa fuera del Ministerio Público.
Sin embargo, Quispe salió ante los medios de comunicación para "aclarar" que no fue una destitución, sino se trataría de un despido agradeciendo sus servicios luego del cumplimiento de sus vacaciones, adelantando que su "equipo de abogados" ya inició los procesos penales en contra de los cabecillas de la "asociación de víctimas" que lo acusan de varios delitos.
Quispe señala al abogado Víctor Vargas, como el impulsor de estas denuncias que mellan su dignidad, debido a que conoció una denuncia sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de su título profesional de Derecho.
Por su parte, Vargas anunció que hoy, por la noche en programa televisivo, demostrará con documentos la incoherencia en los argumentos del exfiscal Quispe, pero adelantó a EL DIARIO que los procesos por los cuales el fiscal Quipe lo persigue serían inexistentes, de acuerdo al registro informático del mismo Ministerio Público.
GICE
En cuanto al caso, la otra abogada, Patricia Luna, denuncia que fue víctima de Quispe, estaría vinculado a "volteos" en diferentes operativos en los cuales jefes policiales del GICE son cómplices, también oficiales de Policía, se sustraía objetos de valor para a la conclusión de las “intervenciones legales”, repartirse el "botín", tal cual figura en la denuncia recepcionada el 8 de enero 2013 por la Dirección de Transparencia del Ministerio de Gobierno.
Tanto Luna como Vargas ponen de prueba las fechas en las que plantearon sus denuncias, en ámbitos distintos, para desmentir el hecho de que este es un "complot", en contra de Quispe, pues Vargas recién deja su denuncia el 14 de julio de 2014.
Por su lado, Patricia Santos, fiscal de Distrito, incumpliendo la conminatoria del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que honre sus deudas por más de 33 meses por alquileres, se anuncia que recién hoy se podría dar la firma de un convenio y pago parcial de esta deuda, según informa el portal digital de Erbol. El sábado, este mismo portal da cuenta que Santos y su esposo también figuran en la lista de deudores morosos de otros dos edificios.
Ayer, se dio a conocer que la Fiscal de Distrito se mudó del edificio Orión, donde debe 33 meses de alquiler, y se trasladó hacia el edificio Mariscal de Zepita donde tenía una deuda de más de 8 mil bolivianos que ya fue saldada.
“COMPLOT”
El miércoles 4 de febrero, el fiscal general Guerro anunció la destitución de Quispe, para que asuma defensa fuera del Ministerio Público.
Sin embargo, Quispe salió ante los medios de comunicación para "aclarar" que no fue una destitución, sino se trataría de un despido agradeciendo sus servicios luego del cumplimiento de sus vacaciones, adelantando que su "equipo de abogados" ya inició los procesos penales en contra de los cabecillas de la "asociación de víctimas" que lo acusan de varios delitos.
Quispe señala al abogado Víctor Vargas, como el impulsor de estas denuncias que mellan su dignidad, debido a que conoció una denuncia sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de su título profesional de Derecho.
Por su parte, Vargas anunció que hoy, por la noche en programa televisivo, demostrará con documentos la incoherencia en los argumentos del exfiscal Quispe, pero adelantó a EL DIARIO que los procesos por los cuales el fiscal Quipe lo persigue serían inexistentes, de acuerdo al registro informático del mismo Ministerio Público.
GICE
En cuanto al caso, la otra abogada, Patricia Luna, denuncia que fue víctima de Quispe, estaría vinculado a "volteos" en diferentes operativos en los cuales jefes policiales del GICE son cómplices, también oficiales de Policía, se sustraía objetos de valor para a la conclusión de las “intervenciones legales”, repartirse el "botín", tal cual figura en la denuncia recepcionada el 8 de enero 2013 por la Dirección de Transparencia del Ministerio de Gobierno.
Tanto Luna como Vargas ponen de prueba las fechas en las que plantearon sus denuncias, en ámbitos distintos, para desmentir el hecho de que este es un "complot", en contra de Quispe, pues Vargas recién deja su denuncia el 14 de julio de 2014.
Sunday, February 8, 2015
Fiscal deja departamento que no pagó por 33 meses
La Fiscal Departamental de La Paz, Patricia Santos, abandonó hoy el departamento por el cuál fue acusada de no pagar 33 meses de alquiler, ubicado en el edificio Orión, de la zona de Sopocach, y llevó sus cosas al edificio Zepita, donde también adeudaba ocho mil bolivianos.
De acuerdo a la versión de Erbol Digital, Mariela Andrade, dueña del espacio en disputa, indicó que no sabía del traslado, se sintió “sumamente sorprendida” cuando le informaron de la mudanza y expresó su "alegría, tranquilidad, satisfacción".
Explicó que mañana sostendrá una reunión Aldo Heredia, abogado y esposo de Santos. Espera le entreguen las llaves del inmueble y se arregle el tema de la deuda por el alquiler del departamento.
La pasada semana el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dio un plazo de 48 horas a Santos para erogar la deuda, mismo que fenecía el pasado viernes, mientras que en la víspera saltaron otras acusaciones por similares hechos contra la fiscal paceña.
De acuerdo a la versión de Erbol Digital, Mariela Andrade, dueña del espacio en disputa, indicó que no sabía del traslado, se sintió “sumamente sorprendida” cuando le informaron de la mudanza y expresó su "alegría, tranquilidad, satisfacción".
Explicó que mañana sostendrá una reunión Aldo Heredia, abogado y esposo de Santos. Espera le entreguen las llaves del inmueble y se arregle el tema de la deuda por el alquiler del departamento.
La pasada semana el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dio un plazo de 48 horas a Santos para erogar la deuda, mismo que fenecía el pasado viernes, mientras que en la víspera saltaron otras acusaciones por similares hechos contra la fiscal paceña.
Acusan a Fiscal de deuda en otros dos edificios
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, y su esposo, el abogado Aldo Heredia, están acusados de mantener deudas con la administración de los edificios Mariscal de Zepita y Franz Tamayo en La Paz, por concepto de mantenimiento, en el primer caso por más de 8 mil bolivianos y en el segundo por cerca a 25 mil bolivianos. Heredia admitió las deudas pero negó la magnitud de los montos.
En el edificio Mariscal de Zepita, el portero, identificado como Ángel, aseveró que la pareja tomó un departamento en el piso 7, en 2005, y que en octubre de 2009 dejaron de pagar el mantenimiento del inmueble, es decir, hace 63 meses.
Ángel indicó que en 2011 la pareja se trasladó del departamento, dejándolo vacío, como sigue hasta ahora, sin embargo, sostuvo que ellos “a veces” regresan a la vivienda.
La administración del edificio publicó una lista de “deudores morosos” encabezada por Santos con 8.190 bolivianos de octubre de 2009 a diciembre de 2014. El portero explicó que la deuda subió a 8.320, más la cuota de enero de 2015.
El esposo de Santos dijo que este departamento estaba cerrado hace tiempo y “si hay algo más que cancelar, se va a cancelar inmediatamente”.
El portero relató además que, después de que la pareja se trasladó, hubo una fuga de agua en el departamento que afectaba a la vivienda del piso de abajo. Se notificó a Santos y su esposo mediante una nota y -según Ángel- ellos se comprometieron a arreglar el problema pero no lo hicieron.
En el edificio Mariscal de Zepita, el portero, identificado como Ángel, aseveró que la pareja tomó un departamento en el piso 7, en 2005, y que en octubre de 2009 dejaron de pagar el mantenimiento del inmueble, es decir, hace 63 meses.
Ángel indicó que en 2011 la pareja se trasladó del departamento, dejándolo vacío, como sigue hasta ahora, sin embargo, sostuvo que ellos “a veces” regresan a la vivienda.
La administración del edificio publicó una lista de “deudores morosos” encabezada por Santos con 8.190 bolivianos de octubre de 2009 a diciembre de 2014. El portero explicó que la deuda subió a 8.320, más la cuota de enero de 2015.
El esposo de Santos dijo que este departamento estaba cerrado hace tiempo y “si hay algo más que cancelar, se va a cancelar inmediatamente”.
El portero relató además que, después de que la pareja se trasladó, hubo una fuga de agua en el departamento que afectaba a la vivienda del piso de abajo. Se notificó a Santos y su esposo mediante una nota y -según Ángel- ellos se comprometieron a arreglar el problema pero no lo hicieron.
Algunos abogados dejan sin sus bienes a los reos
La cárcel se ha convertido en un centro de operaciones ilícitas para algunos abogados que contactan a sus eventuales “víctimas” entre los reos y les venden sueños de libertad.
Rhina Gonzales, encargada de las cabinas telefónicas en el penal de San Sebastián Mujeres, es una de las muchas afectadas.
Hace 5 años y 10 meses está recluida y tiene una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el delito de asesinato.
Pese a que insiste en su inocencia, ya no le preocupa su futuro, sino el de sus hijos. Es por esto que contactó a un abogado que según denunció, le dijo que venda la casa que tenía a su nombre para no perderla y que él le ayudaría a conseguir otra.
El profesional interpuso sus buenos oficios e incluso llevó un Notario de Fe Pública hasta el penal para consolidar el acuerdo de transferencia del bien inmueble y “poner los documentos en orden”. La compradora, en primera instancia, resultó ser la madre de este abogado.
MÁS ENGAÑOS La explicación que recibió Gonzales fue que con el dinero de la venta de su casa se había comprado otra, como acordaron y estaba en trámite el cambio de nombre a favor de sus hijos. Una parte del dinero (10 mil dólares) se había descontado el abogado por sus honorarios, ya que fue quien asumió su defensa en el proceso penal por asesinato.
“Desde un principio su intención fue quedarse con la casa y sacar a mis hijos. Me ha convencido de que era por el bien de ellos, pero no fue así, hasta firmé papeles en blanco”, relató.
La querella fue presentada el año pasado ante el Ministerio Público, sin embargo fue rechazada ya que no encontraron indicios de responsabilidad en contra del abogado.
“Ya no sé qué hacer. No me creen pese a que hay pruebas. Soy una reclusa más y no tengo derechos, eso me recordó el abogado cuando le reclamé”, acotó.
Gonzales perdió la casa y teme por sus hijos que ya fueron alertados de que deben desocupar el inmueble y no tienen donde ir.
CONTRADICCIONES La versión del abogado tuvo más credibilidad que la de la reclusa para las autoridades judiciales.
El profesional aseguró que quien tuvo la idea para vender el inmueble fue Gonzales. Asimismo dijo que el dinero (150 mil dólares) lo entregó en su totalidad al tío y la madre de la reclusa y solo se quedó con los 10 mil dólares de sus honorarios. Reconoció la participación de su madre, pero a manera de favor hacia Gonzales, a quien en principio creyó inocente. Aseguró que después la encargada de la venta real del inmueble fue la mamá de la reclusa, la misma que tenía todos los documentos en su poder.
Asimismo explicó que la denuncia en su contra solo buscaba extorsionarlo y sacarle algo de dinero.
“Se equivocó, pero no tiene nada que perder, está en la cárcel. Tengo todo documentado”, dijo, a tiempo de pedir la reserva de su nombre porque el Ministerio Público demostró que es inocente de los delitos de los que se le acusaba.
Sobre otras denuncias en su contra, el abogado aseguró que no tiene ninguna. Sin embargo, en el sistema judicial boliviano, desde el 2001, tiene querellas en su contra por falsedad material, amenazas, extorsión, estafa, lesiones gravísimas y patrocinio infiel.
OTROS CASOS Este es solo uno de muchos casos de privados de libertad que perdieron sus bienes.
Otra de las reclusas contó que su abogada jugó con sus ilusiones de ser nuevamente libre. Estaba acusado por el delito de narcotráfico. La profesional acudió al penal de mujeres y le pidió una suma de dinero para iniciar el trámite de su liberación, pero “se perdió” por varios meses.
A pocos días de que se lleve a cabo su audiencia para recuperar la libertad, volvió la abogada y le pidió más dinero, lo que fue rechazado. En represalia, no asistió a la audiencia para cesar la detención y la reclusa volvió a la cárcel.
Este modus operandi de algunos abogados fue hecho público por los reclusos del penal de máxima seguridad de El Abra hace algunos años. Luego de una investigación se logró atrapar al profesional y enviarlo a la cárcel. Sin embargo, la situación no ha cambiado y otros abogados siguen estafando y vendiendo sueños a las reclusas que poco o nada saben de leyes y conocen la justicia.
Apuntes.
La Constitución
El artículo 115 de la Constitución dice que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Discriminación
Expertos ven una evidente discriminación en la administración de justicia que afecta de manera más negativa a las personas que no cuentan con dinero para encarar un proceso judicial.
Función social
La Ley de Abogacía establece que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia.
Deberes
Los abogados deben guardar los bienes o documentos de la persona patrocinada, así como devolverlos cuando lo solicite. No deben disponer los bienes dados en guarda, ni adquirirlos para sí mismos o parientes ni contando con autorización expresa.
Régimen alista denuncias
La dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba alista denuncias en contra de abogados que engañaron a los privados de libertad y les cobraron montos altos por su defensa. Los documentos serán enviados al Colegio de Abogados para que inicien una investigación y posterior sanción a los responsables.
Así lo informó el director de Régimen, Erwin Sandóval, a tiempo de lamentar que la situación de los reos es desesperante porque no pueden hacer nada desde su encierro.
Si bien esta Dirección no tiene atribuciones en estos casos, ya que cada privado de libertad tiene el derecho de elegir a su abogado, busca de alguna manera ayudarles.
“Los abogados les ofrecen el sol, la luna y las estrellas hasta que les sacan dinero y luego desaparecen. Vamos a hacer nuestra representación ante el Colegio de Abogados”, indicó.
Dijo también que ya se descubrió a una de estas profesionales en el penal de San Sebastián mujeres que engañó a tres reclusas y que se mimetiza entre visitas pese a que la ley faculta su ingreso para brindar sus servicios.
Privados de libertad quieren demostrar su inocencia pero se quedan sin recursos
Desde el Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep), en Cochabamba, 20 abogados trabajan para demostrar la inocencia de las personas que se encuentran recluidas en los diferentes penales.
Son más de dos mil presos, de los cuales cerca de la mitad requieren servicios gratuitos porque no tienen recursos o porque los perdieron pagando a abogados particulares para demostrar su inocencia, pero que no lograron la libertad. La mayoría de los reclusos son acusados por narcotráfico y hechos de violación.
Según la directora del Senadep, Mónica Maldonado Torrico, en los procesos penales existen una serie de dificultades que pasan principalmente por la falta de dinero, pero también hay retraso por la sobrecarga procesal. Cada profesional de Defensa Pública defiende a 100 presos.
A estos casos, se suman los que ingresan cada día y que son entre 8 y 10 por cada defensor público para asistir a un usuario en la medida cautelar o la declaración informativa.
Maldonado explicó que muchos de los imputados no tienen dinero ni para las fotocopias y demostrar su inocencia se hace cada vez más difícil, cuando requieren además, por ejemplo, un peritaje.
“Están desorientados, no saben cómo están sus procesos y ya no pueden erogar más gastos”, manifestó.
En algunos casos recurren a la Pastoral Penitenciaria en busca de ayuda económica para los reclusos y poder agilizar sus procesos hasta llegar a una sentencia, que es lo que la mayoría quiere, saber su futuro.
“Muchos casos están dormidos y queremos que se extingan o ver qué hacemos para que se concluyan, ya sea yendo a juicio oral o buscar una salida alternativa”, acotó.
Los abogados del Senadep visitan los penales dos veces por semana, los martes y viernes.
Sancionan a profesionales por falta de ética con la suspensión
El Colegio de Abogados de Cochabamba cuenta con una instancia que se encarga de conciliar, investigar y sancionar a los profesionales que tienen conductas que están fuera de lo legal, cometen arbitrariedades o son corruptos, lo que va contra la ética de cada uno y deriva en la suspensión de su licencia de trabajo, entre otras sanciones.
Las infracciones pueden ser leves, graves y gravísimas y se analizan en las Comisiones de Conciliación. En caso de no existir un resultado positivo, se remite antecedentes al Tribunal de Honor para su procesamiento disciplinario.
Según la presidenta del Tribunal de Honor, María Luisa Amurrio L. de Córdova, de estas actuaciones se obtuvieron resultados positivos, llegando a concluir el litigio en forma amigable en beneficio de ambas partes. En caso de no existir el deseo de conciliar, el Tribunal dicta la correspondiente resolución, conforme a los datos del proceso.
“Puede haber una llamada de atención o suspensión temporal con multa pecuniaria, de acuerdo a la gravedad de los casos”, manifestó.
Dijo también que durante su gestión se conciliaron la mayoría de los casos en beneficio de las partes en conflicto. La disminución de las denuncias, en la actualidad, se debe al curso de ética que imparte el Colegio de Abogados, como requisito indispensable para ser colegiado.
LAS DENUNCIAS Amurrio explicó que la mayoría de los casos están relacionados con malas actuaciones de los profesionales y los cobros indebidos.
“Los problemas de los clientes con el servicio de los abogados son porque no terminan su causa”, indicó. Por otro lado, informó que en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se tienen 38 procesos en curso desde 2014, en contra de estos profesionales en derecho.
Rhina Gonzales, encargada de las cabinas telefónicas en el penal de San Sebastián Mujeres, es una de las muchas afectadas.
Hace 5 años y 10 meses está recluida y tiene una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el delito de asesinato.
Pese a que insiste en su inocencia, ya no le preocupa su futuro, sino el de sus hijos. Es por esto que contactó a un abogado que según denunció, le dijo que venda la casa que tenía a su nombre para no perderla y que él le ayudaría a conseguir otra.
El profesional interpuso sus buenos oficios e incluso llevó un Notario de Fe Pública hasta el penal para consolidar el acuerdo de transferencia del bien inmueble y “poner los documentos en orden”. La compradora, en primera instancia, resultó ser la madre de este abogado.
MÁS ENGAÑOS La explicación que recibió Gonzales fue que con el dinero de la venta de su casa se había comprado otra, como acordaron y estaba en trámite el cambio de nombre a favor de sus hijos. Una parte del dinero (10 mil dólares) se había descontado el abogado por sus honorarios, ya que fue quien asumió su defensa en el proceso penal por asesinato.
“Desde un principio su intención fue quedarse con la casa y sacar a mis hijos. Me ha convencido de que era por el bien de ellos, pero no fue así, hasta firmé papeles en blanco”, relató.
La querella fue presentada el año pasado ante el Ministerio Público, sin embargo fue rechazada ya que no encontraron indicios de responsabilidad en contra del abogado.
“Ya no sé qué hacer. No me creen pese a que hay pruebas. Soy una reclusa más y no tengo derechos, eso me recordó el abogado cuando le reclamé”, acotó.
Gonzales perdió la casa y teme por sus hijos que ya fueron alertados de que deben desocupar el inmueble y no tienen donde ir.
CONTRADICCIONES La versión del abogado tuvo más credibilidad que la de la reclusa para las autoridades judiciales.
El profesional aseguró que quien tuvo la idea para vender el inmueble fue Gonzales. Asimismo dijo que el dinero (150 mil dólares) lo entregó en su totalidad al tío y la madre de la reclusa y solo se quedó con los 10 mil dólares de sus honorarios. Reconoció la participación de su madre, pero a manera de favor hacia Gonzales, a quien en principio creyó inocente. Aseguró que después la encargada de la venta real del inmueble fue la mamá de la reclusa, la misma que tenía todos los documentos en su poder.
Asimismo explicó que la denuncia en su contra solo buscaba extorsionarlo y sacarle algo de dinero.
“Se equivocó, pero no tiene nada que perder, está en la cárcel. Tengo todo documentado”, dijo, a tiempo de pedir la reserva de su nombre porque el Ministerio Público demostró que es inocente de los delitos de los que se le acusaba.
Sobre otras denuncias en su contra, el abogado aseguró que no tiene ninguna. Sin embargo, en el sistema judicial boliviano, desde el 2001, tiene querellas en su contra por falsedad material, amenazas, extorsión, estafa, lesiones gravísimas y patrocinio infiel.
OTROS CASOS Este es solo uno de muchos casos de privados de libertad que perdieron sus bienes.
Otra de las reclusas contó que su abogada jugó con sus ilusiones de ser nuevamente libre. Estaba acusado por el delito de narcotráfico. La profesional acudió al penal de mujeres y le pidió una suma de dinero para iniciar el trámite de su liberación, pero “se perdió” por varios meses.
A pocos días de que se lleve a cabo su audiencia para recuperar la libertad, volvió la abogada y le pidió más dinero, lo que fue rechazado. En represalia, no asistió a la audiencia para cesar la detención y la reclusa volvió a la cárcel.
Este modus operandi de algunos abogados fue hecho público por los reclusos del penal de máxima seguridad de El Abra hace algunos años. Luego de una investigación se logró atrapar al profesional y enviarlo a la cárcel. Sin embargo, la situación no ha cambiado y otros abogados siguen estafando y vendiendo sueños a las reclusas que poco o nada saben de leyes y conocen la justicia.
Apuntes.
La Constitución
El artículo 115 de la Constitución dice que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Discriminación
Expertos ven una evidente discriminación en la administración de justicia que afecta de manera más negativa a las personas que no cuentan con dinero para encarar un proceso judicial.
Función social
La Ley de Abogacía establece que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia.
Deberes
Los abogados deben guardar los bienes o documentos de la persona patrocinada, así como devolverlos cuando lo solicite. No deben disponer los bienes dados en guarda, ni adquirirlos para sí mismos o parientes ni contando con autorización expresa.
Régimen alista denuncias
La dirección de Régimen Penitenciario de Cochabamba alista denuncias en contra de abogados que engañaron a los privados de libertad y les cobraron montos altos por su defensa. Los documentos serán enviados al Colegio de Abogados para que inicien una investigación y posterior sanción a los responsables.
Así lo informó el director de Régimen, Erwin Sandóval, a tiempo de lamentar que la situación de los reos es desesperante porque no pueden hacer nada desde su encierro.
Si bien esta Dirección no tiene atribuciones en estos casos, ya que cada privado de libertad tiene el derecho de elegir a su abogado, busca de alguna manera ayudarles.
“Los abogados les ofrecen el sol, la luna y las estrellas hasta que les sacan dinero y luego desaparecen. Vamos a hacer nuestra representación ante el Colegio de Abogados”, indicó.
Dijo también que ya se descubrió a una de estas profesionales en el penal de San Sebastián mujeres que engañó a tres reclusas y que se mimetiza entre visitas pese a que la ley faculta su ingreso para brindar sus servicios.
Privados de libertad quieren demostrar su inocencia pero se quedan sin recursos
Desde el Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep), en Cochabamba, 20 abogados trabajan para demostrar la inocencia de las personas que se encuentran recluidas en los diferentes penales.
Son más de dos mil presos, de los cuales cerca de la mitad requieren servicios gratuitos porque no tienen recursos o porque los perdieron pagando a abogados particulares para demostrar su inocencia, pero que no lograron la libertad. La mayoría de los reclusos son acusados por narcotráfico y hechos de violación.
Según la directora del Senadep, Mónica Maldonado Torrico, en los procesos penales existen una serie de dificultades que pasan principalmente por la falta de dinero, pero también hay retraso por la sobrecarga procesal. Cada profesional de Defensa Pública defiende a 100 presos.
A estos casos, se suman los que ingresan cada día y que son entre 8 y 10 por cada defensor público para asistir a un usuario en la medida cautelar o la declaración informativa.
Maldonado explicó que muchos de los imputados no tienen dinero ni para las fotocopias y demostrar su inocencia se hace cada vez más difícil, cuando requieren además, por ejemplo, un peritaje.
“Están desorientados, no saben cómo están sus procesos y ya no pueden erogar más gastos”, manifestó.
En algunos casos recurren a la Pastoral Penitenciaria en busca de ayuda económica para los reclusos y poder agilizar sus procesos hasta llegar a una sentencia, que es lo que la mayoría quiere, saber su futuro.
“Muchos casos están dormidos y queremos que se extingan o ver qué hacemos para que se concluyan, ya sea yendo a juicio oral o buscar una salida alternativa”, acotó.
Los abogados del Senadep visitan los penales dos veces por semana, los martes y viernes.
Sancionan a profesionales por falta de ética con la suspensión
El Colegio de Abogados de Cochabamba cuenta con una instancia que se encarga de conciliar, investigar y sancionar a los profesionales que tienen conductas que están fuera de lo legal, cometen arbitrariedades o son corruptos, lo que va contra la ética de cada uno y deriva en la suspensión de su licencia de trabajo, entre otras sanciones.
Las infracciones pueden ser leves, graves y gravísimas y se analizan en las Comisiones de Conciliación. En caso de no existir un resultado positivo, se remite antecedentes al Tribunal de Honor para su procesamiento disciplinario.
Según la presidenta del Tribunal de Honor, María Luisa Amurrio L. de Córdova, de estas actuaciones se obtuvieron resultados positivos, llegando a concluir el litigio en forma amigable en beneficio de ambas partes. En caso de no existir el deseo de conciliar, el Tribunal dicta la correspondiente resolución, conforme a los datos del proceso.
“Puede haber una llamada de atención o suspensión temporal con multa pecuniaria, de acuerdo a la gravedad de los casos”, manifestó.
Dijo también que durante su gestión se conciliaron la mayoría de los casos en beneficio de las partes en conflicto. La disminución de las denuncias, en la actualidad, se debe al curso de ética que imparte el Colegio de Abogados, como requisito indispensable para ser colegiado.
LAS DENUNCIAS Amurrio explicó que la mayoría de los casos están relacionados con malas actuaciones de los profesionales y los cobros indebidos.
“Los problemas de los clientes con el servicio de los abogados son porque no terminan su causa”, indicó. Por otro lado, informó que en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se tienen 38 procesos en curso desde 2014, en contra de estos profesionales en derecho.
Jueces y vocales rechazan reglamento de Magistratura
La Asociación de Magistrados de Bolivia y los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Santa Cruz rechazaron el Reglamento de la Carrera Judicial.
Los administradores de justicia están en emergencia. La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y los tribunales departamentales de justicia de La Paz y Santa Cruz que juntos atienden más del 50% de las 800.000 causas judiciales de todo el país, rechazaron "por inconsistente, unilateral, ilegal e inconstitucional" el Reglamento de la Carrera Judicial presentado recientemente por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
La Sala Plena del Tribunal Departamental de La Paz presidida por Juan Carlos Berríos, en un pronunciamiento remitido a EL DIARIO, al calificar de inconsistente el referido reglamento asegura que "con relación a las convocatorias para nuevos jueces y vocales, la Magistratura ha emitido documentos que atentan constitucional y legalmente el ordenamiento jurídico vigente y los derechos de los actuales administradores de justicia".
"Es necesario tener presente que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha interpretado que la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 025 aún no está vigente en su totalidad y lo estará sólo y cuando sean aprobados los nuevos códigos del sistema de administración de justicia de Bolivia, elemento vinculatorio que fue expuesto en una Sentencia Constitucional", señala el documento firmado por los vocales del Distrito de La Paz.
Por su lado, Ever Veizaga, presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), quien anunció una reunión nacional del sector en Sucre, informó que los jueces del país no están de acuerdo ni confían en la transparencia del Consejo de la Magistratura, cuya instancia emitió un reglamento para "institucionalizar" la carrera judicial.
Propuso que la carrera judicial debe ser "regulada con una ley que determine el perfil del nuevo juzgador y no con un reglamento que puede ser modificado en cualquier momento por el Consejo de la Magistratura, tal como lo está haciendo actualmente".
JUECES EN EMERGENCIA
En un acto realizado en la Vicepresidencia del Estado, la presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Cristina Mamani, dijo que la normativa para la selección de juzgadores se hizo con el consenso de los abogados, universidades y el Órgano Judicial.
La titular del CM explicó que en el proceso de selección habrá un concurso de méritos, exámenes de competencia, que consisten en una prueba de conocimientos, evaluación psicológica y un curso judicial complementario.
Al parecer el reglamento se aplicará a los nuevos y antiguos jueces en los nueve distritos del territorio nacional, situación que molestó a las autoridades en Santa Cruz.
Saturday, February 7, 2015
Suman las denuncias contra fiscales de La Paz
A los casos de la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, y de su excolega Humberto Quispe, ayer se sumaron otras denuncias en contra de representantes paceños del Ministerio Público. El Gobierno exigió sanciones duras para los culpables, tras las respectivas investigaciones.
La gota derramó el vaso hace dos semanas, cuando una pareja de joyeros denunció el robo de joyas de oro valuadas en al menos $us 23.000 y ser víctimas de extorsión por parte del fiscal Humberto Quispe. Tras ello surgió una avalancha de denuncias de corrupción en su contra e incluso se conformó una asociación de víctimas que lo acusan de la comisión de delitos como robo y uso indebido de influencias.
Por ello, el fiscal general, Ramiro Guerrero, lo destituyó del cargo. No obstante, la ahora exautoridad alegó que es difamado y anunció procesos. Quispe fue citado ayer en la Fiscalía para que declare sobre el robo de un vehículo, pero no asistió. Sus abogados presentaron memoriales que indican que el proceso tiene una “actividad defectuosa”.
Esta semana se denunció también a la fiscal Santos por no pagar el alquiler de un departamento durante cinco años y deber al menos Bs 93.000. Por este caso, Guerrero le dio un plazo de 48 horas para solucionar el tema, hecho que hasta la fecha no ocurrió.
A estos dos casos, se sumó ayer la acusación de una familia de El Alto, cuyos integrantes llegaron hasta las puertas de la Fiscalía de La Paz, en la calle Potosí, con pancartas en sus manos, para pedir la destitución de la fiscal Patricia M., debido a que ella quiere quitarles su casa ubicada en la zona de Santiago II, para entregarla a otra persona que vivía en el domicilio. Este proceso tiene más de un año y se trasladó al distrito paceño.
“Ahora nos quieren aprehender y porque no tenemos dinero nos quieren quitar la vivienda. Falsificaron la firma de mi madre para cometer el ilícito, aparte de ello nos extorsionan y hacen tráfico de influencias, porque nos dicen que nos enviarán a la cárcel si no terminamos el proceso o no les pagamos”, relató Oswaldo R., quien solicitó que una comisión investigue el caso por las irregularidades y la forma de actuar de la autoridad, a la que acusa de tener arreglos con jueces y abogados.
Aparte se conoció que pobladores de la provincia de Caranavi, en los Yungas, denunciaron al fiscal Fernando F. por no presentar una imputación en contra de dos presuntos violadores, por lo que el juez los liberó, pese a que habían pruebas del delito, como un video.
Eso no es todo. El 26 de enero, la Fiscalía General destituyó a dos fiscales de El Alto, acusados de extorsionar a litigantes con la ayuda de funcionarios judiciales. El caso todavía se encuentra en la fase de investigación. Ante las denuncias de corrupción en la Fiscalía paceña, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, criticó ayer las acciones ilícitas y anunció que el Gobierno no tolerará los casos de corrupción, por lo que implementará un seguimiento de las acusaciones que involucran a representantes del Ministerio Público. “Las leyes se deben aplicar como corresponden porque la justicia llega a todos y tienen que haber sanciones duras”.
Mientras que el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, ratificó que el Ministerio de Justicia llevará a cabo este seguimiento. “Todos los fiscales que tienen denuncias comprobadas y algunos que sobrepasan el colmo, deben ser investigados y se los tiene que juzgar con todo el peso de la ley”.
La autoridad gubernamental se refirió a los casos de Quispe y al de la muerte del niño Alexander, incluso en este último se verificaron errores de los fiscales. “Son síntomas de la crisis que atraviesa el Órgano Judicial junto al Ministerio Público. Éstos no van a la par del proceso de cambio”.
Proyectos para la cumbre
Trabajo
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, informó que la Ministra de Justicia ya realiza reuniones con organismos sociales para identificar las pautas para el tratamiento de la Cumbre de Justicia.
Proceso
Agregó que como cartera de Estado tienen el trabajo de llevar adelante la cumbre judicial; por ello, la próxima semana se trabajará en la comisión interinstitucional junto a los sectores sociales.
Verificarán patrimonio de fiscales
Yuvert Donoso
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y los nueve fiscales de distrito departamentales se reúnen desde el jueves en Santa Cruz de la Sierra para afinar y aprobar la propuesta institucional para la revolución de la Justicia. Una de las primeras acciones será la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Fiscalía que verificará la relación de los ingresos de los representantes del Ministerio Público con sus bienes adquiridos durante sus respectivas gestiones.
Guerrero convocó a la primera sesión ordinaria del Consejo del Ministerio Público, que se realizó en la capital cruceña hasta ayer. Además, el jefe del Ministerio Público informó que en la reunión nacional se aprobó la implementación, en cronograma y fechas del nuevo Modelo de Gestión Fiscal y las Fiscalías Corporativas que entraron en vigencia en Chuquisaca como un plan piloto en miras la revolución de la Justicia.
Vencen las 48 horas y la fiscal Santos aún no paga su deuda
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, no entregó el departamento ni pagó el alquiler de 33 meses que debe a la dueña del inmueble, Mariela Andrade, pese a que el fiscal general, Ramiro Guerrero, la conminó a solucionar este problema en 48 horas, plazo que venció ayer.
El abogado de Andrade, Cristian Lanza, dijo que esperaron en vano a que Santos y su esposo se comuniquen con ellos para cancelar la deuda y entregar las llaves del departamento ubicado en el edificio Orión, de la zona de Sopocachi.
"Lamentablemente la señora Santos no llegó a cancelar la deuda, no llegó a entregar el departamento y tampoco se comunicó con nosotros”, afirmó Lanza, quien aclaró también que el plazo que estableció el fiscal Guerrero venció ayer en la mañana.
El abogado y pareja de Santos, Aldo Heredia, aseguró que no dejaron el inmueble y tampoco cancelaron la deuda porque "es prácticamente imposible entregar el departamento con las condiciones que pide Andrade en dos días y también conseguir el dinero”. Aunque afirmó que él tiene la predisposición de solucionar esta situación.
Según Lanza, la mañana de hoy se reunirá con su cliente para determinar qué acciones tomarán ante el incumplimiento de Santos y Heredia. "Todavía no hemos decidido nada y no puedo adelantar nada porque la dueña es quien debe decidir qué hacer, qué acciones tomar”, dijo.
Heredia sostuvo que respetará el primer compromiso que hicieron ante los medios de comunicación. "Aunque la señora Andrade no se presentó ante el notario público para firmar el preacuerdo, nosotros lo respetaremos, tenemos esa predisposición de solucionar todo a la brevedad posible”.
Dicho preacuerdo consistía en que la pareja se comprometía a entregar el departamento hasta el 24 de febrero y cancelar el 60% de la deuda, que asciende a aproximadamente 93.000 bolivianos, hasta la misma fecha.
El restante 40% lo pagarían en cinco cuotas iguales, el 24 de cada mes hasta julio.
El miércoles, Guerrero conminó a la fiscal Santos a solucionar su problema en 48 horas.
El abogado de Andrade, Cristian Lanza, dijo que esperaron en vano a que Santos y su esposo se comuniquen con ellos para cancelar la deuda y entregar las llaves del departamento ubicado en el edificio Orión, de la zona de Sopocachi.
"Lamentablemente la señora Santos no llegó a cancelar la deuda, no llegó a entregar el departamento y tampoco se comunicó con nosotros”, afirmó Lanza, quien aclaró también que el plazo que estableció el fiscal Guerrero venció ayer en la mañana.
El abogado y pareja de Santos, Aldo Heredia, aseguró que no dejaron el inmueble y tampoco cancelaron la deuda porque "es prácticamente imposible entregar el departamento con las condiciones que pide Andrade en dos días y también conseguir el dinero”. Aunque afirmó que él tiene la predisposición de solucionar esta situación.
Según Lanza, la mañana de hoy se reunirá con su cliente para determinar qué acciones tomarán ante el incumplimiento de Santos y Heredia. "Todavía no hemos decidido nada y no puedo adelantar nada porque la dueña es quien debe decidir qué hacer, qué acciones tomar”, dijo.
Heredia sostuvo que respetará el primer compromiso que hicieron ante los medios de comunicación. "Aunque la señora Andrade no se presentó ante el notario público para firmar el preacuerdo, nosotros lo respetaremos, tenemos esa predisposición de solucionar todo a la brevedad posible”.
Dicho preacuerdo consistía en que la pareja se comprometía a entregar el departamento hasta el 24 de febrero y cancelar el 60% de la deuda, que asciende a aproximadamente 93.000 bolivianos, hasta la misma fecha.
El restante 40% lo pagarían en cinco cuotas iguales, el 24 de cada mes hasta julio.
El miércoles, Guerrero conminó a la fiscal Santos a solucionar su problema en 48 horas.
Friday, February 6, 2015
Fiscal Quispe enjuiciará a sus supuestas “víctimas”
El exfiscal Humbeto Quispe negó ayer que haya vulnerado derechos de nadie y afirmó que sus “equipos de abogados” ya presentaron querellas, por delitos contra su honor, contra miembros de la asociación de víctimas que se conformó en su contra.
“Mis equipos de abogados han empezado ya con las querellas ante los jueces de sentencia, ya se han presentado las denuncias ante el mismo Ministerio Público”, manifestó Quispe.
Quispe identificó a cuatro miembros de la asociación a quienes está demandando: Carmiña Luna, quien lo denunció de intentar hacerse con una vivienda de su propiedad y allanar su oficina sin orden; Mario Gutiérrez Choque, joyero que lo acusó de pedirle soborno y facilitar el hurto de objetos de valor de depósitos policiales; José Luis Cuenca, quien aseveró que policías junto al exfiscal lo torturaron para incriminarse de un “auto-robo”; y Víctor Eddy Vargas.
El miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que decidió destituir a Quispe tras las múltiples denuncias en su contra. El exfiscal aseguró que en el memorándum que le llegó se le agradece por sus servicios que prestó al Ministerio Público.
Quispe acusa a sus supuestas víctimas por delitos contra el honor.
“Mis equipos de abogados han empezado ya con las querellas ante los jueces de sentencia, ya se han presentado las denuncias ante el mismo Ministerio Público”, manifestó Quispe.
Quispe identificó a cuatro miembros de la asociación a quienes está demandando: Carmiña Luna, quien lo denunció de intentar hacerse con una vivienda de su propiedad y allanar su oficina sin orden; Mario Gutiérrez Choque, joyero que lo acusó de pedirle soborno y facilitar el hurto de objetos de valor de depósitos policiales; José Luis Cuenca, quien aseveró que policías junto al exfiscal lo torturaron para incriminarse de un “auto-robo”; y Víctor Eddy Vargas.
El miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que decidió destituir a Quispe tras las múltiples denuncias en su contra. El exfiscal aseguró que en el memorándum que le llegó se le agradece por sus servicios que prestó al Ministerio Público.
Quispe acusa a sus supuestas víctimas por delitos contra el honor.
Esposo de fiscal dice que no podrá pagar alquiler en dos días
El esposo de la fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, Aldo Heredia, aseguró que es “imposible” cancelar la deuda de más de 85 mil bolivianos de alquiler de 33 meses de un departamento en el edifico Orión de la zona de Sopocachi de la urbe paceña, en un plazo de 48 horas, como instruyó el Fiscal General del Estado.
Heredia pidió a la propietaria del inmueble, Mariela Andrade, “respetar el acuerdo verbal” convenido el miércoles, en el que se estableció pagar en dos fases la deuda, y en un plazo de 20 días entregar el departamento.
"Es materialmente imposible entregar el inmueble. El 20 (de febrero) se tiene que entregar el departamento y pagar el 60 por ciento (de la deuda), y ese compromiso lo voy a cumplir", manifestó a la red ATB.
La propietaria del departamento, tras conocer la instrucción del Fiscal General, desestimó el acuerdo verbal y exigió la cancelación de la deuda y la entrega del inmueble que entregó en julio de 2011.
El Fiscal General del Estado el miércoles dio un plazo de 48 horas a la fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, para cancelar su deuda.
Heredia pidió a la propietaria del inmueble, Mariela Andrade, “respetar el acuerdo verbal” convenido el miércoles, en el que se estableció pagar en dos fases la deuda, y en un plazo de 20 días entregar el departamento.
"Es materialmente imposible entregar el inmueble. El 20 (de febrero) se tiene que entregar el departamento y pagar el 60 por ciento (de la deuda), y ese compromiso lo voy a cumplir", manifestó a la red ATB.
La propietaria del departamento, tras conocer la instrucción del Fiscal General, desestimó el acuerdo verbal y exigió la cancelación de la deuda y la entrega del inmueble que entregó en julio de 2011.
El Fiscal General del Estado el miércoles dio un plazo de 48 horas a la fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, para cancelar su deuda.
Thursday, February 5, 2015
Tres años de cárcel para el exfiscal Mollinedo
Un proceso abreviado determinó una sentencia de tres años para el exfiscal Edward Mollinedo por el denominado caso red de extorsión en la ciudad de Santa Cruz, según informó uno de los abogados de las partes, Andrés Richter.
"Concluyó el proceso penal contra el doctor Mollinedo, él era coordinador de fiscales dentro de la Unidad Anticorrupción. Él aceptó su culpa, renunció al juicio y aceptó la pena de tres años de presidio en la cárcel de Palmasola", informó el jurista.
Según los datos, a Mollinedo le quedan 28 o 29 días para cumplir las dos terceras partes de la pena y salir en libertad. Confesó además que acató órdenes del exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez para extorsionar a Jacob Ostreicher.
"Suman seis los imputados que se sometieron a un proceso abreviado. Él acepta que cumplió órdenes de funcionarios del ministerio de Gobierno y el Palacio de Justicia para presionar a un juez para que cambie un fallo y también acepta que existía una organización criminal", agregó.
Los antecedentes indican que el exfiscal trabajó de cerca con el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, también preso en Palmasola. Llevó los casos Catler y Video-soborno, mientras que ejerce como abogado desde 2011.
"Concluyó el proceso penal contra el doctor Mollinedo, él era coordinador de fiscales dentro de la Unidad Anticorrupción. Él aceptó su culpa, renunció al juicio y aceptó la pena de tres años de presidio en la cárcel de Palmasola", informó el jurista.
Según los datos, a Mollinedo le quedan 28 o 29 días para cumplir las dos terceras partes de la pena y salir en libertad. Confesó además que acató órdenes del exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez para extorsionar a Jacob Ostreicher.
"Suman seis los imputados que se sometieron a un proceso abreviado. Él acepta que cumplió órdenes de funcionarios del ministerio de Gobierno y el Palacio de Justicia para presionar a un juez para que cambie un fallo y también acepta que existía una organización criminal", agregó.
Los antecedentes indican que el exfiscal trabajó de cerca con el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez, también preso en Palmasola. Llevó los casos Catler y Video-soborno, mientras que ejerce como abogado desde 2011.
Juez rechazó detención domiciliaria a Yuri Duk
El representante del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de Sacaba, Richard Rodríguez, rechazó el pedido de cesación a la detención preventiva del exgobernador de la cárcel de El Abra, Yuri Duk, debido a la falta de elementos suficientes que descarten el riesgo de obstaculización en el proceso de investigación que se le sigue por la balacera registrada en este recinto.
Duk es acusado por los delitos de concusión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa tras la matanza en El Abra, donde se permitió el ingreso de alcohol, drogas y armas en medio de un régimen de tiranía liderado por el fallecido Ariel Tancara.
“No se logró desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización, porque mientras sea policía existe el peligro de influir sobre sus subalternos”, aseveró el fiscal asignado al caso, Rubén Arciénega.
El abogado del policía, Carlos Torrico, pidió la detención domiciliaria con horas de salida al trabajo argumentando el principio de “igualdad”. Además, afirmó que Duk en ningún momento amenazó con iniciar un proceso contra uniformados de grados inferiores.
En la investigación que se realiza en la vía disciplinaria, de los 25 policías del recinto a los que se pidió informes sólo Duk y el suboficial Gregorio Condo, que metió bebidas al penal, están siendo acusados y deberán enfrentar un juicio oral ante el Tribunal Disciplinario de la Policía.
Duk es acusado por los delitos de concusión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa tras la matanza en El Abra, donde se permitió el ingreso de alcohol, drogas y armas en medio de un régimen de tiranía liderado por el fallecido Ariel Tancara.
“No se logró desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización, porque mientras sea policía existe el peligro de influir sobre sus subalternos”, aseveró el fiscal asignado al caso, Rubén Arciénega.
El abogado del policía, Carlos Torrico, pidió la detención domiciliaria con horas de salida al trabajo argumentando el principio de “igualdad”. Además, afirmó que Duk en ningún momento amenazó con iniciar un proceso contra uniformados de grados inferiores.
En la investigación que se realiza en la vía disciplinaria, de los 25 policías del recinto a los que se pidió informes sólo Duk y el suboficial Gregorio Condo, que metió bebidas al penal, están siendo acusados y deberán enfrentar un juicio oral ante el Tribunal Disciplinario de la Policía.
Fiscal de Distrito de La Paz Patricia Santos deja cargo por dos días
La fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, dejó el cargo por dos días y entre tanto es reemplazado por Santiago Ugarte. Santos está acusada de no pagar alquiler de un departamento familiar por 33 meses.
Ugarte explicó que Santos dejó el cargo para asistir a una reunión de los nueve fiscales en la ciudad de Sucre y que su salida temporal no se debe a la deuda por alquiler de un departamento.
La "suplencia es legal y el lunes reasumirá el cargo la doctora Patricia Santos, no es ningún cambio”, dijo Ugarte al insistirque la asistencia de la fiscal de Distrito de La Paz a una reunión de fiscales del país es "rutinario”.
El primer acuerdo consistía en que Santos, y su pareja, Aldo Heredia, se comprometía a pagar el 60% de su deuda (Bs 93.000 aproximadamente, incluidos los gastos de mantenimiento del edificio) y dejar el inmueble hasta el 24 de febrero.
Sin embargo, Mariela Andrade, propietaria del departamento arrendado a Santos, espera que hasta mañana se le devuelva el inmueble y le paguen los alquileres de 33 meses. Se respalda en una conminatoria del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El abogado de Andrade, Cristian Lanza, dijo ayer que se descartó ese acuerdo y que esperarán hasta mañana el pago y la devolución; en caso contrario, activarán mecanismos legales.
"Se descarta el acuerdo verbal y vamos a esperar que se cumplan las 48 horas que dijo el fiscal Guerrero; si no hacen la entrega, veremos las acciones que vamos a tomar”, explicó Lanza.
Ugarte explicó que Santos dejó el cargo para asistir a una reunión de los nueve fiscales en la ciudad de Sucre y que su salida temporal no se debe a la deuda por alquiler de un departamento.
La "suplencia es legal y el lunes reasumirá el cargo la doctora Patricia Santos, no es ningún cambio”, dijo Ugarte al insistirque la asistencia de la fiscal de Distrito de La Paz a una reunión de fiscales del país es "rutinario”.
El primer acuerdo consistía en que Santos, y su pareja, Aldo Heredia, se comprometía a pagar el 60% de su deuda (Bs 93.000 aproximadamente, incluidos los gastos de mantenimiento del edificio) y dejar el inmueble hasta el 24 de febrero.
Sin embargo, Mariela Andrade, propietaria del departamento arrendado a Santos, espera que hasta mañana se le devuelva el inmueble y le paguen los alquileres de 33 meses. Se respalda en una conminatoria del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El abogado de Andrade, Cristian Lanza, dijo ayer que se descartó ese acuerdo y que esperarán hasta mañana el pago y la devolución; en caso contrario, activarán mecanismos legales.
"Se descarta el acuerdo verbal y vamos a esperar que se cumplan las 48 horas que dijo el fiscal Guerrero; si no hacen la entrega, veremos las acciones que vamos a tomar”, explicó Lanza.
Acreedora quiere que fiscal Santos le pague 33 meses de alquiler en 48 horas
Mariela Andrade, dueña del departamento en que viven la fiscal departamental Patricia Santos y su esposo, se retractó del acuerdo verbal que alcanzó ayer con la pareja y exige que la deuda de 33 meses de alquiler se le pague en 48 horas, como lo pidió el fiscal general Ramiro Guerrero
“El Fiscal General ha dado 48 horas para que la fiscal Santos solucione este problema, para que pague toda la deuda. Entonces yo le tomo la palabra al Fiscal, me voy a aferrar a esa palabra porque le creo. No creo que haya dicho algo y no lo haga cumplir”, afirmó
Ayer, Andrade acordó que en el plazo de 20 días recibiría el 60 por ciento de la deuda y el departamento vacío, mientras que el restante 40 por ciento lo percibiría en 5 cuotas mensuales
Sin embargo, esta mañana el fiscal Guerrero declaró que ha pedido a Santos “que los más antes posible, en el plazo de 48 horas pueda solucionar este problema, pueda cancelar la deuda que ella misma ha reconocido que sí debe”
El esposo de Santos, Aldo Heredia, se declaró sorprendido con el cambio de posición de Andrade. “No quiere que le devolvamos el inmueble, no quiere que le devolvamos los cánones de arrendamiento”, lamentó
El también abogado afirmó no creer que Guerrero haya realizado esas declaraciones y cuestionó su “pertinencia”. “No creo que una alta autoridad emita un acto oficial como Fiscal General en un tema estrictamente privado”, acotó
Heredia anunció que cumplirá con lo acordado el martes y entregará el inmueble en 20 días “quiera o no quiera esta señora”.
“El Fiscal General ha dado 48 horas para que la fiscal Santos solucione este problema, para que pague toda la deuda. Entonces yo le tomo la palabra al Fiscal, me voy a aferrar a esa palabra porque le creo. No creo que haya dicho algo y no lo haga cumplir”, afirmó
Ayer, Andrade acordó que en el plazo de 20 días recibiría el 60 por ciento de la deuda y el departamento vacío, mientras que el restante 40 por ciento lo percibiría en 5 cuotas mensuales
Sin embargo, esta mañana el fiscal Guerrero declaró que ha pedido a Santos “que los más antes posible, en el plazo de 48 horas pueda solucionar este problema, pueda cancelar la deuda que ella misma ha reconocido que sí debe”
El esposo de Santos, Aldo Heredia, se declaró sorprendido con el cambio de posición de Andrade. “No quiere que le devolvamos el inmueble, no quiere que le devolvamos los cánones de arrendamiento”, lamentó
El también abogado afirmó no creer que Guerrero haya realizado esas declaraciones y cuestionó su “pertinencia”. “No creo que una alta autoridad emita un acto oficial como Fiscal General en un tema estrictamente privado”, acotó
Heredia anunció que cumplirá con lo acordado el martes y entregará el inmueble en 20 días “quiera o no quiera esta señora”.
Subscribe to:
Posts (Atom)