Thursday, April 30, 2015
Cusi retoma el juicio en contra de Calvimontes
El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi anunció ayer que reactivará el juicio penal en contra del exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes por revelar la enfermedad que padece. También denunció que se le quitó el seguro médico que tenía y que actualmente está sin trabajo.
El 5 de enero, por razones de salud, Cusi fue alejado momentáneamente del juicio de responsabilidades que se le seguía en la Asamblea, junto a sus colegas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, por haber admitido un recurso de inconstitucionalidad que paralizó la Ley del Notariado.
“Voy a reactivar el proceso penal que hemos instaurado en contra del exministro de Salud (Calvimontes) y pediré que éste siga hasta el final y se haga justicia, porque al final él fue quien reveló mi enfermedad”, informó a los periodistas.
Denunció también que, a raíz de su alejamiento del cargo, le retiraron el seguro de salud en la Caja Petrolera, ya que la anterior semana fue al nosocomio y allí le indicaron que ya no está en los registros.
En diciembre de 2014, el exministro Calvimontes fue querellado por divulgar la enfermedad que padece Cusi, sin su consentimiento, revelación que vulneró la Ley 3729. Cusi también pidió que termine el juicio en su contra porque no puede trabajar. “Yo quisiera que de una vez nuestra situación se defina. A la fecha no hago nada más que aplanar las calles”, sostuvo.
Tarija Jueces evitan que los juzgados sean desconcentrados a las EPI
La postura cerrada de parte de los jueces de la ciudad de Tarija, evita que los juzgados comiencen a funcionar en las distintas Estaciones Policiales Integrales (EPI) que están desconcentradas en seis lugares estratégicos de la ciudad.
El objetivo principal de las EPI era concentrar a la Policía, Fiscalía y Juzgados en un mismo lugar, para que los casos sean atendidos de forma inmediata sin que los litigantes peregrinen de un lugar a otro como ocurre en la actualidad.
La representante del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, aseguró que los jueces no quieren salir de las oficinas centrales por razones de seguridad. Además porque no existe el sistema de sorteo de causas y llevarlas a cada una de las estaciones policiales, implicaría un problema.
“Es cierto que era parte de los objetivos desconcentrar el sistema judicial en las cinco estaciones policiales, pero no será posible porque ningún juzgado no quiere salir a las EPI—manifestó Chirinos--. Ellos dicen que la seguridad la tienen el Tribunal de Justicia y el sistema de sorteo de causas no funcionará”.
Añadió que hizo consultas a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial para cumplir el objetivo, pero aseguraron que no será posible. A pesar de ello se continuará insistiendo para que a futuro se pueda trabajar con los juzgados en las diferentes unidades policiales, donde actualmente está el Ministerio Público y la Policía Boliviana.
Los juzgados que pretenden ser desconcentrados son los cautelares, debido a que trabajan con delitos en materia penal. Además son lo que están directamente ligados al trabajo que vienen realizando las demás instituciones.
El Comandante Departamental de la Policía, coronel José Castillo, cuestionó la postura de los juzgadores y del Consejo de la Magistratura, indicando que existen los espacios necesarios y la debida seguridad para precautelar la integridad de los funcionarios y el desarrollo de cualquier audiencia dentro de las EPI. A la fecha existen seis EPI distribuidas en distintos barrios de la ciudad.
“Nos sorprende que tengan esa postura, recuerdo que hace mucho tiempo ellos vinieron a averiguar donde se podían instalar, pero solo hicieron el amague y hasta el momento no desconcentraron ningún juzgado—manifestó Castillo--. Lo que necesitamos es que trabajen con las EPI y si no es así, para que nos sirve esta desconcentración, que creemos es necesaria para ayudar la población”.
Añadió que cuando así lo soliciten tendrán los espacios necesarios para poder instalar los juzgados en las EPI.
Presencia fiscal en vano
El coronel Castillo, además cuestionó que no existe coordinación con el Ministerio Público a pesar de estar sus oficinas desconcentradas en las diferentes EPI. Aseguró que solo desconcentraron el papeleo, mas no el trabajo que requieren los uniformados para efectuar las diligencias investigativas.
“Resulta que enviaron sus fiscales con varios casos y cuando se los requiere para un hecho en concreto dentro de la EPI, indican que no tienen tiempo, que deben sortearse el caso o que simplemente no están de turno—indicó la autoridad policial--. Entonces es lo mismo que nada y solo desconcentraron los volúmenes de casos, es cierto que hay fiscales pero no atienden los casos de las EPI. Si se va a desconcentrar, es para que atiendan los casos de las EPI pero eso no ocurre”.
Que unidades trabajan en las Estaciones Policiales
Las Estaciones Policiales Integrales (EPI) están desconcentradas en los diferentes barrios estratégicos de la ciudad, llegando a cubrir los casos de distinta índole por jurisdicción. Una de ellas está en el barrio Senac, Lourdes, Chapacos, Morros Blancos y Moto Méndez y en la Plaza Principal.
En cada EPI funcionan las distintas unidades policiales, además están las oficinas de la Fiscalía y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Faltan los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia.
Postulantes a conciliadores ciudadanos darán exámenes de competencia en mayo
Ayer en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, informó que para el mes de mayo se preparará los exámenes de admisión a los postulantes a conciliadores ciudadanos, donde la nota de aprobación es de 70 puntos sobre 100.
El magistrado dijo que están en tratativas con la Universidad del Valle, con la finalidad de encontrar los ambientes para que cada uno de los postulantes respondan a una prueba, la cual contiene 1.500 preguntas.
Según Erbol, la autoridad judicial detalló que alrededor de 800 ciudadanos presentaron sus carpetas para postular a los 157 cargos de conciliadores que se crearon para todo el país, en el marco de la implementación del nuevo Código de Procedimiento Civil, prevista para el 6 de agosto de este año.
“Desde la pasada gestión se vino trabajando en el nuevo Procedimiento Civil, (que contempla) el tema de la oralidad en los juicios y principalmente de los conciliadores, es así que el Consejo ha lanzado la convocatoria para los conciliadores, el cual ha fenecido el lunes para las ciudades capitales y se cerrará la convocatoria para provincias este próximo jueves 30”, explicó Sanabria, en declaraciones a Erbol.
Explicó que en esta convocatoria pudieron advertir que hubo una gran demanda de personas para optar a los cargos de conciliadores, es así que alrededor de 800 ciudadanos se presentaron hasta ahora y de ellos 380 corresponden a La Paz.
El magistrado dijo que están en tratativas con la Universidad del Valle, con la finalidad de encontrar los ambientes para que cada uno de los postulantes respondan a una prueba, la cual contiene 1.500 preguntas.
Según Erbol, la autoridad judicial detalló que alrededor de 800 ciudadanos presentaron sus carpetas para postular a los 157 cargos de conciliadores que se crearon para todo el país, en el marco de la implementación del nuevo Código de Procedimiento Civil, prevista para el 6 de agosto de este año.
“Desde la pasada gestión se vino trabajando en el nuevo Procedimiento Civil, (que contempla) el tema de la oralidad en los juicios y principalmente de los conciliadores, es así que el Consejo ha lanzado la convocatoria para los conciliadores, el cual ha fenecido el lunes para las ciudades capitales y se cerrará la convocatoria para provincias este próximo jueves 30”, explicó Sanabria, en declaraciones a Erbol.
Explicó que en esta convocatoria pudieron advertir que hubo una gran demanda de personas para optar a los cargos de conciliadores, es así que alrededor de 800 ciudadanos se presentaron hasta ahora y de ellos 380 corresponden a La Paz.
Wednesday, April 29, 2015
Madre de médico asegura que sentencia es negociado de fiscales
Norma S., madre del médico imputado por violación en el caso bebé Alexander, denunció ayer, que la sentencia dictada en contra de la educadora Madelen Paola P. Ch. de 19 años, es “un negociado del fiscal (Edwin) Blanco” revelando que todo el personal médico del Hospital del Niño, declaró que no vio ningún sangrado ni signos de violencia en el cuerpo del lactante de ocho meses, al momento en que este fue atendido en la sala de emergencias de ese nosocomio el 13 de noviembre del año pasado.
El lunes, de forma sorpresiva, se dio a conocer que la denominada “mamita” del hogar de acogida que depende la Gobernación de La Paz se sometió a proceso abreviado admitiendo su responsabilidad en una cuestionada serie de hechos relatados en un documento elaborado por las comisión de fiscales, conformada por Edwin Blanco y Susana Boyan.
DELITO A PEDIDO
La joven de 19 años recibió la pena de cinco años, por el delito de “homicidio culposo”, que difiere de la imputación inicial que señalaba “infanticidio”, razón por la cual se consultó al Fiscal de Distrito, las razones por las cuales varió la tipificación del delito.
Paul Franco, en conferencia de prensa, señaló que siendo la vida del menor, el bien jurídico y la tutela mayor, el grado de responsabilidad que tiene la educadora, quien firmó el acuerdo, es el de “homicidio culposo”.
Sin embargo, cabe recordar que el 3 de marzo, la bogada Elizabeth Vizcarra presentó el mismo pedido a la comisión de fiscales y el 13 del mismo mes, el fiscal (retirado de forma repentina del caso), Leopoldo Ramos, negó esa solicitud explicando que el Ministerio Público no podía “inventarse delitos”, pues la imputación formal era por el delito de infanticidio, además del encubrimiento de la supuesta violación.
“Se ha negado, la solicitud de procedimiento abreviado, por cuanto no ha consultado los términos de la imputación formal por infanticidio (que es sancionada con 30 años y no es negociable), y ella (la abogada Vizcarra) inventó otro, como ser el homicidio culposo, para adecuarse en el abreviado y eso no se puede hacer”, declaró a varios medios de comunicación la mañana del 13 de marzo en puertas de la Fiscalía Distrital.
Basados en estas declaraciones, los abogados y familiares de otros involucrados podrían apelar la sentencia, y para ellos esta es otra prueba de que la Fiscalía no sabe cómo enmendar todos los errores cometidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la etapa inicial de la investigación, por lo cual se buscó un chivo expiatorio imputando al médico Jhiery F. S. pero dejando de lado todas las contradicciones en las que incurrió.
Por su lado, Franco afirmó que el Ministerio Público, “es respetuoso de todas las versiones que puedan darse en relación a este caso” y que no interferirá en el uso del derecho a la defensa que tiene toda persona, pero aseguró que la Fiscalía “ya tiene una teoría y que la está sustentando”.
Sobre esta “teoría”, el abogado del médico Jhiery F. S. desvirtuó que esta sea una salida legal y “objetiva”, al contrario, considera que la comisión de fiscales basa la imputación en “conjeturas”.
BOYAN
García reprochó el hecho de que los fiscales “no den la cara” cuando se les pregunta cosas puntuales y no hablen sobre los abusos que cometen.
Volvió a declarar que el 15 de diciembre luego de que Jhiery F. S declaró por cuarta vez, la fiscal Susana Boyan intentó hacer firmar al médico, bajo presión, un documento en el que el galeno se inculpaba y, además, pedía benevolencia en la pena, por lo cual el jurista sostuvo un enfrentamiento con la fiscal debido a que las preguntas que se le hicieron eran absurdas, pero el texto redactado en persona por ella daba cuenta de una versión “absurda” sobre sus respuestas.
MADRE
“No sé qué tratos habrá tenido esta señorita (Madelen Paola P.Ch.) si ha hablado así con el doctor Blanco, yo sé que tiene tratos. Que la señorita que se ponga la mano al pecho y a su corazón, y que no acuse a una persona inocente”, declaró Norma S., madre del médico imputado.
La madre pidió a la “mamita”, Madelen Paola P. Ch. “no mienta” y reveló que todas las declaraciones tomadas a las enfermeras y médicos que atendieron al bebé Alexander en el Hospital del Niño, el 13 de noviembre, de forma uniforme, mencionan que el infante no presentaba ningún signo de violencia y menos sangrado al momento de su internación, además que reiteró que la practicante de enfermería Nathy Ch. tomó la temperatura al bebe en tres ocasiones, por lo cual no es lógico pensar que nadie se haya percatado del supuesto sangrado del que habla la comisión de fiscales.
El lunes, de forma sorpresiva, se dio a conocer que la denominada “mamita” del hogar de acogida que depende la Gobernación de La Paz se sometió a proceso abreviado admitiendo su responsabilidad en una cuestionada serie de hechos relatados en un documento elaborado por las comisión de fiscales, conformada por Edwin Blanco y Susana Boyan.
DELITO A PEDIDO
La joven de 19 años recibió la pena de cinco años, por el delito de “homicidio culposo”, que difiere de la imputación inicial que señalaba “infanticidio”, razón por la cual se consultó al Fiscal de Distrito, las razones por las cuales varió la tipificación del delito.
Paul Franco, en conferencia de prensa, señaló que siendo la vida del menor, el bien jurídico y la tutela mayor, el grado de responsabilidad que tiene la educadora, quien firmó el acuerdo, es el de “homicidio culposo”.
Sin embargo, cabe recordar que el 3 de marzo, la bogada Elizabeth Vizcarra presentó el mismo pedido a la comisión de fiscales y el 13 del mismo mes, el fiscal (retirado de forma repentina del caso), Leopoldo Ramos, negó esa solicitud explicando que el Ministerio Público no podía “inventarse delitos”, pues la imputación formal era por el delito de infanticidio, además del encubrimiento de la supuesta violación.
“Se ha negado, la solicitud de procedimiento abreviado, por cuanto no ha consultado los términos de la imputación formal por infanticidio (que es sancionada con 30 años y no es negociable), y ella (la abogada Vizcarra) inventó otro, como ser el homicidio culposo, para adecuarse en el abreviado y eso no se puede hacer”, declaró a varios medios de comunicación la mañana del 13 de marzo en puertas de la Fiscalía Distrital.
Basados en estas declaraciones, los abogados y familiares de otros involucrados podrían apelar la sentencia, y para ellos esta es otra prueba de que la Fiscalía no sabe cómo enmendar todos los errores cometidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la etapa inicial de la investigación, por lo cual se buscó un chivo expiatorio imputando al médico Jhiery F. S. pero dejando de lado todas las contradicciones en las que incurrió.
Por su lado, Franco afirmó que el Ministerio Público, “es respetuoso de todas las versiones que puedan darse en relación a este caso” y que no interferirá en el uso del derecho a la defensa que tiene toda persona, pero aseguró que la Fiscalía “ya tiene una teoría y que la está sustentando”.
Sobre esta “teoría”, el abogado del médico Jhiery F. S. desvirtuó que esta sea una salida legal y “objetiva”, al contrario, considera que la comisión de fiscales basa la imputación en “conjeturas”.
BOYAN
García reprochó el hecho de que los fiscales “no den la cara” cuando se les pregunta cosas puntuales y no hablen sobre los abusos que cometen.
Volvió a declarar que el 15 de diciembre luego de que Jhiery F. S declaró por cuarta vez, la fiscal Susana Boyan intentó hacer firmar al médico, bajo presión, un documento en el que el galeno se inculpaba y, además, pedía benevolencia en la pena, por lo cual el jurista sostuvo un enfrentamiento con la fiscal debido a que las preguntas que se le hicieron eran absurdas, pero el texto redactado en persona por ella daba cuenta de una versión “absurda” sobre sus respuestas.
MADRE
“No sé qué tratos habrá tenido esta señorita (Madelen Paola P.Ch.) si ha hablado así con el doctor Blanco, yo sé que tiene tratos. Que la señorita que se ponga la mano al pecho y a su corazón, y que no acuse a una persona inocente”, declaró Norma S., madre del médico imputado.
La madre pidió a la “mamita”, Madelen Paola P. Ch. “no mienta” y reveló que todas las declaraciones tomadas a las enfermeras y médicos que atendieron al bebé Alexander en el Hospital del Niño, el 13 de noviembre, de forma uniforme, mencionan que el infante no presentaba ningún signo de violencia y menos sangrado al momento de su internación, además que reiteró que la practicante de enfermería Nathy Ch. tomó la temperatura al bebe en tres ocasiones, por lo cual no es lógico pensar que nadie se haya percatado del supuesto sangrado del que habla la comisión de fiscales.
Tuesday, April 28, 2015
Justicia busca reducir 50% de juicios de presos preventivos
Con la ejecución del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, el Órgano Judicial busca reducir cerca del 50% de la mora procesal que llega a 11.455 causas en las cárceles del país. Desde el 4 de mayo instalarán mesas judiciales en el penal cruceño de Palmasola para los juicios de internos.
La responsable del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, Aydé Martínez, explicó que el objetivo de las “jornadas judiciales” dentro de las cárceles es reducir la mitad de la mora procesal existente, es decir, resolver al menos 5.727 procesos penales que están pendientes.
El informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario da cuenta de que la población penitenciaria en el país llega a 13.998 privados de libertad, de los que el 82% (11.455) tiene detención preventiva y solamente el 18% (2.543) ya cuenta con una sentencia ejecutoriada.
Prioridad. A decir de Martínez, el 20% (2.291) de los juicios pendientes correspondería a las gestiones comprendidas entre 2009 y 2013, los mismos que serán priorizados en su atención durante las primeras jornadas judiciales, mientras que los otros 9.164 procesos, que datan de 2014, serán seguidos posteriormente.
“Dentro del plan de descongestionamiento del sistema penal se podrá dictar sentencia para los detenidos preventivos al término de un juicio oral o éstos se acogerán a un procedimiento abreviado para alcanzar su libertad”, indicó Martínez.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Mirael Salguero, adelantó que las jornadas judiciales empezarán este 4 de mayo en Santa Cruz, es decir que se instalarán audiencias cautelares, conclusivas y juicios en el coliseo que está instalado dentro de la cárcel de Palmasola.
Martínez sostuvo que la política del TDJ está orientada a revertir el uso prolongado y excesivo de la detención preventiva en los recintos carcelarios. La medida se aplicará en las cárceles de los nueve departamentos del país.
En criterio de Martínez, el departamento cruceño es el primero en ejecutar el instructivo 05/2015 que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que implementa el plan para el control jurisdiccional y resolución de causas con detenidos preventivos.
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla, anunció que el trabajo se realizará de manera coordinada entre el TDJ, la Fiscalía y Policía. “Entre los mecanismos judiciales que se podrán usar está el procedimiento abreviado para agilizar las sentencias”, dijo.
Padilla señaló que los casos serán revisados y analizados cuidadosamente, para evitar que los privados de libertad que tienen un prontuario peligroso puedan salir a las calles para causar zozobra en la ciudadanía.
“Con este tipo de acciones se pretende disminuir la cantidad de detenidos preventivos que hay en las cárceles del país y demostrar a la ciudadanía que la justicia es rápida, efectiva y oportuna”, apuntó Salguero. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Olvis Antezana, afirmó que el plan de descongestionamiento que se aplicará permitirá oxigenar a los recintos carcelarios del país y en particular en el caso de Santa Cruz.
Población carcelaria
Capacidad
Según la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en Bolivia el hacinamiento carcelario llegó al 202% en 2014. Había 14.770 presos para una infraestructura carcelaria de 4.884 reos.
Niegan que existan conflictos en el TA
El magistrado Lucio Fuentes negó que existan dos presidentes en el Tribunal Agroambiental (TA) y aseguró que existe normalidad en el funcionamiento de esta entidad y dio por cerrada la polémica sobre la crisis institucional.
Lucio Fuentes manifestó que ejerce la presidencia en el marco legal y constitucional, porque fue posesionado por su colega Cinthia Armijo como presidente del TA, la pasada semana. No obstante el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó una resolución por la que restituye en el cargo a Paulino Huarachi.
“No hay dos presidencias, hay una sola y eso se ratificó en la última sesión. Para mí es caso cerrado”, declaró al magistrado a la red Gigavisión.
Huarachi denunció a cuatro de sus colegas en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Fuentes, Javier Peñafiel, Gabriela Armijo y Deysi Villagómez, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
“Se sigue escuchando que sigue habiendo dos presidentes o simplemente son los últimos pataleos del doctor Huarachi que amenazó con presentar una denuncia al legislativo. No tengo constancia de aquello”, sostuvo Fuentes, quien dijo que esta semana podría convocar a Sala Plena.
Huarachi advirtió, la pasada semana, que los actos de su colega pueden ser nulos, razón por la que el TA está paralizado.
Lucio Fuentes manifestó que ejerce la presidencia en el marco legal y constitucional, porque fue posesionado por su colega Cinthia Armijo como presidente del TA, la pasada semana. No obstante el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó una resolución por la que restituye en el cargo a Paulino Huarachi.
“No hay dos presidencias, hay una sola y eso se ratificó en la última sesión. Para mí es caso cerrado”, declaró al magistrado a la red Gigavisión.
Huarachi denunció a cuatro de sus colegas en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Fuentes, Javier Peñafiel, Gabriela Armijo y Deysi Villagómez, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
“Se sigue escuchando que sigue habiendo dos presidentes o simplemente son los últimos pataleos del doctor Huarachi que amenazó con presentar una denuncia al legislativo. No tengo constancia de aquello”, sostuvo Fuentes, quien dijo que esta semana podría convocar a Sala Plena.
Huarachi advirtió, la pasada semana, que los actos de su colega pueden ser nulos, razón por la que el TA está paralizado.
Monday, April 27, 2015
El TA está dividido, dos grupos buscan la presidencia
Dos grupos de magistrados enfrentados desataron una crisis institucional en el Tribunal Agroambiental (TA), hasta llegar a tener dos presidentes. Esto derivó en acusaciones que se extienden desde el mismo inicio de sus actividades, que hasta ahora los mantiene enfrentados.
Las pugnas surgen desde la primera sesión del TA (2012), cuando, según relató el magistrado Lucio Fuentes, se frustró la presidencia de Ricardo Soto, que aseguraba tener el apoyo de las cinco federaciones de cocaleros del trópico cochabambino. En esa ocasión, Bernardo Huarachi fue quien recibió el respaldo de sus demás colegas para presidir la institución.
Durante los casi cuatro años de ejercicio de funciones de los magistrados del TA, la relación interna siempre fue tensa. Más aún cuando la magistrada Deysi Villagómez denunció que fue agredida física y verbalmente por su colega Soto. Este proceso legal incluso llegó a instancias judiciales ordinarias.
Esa tensa relación también se reflejó en constantes cuestionamientos hacia la presidencia de Huarachi. A fines de 2013 y principios de 2014, cuatro de sus colegas: Lucio Fuentes, Deysi Villagómez, Cinthia Armijo y Javier Peñafiel, le retiraron la confianza a Huarachi y le pidieron su renuncia.
Ese “golpe de Estado institucional”, como lo denominó Huarachi, se concretó el 9 de abril de 2014, cuando los cuatro magistrados citados eligieron a Fuentes como presidente, en medio de cuestionamientos de parte del otro grupo encabezado por el magistrado Ricardo Soto y Yola Paucara, además del propio expresidente.
Huarachi no se quedó con los brazos cruzados. Inicialmente presentó un amparo constitucional que le fue negado por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Ese fallo pasó a manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en calidad de revisión y la pasada semana emitió su sentencia, lo que generó que se reaviven las diferencias entre los siete miembros de la Sala Plena.
Huarachi aseguró que él es el presidente por mandato de ese fallo constitucional y que debe retomar su cargo, mientras que Fuentes señaló que la sentencia es ambigua y no afirma expresamente que su colega debe volver a asumir el cargo.
Entre las largas disputas públicas, el lunes 20 se escribió otro capítulo. Soto, por mandato de ese fallo, instaló y continúo con la sesión del 9 de abril. En esa instancia, Huarachi retomó la conducción de la institución, pero, al mismo tiempo y en medio de alusiones verbales, a propuesta de Peñafiel, se eligió a Fuentes otra vez como presidente con el respaldo de cuatro de sus colegas y se suspendió la sesión quedando hasta ahora con dos presidentes.
Pero el conflicto no quedó ahí. Huarachi presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una denuncia contra sus cuatro colegas para iniciarles un juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Fuentes, por su parte, dijo que cuando se lo convoque también dirá su verdad y presentará sus argumentos.
Cargos. En criterio de Fuentes, las pugnas en su institución se dan simplemente por las diferencias internas que hay. Además, descartó que por medio estén cargos u otros beneficios personales. El presidente del TA, por mando constitucional, es vocal del Directorio de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y de la Escuela de Jueces.
Fuentes lamentó que la norma esté hecha a la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “En ese directorio somos un florero, no tenemos poder, somos solo oyentes que no tomamos ninguna decisión”, porque la mayoría está en manos de los magistrados del TSJ, lamentó.
Pero Huarachi denunció que el trasfondo de este conflicto interno es un caso económico, referido al cierre del estado financiero de 2011 del extinto Poder Judicial. “Ese tema no está aclarado hasta este momento. En ese entonces, la Contraloría nos entregó el pliego de cargo (por casi Bs 1,5 millones), mi persona encabezó un proceso ante el Ministerio Público y el Órgano Judicial y está en imputación formal. Entonces hay grupos, hay intereses individuales, hasta logias que quieren tapar (la denuncia). Estos cuatro colegas míos son parte integrante de esas logias”, agregó.
Huarachi explicó que cuando era presidente inició procesos penales por supuestas irregularidades en el cierre financiero que causaron un daño económico.
Aseguró que sus cuatro colegas no hicieron nada para continuar con este proceso porque, en su criterio, son parte de esa logia que quieren tapar las irregularidades.
Fuentes en respuesta negó esas acusaciones y manifestó que esos procesos siguen su curso y están en manos del Ministerio Público y no hay por qué taparlos. También le pidió pruebas a Huarachi sobre sus acusaciones de la presencia de logias en esa institución judicial.
Jueces elegidos en comicios
Elecciones
En octubre de 2011 se desa- rrolló las elecciones de autoridades judiciales para los tribunales Supremo, Constitucio- nal y Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura.
Posesión
Las autoridades electas por voto popular fueron posesionadas en sus cargos en enero de 2012. En el caso del Tribunal Agroambiental (TA), Bernardo Huarachi fue elegido presidente. Éste fue sustituido en abril de 2014.
Prevén considerar el juicio esta semana
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados espera conocer esta semana la demanda del juicio de responsabilidades interpuesta por el magistrado Bernardo Huarachi en contra de Lucio Fuentes, presidente del Tribunal Agroambiental (TA), y de sus colegas Javier Peñafiel, Cinthia Armijo y Deysi Villagómez, con el fin de recuperar la presidencia del TA, con base en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La diputada Lourdes Millares (Unidad Demócrata) informó que hasta ayer no conoció la remisión de la demanda a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, por lo que sugirió que ese trámite será concretado en esta semana.
Huarachi presentó la demanda de juicio en contra de otros magistrados del TA por los delitos de desobediencia a recursos legales, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.
Huarachi sostiene que el TCP le dio la razón para continuar con su mandato de presidente del TA, gestión que fue interrumpida en abril de 2014, mediante un “golpe de Estado institucional” por Fuentes, aspecto que le impidió cumplir su mandato de tres años.
Millares se excusó de emitir criterio alguno respecto a la pugna por la presidencia del TA, debido a que considerará la demanda y, por ello, no puede emitir criterio anticipado.
Sin embargo, explicó que si prospera el juicio de responsabilidades, el procedimiento será el mismo que el juicio de responsabilidades en contra de magistrados del TCP. O sea, la Cámara de Diputados se constituirá en la parte acusadora, en calidad de Ministerio Público, y el Senado en el Tribunal de Sentencia.
Casa de la Justicia fue inaugurada en Luribay
La primera Casa de la Justicia fue inaugurada por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el municipio de Luribay, en la provincia Loayza.
El edificio, entregado el sábado, fue construido con la perspectiva de albergar a funcionarios de la jurisdicción ordinaria, Indígena Originario Campesina (IOC) y Agroambiental, explicó el presidente de la judicatura paceña, Juan Carlos Berríos. “En esta infraestructura de unos 1.000 metros cuadrados se invirtieron cerca de Bs 2 millones para atender a más de 24.000 habitantes de Luribay y alrededores”, dijo.
El proyecto se gestó ante la carencia de infraestructuras en La Paz y El Alto, donde unos 200 jueces trabajan en condiciones de hacinamiento para atender al menos 285.500 causas. Por ello, Berríos destacó las condiciones del edificio.
El alcalde del municipio de Luribay, Alejandro Cadima, agradeció a las autoridades por “hacer realidad el sueño de contar con una Casa de la Justicia, que además de oficinas para los administradores de la justicia ordinaria tenga ambientes para la justicia indígena originario campesina”.
Al acto asistieron los expresidentes del Tribunal de Justicia de La Paz Iván Campero y Virginia Crespo, y los vocales de Sala Javier Bravo, Freddy Paz, Grover Cori y Carmen del Río, también el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.
Se perfila cambio de fiscal en La Paz
A menos de un mes que Paúl Franco asumió la dirección de la Fiscalía Departamental de La Paz, se anuncia un posible cambio de la autoridad por la cochabambina Faridy Arnez Arce, en medio de denuncias de presunta extorsión, según la senadora Carmen Eva Gonzales.
La representante pandina dijo a Erbol que con ese cambio se “intenta salvar” a Libert Inti Guerrero (sobrino del Fiscal General del Estado), Ariel Gary Aguirre Sirpa y Carla María Paola Viveros García, porque estas tres personas son acusadas por Marcelo Condori Crispín, oficial de Registro Civil, por un caso de presunta extorsión de Bs 42 mil.
La legisladora advirtió que de consumarse el cambio en la dirección de la Fiscalía Departamental, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, podría cometer una “segunda irregularidad”.
“Ya cometió una primera irregularidad con Paúl Franco al designarlo fiscal interino siendo personal administrativo de su despacho en Sucre, ahora pondría a Faridy Arnez Arce, sin tomar en cuenta que durante su carrera como fiscal en Cochabamba no habría presentado sus Declaraciones Juradas ante la Contraloría, tal como exige la Constitución a todo funcionario del Estado”, manifestó.
Asimismo, Gonzales declaró que por el caso del sobrino de Guerrero, Odaliz Marin –asistente de la exfiscal del distrito Patricia Santos que hacía seguimiento a esa investigación– fue separada de la Fiscalía de La Paz. Aseguró que su oficina fue intervenida y allanada en un operativo que permitió secuestrar documentación que supuestamente comprometía a Libert Inti Guerrero.
Un informe suscrito por el subteniente Gustavo R. M. R. y dirigido al teniente coronel Víctor Hugo L. Jefe departamental del CEIP, señala que esas tres personas fueron detenidas el pasado 9 de enero de 2014 en inmediaciones del estadio Hernando Siles, por Inteligencia de la Policía Boliviana y llevadas a oficinas de la Felcc en un operativo de acción directa.
“Cabe hacer notar que en el traslado a dependencias de la FELCC, la señorita Carla Viveros García, amedrentó al personal policial, indicando textualmente: “No saben con quién se han metido” y el señor Libert Guerrero Pary, manifestó tratando de intimidar al personal policial, que su tío era el Fiscal General del Estado doctor Guerrero”, dice el informe del investigador.
El reporte oficial da cuenta que la víctima de extorsión, Marcelo Mamani Crispín, es pariente de Marcelo Valdez Alarcón, presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, quien expresó su malestar por las presuntas amenazas de la era víctima junto a su familiar, por lo cual pidió la colaboración del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP).
Después de un año, el 14 de enero de 2015, el nuevo fiscal asignado Leopoldo Ramos Errada, informó al Juzgado 14 de Instrucción Cautelar, el inicio de las investigaciones, sin tomar en cuenta que cuatro días antes, su colega Elsner Cruz Choque, presentó imputación y solicitó la detención preventiva de las tres personas involucradas, por ser supuestos autores en flagrancia; sin embargo fueron liberados por el Juzgado 10 de Instrucción en lo Penal Cautelar.
La asambleísta Gonzales indicó que no existen avances de investigación reabierta por Ramos, lo que demuestra un “nivel de negligencia de los fiscales dependientes de Guerrero”. Anunció acciones de fiscalización para evitar que la supuesta red continúe operando al interior de la fiscalía paceña.
La representante pandina dijo a Erbol que con ese cambio se “intenta salvar” a Libert Inti Guerrero (sobrino del Fiscal General del Estado), Ariel Gary Aguirre Sirpa y Carla María Paola Viveros García, porque estas tres personas son acusadas por Marcelo Condori Crispín, oficial de Registro Civil, por un caso de presunta extorsión de Bs 42 mil.
La legisladora advirtió que de consumarse el cambio en la dirección de la Fiscalía Departamental, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, podría cometer una “segunda irregularidad”.
“Ya cometió una primera irregularidad con Paúl Franco al designarlo fiscal interino siendo personal administrativo de su despacho en Sucre, ahora pondría a Faridy Arnez Arce, sin tomar en cuenta que durante su carrera como fiscal en Cochabamba no habría presentado sus Declaraciones Juradas ante la Contraloría, tal como exige la Constitución a todo funcionario del Estado”, manifestó.
Asimismo, Gonzales declaró que por el caso del sobrino de Guerrero, Odaliz Marin –asistente de la exfiscal del distrito Patricia Santos que hacía seguimiento a esa investigación– fue separada de la Fiscalía de La Paz. Aseguró que su oficina fue intervenida y allanada en un operativo que permitió secuestrar documentación que supuestamente comprometía a Libert Inti Guerrero.
Un informe suscrito por el subteniente Gustavo R. M. R. y dirigido al teniente coronel Víctor Hugo L. Jefe departamental del CEIP, señala que esas tres personas fueron detenidas el pasado 9 de enero de 2014 en inmediaciones del estadio Hernando Siles, por Inteligencia de la Policía Boliviana y llevadas a oficinas de la Felcc en un operativo de acción directa.
“Cabe hacer notar que en el traslado a dependencias de la FELCC, la señorita Carla Viveros García, amedrentó al personal policial, indicando textualmente: “No saben con quién se han metido” y el señor Libert Guerrero Pary, manifestó tratando de intimidar al personal policial, que su tío era el Fiscal General del Estado doctor Guerrero”, dice el informe del investigador.
El reporte oficial da cuenta que la víctima de extorsión, Marcelo Mamani Crispín, es pariente de Marcelo Valdez Alarcón, presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, quien expresó su malestar por las presuntas amenazas de la era víctima junto a su familiar, por lo cual pidió la colaboración del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP).
Después de un año, el 14 de enero de 2015, el nuevo fiscal asignado Leopoldo Ramos Errada, informó al Juzgado 14 de Instrucción Cautelar, el inicio de las investigaciones, sin tomar en cuenta que cuatro días antes, su colega Elsner Cruz Choque, presentó imputación y solicitó la detención preventiva de las tres personas involucradas, por ser supuestos autores en flagrancia; sin embargo fueron liberados por el Juzgado 10 de Instrucción en lo Penal Cautelar.
La asambleísta Gonzales indicó que no existen avances de investigación reabierta por Ramos, lo que demuestra un “nivel de negligencia de los fiscales dependientes de Guerrero”. Anunció acciones de fiscalización para evitar que la supuesta red continúe operando al interior de la fiscalía paceña.
Sunday, April 26, 2015
Los tres sistemas de justicia trabajarán en un solo edificio
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el municipio del valle de Luribay, ubicado en la provincia Loayza a 170 Km. de la sede de gobierno, inauguraron la primera Casa de Justicia, construida con la perspectiva de albergar a funcionarios de la jurisdicción ordinaria, Indígena Originario Campesina (IOC) y agroambiental, informó ayer el presidente de la judicatura paceña, Juan Carlos Berríos.
“Esta infraestructura de unos 1.000 M2, en la que se invirtieron alrededor de Bs 2 millones, para atender a más de 24.000 habitantes de Luribay y sus alrededores, se ha construido tomando en cuenta el nuevo modelo de justicia plural y caracterizado, por la igualdad jerárquica existente entre la jurisdicción ordinaria, indígena originario campesina y agroambiental”, aseguró Berrios.
Dijo que en medio de la aguda carencia de infraestructura existente en La Paz y El Alto, donde los cerca de 200 jueces trabajan en condiciones de hacinamiento, para atender más de 285.500 causas, “es gratificante inaugurar edificios, como éste que cuenta con las dependencias necesarias”.
Al acto de entrega del nuevo edificio realizado el fin de semana, asistieron los expresidentes del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Campero y Virginia Crespo, además de los vocales de Sala, Javier Bravo, Fraddy Paz, Grover Cori y Carmen Del Río Quisbert. También estuvo presente el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez.
El alcalde del municipio autónomo de Luribay, Alejandro Cadima, agradeció a las autoridades por “hacer realidad el sueño de contar con una Casa de Justicia que, además de oficinas para los administradores de la justicia ordinaria tenga también ambientes para la justicia indígena originario campesina”.
Por su parte, el expresidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Campero, dijo que con el funcionamiento de la nueva infraestructura se expande la garantía del servicio de justicia llegando al ciudadano en el lugar donde habita con la perspectiva de reafirmar la convivencia de la justicia ordinaria con la justicia IOC, agroambiental y lograr la descentralización de las oficinas de DDRR.
En tanto que el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, reconoció que a pesar de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que delimita competencias y materias en los diferentes sistemas de justicia, existen conflictos en la aplicación concreta de la justicia IOC. “Un primer paso para lograr la vigencia de la justicia IOC es que la ordinaria se descentralice como ocurre hoy en Luribay. Luego se debe dar paso a un proceso de coordinación y capacitación de los administradores de justicia”, afirmó.
“Debemos reforzar la justicia Indígena Originario Campesino y no dejarla atrás”, aseguró por su lado Cristina Mamani quien comprometió las gestiones del Consejo de la Magistratura para la creación de un Juzgado de Partido -adicional al Juzgado Mixto existente- y la descentralización de una oficina de Derechos Reales en Luribay.
DATOS
- La Casa de Justicia tiene el propósito de construir ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el ejercicio de la democracia participativa, para la construcción de políticas dirigidas a las soluciones y a la implementación de programas de desarrollo local, y convivencia pacífica.
- La Casa de Justicia aportará la provisión de los medios idóneos de información, capacitación y la asistencia legal y municipal, que potenciará la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de Estado de justicia que se busca alcanzar.
“Esta infraestructura de unos 1.000 M2, en la que se invirtieron alrededor de Bs 2 millones, para atender a más de 24.000 habitantes de Luribay y sus alrededores, se ha construido tomando en cuenta el nuevo modelo de justicia plural y caracterizado, por la igualdad jerárquica existente entre la jurisdicción ordinaria, indígena originario campesina y agroambiental”, aseguró Berrios.
Dijo que en medio de la aguda carencia de infraestructura existente en La Paz y El Alto, donde los cerca de 200 jueces trabajan en condiciones de hacinamiento, para atender más de 285.500 causas, “es gratificante inaugurar edificios, como éste que cuenta con las dependencias necesarias”.
Al acto de entrega del nuevo edificio realizado el fin de semana, asistieron los expresidentes del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Campero y Virginia Crespo, además de los vocales de Sala, Javier Bravo, Fraddy Paz, Grover Cori y Carmen Del Río Quisbert. También estuvo presente el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez.
El alcalde del municipio autónomo de Luribay, Alejandro Cadima, agradeció a las autoridades por “hacer realidad el sueño de contar con una Casa de Justicia que, además de oficinas para los administradores de la justicia ordinaria tenga también ambientes para la justicia indígena originario campesina”.
Por su parte, el expresidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Campero, dijo que con el funcionamiento de la nueva infraestructura se expande la garantía del servicio de justicia llegando al ciudadano en el lugar donde habita con la perspectiva de reafirmar la convivencia de la justicia ordinaria con la justicia IOC, agroambiental y lograr la descentralización de las oficinas de DDRR.
En tanto que el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, reconoció que a pesar de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que delimita competencias y materias en los diferentes sistemas de justicia, existen conflictos en la aplicación concreta de la justicia IOC. “Un primer paso para lograr la vigencia de la justicia IOC es que la ordinaria se descentralice como ocurre hoy en Luribay. Luego se debe dar paso a un proceso de coordinación y capacitación de los administradores de justicia”, afirmó.
“Debemos reforzar la justicia Indígena Originario Campesino y no dejarla atrás”, aseguró por su lado Cristina Mamani quien comprometió las gestiones del Consejo de la Magistratura para la creación de un Juzgado de Partido -adicional al Juzgado Mixto existente- y la descentralización de una oficina de Derechos Reales en Luribay.
DATOS
- La Casa de Justicia tiene el propósito de construir ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el ejercicio de la democracia participativa, para la construcción de políticas dirigidas a las soluciones y a la implementación de programas de desarrollo local, y convivencia pacífica.
- La Casa de Justicia aportará la provisión de los medios idóneos de información, capacitación y la asistencia legal y municipal, que potenciará la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de Estado de justicia que se busca alcanzar.
Saturday, April 25, 2015
Investigan a dos fiscales por hechos de corrupción
El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gómer Padilla, confirmó que se investiga por supuesta corrupción a dos de sus subalternos en el Ministerio Público.
Padilla indicó que han concluido dos procesos disciplinarios, pero dijo desconocer el contenido oficial, por tanto se abstuvo de expresarse mientras no se notifique a las partes.
Fuentes que pidieron reserva a El Día dan cuenta de que semanas atrás la Unidad Anticorrupción allanó las oficinas de un fiscal luego de que éste fue denunciado en la Policía por haber recibido un supuesto monto de dinero para favorecer en un proceso penal.
El sindicado fue llevado a la Fiscalía donde fue interrogado por más de 24 horas y luego puesto en libertad para que asuma su defensa, según los medios.
En principio, Padilla dijo desconocer el proceso, pero ayer ante los cuestionamientos de los medios de comunicación reconoció que hubo ese allanamiento, pero dijo no saber que su colega haya sido detenido o arrestado. "Hay delitos involucrados de la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz). Toda denuncia que ingresa al Ministerio Público, sea fiscal, juez, policía o cualquier persona, se genera una investigación y en ese caso ingresó una denuncia y se ha generado una investigación”, refirió.
Aclaró que el proceso contra sus colegas son por supuestas faltas gravísimas.
En contacto telefónico con El Día, uno de los fiscales aludidos dijo desconocer un proceso disciplinario en su contra. Aclaró que continúa ejerciendo la carrera fiscal.
Padilla indicó que han concluido dos procesos disciplinarios, pero dijo desconocer el contenido oficial, por tanto se abstuvo de expresarse mientras no se notifique a las partes.
Fuentes que pidieron reserva a El Día dan cuenta de que semanas atrás la Unidad Anticorrupción allanó las oficinas de un fiscal luego de que éste fue denunciado en la Policía por haber recibido un supuesto monto de dinero para favorecer en un proceso penal.
El sindicado fue llevado a la Fiscalía donde fue interrogado por más de 24 horas y luego puesto en libertad para que asuma su defensa, según los medios.
En principio, Padilla dijo desconocer el proceso, pero ayer ante los cuestionamientos de los medios de comunicación reconoció que hubo ese allanamiento, pero dijo no saber que su colega haya sido detenido o arrestado. "Hay delitos involucrados de la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz). Toda denuncia que ingresa al Ministerio Público, sea fiscal, juez, policía o cualquier persona, se genera una investigación y en ese caso ingresó una denuncia y se ha generado una investigación”, refirió.
Aclaró que el proceso contra sus colegas son por supuestas faltas gravísimas.
En contacto telefónico con El Día, uno de los fiscales aludidos dijo desconocer un proceso disciplinario en su contra. Aclaró que continúa ejerciendo la carrera fiscal.
Tribunal de Justicia posesiona a dos jueces para Yacuiba
El Tribunal Departamental de Justicia, ayer en horas de la tarde con la presencia de magistrados, autoridades judiciales e invitados especiales, posesionó a Fabián Gareca como juez de sentencia y Jamer Milton Cárdenas juez técnico, ambos para la ciudad de Yacuiba. En el acto también se tomó el juramento a Manuel Lizarazu como subregistrador de la ciudad chaqueña.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Nilo Velasco, manifestó que en su oportunidad se hizo el lanzamiento de una convocatoria donde se hizo la conformación de una lista de postulantes en los cargos, por lo que en forma posterior el Consejo de la Magistratura en una sala plena se realizó la toma del examen que corresponde en este caso.
“En lo que corresponde al subregistrador de Derechos Reales de Yacuiba se hizo un concurso de meritos donde la sala plena del Tribunal de Justicia Departamental procedió a su designación “, indicó.
Al ser consultado acerca de la importancia de la designación de los jueces de sentencia y técnico para Yacuiba es importante porque se tuvo y rezago judicial y también una mora procesal, por lo que a partir de la fecha se logró cubrir las acefalias por lo que las actividades judiciales en Yacuiba van a poder desarrollarse con normalidad.
En el ámbito departamental la única acefalia del subregistrador de la ciudad de Villa Montes, sin embargo por la falta de un ítem es por ello no se tiene la designación para este cargo que se tiene esta instancia judicial en la tercera sección de la provincia Gran Chaco.
Velasco manifestó que como Tribunal Departamental de Justicia se procederá a hacer las gestiones ante las instancias pertinentes para que la instancia nacional haga la dotación de un nuevo ítem.
Juez de Entre Ríos fue destituido
El presidente del TDJ, dijo que en el caso de un juez de Entre Ríos se tiene conocimiento que se esta por aplicar una sanción con la suspensión definitiva de una autoridad judicial de la provincia O’Connor.
Una vez que se tenga concluido el proceso contra este juez en todas sus instancias y que se tenga una sentencia ejecutoriada en caso de confirmarse la sanción con toda seguridad el Consejo Departamental de Justicia hará la designación de un nuevo juez.
Friday, April 24, 2015
Dos personas denuncian que la red de corrupción las engañó
Dos personas informaron que estuvieron a punto de perder sus bienes después de haber sido engañadas por fiscales y abogados de una presunta red de corrupción, cuyas operaciones denunció el miércoles la exfiscal Claudia Castro.
"Yo conocí al doctor Gino E. por una vecina. Fui a su oficina y acudí a él para que haga los papeles, hizo la minuta y el testimonio. Cuando me faltaban dos testimonios, el abogado desapareció y cuando fui a su oficina, me detuvieron los policías, me acusaron de falsificar esos documentos, cuando ese doctor fue quien los falsificó”, contó Julia Surco de Collanqui, quien pudo adquirir el vehículo, aunque cumple medidas sustitutivas.
La exfiscal Claudia Castro acusó al abogado Gino E. de ser el cabecilla de una organización corrupta, en la que presuntamente están implicadas autoridades judiciales y de la Fiscalía. Según la exfuncionaria, esta red se apropia de bienes al fraguar testimonios y otros documentos.
Otro caso es el de Zenón Cusi, quien acusó a la presunta red de corrupción de apropiarse de lotes en la comunidad paceña de Chinchaya en complicidad con una banda de loteadores.
"Primero, nos acusaron de tener documentos falsos de las propiedades, de haber falsificados 15 firmas de los comunarios. Nosotros no podemos hacer eso y nos quisieron quitar los terrenos”, contó.
Acusó a la exfiscal de Distrito de La Paz Patricia Santos de haber revocado denuncias contra los loteadores.
Como Surco y Cusi, otras personas llegaron ayer hasta la Facultad de Derecho para denunciar hechos de corrupción y para respaldar a la exfiscal Castro en sus acusaciones.
La exfuncionaria de la Fiscalía, que fue retirada hace poco, denunció que este grupo presuntamente ilegal cuenta con el respaldo de altas autoridades del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Al respecto, el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Francisco Tarquino, negó que integrara esta agrupación irregualr y señaló que desconocía las denuncias de Castro. Aseguró que las acusaciones no tienen fundamento.
Admitió que conoce al abogado Gino E., actualmente preso en el penal de San Pedro, y dijo que lo saludaba como a cualquier abogado de los varios que conoce. Adelantó que iniciará una acción contra Claudia Castro.
El fiscal de Distrito
Reacción El fiscal interino de Distrito de La Paz, Paúl Franco, afirmó que a partir de las denuncias de Claudia Castro ante los medios de comunicación pedirá información sobre los casos que ella investigaba.
Intervención El fiscal negó que se haya intervenido la oficina de Castro, como ella lo denunció. Dijo que fue una inspección, como pasó en otras.
"Yo conocí al doctor Gino E. por una vecina. Fui a su oficina y acudí a él para que haga los papeles, hizo la minuta y el testimonio. Cuando me faltaban dos testimonios, el abogado desapareció y cuando fui a su oficina, me detuvieron los policías, me acusaron de falsificar esos documentos, cuando ese doctor fue quien los falsificó”, contó Julia Surco de Collanqui, quien pudo adquirir el vehículo, aunque cumple medidas sustitutivas.
La exfiscal Claudia Castro acusó al abogado Gino E. de ser el cabecilla de una organización corrupta, en la que presuntamente están implicadas autoridades judiciales y de la Fiscalía. Según la exfuncionaria, esta red se apropia de bienes al fraguar testimonios y otros documentos.
Otro caso es el de Zenón Cusi, quien acusó a la presunta red de corrupción de apropiarse de lotes en la comunidad paceña de Chinchaya en complicidad con una banda de loteadores.
"Primero, nos acusaron de tener documentos falsos de las propiedades, de haber falsificados 15 firmas de los comunarios. Nosotros no podemos hacer eso y nos quisieron quitar los terrenos”, contó.
Acusó a la exfiscal de Distrito de La Paz Patricia Santos de haber revocado denuncias contra los loteadores.
Como Surco y Cusi, otras personas llegaron ayer hasta la Facultad de Derecho para denunciar hechos de corrupción y para respaldar a la exfiscal Castro en sus acusaciones.
La exfuncionaria de la Fiscalía, que fue retirada hace poco, denunció que este grupo presuntamente ilegal cuenta con el respaldo de altas autoridades del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Al respecto, el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Francisco Tarquino, negó que integrara esta agrupación irregualr y señaló que desconocía las denuncias de Castro. Aseguró que las acusaciones no tienen fundamento.
Admitió que conoce al abogado Gino E., actualmente preso en el penal de San Pedro, y dijo que lo saludaba como a cualquier abogado de los varios que conoce. Adelantó que iniciará una acción contra Claudia Castro.
El fiscal de Distrito
Reacción El fiscal interino de Distrito de La Paz, Paúl Franco, afirmó que a partir de las denuncias de Claudia Castro ante los medios de comunicación pedirá información sobre los casos que ella investigaba.
Intervención El fiscal negó que se haya intervenido la oficina de Castro, como ella lo denunció. Dijo que fue una inspección, como pasó en otras.
Piden a la Fiscalía citar a tres implicados por Cardona
Después de que el coronel Germán Cardona indicara en su informe ultrasecreto que personajes del actual Gobierno participaron en el retiro de armas en custodia de la Octava División de Ejército, los abogados de los procesados en el caso terrorismo sostienen que la Fiscalía debe convocar de oficio a prestar declaraciones al ministro Juan Ramón Quintana, a la diputada Gabriela Montaño y a Raúl García Linera, pues son las personas sindicadas por el militar.
El abogado Gary Prado dijo que corresponde a la Fiscalía abrir una indagación y convocar a las personas que mencionó el militar, que decidió marcharse a España para pedir refugio, ya que -según él- era perseguido en Bolivia.
“Hay dos denuncias que presentó Cardona en la Fiscalía, una fue por amenazas y otra por persecución, pero el Ministerio Público las desestimó. Eso es una clara actitud cerrada”, dijo Prado.
A su vez, el abogado Otto Ritter indicó que si la Fiscalía actuara con seriedad y sin compromisos citaría a declarar a los citados por Cardona. “En otra parte del mundo esas personas ya estarían presas. Si aquí los llamaran a declarar estoy seguro de que cierran el caso rapidingo”, dijo. Ambos juristas coinci den en que las revelaciones del militar les da pie para cambiar estrategias de la defensa.
Para los fiscales del caso terrorismo, no se puede citar a estas personas, pues las denuncias hechas por Cardona no tienen asidero. Además, indican que fueron hechas fuera de tiempo, pues el caso se encuentra en etapa final.
General reconoce informe
Ayer el comandante de la Octava División de Ejército, general Raimundo Zapata, reconoció que el informe de Cardona fue recibido por su unidad y por el Comando General. Cuestionó el contenido al considerar que no responde a las preguntas requeridas y más bien señala hechos fuera de lugar, que solo dañan la imagen de la institución.
Según Zapata, jamás hubo persecución contra Cardona, nadie trató de matarlo y lo único que existe en su contra es un sumario por actos de indisciplina.
Finalmente, dijo que Cardona puede ser declarado desertor, pues las normas internas del Ejército indican que si un militar no se presenta a las filas en seis días es declarado desertor.
Montaño descalifica a coronel
“Fantasiosas” y “útiles”, así calificó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, las versiones sobre su participación en el retiro de armas de la Octava División. “Niego de manera categórica las aseveraciones que hizo, incluso me parecen fantasiosas, sin sustento, creo que es una declaración funcional y útil a quienes están involucrados en los hechos terroristas”, dijo.
Montaño indicó que durante seis años, desde que sucedieron los hechos del caso terrorismo, nunca surgió su nombre, y que es muy casual que ahora se produzca precisamente cuando el caso está llegando al final.
Comentó que ella y su familia sufrieron las consecuencias de ser delegada presidencial de Evo Morales porque atentaron con explosivos en sus oficinas e incluso en la casa de su madre
El abogado Gary Prado dijo que corresponde a la Fiscalía abrir una indagación y convocar a las personas que mencionó el militar, que decidió marcharse a España para pedir refugio, ya que -según él- era perseguido en Bolivia.
“Hay dos denuncias que presentó Cardona en la Fiscalía, una fue por amenazas y otra por persecución, pero el Ministerio Público las desestimó. Eso es una clara actitud cerrada”, dijo Prado.
A su vez, el abogado Otto Ritter indicó que si la Fiscalía actuara con seriedad y sin compromisos citaría a declarar a los citados por Cardona. “En otra parte del mundo esas personas ya estarían presas. Si aquí los llamaran a declarar estoy seguro de que cierran el caso rapidingo”, dijo. Ambos juristas coinci den en que las revelaciones del militar les da pie para cambiar estrategias de la defensa.
Para los fiscales del caso terrorismo, no se puede citar a estas personas, pues las denuncias hechas por Cardona no tienen asidero. Además, indican que fueron hechas fuera de tiempo, pues el caso se encuentra en etapa final.
General reconoce informe
Ayer el comandante de la Octava División de Ejército, general Raimundo Zapata, reconoció que el informe de Cardona fue recibido por su unidad y por el Comando General. Cuestionó el contenido al considerar que no responde a las preguntas requeridas y más bien señala hechos fuera de lugar, que solo dañan la imagen de la institución.
Según Zapata, jamás hubo persecución contra Cardona, nadie trató de matarlo y lo único que existe en su contra es un sumario por actos de indisciplina.
Finalmente, dijo que Cardona puede ser declarado desertor, pues las normas internas del Ejército indican que si un militar no se presenta a las filas en seis días es declarado desertor.
Montaño descalifica a coronel
“Fantasiosas” y “útiles”, así calificó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, las versiones sobre su participación en el retiro de armas de la Octava División. “Niego de manera categórica las aseveraciones que hizo, incluso me parecen fantasiosas, sin sustento, creo que es una declaración funcional y útil a quienes están involucrados en los hechos terroristas”, dijo.
Montaño indicó que durante seis años, desde que sucedieron los hechos del caso terrorismo, nunca surgió su nombre, y que es muy casual que ahora se produzca precisamente cuando el caso está llegando al final.
Comentó que ella y su familia sufrieron las consecuencias de ser delegada presidencial de Evo Morales porque atentaron con explosivos en sus oficinas e incluso en la casa de su madre
Víctimas de la Injusticia quieren abrir una oficina
Integrantes de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia, que se conformó el 2 de enero en Oruro, llegaron ayer a la sede de Gobierno con la intención de instalar una oficina en los juzgados paceños.
"Tenemos la intención de colocar una plataforma, una oficina acá en La Paz. Tiene que estar dentro de los juzgados, eso hemos venido a gestionar. Tampoco necesitamos gran espacio, no queremos perjudicar tampoco”, informó ayer el presidente de la asociación, Richard Mitma.
Esta agrupación, que se conformó a principios de año, está conformada por personas que se conocieron al peregrinar por las oficinas del sistema de justicia.
"Ya nos conocíamos de tanto ir a los juzgados, ya sabíamos quiénes éramos. Gente con procesos desde hace 10 años que hasta ahora no tienen solución”, comentó Mitma.
Según él, en Oruro ya instalaron una oficina dentro del Tribunal de Justicia, como control social "tenemos todo el derecho de hacerlo. Son edificios públicos y le pertenece a la población, no es de nadie en particular, queremos hacer lo mismo en La Paz”.
La asociación está conformada por unos 5.000 miembros en todo el país.
Nora Foronda, una de las integrantes, denunció que el asesino de su hija, y exconcubino de la misma, fue liberado por una jueza, pese a las pruebas que había contra él.
La misión de esta agrupación es respaldar a todos sus miembros y formular propuestas para la Cumbre Judicial, en la que se busca reformar la justicia.
"Tenemos la intención de colocar una plataforma, una oficina acá en La Paz. Tiene que estar dentro de los juzgados, eso hemos venido a gestionar. Tampoco necesitamos gran espacio, no queremos perjudicar tampoco”, informó ayer el presidente de la asociación, Richard Mitma.
Esta agrupación, que se conformó a principios de año, está conformada por personas que se conocieron al peregrinar por las oficinas del sistema de justicia.
"Ya nos conocíamos de tanto ir a los juzgados, ya sabíamos quiénes éramos. Gente con procesos desde hace 10 años que hasta ahora no tienen solución”, comentó Mitma.
Según él, en Oruro ya instalaron una oficina dentro del Tribunal de Justicia, como control social "tenemos todo el derecho de hacerlo. Son edificios públicos y le pertenece a la población, no es de nadie en particular, queremos hacer lo mismo en La Paz”.
La asociación está conformada por unos 5.000 miembros en todo el país.
Nora Foronda, una de las integrantes, denunció que el asesino de su hija, y exconcubino de la misma, fue liberado por una jueza, pese a las pruebas que había contra él.
La misión de esta agrupación es respaldar a todos sus miembros y formular propuestas para la Cumbre Judicial, en la que se busca reformar la justicia.
Juzgado Agroambiental de Tarija resolvió 117 causas en tres meses
En Tarija, los siete Juzgados Agroambientales desde enero a marzo de la presente gestión han resuelto un total de 117 causas. Pero al mismo tiempo han recibido 94 demandas nuevas y 407 que hasta ese periodo de tiempo se encontraban en trámite.
En su gran mayoría, las demandas están referidas a la obtención del derecho propietario de un bien inmueble del área rural, en caso de que una de las partes no esté conforme con el fallo de la Juez Agroambiental puede apelar ante el Tribual Agroambiental.
La delegada Distrital del Tribunal Agroambiental en Tarija, Blanca Navajas, dio a conocer que de enero a marzo de 2015, en los seis Juzgados Agroambientales se resolvieron un total de 117. En Bermejo, siete; en Entre Ríos, 22; San Lorenzo, 27; Tarija, 42; Yacuiba, 15 y en Villa Montes un total de cinco.
Las demandas primeramente son atendidas en los seis juzgados agroambientales del departamento de Tarija. En caso de que existan apelaciones u otro tipo de recursos, la causa es remitida al Tribunal Agroambiental en la ciudad de Sucre.
“Lógicamente siempre hay una parte ganadora y una parte perdedora –mencionó Navajas–. Pero la labor de los jueces es tratar de propiciar la conciliación”.
Muchos de los procesos se resuelven de manera rápida por los acuerdos mutuos. Pero en los casos que no existe conciliación la situación es mucho más complicada.
Navajas aclaró que los conflictos en las propiedades rurales son de competencia del Tribunal Agroambiental a través de sus diferentes Juzgados, siempre y cuando el área no haya sido objeto de saneamiento por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En el momento que se establece zona de saneamiento por el INRA, automáticamente se suspende la competencia del Juez Agroambiental.
“Una propiedad que está en proceso de saneamiento no puede ser susceptible de ningún tipo de proceso –dijo Navajas–. Porque se limita la competencia de los jueces agroambientales y se abre la competencia del INRA”.
Una vez concluido el proceso y otorgada la resolución final del saneamiento, recién los juzgados pueden retoman sus competencias. En caso de que algunas de las partes no esté conforme con la resolución emitida por el INRA, la demanda de impugnación se la realiza en Sucre.
La juez agroambiental de la provincia Cercado, Maritza Sánchez, indicó que los casos más comunes están referidos a los interdictos para adquirir la posesión de un determinado predio rural.
“En un principio son acuerdos voluntarios, pero si una de las partes se siente agraviada con esta acción puede hacer oposición dentro del interdicto de adquirir la posesión –manifestó Sánchez–. En este caso, la causa se vuelve contenciosa, entonces se dicta una resolución judicial dónde se conmina a la parte actora que adecue su demanda al proceso oral agrario”.
También existen demandas de retener y recobrar la posesión, en este caso se exige el derecho propietario. Hay otras como las acciones de servidumbre, nulidad de contratos, deslinde, entre otras.
“Como no tenemos un procedimiento propio, ya que en la Ley 1715 tenemos unos cuantos artículos que están referidos al procedimiento oral agrario –dijo Sánchez–. Pero en lo demás aplicamos supletoriamente el Código del Procediendo Civil y la Ley de Organización Judicial”.
En caso de procederse a la conciliación, las partes pueden recurrir a la exhibición de documentos, se desarrolla una inspección judicial en el lugar, un reconocimiento de firmas.
En Sucre, en 2014 se atendió 839 demandas
El Tribunal Agroambiental en la gestión 2014 resolvió 432 causas. Según su presidente, Lucio Fuentes, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI) las tres salas que conforman esta instancia tomaron conocimiento de 839 causas, de las que se resolvieron 432. Fuentes detalló también que de las 839 causas, 320 corresponden a anteriores gestiones y 519 ingresadas el año pasado, quedando pendientes 407 casos por resolver.
Thursday, April 23, 2015
Exfiscal denuncia red corrupta ligada a autoridades judiciales
La exfiscal Claudia Castro denunció que hay una red de corrupción dentro del Órgano Judicial que involucra desde abogados hasta altas autoridades, quienes operan en conjunto para apropiarse ilegalmente de inmuebles bajo amenazas, extorsiones y procesos contra las víctimas.
En 2014, la entonces fiscal Castro -adscrita a la división Económico Finanieros- recibió un caso de falsificación de testimonios, por lo que allanó la oficina del abogado Gino E., principal acusado de fraguar documentos.
Poco antes de que el jurista vea al juez en una audiencia cautelar, Castro recibió la primera presión. "Se apersonó la doctora Ximena V.A., gente de confianza del Consejo de la Magistratura y actualmente jueza del Tribunal Tercero de Sentencia, me ordenó que yo no lo impute y que sustraiga del cuaderno los elementos que se habrían secuestrado, particularmente los vinculados a la notaria Sonia P.L., quien habría sido asesora del consejero Francisco Tarquino y gente de confianza de la consejera Cristina Mamani”, reveló.
La exfiscal Castro no dio brazo a torcer y siguió con la investigación, sin embargo, a partir de ese momento a la fecha denunció ser víctima de extorsiones, chantajes. "Han perseguido a mi familia, a mí. Lamentablemente como es una estructura conformada por algunos jueces, fiscales y del actual entorno de confianza de la Fiscalía departamental me han perjudicado”, sostuvo.
Pese a la presión, Castro continuó. Logró que Gino E. sea detenido preventivamente, sin embargo cuando iba a presentar el requerimiento conclusivo para dar inicio al juicio, su despacho fue intervenido.
"Esta intervención estaba promovida por Odalis M., a quien he denunciado como parte de este grupo y a la fecha mi oficina se encuentra aún intervenida”, señaló. Dijo que Odalis M. fue asistente de la entonces fiscal de Distrito Patricia Santos.
Con todos los obstáculos, Castro descubrió que los implicados formaban una red que se dedicaba a expropiar inmuebles como casas y terrenos.
En la intervención a la oficina de la exfiscal Castro participó Alejandra M., quien trabajaba como asistente en su despacho, pero anteriormente fue funcionaria de confianza del exfiscal Humberto Quispe. "Ella ha estado aprehendida en agosto de 2012 por hechos de extorsión y cohecho y quien le ha colaborado para que no sea cautelada es Quispe”, aseveró Castro, quien fue retirada de la Fiscalía mediante un fax.
Página Siete llamó al Consejo de la Magistratura para conocer la posición al respecto de la consejera Cristina Mamani, sin embargo hasta el cierre de esta edición estaba en reuniones prolongodas, según informaron desde Comunicación de esa instancia.
Fiscal sustituto
Denuncia La exfiscal Claudia Castro indicó que al ser retirada, el fiscal Marco Vargas Yupanqui ingresó a la Fiscalía en su reemplazo. Dijo que le llama la atención que Vargas ocupe su lugar tras haber sido cuestionado por la detención del periodista de El Diario, Carlos Quisbert. Actualmente Vargas indaga el caso del Fondo Indígena.
Víctimas Claudia Castro informó que existen "muchas víctimas” de la presunta red de corrupción en el Órgano Judicial que en las próximas horas darán sus testimonios con documentos. Adelantó que tiene pruebas de las denuncias que hizo contra autoridades.
En 2014, la entonces fiscal Castro -adscrita a la división Económico Finanieros- recibió un caso de falsificación de testimonios, por lo que allanó la oficina del abogado Gino E., principal acusado de fraguar documentos.
Poco antes de que el jurista vea al juez en una audiencia cautelar, Castro recibió la primera presión. "Se apersonó la doctora Ximena V.A., gente de confianza del Consejo de la Magistratura y actualmente jueza del Tribunal Tercero de Sentencia, me ordenó que yo no lo impute y que sustraiga del cuaderno los elementos que se habrían secuestrado, particularmente los vinculados a la notaria Sonia P.L., quien habría sido asesora del consejero Francisco Tarquino y gente de confianza de la consejera Cristina Mamani”, reveló.
La exfiscal Castro no dio brazo a torcer y siguió con la investigación, sin embargo, a partir de ese momento a la fecha denunció ser víctima de extorsiones, chantajes. "Han perseguido a mi familia, a mí. Lamentablemente como es una estructura conformada por algunos jueces, fiscales y del actual entorno de confianza de la Fiscalía departamental me han perjudicado”, sostuvo.
Pese a la presión, Castro continuó. Logró que Gino E. sea detenido preventivamente, sin embargo cuando iba a presentar el requerimiento conclusivo para dar inicio al juicio, su despacho fue intervenido.
"Esta intervención estaba promovida por Odalis M., a quien he denunciado como parte de este grupo y a la fecha mi oficina se encuentra aún intervenida”, señaló. Dijo que Odalis M. fue asistente de la entonces fiscal de Distrito Patricia Santos.
Con todos los obstáculos, Castro descubrió que los implicados formaban una red que se dedicaba a expropiar inmuebles como casas y terrenos.
En la intervención a la oficina de la exfiscal Castro participó Alejandra M., quien trabajaba como asistente en su despacho, pero anteriormente fue funcionaria de confianza del exfiscal Humberto Quispe. "Ella ha estado aprehendida en agosto de 2012 por hechos de extorsión y cohecho y quien le ha colaborado para que no sea cautelada es Quispe”, aseveró Castro, quien fue retirada de la Fiscalía mediante un fax.
Página Siete llamó al Consejo de la Magistratura para conocer la posición al respecto de la consejera Cristina Mamani, sin embargo hasta el cierre de esta edición estaba en reuniones prolongodas, según informaron desde Comunicación de esa instancia.
Fiscal sustituto
Denuncia La exfiscal Claudia Castro indicó que al ser retirada, el fiscal Marco Vargas Yupanqui ingresó a la Fiscalía en su reemplazo. Dijo que le llama la atención que Vargas ocupe su lugar tras haber sido cuestionado por la detención del periodista de El Diario, Carlos Quisbert. Actualmente Vargas indaga el caso del Fondo Indígena.
Víctimas Claudia Castro informó que existen "muchas víctimas” de la presunta red de corrupción en el Órgano Judicial que en las próximas horas darán sus testimonios con documentos. Adelantó que tiene pruebas de las denuncias que hizo contra autoridades.
Magistrado pide enjuiciar a sus colegas por incumplir un fallo
El magistrado Bernardo Huarachi planteó ayer ante la Asamblea Legislativa un juicio de responsabilidades contra cuatro de sus colegas por posesionar como presidente del Tribunal Agroambiental Plurinacional a Lucio Fuentes, pese a una sentencia constitucional que le favorecía para que siga en el cargo.
Fueron denunciados los magistrados Lucio Fuentes, Javier Peñafiel, Cinthia Armijo y Deysi Villagómez por los delitos de usurpación de funciones, conculcación de derechos y preceptos constitucionales e incumplimiento de deberes.
Huarachi denunció que, sin hacer caso a la sentencia constitucional 0281/2015 del 2 marzo de 2015, que lo restituye como titular de la entidad agroambiental, sus colegas aprovechando que son mayoría (cuatro de siete), en sala plena designaron y posesionaron -el lunes 20 de abril- a Fuentes como presidente del Tribunal Agroambiental.
"Ellos, a título de que son mayoría simple, que señala la Ley 025, posesionaron a Fuentes, pero esta norma está en suspenso mientras no salga el Código Procesal Agroambiental, entonces la ley que nos rige es la Ley 3545, que indica que para elegir un directorio tiene que haber dos tercios, es decir, cinco votos de siete magistrados”, explicó Huarachi, quien informó que a él lo apoyan sus colegas Ricardo Soto y Yola Paucara Paco.
Los magistrados acusados -mediante nota de prensa- aseguraron que dieron estricto cumplimiento a la sentencia constitucional porque a convocatoria del decano del tribunal, Ricardo Soto, resolvieron tratar el tema de presidencia "por ser una decisión privativa y exclusiva del pleno”.
En dicha sesión, "se efectivizó lo determinado en las sesiones ordinarias del 26 y 27 de marzo de 2014, en las que se retiró la confianza al doctor Bernardo Huarachi Tola como Presidente del Tribunal Agroambiental. En consecuencia, sala plena procedió a la elección del presidente, cargo que recayó en Lucio Fuentes Hinojosa”.
Desde que funcionó el Tribunal Agroambiental, Huarachi fue elegido presidente de esa instancia judicial, por un periodo de tres años. Sin embargo, en abril de 2014, cuatro magistrados eligieron a Lucio Fuentes para sucederlo.
Ante esa situación, Huarachi presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional, y el 2 de marzo de 2015, emitió un fallo que favorece "en parte” al magistrado.
Los conflictos en el Tribunal Agroambiental se registran desde principios de 2014. Cuatro magistrados se resisten a que Huarachi sea presidente.
Otras denuncias que presentó Huarachi
Procesos En 2014, Bernardo Huarachi presentó ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados documentos que confirman los procesos penales y administrativos que enfrentaban sus colegas Cinthia Armijo y Deysi Villagómez.
Acusación Huarachi denunció que la magistrada Cinthia Armijo tiene imputación formal por falsedad ideológica, que radica en el Juzgado IV de Sentencia Penal de La Paz mientras que Deysi Villagómez tiene un proceso administrativo interno impuesto por el INRA.
Fueron denunciados los magistrados Lucio Fuentes, Javier Peñafiel, Cinthia Armijo y Deysi Villagómez por los delitos de usurpación de funciones, conculcación de derechos y preceptos constitucionales e incumplimiento de deberes.
Huarachi denunció que, sin hacer caso a la sentencia constitucional 0281/2015 del 2 marzo de 2015, que lo restituye como titular de la entidad agroambiental, sus colegas aprovechando que son mayoría (cuatro de siete), en sala plena designaron y posesionaron -el lunes 20 de abril- a Fuentes como presidente del Tribunal Agroambiental.
"Ellos, a título de que son mayoría simple, que señala la Ley 025, posesionaron a Fuentes, pero esta norma está en suspenso mientras no salga el Código Procesal Agroambiental, entonces la ley que nos rige es la Ley 3545, que indica que para elegir un directorio tiene que haber dos tercios, es decir, cinco votos de siete magistrados”, explicó Huarachi, quien informó que a él lo apoyan sus colegas Ricardo Soto y Yola Paucara Paco.
Los magistrados acusados -mediante nota de prensa- aseguraron que dieron estricto cumplimiento a la sentencia constitucional porque a convocatoria del decano del tribunal, Ricardo Soto, resolvieron tratar el tema de presidencia "por ser una decisión privativa y exclusiva del pleno”.
En dicha sesión, "se efectivizó lo determinado en las sesiones ordinarias del 26 y 27 de marzo de 2014, en las que se retiró la confianza al doctor Bernardo Huarachi Tola como Presidente del Tribunal Agroambiental. En consecuencia, sala plena procedió a la elección del presidente, cargo que recayó en Lucio Fuentes Hinojosa”.
Desde que funcionó el Tribunal Agroambiental, Huarachi fue elegido presidente de esa instancia judicial, por un periodo de tres años. Sin embargo, en abril de 2014, cuatro magistrados eligieron a Lucio Fuentes para sucederlo.
Ante esa situación, Huarachi presentó un amparo ante el Tribunal Constitucional, y el 2 de marzo de 2015, emitió un fallo que favorece "en parte” al magistrado.
Los conflictos en el Tribunal Agroambiental se registran desde principios de 2014. Cuatro magistrados se resisten a que Huarachi sea presidente.
Otras denuncias que presentó Huarachi
Procesos En 2014, Bernardo Huarachi presentó ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados documentos que confirman los procesos penales y administrativos que enfrentaban sus colegas Cinthia Armijo y Deysi Villagómez.
Acusación Huarachi denunció que la magistrada Cinthia Armijo tiene imputación formal por falsedad ideológica, que radica en el Juzgado IV de Sentencia Penal de La Paz mientras que Deysi Villagómez tiene un proceso administrativo interno impuesto por el INRA.
Expedientes rebalsan por falta de espacio en el Juzgado No. 13
Los expedientes que llegan al Juzgado No. 13 de Instrucción Civil, Familiar y ahora también de Violencia Contra la Mujer de la zona sur rebalsan por falta de espacio y ambientes adecuados, dijo la juez, María Elena Vega.
El juzgado tampoco fue albergado, hasta ahora, en la Estación Integral Policial (EPI) de la zona Sur.
Funciona desde hace un año en un edificio ubicado aproximadamente a 200 metros de la Estación Policial Integral y hasta ahora permanece ahí a pesar que deberíamos haber sido trasladados este pasado lunes 20 de abril a la EPI Sur, señaló la juez.
NO HAY CONDICIONES Sin mobiliario adecuado para prestar servicio a la población y una sala para las audiencias públicas, el juzgado trabaja, cada día, con obstáculos estructurales que hacen de la función que cumplen un verdadero desafío.
“No se dónde hacer sentar a los litigantes, tienen que permanecer parados y los ambientes que tengo son de 3x3 metros cuadrados, inadecuados”, describió Vega.
¿Pidió soluciones?, preguntó frente a esta realidad OPINIÓN.
“La Dra. Nuria Gonzales (presidenta del Tribunal de Justicia de Cochabamba) instruyó que se cumpla el traslado y doten de lo necesario, pero por cuestiones administrativas hasta ahora no se logró cumplir la orden”, respondió la juez.
El juzgado tampoco fue albergado, hasta ahora, en la Estación Integral Policial (EPI) de la zona Sur.
Funciona desde hace un año en un edificio ubicado aproximadamente a 200 metros de la Estación Policial Integral y hasta ahora permanece ahí a pesar que deberíamos haber sido trasladados este pasado lunes 20 de abril a la EPI Sur, señaló la juez.
NO HAY CONDICIONES Sin mobiliario adecuado para prestar servicio a la población y una sala para las audiencias públicas, el juzgado trabaja, cada día, con obstáculos estructurales que hacen de la función que cumplen un verdadero desafío.
“No se dónde hacer sentar a los litigantes, tienen que permanecer parados y los ambientes que tengo son de 3x3 metros cuadrados, inadecuados”, describió Vega.
¿Pidió soluciones?, preguntó frente a esta realidad OPINIÓN.
“La Dra. Nuria Gonzales (presidenta del Tribunal de Justicia de Cochabamba) instruyó que se cumpla el traslado y doten de lo necesario, pero por cuestiones administrativas hasta ahora no se logró cumplir la orden”, respondió la juez.
TCP declara constitucional 43 cartas orgánicas municipales
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró legal 43 cartas orgánicas municipales y el Estatuto Autonómico Indígena de la nación Uru Chipaya (Oruro).
Se trata de nueve municipios de Potosí, ocho de La Paz, seis de Cochabamba, cinco de Santa Cruz, cinco de Chuquisaca, tres de Tarija, tres del Beni, tres de Oruro y uno de Pando.
“El día de hoy (por ayer), una muy buena noticia, más de 40 cartas orgánicas, está entregando el Tribunal Constitucional, es decir que va ser un hecho sustancial en el proceso autonómico municipal”, destacó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.
El boletín de prensa del TCP detalla que de los 44 documentos entregados, 12 son adecuaciones de cartas orgánicas, resalta entre ellas, la del municipio de Sucre, primera capital de departamento que tiene aprobado su carta orgánica autonómica.
Los municipios
Bellaflor en Pando; Reyes, Baures y Magdalena en el Beni; San Juan, Postrervalle, Buena Vista, Roboré, Valle Grande en Santa Cruz; Yacuiba en Tarija; Sopachuy, Camargo, Yotala en Chuquisaca; Colcapirhua, Sipe Sipe en Cochabamba; Pazña y La Rivera en Oruro; Pucarani, Tiahuanacu, Teoponte, Tito Yupanqui, Luribay y Sica Sica en La Paz; Cotagaita, San Pedro de Güemes, Arampampa, Betanzos, Tacobamba, Sacaca, Pocoata, Caiza D y San Agustín en Potosí, son los municipios que recibieron la declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas.
San Javier en Beni; El Puente, Uriondo en Tarija; Presto, Sucre en Chuquisaca; Vinto, Arbieto, Tapacarí, Arque en Cochabamba; Achocalla y Coroico en La Paz recibieron la adecuación de sus cartas orgánicas.
El siguiente paso que deben seguir estos municipios es el trámite para irá a referéndum ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para validar sus cartas orgánicas y estatutos.
Se trata de nueve municipios de Potosí, ocho de La Paz, seis de Cochabamba, cinco de Santa Cruz, cinco de Chuquisaca, tres de Tarija, tres del Beni, tres de Oruro y uno de Pando.
“El día de hoy (por ayer), una muy buena noticia, más de 40 cartas orgánicas, está entregando el Tribunal Constitucional, es decir que va ser un hecho sustancial en el proceso autonómico municipal”, destacó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.
El boletín de prensa del TCP detalla que de los 44 documentos entregados, 12 son adecuaciones de cartas orgánicas, resalta entre ellas, la del municipio de Sucre, primera capital de departamento que tiene aprobado su carta orgánica autonómica.
Los municipios
Bellaflor en Pando; Reyes, Baures y Magdalena en el Beni; San Juan, Postrervalle, Buena Vista, Roboré, Valle Grande en Santa Cruz; Yacuiba en Tarija; Sopachuy, Camargo, Yotala en Chuquisaca; Colcapirhua, Sipe Sipe en Cochabamba; Pazña y La Rivera en Oruro; Pucarani, Tiahuanacu, Teoponte, Tito Yupanqui, Luribay y Sica Sica en La Paz; Cotagaita, San Pedro de Güemes, Arampampa, Betanzos, Tacobamba, Sacaca, Pocoata, Caiza D y San Agustín en Potosí, son los municipios que recibieron la declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas.
San Javier en Beni; El Puente, Uriondo en Tarija; Presto, Sucre en Chuquisaca; Vinto, Arbieto, Tapacarí, Arque en Cochabamba; Achocalla y Coroico en La Paz recibieron la adecuación de sus cartas orgánicas.
El siguiente paso que deben seguir estos municipios es el trámite para irá a referéndum ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para validar sus cartas orgánicas y estatutos.
Posibles redes de extorsión operarían en la Fiscalía
Escoltada por familiares y víctimas de caso que ella investigaba, Claudia Castro, denunció ayer que tiene los argumentos y la documentación necesaria para demostrar que al interior de la Fiscalía Departamental de La Paz operan consorcios conformados entre jueces y fiscales que protegen a falsificadores de documentos que buscan despojar de sus bienes a los verdaderos dueños de varios inmuebles en La Paz.
Al finalizar la entrevista en radio Erbol, Castro solicitó, tanto autoridades del Gobierno como al propio Fiscal General del Estado, las garantías necesarias ya que asegura ser objeto de amenazas y persecución, temiendo por la seguridad de su familia y la suya.
El temor de la abogada, de la cual se afirma, fue destituida de la Fiscalía Departamental, debido a que en los delitos que investigaba como Fiscal de Materia en la Unidad de Económicos y Financieros, están comprometidas varias autoridades, contra quienes, asegura, cuenta con la documentación necesaria para demostrar sus denuncias.
Castro detalló que a raíz de la investigación que efectuó en contra del abogado Gino E.M. en 2014, se allanó una oficina donde se encontró 91 minutas de trasferencia falsificadas, a las que sólo le faltaba el nombre de la víctima, a la que se quería despojar de una propiedad.
Al menos tres son los funcionarios del Consejo de la Magistratura, citados por Castro, entre ellas una juez de sentencia y la expresidenta de esta instancia.
En el caso de la Fiscalía Departamental, el escenario es más complejo pues Castro señala una larga lista de nombres entre fiscales y asistentes, además de nexos e intereses personales sobre casos delicados como el del Fondo Indígena.
También, mencionó la presunta relación del personal que fungía como asistente en su despacho, mantiene con el exfiscal Humberto Quispe y la exfiscal de Distrito Patricia Santos, que en los recientes cuestionamientos al Ministerio Público fueron objeto de polémicas destituciones.
Al momento, desde la Fiscalía de Distrito, sin citar la fecha, tipo de documento o el tenor de la supuesta destitución, aseguran que ya no forma parte de la institución al igual que dos exallegadas al despacho de Patricia Santos.
En cuanto a los casos que investigaba, Castro señaló que luego de una “mediática” intervención estos pasaron a manos Marco Antonio Vargas, el supuesto “vocero” de la Fiscalía en la detención del periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, el pasado 8 marzo, mientras investigaba datos en torno al Caso Alexander.
Castro acusó a Vargas de haber sido destituido en anterior ocasión, por supuestos actos de corrupción en la Aduana y que luego de contar con el aval político de otro involucrado en caso del Fondo Indígena, es nombrado en el mismo.
Por último, mencionó que plateará las denuncias correspondientes y que ahora está respaldada por las víctimas del caso investigado, sobre el cual mantienen su interés autoridades del Poder Judicial.
Al finalizar la entrevista en radio Erbol, Castro solicitó, tanto autoridades del Gobierno como al propio Fiscal General del Estado, las garantías necesarias ya que asegura ser objeto de amenazas y persecución, temiendo por la seguridad de su familia y la suya.
El temor de la abogada, de la cual se afirma, fue destituida de la Fiscalía Departamental, debido a que en los delitos que investigaba como Fiscal de Materia en la Unidad de Económicos y Financieros, están comprometidas varias autoridades, contra quienes, asegura, cuenta con la documentación necesaria para demostrar sus denuncias.
Castro detalló que a raíz de la investigación que efectuó en contra del abogado Gino E.M. en 2014, se allanó una oficina donde se encontró 91 minutas de trasferencia falsificadas, a las que sólo le faltaba el nombre de la víctima, a la que se quería despojar de una propiedad.
Al menos tres son los funcionarios del Consejo de la Magistratura, citados por Castro, entre ellas una juez de sentencia y la expresidenta de esta instancia.
En el caso de la Fiscalía Departamental, el escenario es más complejo pues Castro señala una larga lista de nombres entre fiscales y asistentes, además de nexos e intereses personales sobre casos delicados como el del Fondo Indígena.
También, mencionó la presunta relación del personal que fungía como asistente en su despacho, mantiene con el exfiscal Humberto Quispe y la exfiscal de Distrito Patricia Santos, que en los recientes cuestionamientos al Ministerio Público fueron objeto de polémicas destituciones.
Al momento, desde la Fiscalía de Distrito, sin citar la fecha, tipo de documento o el tenor de la supuesta destitución, aseguran que ya no forma parte de la institución al igual que dos exallegadas al despacho de Patricia Santos.
En cuanto a los casos que investigaba, Castro señaló que luego de una “mediática” intervención estos pasaron a manos Marco Antonio Vargas, el supuesto “vocero” de la Fiscalía en la detención del periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, el pasado 8 marzo, mientras investigaba datos en torno al Caso Alexander.
Castro acusó a Vargas de haber sido destituido en anterior ocasión, por supuestos actos de corrupción en la Aduana y que luego de contar con el aval político de otro involucrado en caso del Fondo Indígena, es nombrado en el mismo.
Por último, mencionó que plateará las denuncias correspondientes y que ahora está respaldada por las víctimas del caso investigado, sobre el cual mantienen su interés autoridades del Poder Judicial.
Wednesday, April 22, 2015
Denuncian que Ruddy Flores incumplió su arraigo
La fiscal departamental de Potosí, Vilma Blas, informó que el Ministerio Público presentará una revocatoria de las medidas sustitutivas del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores debido a que incumplió el arraigo nacional que tiene por protagonizar un accidente de tránsito con muerte.
"Como Ministerio Público, estamos presentando un memorial de revocatoria por el incumplimiento de las medidas (sustitutivas a la detención preventiva) del magistrado Ruddy Flores, toda vez que el mismo ha incumplido las condiciones que la jueza de Betanzos (Jacqueline Barrientos) impuso en su contra (en el tema) de arraigo”, dijo Blas.
La representante del Ministerio Público aseguró que tienen información de que el magistrado Flores salió del país la semana pasada acompañando al presidente del TCP, Zenón Hugo Bacarreza, a un evento que se realizó en Colombia.
Flores "ha salido (del país) por salas VIP y con pasaporte oficial”, remarcó la fiscal departamental de Potosí.
Entre tanto, en la audiencia de apelación de medidas sustitutivas, que se llevó adelante el martes, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Jorge Pérez y Cristina Montesinos, decidieron ratificar la resolución de la jueza Barrientos.
"Los vocales han confirmado la resolución de la jueza de Betanzos, donde han dispuesto que se procesa con las medidas sustitutivas, como ser la presentación periódica del magistrado en Betanzos, como también su arraigo nacional, pese a que como Ministerio Público hemos solicitado la revocatoria, pero no se nos dio curso”, apuntó.
"Como Ministerio Público, estamos presentando un memorial de revocatoria por el incumplimiento de las medidas (sustitutivas a la detención preventiva) del magistrado Ruddy Flores, toda vez que el mismo ha incumplido las condiciones que la jueza de Betanzos (Jacqueline Barrientos) impuso en su contra (en el tema) de arraigo”, dijo Blas.
La representante del Ministerio Público aseguró que tienen información de que el magistrado Flores salió del país la semana pasada acompañando al presidente del TCP, Zenón Hugo Bacarreza, a un evento que se realizó en Colombia.
Flores "ha salido (del país) por salas VIP y con pasaporte oficial”, remarcó la fiscal departamental de Potosí.
Entre tanto, en la audiencia de apelación de medidas sustitutivas, que se llevó adelante el martes, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Jorge Pérez y Cristina Montesinos, decidieron ratificar la resolución de la jueza Barrientos.
"Los vocales han confirmado la resolución de la jueza de Betanzos, donde han dispuesto que se procesa con las medidas sustitutivas, como ser la presentación periódica del magistrado en Betanzos, como también su arraigo nacional, pese a que como Ministerio Público hemos solicitado la revocatoria, pero no se nos dio curso”, apuntó.
¿Cardona tiene procesos? El Fiscal General dice “no” y luego “sí”
Ayer, en horas de la mañana, el fiscal general, Ramiro Guerrero, aseguró que el coronel Germán Cardona no tenía ningún proceso en el Ministerio Público. Horas después afirmó que el militar tiene siete procesos y que su salida del país se debe a una "estrategia distraccionista para quitar fuerza” al caso terrorismo.
En Sucre, Guerrero informó que Cardona no tenía ningún proceso en su contra. "No hay ningún proceso del Ministerio Público”, afirmó el Fiscal General, según reporte del informativo del mediodía de la red ERBOL. "Pero absolutamente desde el Ministerio Público no se tiene ningún proceso, absolutamente nada en este tema. Si hay alguna denuncia, él debería presentar donde corresponde. (Cardona) tiene que aclarar, quién le persigue, de qué le persiguen y por qué”, dijo.
En el informativo nocturno de la red ATB, el Fiscal General afirmó que Cardona tiene al menos siete procesos. "El informe que tenemos en la Fiscalía es que este señor Cardona tiene siete procesos pendientes, siete procesos en los que está denunciado en la mayoría de los casos por amenazas, por uso de instrumento falsificado, falsedad material y falsedad ideológica”. Guerrero también dijo que Cardona "es una persona que tiene procesos y cuentas pendientes con la justicia”.
Incluso afirmó que la salida del militar a España "es parte de una estrategia distraccionista, parte de una estrategia que tiene que ver para quitar esa fuerza con la que se está avanzado en el caso terrorismo I y terrorismo II”.
En Sucre, Guerrero informó que Cardona no tenía ningún proceso en su contra. "No hay ningún proceso del Ministerio Público”, afirmó el Fiscal General, según reporte del informativo del mediodía de la red ERBOL. "Pero absolutamente desde el Ministerio Público no se tiene ningún proceso, absolutamente nada en este tema. Si hay alguna denuncia, él debería presentar donde corresponde. (Cardona) tiene que aclarar, quién le persigue, de qué le persiguen y por qué”, dijo.
En el informativo nocturno de la red ATB, el Fiscal General afirmó que Cardona tiene al menos siete procesos. "El informe que tenemos en la Fiscalía es que este señor Cardona tiene siete procesos pendientes, siete procesos en los que está denunciado en la mayoría de los casos por amenazas, por uso de instrumento falsificado, falsedad material y falsedad ideológica”. Guerrero también dijo que Cardona "es una persona que tiene procesos y cuentas pendientes con la justicia”.
Incluso afirmó que la salida del militar a España "es parte de una estrategia distraccionista, parte de una estrategia que tiene que ver para quitar esa fuerza con la que se está avanzado en el caso terrorismo I y terrorismo II”.
Tuesday, April 21, 2015
Palacio de justicia Se roban expediente de juez denunciado
Las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia captaron el pasado 14 de abril a un individuo cuando del juzgado de Erwin Jiménez sustrae un expediente y lo esconde dentro de su camisa. En declaraciones a los medios, el magistrado confirmó la desaparición del expediente luego que un sujeto se apersonó a su juzgado para sacar supuestamente una copia. En el video se observa cómo ingresa con los documentos en mano a uno de los baños y luego sale con el folder escondido. Antes de ingresar al ascensor se puede apreciar totalmente nervioso.
Los documentos. De acuerdo a la autoridad judicial, el expediente es de una investigación iniciada contra el juez de Concepción de iniciales A.A. y un abogado J.B. por supuestos actos de corrupción.
El caso ya fue denunciado ante la unidad anticorrupción para tratar de identificar al responsable de la desaparición del expediente y su posterior aprehensión./E.D.
Los documentos. De acuerdo a la autoridad judicial, el expediente es de una investigación iniciada contra el juez de Concepción de iniciales A.A. y un abogado J.B. por supuestos actos de corrupción.
El caso ya fue denunciado ante la unidad anticorrupción para tratar de identificar al responsable de la desaparición del expediente y su posterior aprehensión./E.D.
Oruro En el Ministerio Público 20 fiscales atienden 7.900 causas activas
20 fiscales de materia del Ministerio Público de Oruro, 16 destinados en la ciudad, y cuatro en el área rural, atienden en la actualidad 7.900 causas activas, haciendo un promedio de 395 por cada fiscal, aunque esto no es lo real pues existen fiscales que tienen en su despacho hasta 768 casos.
La información la brindó el fiscal de distrito, Orlando Riveros quien añadió que este promedio se tuvo recientemente a través de un inventario realizado en cada despacho.
"Llegamos a la cifra preliminar de 7.900 causas activas, quiere decir que son causas que están en pleno proceso, no son causas archivadas ni nada por el estilo y tenemos 20 fiscales en todo el departamento, 16 en la ciudad y cuatro en las provincias, esta carga es bastante alta como pueden ver, entendemos que también es un fenómeno a nivel nacional y entendemos también que el Estado debería tomar nota de este tema", afirmó Riveros.
Destacó que lo adecuado en otros países es que cada fiscal de materia tenga a su cargo solo 40 casos, por recomendación, pero que estos casos deben ser de determinada complejidad descartando los casos sencillos.
"No solamente es ese tema sino que en las reformas judiciales debería verse la posibilidad de crear más filtros para que no todo lo que se denuncia ingrese al sistema penal, me refiero a que en la Policía y en la Fiscalía recibimos denuncias que no tienen entidad penal, por ejemplo nos denuncian por tentativa de asesinato el hecho de que un vecino le hizo ladrar con un perro bulldog a otro vecino, eso no tiene ninguna característica de ello, pero esos casos a veces inflaman la carga procesal", añadió.
Puso de ejemplo casos civiles que no ameritarían llegar a un despacho fiscal tal el caso de una estafa, en el caso de la no entrega de carne por motivos de un bloqueo que impidió la llagada de la misma, pero que por el afectado ya es considerado como estafa.
Afirmó que este detalle no se solucionaría con brindar mayor elemento humano o infraestructura sino ver el propio sistema de cómo está diseñado.
"Debería hacerse una discriminación de la complejidad de casos, no puede ser lo mismo que a alguien le hurten el celular, que un atraco de tres millones de bolivianos, me refiero al procedimiento porque finalmente si bien hay salidas alternativas, el procedimiento debería ser más estricto en estas situaciones, tratar de volver a esa justificación antigua que decía que había tres tipos de faltas, uno las faltas propiamente o contravenciones que no deberían ser de conocimiento nunca de una autoridad fiscal, los delitos y los crímenes, probablemente los delitos deberíamos pasarlos directamente a los jueces, delitos como estafa, estelionato; y los crímenes simplemente deberían ser los que conozca el Ministerio Público", sostuvo.
Monday, April 20, 2015
Guerrero posesiona a Olvis Eguez como fiscal de Pando
Olvis Eguez es el nuevo fiscal departamental de Pando y tiene la responsabilidad de transparentar y dar celeridad a los procesos judiciales, reencaminando la labor del Ministerio Público en esa región.
El fiscal destituido, Jorge Sánchez, fue blanco de críticas por no haber declarado procedente las denuncias de madres y padres de 12 adolescentes presuntamente víctimas de abusos sexuales por parte de Oscar Guerrero, director de una unidad educativa de Pando y hermano del Fiscal General. Los casos mencionados datan de 2013 y sin embargo el acusado no fue citado a declarar por lo que la Defensoría del Pueblo alertó de la posible intención de dejar en la impunidad estas denuncias.
El miércoles pasado el Fiscal General aseguró que no encubrirá a ninguno de sus familiares y que dejará actuar a la justicia de manera independiente.
Aparte de su hermano, un sobrino del Fiscal, Libert Inti Guerrero, es acusado de intento de extorsión. El Fiscal General ha señalado que las acusaciones tienen motivaciones políticas ya que él está conduciendo investigaciones y denuncias contra funcionarios del Ministerio Público.
Guerrero posesionó este lunes a Eguez en Cobija, de quien dijo "tiene la tarea principal de reencaminar si algún derecho se ha vulnerado, cumplir la ley, la Constitución, luchar por los sectores más vulnerables en nuestra sociedad, trabajar para defender la legalidad y defender la sociedad, no debe defender a una familia, a un grupo de poder o algunas personas".
Guerrero enfatizó que Eguez es un profesional de reconocida trayectoria, "que tiene la misión y la tarea de levantar la Fiscalía de Pando y devolver los derechos a las personas, dar certidumbre de que se está actuando en el marco de la ley", señaló según un comunicado de prensa del ministerio Público.
"La única servidumbre que no mancha es la servidumbre a la justicia, a la Constitución Política del Estado y a las leyes, y en ese marco siempre hemos desarrollado nuestras actividades", aseveró Guerrero.
Asimismo señalo a la prensa que la reposición de cargo "responde a una serie de cambios que se viene dando en el país, a partir de las evaluaciones permanentes (en estas instancias), son cambios necesarios, fundamentales y urgentes para ir mejorando la labor judicial", dijo.
Por su parte el nuevo Fiscal Departamental de Pando, Eguez, comprometió pleno servicio y un trabajo transparente en defensa de los derechos de la ciudadanía pandina.
Las nueva autoridad agradeció la confianza depositada en su persona y dijo "nuestro compromiso profundo para esta región y con la sociedad boliviana es en dos vertientes: la primera sin lugar a dudas es tratar de lograr una persecución penal publica ajustada a los principios de celeridad de justicia, de objetividad, y la segunda es lograr investigaciones dentro de lo que es el principio constitucional de justicia pronta y oportuna".
El fiscal destituido, Jorge Sánchez, fue blanco de críticas por no haber declarado procedente las denuncias de madres y padres de 12 adolescentes presuntamente víctimas de abusos sexuales por parte de Oscar Guerrero, director de una unidad educativa de Pando y hermano del Fiscal General. Los casos mencionados datan de 2013 y sin embargo el acusado no fue citado a declarar por lo que la Defensoría del Pueblo alertó de la posible intención de dejar en la impunidad estas denuncias.
El miércoles pasado el Fiscal General aseguró que no encubrirá a ninguno de sus familiares y que dejará actuar a la justicia de manera independiente.
Aparte de su hermano, un sobrino del Fiscal, Libert Inti Guerrero, es acusado de intento de extorsión. El Fiscal General ha señalado que las acusaciones tienen motivaciones políticas ya que él está conduciendo investigaciones y denuncias contra funcionarios del Ministerio Público.
Guerrero posesionó este lunes a Eguez en Cobija, de quien dijo "tiene la tarea principal de reencaminar si algún derecho se ha vulnerado, cumplir la ley, la Constitución, luchar por los sectores más vulnerables en nuestra sociedad, trabajar para defender la legalidad y defender la sociedad, no debe defender a una familia, a un grupo de poder o algunas personas".
Guerrero enfatizó que Eguez es un profesional de reconocida trayectoria, "que tiene la misión y la tarea de levantar la Fiscalía de Pando y devolver los derechos a las personas, dar certidumbre de que se está actuando en el marco de la ley", señaló según un comunicado de prensa del ministerio Público.
"La única servidumbre que no mancha es la servidumbre a la justicia, a la Constitución Política del Estado y a las leyes, y en ese marco siempre hemos desarrollado nuestras actividades", aseveró Guerrero.
Asimismo señalo a la prensa que la reposición de cargo "responde a una serie de cambios que se viene dando en el país, a partir de las evaluaciones permanentes (en estas instancias), son cambios necesarios, fundamentales y urgentes para ir mejorando la labor judicial", dijo.
Por su parte el nuevo Fiscal Departamental de Pando, Eguez, comprometió pleno servicio y un trabajo transparente en defensa de los derechos de la ciudadanía pandina.
Las nueva autoridad agradeció la confianza depositada en su persona y dijo "nuestro compromiso profundo para esta región y con la sociedad boliviana es en dos vertientes: la primera sin lugar a dudas es tratar de lograr una persecución penal publica ajustada a los principios de celeridad de justicia, de objetividad, y la segunda es lograr investigaciones dentro de lo que es el principio constitucional de justicia pronta y oportuna".
Cochabamba Unas 400 denuncias contra los jueces
Desde 2012 al 2014, el consejo de la Magistratura de Cochabanba atendió 400 denuncias contra jueces y vocales por incurrir en faltas disciplinarias y solo 200 tienen algún tipo de sentencia, informó Rubén Coca, juez del área.
La autoridad explicó que los acusados están presentando la apelación a las denuncias realizadas por ciudadanos. Asimismo, recordó que los juzgados disciplinarios tienen tuición para procesar en el área jurisdiccional y no administrativa.
"En muchos de los casos cuando son denunciados los jueces y vocales disciplinariamente se entrevé la comisión de delitos, lo que el juez hace es remitir los antecedentes ante esas instancias para que ellos paralelamente realicen las investigaciones para procesar penalmente", argumentó a la Red Pío XII de Erbol. La autoridad judicial no mencionó el tipo recurrente de delitos que cometen los servidores públicos.
La autoridad explicó que los acusados están presentando la apelación a las denuncias realizadas por ciudadanos. Asimismo, recordó que los juzgados disciplinarios tienen tuición para procesar en el área jurisdiccional y no administrativa.
"En muchos de los casos cuando son denunciados los jueces y vocales disciplinariamente se entrevé la comisión de delitos, lo que el juez hace es remitir los antecedentes ante esas instancias para que ellos paralelamente realicen las investigaciones para procesar penalmente", argumentó a la Red Pío XII de Erbol. La autoridad judicial no mencionó el tipo recurrente de delitos que cometen los servidores públicos.
Fiscalía atiende 24 mil casos año con solo 81 operadores
El número de casos no calza con la cantidad de fiscales que tiene el Ministerio Público en Cochabamba. Ochenta y un profesionales deben atender 24.116 casos solo en un año, puso el número el fiscal de Distrito, Freddy Torrico.
La autoridad bajó de esta manera el velo a una realidad que marca surco en la administración de justicia. Existe poco personal, los salarios no compensan el trabajo que se desarrolla y tampoco existen condiciones óptimas para el cumplimiento de las competencias exclusivas que tienen por ley los operadores de justicia.
“Trabajamos como estamos y con lo que tenemos”, afirmó Torrico a manera de certificar que a pesar de la existencia estructural de “incomodidades”, la Fiscalía está obligada a “cumplir su tarea y dejar resultados de gestión”.
RESULTADOS Con miles de casos por atender, los 81 operadores deben realizar esfuerzos en dos direcciones: “satisfacer la demanda de justicia de la población y bajo ningún motivo infringir la ley”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público de Cochabamba.
La corrupción en la que cayeron varios fiscales, por ejemplo, en La Paz y Santa Cruz, donde la Fiscalía General del Estado se vio obligada a intervenir para extirpar estructuralmente conductas ilícitas, en Cochabamba, por lo menos por ahora, no está a la vista.
“No se puede infringir la norma escudando una conducta en la falta de condiciones materiales”, apuntó Torrico.
La posición dejó establecida que la Fiscalía regional no tolera la infracción a la ley y está manejando, con bastante eficacia, múltiples mecanismos de “control y vigilancia” sobre quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia y dirigir las investigaciones.
Para Torrico, el trabajo de cada uno de sus dependientes habla por sí solo. “Trabajamos en función de resultados que esta esperando la ciudadanía, nada más”, enfatizó.
¿La corrupción de fiscales no llegó a Cochabamba?, preguntó entonces OPINIÓN para exigir precisiones a Torrico.
“Siempre hay reclamos, en el oficio que tenemos, no se admite empate”, respondió al indicar que en los dos escenarios que desarrollan su trabajo “el denunciado y la víctima o víctimas múltiples”, los afectos buscarán burlar la ley y/o forzar resultados.
MÁS FISCALES Para aliviar la pesada carga procesal a los dependientes que tiene, Torrico puso de manifiesto un deseo que tiene: contar con 10 fiscales más esta gestión para atender, de mejor manera, lo que tiene como procesos legales rezagados.
“Ojalá sea posible”, afirmó.
El anhelo que tiene, sin embargo, al parecer tendrá respaldo presidencial.
Durante la inauguración del moderno edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ayer, Torrico no solo conquistó la simpatía del jefe de Estado, Evo Morales, sino que el propio Presidente le echó guiños al jefe de los fiscales en Cochabamba, al punto que despertó cierto recelo en el fiscal general Ramiro Guerrero.
Si llegara a ser realidad la creación de nuevos ítems para la Fiscalía de Distrito, los 400 casos en promedio que maneja cada operador, podrían bajar y como efecto inmediato llegar a “descongestionar” el arduo trabajo que deben promover cada uno de los dependientes del Ministerio Público en Cochabamba.
EVALUACIÓN Para exigir algo es indispensable mostrar lo que uno puede hacer, esa es la consigna de Torrico.
Bajo este paradigma, asegura que la Fiscalía de Distrito está siendo evaluada constantemente por las instancias superiores a las que deben responder, una vez más con “gestión y resultados”.
“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cumplir con nuestra tarea encomendada”, afirmó.
En correspondencia “habrá atención”, indicó.
Apuntes.
Las Estaciones
Policiales Integrales (EPI) Sur y Norte serán reacondicionadas en las próximas semanas, informó el director de Seguridad Ciudadana, mayor Alejandro Basto.
Con este objetivo, lo que se está haciendo es coordinar los trabajos que serán implementados para que las estaciones “funcionen de manera óptima y puedan prestar un mejor servicio”, subrayó el jefe policial.
Reasignar funciones
En función de las decisiones que están en marcha, el fiscal de Distrito, Freddy Torrico, anunció ayer que reasignará también operadores a cada EPI para atender casos específicos de violencia doméstica. “Habrá que desempeñar nuevas funciones”, dijo.
Uno de cada tres hogares está expuesto a la inseguridad pública en Cochabamba
En Cochabamba, uno de cada tres hogares es víctima de delitos, mientras que de cuatro personas una se declara “insegura” en la capital, señala un diagnóstico que realizó la Comisión Quinta de Interculturalidad y Seguridad Integral.
La situación empeoró más en los últimos años. Así la Policía departamental recibe un promedio de 2.6 denuncias más que hace una década y los barrios, avenidas y calles de la capital son más “peligrosos que antes”, subraya el documento por el cual se justifica la urgencia de declarar un día a la seguridad ciudadana en la región.
CIUDAD PELIGROSA Cochabamba, después de Santa Cruz y El Alto de La Paz, tiene los mayores índices de inseguridad ciudadana en el Estado, afirma por su parte la encuesta que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.
VULNERABLES La delincuencia en Cochabamba, afecta con fuerza a los más pobres, según el Observatorio.
Casi un 90 por ciento de los delitos son cometidos contra hogares de estrato socioeconómico bajo.
Existen barrios enteros que virtualmente están tomados por bandas organizadas de micro tráfico de drogas, lo que refuerza un ciclo negativo de violencia, aislamiento y pobreza, señala a su vez el informe que evacuó la Comisión Quinta de la Asamblea Legislativa sobre los alcances que tiene la problemática de la inseguridad jurídica en el departamento.
Bolivia aprobó la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana bajo el principio de “para una vida segura”.
La autoridad bajó de esta manera el velo a una realidad que marca surco en la administración de justicia. Existe poco personal, los salarios no compensan el trabajo que se desarrolla y tampoco existen condiciones óptimas para el cumplimiento de las competencias exclusivas que tienen por ley los operadores de justicia.
“Trabajamos como estamos y con lo que tenemos”, afirmó Torrico a manera de certificar que a pesar de la existencia estructural de “incomodidades”, la Fiscalía está obligada a “cumplir su tarea y dejar resultados de gestión”.
RESULTADOS Con miles de casos por atender, los 81 operadores deben realizar esfuerzos en dos direcciones: “satisfacer la demanda de justicia de la población y bajo ningún motivo infringir la ley”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público de Cochabamba.
La corrupción en la que cayeron varios fiscales, por ejemplo, en La Paz y Santa Cruz, donde la Fiscalía General del Estado se vio obligada a intervenir para extirpar estructuralmente conductas ilícitas, en Cochabamba, por lo menos por ahora, no está a la vista.
“No se puede infringir la norma escudando una conducta en la falta de condiciones materiales”, apuntó Torrico.
La posición dejó establecida que la Fiscalía regional no tolera la infracción a la ley y está manejando, con bastante eficacia, múltiples mecanismos de “control y vigilancia” sobre quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia y dirigir las investigaciones.
Para Torrico, el trabajo de cada uno de sus dependientes habla por sí solo. “Trabajamos en función de resultados que esta esperando la ciudadanía, nada más”, enfatizó.
¿La corrupción de fiscales no llegó a Cochabamba?, preguntó entonces OPINIÓN para exigir precisiones a Torrico.
“Siempre hay reclamos, en el oficio que tenemos, no se admite empate”, respondió al indicar que en los dos escenarios que desarrollan su trabajo “el denunciado y la víctima o víctimas múltiples”, los afectos buscarán burlar la ley y/o forzar resultados.
MÁS FISCALES Para aliviar la pesada carga procesal a los dependientes que tiene, Torrico puso de manifiesto un deseo que tiene: contar con 10 fiscales más esta gestión para atender, de mejor manera, lo que tiene como procesos legales rezagados.
“Ojalá sea posible”, afirmó.
El anhelo que tiene, sin embargo, al parecer tendrá respaldo presidencial.
Durante la inauguración del moderno edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ayer, Torrico no solo conquistó la simpatía del jefe de Estado, Evo Morales, sino que el propio Presidente le echó guiños al jefe de los fiscales en Cochabamba, al punto que despertó cierto recelo en el fiscal general Ramiro Guerrero.
Si llegara a ser realidad la creación de nuevos ítems para la Fiscalía de Distrito, los 400 casos en promedio que maneja cada operador, podrían bajar y como efecto inmediato llegar a “descongestionar” el arduo trabajo que deben promover cada uno de los dependientes del Ministerio Público en Cochabamba.
EVALUACIÓN Para exigir algo es indispensable mostrar lo que uno puede hacer, esa es la consigna de Torrico.
Bajo este paradigma, asegura que la Fiscalía de Distrito está siendo evaluada constantemente por las instancias superiores a las que deben responder, una vez más con “gestión y resultados”.
“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cumplir con nuestra tarea encomendada”, afirmó.
En correspondencia “habrá atención”, indicó.
Apuntes.
Las Estaciones
Policiales Integrales (EPI) Sur y Norte serán reacondicionadas en las próximas semanas, informó el director de Seguridad Ciudadana, mayor Alejandro Basto.
Con este objetivo, lo que se está haciendo es coordinar los trabajos que serán implementados para que las estaciones “funcionen de manera óptima y puedan prestar un mejor servicio”, subrayó el jefe policial.
Reasignar funciones
En función de las decisiones que están en marcha, el fiscal de Distrito, Freddy Torrico, anunció ayer que reasignará también operadores a cada EPI para atender casos específicos de violencia doméstica. “Habrá que desempeñar nuevas funciones”, dijo.
Uno de cada tres hogares está expuesto a la inseguridad pública en Cochabamba
En Cochabamba, uno de cada tres hogares es víctima de delitos, mientras que de cuatro personas una se declara “insegura” en la capital, señala un diagnóstico que realizó la Comisión Quinta de Interculturalidad y Seguridad Integral.
La situación empeoró más en los últimos años. Así la Policía departamental recibe un promedio de 2.6 denuncias más que hace una década y los barrios, avenidas y calles de la capital son más “peligrosos que antes”, subraya el documento por el cual se justifica la urgencia de declarar un día a la seguridad ciudadana en la región.
CIUDAD PELIGROSA Cochabamba, después de Santa Cruz y El Alto de La Paz, tiene los mayores índices de inseguridad ciudadana en el Estado, afirma por su parte la encuesta que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.
VULNERABLES La delincuencia en Cochabamba, afecta con fuerza a los más pobres, según el Observatorio.
Casi un 90 por ciento de los delitos son cometidos contra hogares de estrato socioeconómico bajo.
Existen barrios enteros que virtualmente están tomados por bandas organizadas de micro tráfico de drogas, lo que refuerza un ciclo negativo de violencia, aislamiento y pobreza, señala a su vez el informe que evacuó la Comisión Quinta de la Asamblea Legislativa sobre los alcances que tiene la problemática de la inseguridad jurídica en el departamento.
Bolivia aprobó la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana bajo el principio de “para una vida segura”.
Fuentes es posesionado como presidente del Tribunal Agroambiental
En medio de cuestionamientos, el magistrado Lucio Fuentes fue posesionado este lunes como presidente del Tribunal Agroambiental (TA).
En una nueva sesión accidentada, en la que el decano de la entidad Ricardo Soto se negó a posesionar a Fuentes, asumió ese rol la magistrada Cinthia Armijo y procedió a la posesión de Fuentes, que el pasado viernes recibió el apoyo de cuatro miembros del TA durante una sala plena.
Armijo dijo que solamente procedieron a cumplir la Sentencia Constitucional emitida la pasada semana. No obstante, el magistrado Soto adelantó que se incurrió en usurpación de funciones, porque él es el único que puede proceder a la posesión del presidente. Asimismo, calificó de nulo e ilegal el accionar de los cuatro magistrados.
Por su parte, Bernardo Huarachi reiteró que por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la tutela para ser presidente legalmente reconocido y seguirá las acciones que correspondan para hacer respetar sus derechos.
Saturday, April 18, 2015
Academia de Ciencias Jurídicas se fortalece con nuevos integrantes
La Academia de Ciencias Jurídicas, fundada el 2013 se fortalece con 10 nuevos integrantes que ayer se incorporaron a dicha entidad, con el fin de aportar con en el análisis de temas jurídicos.
La canciller de la academia, Norka Rocha Orozco mencionó que este acto tiene mucha relevancia porque se incorporan nuevos académicos que fueron postulados, tras la elección que se hizo, para lo cual se analizó el currículo de dichos profesionales.
Indicó que para ser parte de la academia, deben ser propuestos por dos miembros fundadores y luego de analizar en sesión reservada el currículo de los postulantes estos son académicos electos y para su incorporación oficial deben exponer un tema de relevancia jurídica.
Indicó que después de la exposición que realizaron los académicos, entonces se llevó adelante esta sesión oficial de protocolo de incorporación de nuevos académicos.
Este proceso de inscripción de nuevos académicos se realizó desde enero y ayer se realizó la incorporación oficial.
Explicó que esta academia tiene como finalidad y objetivo principal encaminar al derecho como una verdadera ciencia, se realiza el análisis de temas jurídicos, aseveró que cada vez son mayores los aportes a la ciencia del derecho gracias a estos espacios de reflexión.
ACADÉMICOS INCORPORADOS
Los académicos incorporados son: Elizabeth Arce Camacho, Marco Chambi Mejía, Pedro Checa Díaz, Jorge Encinas Cladera, Oscar Encinas Montaño, Alejandro Guerra Rocha, Edgar Paco Pinaya, Reynaldo Sangüeza Ortuño, Iván Tapia Pinto y Farida Velasco Alcócer.
La canciller de la academia, Norka Rocha Orozco mencionó que este acto tiene mucha relevancia porque se incorporan nuevos académicos que fueron postulados, tras la elección que se hizo, para lo cual se analizó el currículo de dichos profesionales.
Indicó que para ser parte de la academia, deben ser propuestos por dos miembros fundadores y luego de analizar en sesión reservada el currículo de los postulantes estos son académicos electos y para su incorporación oficial deben exponer un tema de relevancia jurídica.
Indicó que después de la exposición que realizaron los académicos, entonces se llevó adelante esta sesión oficial de protocolo de incorporación de nuevos académicos.
Este proceso de inscripción de nuevos académicos se realizó desde enero y ayer se realizó la incorporación oficial.
Explicó que esta academia tiene como finalidad y objetivo principal encaminar al derecho como una verdadera ciencia, se realiza el análisis de temas jurídicos, aseveró que cada vez son mayores los aportes a la ciencia del derecho gracias a estos espacios de reflexión.
ACADÉMICOS INCORPORADOS
Los académicos incorporados son: Elizabeth Arce Camacho, Marco Chambi Mejía, Pedro Checa Díaz, Jorge Encinas Cladera, Oscar Encinas Montaño, Alejandro Guerra Rocha, Edgar Paco Pinaya, Reynaldo Sangüeza Ortuño, Iván Tapia Pinto y Farida Velasco Alcócer.
Friday, April 17, 2015
Oruro Inauguran consultorio jurídico para gente desprotegida
En presencia de autoridades nacionales como las diputadas Elsa Vásquez y Cecilia Condori, además de la recientemente elegida asambleísta departamental, Danitza Villarroel, el vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Pedro Feraudi y otras autoridades, ayer por la mañana se dio inicio al consultorio jurídico popular.
Esta institución que depende de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, funcionará bajo la dirección de la doctora Bolcha Guzmán quien estará a cargo de estudiantes en particular, que coadyuven en el apoyo jurídico, orientación y análisis de conflictos de personas que demuestren ser de escasos recursos.
"En una sesión de honor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se aprobó el inicio de las actividades del consultorio jurídico popular denominado "Vidal Villarroel Vega" que tiene su primera directora a la doctora Bolcha Guzmán y el personal respectivo con asistentes e infraestructura, el objetivo de este consultorio jurídico no solamente es hacer extensión desde el punto de vista académico y de las materias que se desarrollan en la Universidad, sino fundamentalmente desarrollar una actividad de atención a la ciudadanía que no cuente con recursos económicos", afirmó el decano de dicha facultad, Gonzalo Martínez.
Según añadió, las personas beneficiadas serán con preferencia las que no puedan cubrir los gastos que se realiza "para encontrar justicia", por lo que se las asesorará en diferentes áreas para patrocinar, fiscalizar, orientar y resolver consultas y encontrar respuesta a cualquier inquietud jurídica.
"Eso permitirá que dentro los marcos de la destreza que tengan los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y encontrar caminos de la experiencia en lo que significa atender procesos legales a partir de la orientación que tendrá la directora y otros docentes más que permitirán desarrollar sus actividades en el Tribunal de Justicia en este caso y con la atención de la gente más humilde y sentida", añadió.
El consultorio jurídico popular funcionará en el tercer piso del edificio de la Facultad de Derecho, ubicado en la avenida 6 de Agosto y Herrera.
Esta institución que depende de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, funcionará bajo la dirección de la doctora Bolcha Guzmán quien estará a cargo de estudiantes en particular, que coadyuven en el apoyo jurídico, orientación y análisis de conflictos de personas que demuestren ser de escasos recursos.
"En una sesión de honor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se aprobó el inicio de las actividades del consultorio jurídico popular denominado "Vidal Villarroel Vega" que tiene su primera directora a la doctora Bolcha Guzmán y el personal respectivo con asistentes e infraestructura, el objetivo de este consultorio jurídico no solamente es hacer extensión desde el punto de vista académico y de las materias que se desarrollan en la Universidad, sino fundamentalmente desarrollar una actividad de atención a la ciudadanía que no cuente con recursos económicos", afirmó el decano de dicha facultad, Gonzalo Martínez.
Según añadió, las personas beneficiadas serán con preferencia las que no puedan cubrir los gastos que se realiza "para encontrar justicia", por lo que se las asesorará en diferentes áreas para patrocinar, fiscalizar, orientar y resolver consultas y encontrar respuesta a cualquier inquietud jurídica.
"Eso permitirá que dentro los marcos de la destreza que tengan los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y encontrar caminos de la experiencia en lo que significa atender procesos legales a partir de la orientación que tendrá la directora y otros docentes más que permitirán desarrollar sus actividades en el Tribunal de Justicia en este caso y con la atención de la gente más humilde y sentida", añadió.
El consultorio jurídico popular funcionará en el tercer piso del edificio de la Facultad de Derecho, ubicado en la avenida 6 de Agosto y Herrera.
Narcotraficante Mauro Vásquez también es familiar de Ramiro Guerrero, el Fiscal General
El Sol de Pando
El conocido empresario de la ciudad de Cobija Mauro Vásquez Guerra, acusado judicialmente por crímenes de narcotráfico, asesinato, extorsiones, secuestro y prostitución infantil, es otro de los familiares del Fiscal General del Estado que tiene cuentas pendientes con la justicia y que estaría actualmente gozando de libertad pese a que un juez de Pando dispuso su reclusión cautelar en noviembre del año 2012, en aplicación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas.
Mauro Vásquez y el fiscal Ramiro Guerrero, ambos con familias asentadas en Pando, tienen un estrecho parentesco que corrillos en la ciudad de Cobija los vinculan como cuñados; aunque nadie se atreve a confirmar ni desmentir el persistente rumor.
En agosto del pasado año Sol de Pando solicitó a la entonces diputada Rebeca Delgado, en su calidad de legisladora, acceder al file personal de Guerrero Peñaranda, consultar archivos del Registro Civil o interrogar al Fiscal en persona para dilucidar la duda, toda vez que nuestra redacción no pudo acceder a esas fuentes oficiales. La diputada Delgado no dio curso a nuestro requerimiento.
Finalmente este medio tomó contacto con la senadora Carmen Eva Gonzales, quien —el pasado 8 de febrero— ya había denunciado públicamente los delitos sexuales del hermano de Guerrero y la frontal acción encubridora de la Fiscalía de Pando en ese específico caso.
Gonzales confirmó el vínculo familiar que existe entre Mauro Vásquez y Ramiro Guerrero; aunque puntualizó que la hermana de Vásquez no estaría casada precisamente con el Fiscal General, sino con otro de los hermanos de Guerrero, un profesional médico que según la Senadora presta servicios en la Universidad Amazónica de Pando.
“La hermana de Mauro es esposa del doctor Guerrero, médico que trabaja en la UAP, quien también es hermano del Fiscal General. Sin embargo este médico es buena gente, tiene una conducta intachable”, aclaró a Sol de Pando la parlamentaria opositora.
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como "prueba" de que Mauro Vásquez "no fugó de Chonchocoro". No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer la celda donde estaría recluido. | Foto MinGobierno
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como “prueba” de que Mauro Vásquez “no fugó de Chonchocoro”. No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer su celda. | Foto MinGobierno
¿Dónde está “Mauro”?
Independientemente del lazo familiar que vincula al Fiscal General del Estado con el ciudadano imputado por narcotráfico Mauro Vásquez, como cabeza principal del Ministerio Público tiene Ramiro Guerrero la obligación de aclarar ante el país dónde se encuentra actualmente aquel jefe de una banda de sicarios que participaron en la masacre de Porvenir, el 11 de septiembre del 2008, abriendo fuego contra indefensos campesinos que huían cruzando a nado el río Tahuamanu.
Después de cuatro años en los que reactivó sus actividades ilícitas tras salir de Chonchocoro en septiembre del 2008, Mauro Vásquez fue recapturado el 16 de noviembre del 2012 y recluido por órdenes de un juez de Pando en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Sin embargo son reiteradas las versiones, desde diversas fuentes, en sentido de que el jefe narco-sicario habría sido exonerado de cargos y goza de libertad desde hace dos años. Funcionarios de alto nivel del Viceministerio de Defensa Social que piden no identificarse han confirmando a Sol de Pando que Mauro Vásquez ya no se encuentra en Chonchocoro “desde hace buen tiempo”. Ratifica el dato una fuente confiable —pero no autorizada— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “La liberación de Mauro Vásquez fue una decisión política ejecutada por el Ministerio Público, nosotros como policías hemos cumplido con procesar todas las pruebas sobre los crímenes y delitos que este señor cometía en Pando en su afán de abrir una ruta del narcotráfico entre Perú y Brasil a través de Bolivia”, afirma nuestra fuente.
En marzo del 2013, Sol de Pando tomó conocimiento sobre la excarcelación de Mauro Vásquez Guerra. Inmediatamente este medio tomó contacto con los ministros de Gobierno y Comunicación, Carlos Romero y Amanda Dávila, requiriendo una aclaración oficial al respecto. No hubo respuesta. Ante el silencio gubernamental, el jueves 21 de marzo del 2013 la periodista Amalia Pando, desde Radio Erbol, hizo pública la anomalía exigiendo el pronunciamiento de alguna autoridad competente. Silencio otra vez. Sólo recién cuatro días después, y atravesando un fin de semana, el lunes 25 de marzo el viceministro de Gobierno Jorge Pérez convocó a una conferencia de prensa para “desmentir” la fuga de Vásquez Guerra. En medio de insultos intimidantes contra Amalia Pando y descalificaciones amedrentadoras contra el director de Sol de Pando, el viceministro Pérez exhibió una fotografía de Mauro Vásquez sosteniendo el ejemplar de un periódico de la fecha, en las puertas del penal de Chonchocoro, no dentro del recinto. No se lo presentó personalmente ante los periodistas como sucedió el día de su encarcelamiento, con los custodios respectivos, ni se permitió a Sol de Pando constatar que Vásquez se hallaba efectivamente dentro una celda.
Paradógicamente, fue el mismo Pérez quien presentó ante los periodistas a Mauro Vásquez en persona, tras su captura en noviembre del 2012, utilizando en la pantalla LED de su conferencia de prensa imágenes extraídas sin autorización de la edición digital de Sol de Pando.
En el mes de julio del pasado año 2014, Sol de Pando volvió a recibir la información de que Mauro Vásquez fue definitivamente liberado de pena y cargos. Esta vez la información provino de las más altas esferas del Viceministerio de Defensa Social y de la misma Felcn. Corresponde al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, esclarecer esta situación tan poco transparente.
Carta dirigida al Ministro de Gobierno
La Dirección de Sol de Pando ha dirigido en la fecha una carta pública al Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, pidiendo se aclare el vínculo familiar entre el ciudadano Vásquez y el fiscal Guerrero; además de una información oficial y definitiva sobre la situación legal de “Mauro”.
VER LA CARTA EN PDF
En dicha carta se pide nuevamente al Ministerio de Gobierno garantías plenas para el libre desempeño de nuestra labor informativa.
Mauro Vásquez fue encarcelado por primera vez en mayo del 2008, junto a su lugarteniente Hiroshi Agustín Nagashima, acusados ambos de planificar asesinatos y ajustes de cuentas que se producían diariamente en las calles de la ciudad de Cobija, además de organizar una red de prostitución infantil, cometer secuestros, extorsiones y robo de autos. En medio de esa ola delictiva, la banda de “Mauro” abrió una sangrienta ruta de tráfico de cocaína que ingresaba del Perú al Brasil utilizando como puente los municipios de Bolpebra y Cobija. Vásquez y Nagashima fueron liberados en septiembre del 2008, coincidiendo con la masacre de Porvenir.
Incoherencias del Fiscal General del Estado
“Fiscal General dice que no protegerá a sus parientes”, titulaba una nota firmada por el periodista cruceño Ruy D’alencar en El Deber, el 8 de febrero de este año, es decir dos meses atrás. Se trataba de una verdadera primicia: la senadora Carmen Eva Gonzales había denunciado que “un supuesto hermano de la máxima autoridad del Ministerio Público abusó de una menor de edad de una escuela de Pando y que era encubierto por su relación de parentesco”. El Deber dio el derecho a réplica al Fiscal General. “Así fuera un pariente mío, jamás vamos a utilizar esta institución para beneficiar, proteger o para encubrir a nadie… Yo no respondo por mis parientes, yo respondo por mis actos”, dijo entonces Guerrero.
El escándalo pandino se tornó efímero y fue eclipsado por el caso de la Fiscal del Distrito de La Paz, Patricia Santos, acusada de haber evadido el pago por 33 meses del alquiler de un costoso departamento que ocupaba junto a su familia, abusando de su cargo desvergonzadamente. Este tema había acaparado los titulares de la prensa nacional.
Resulta que Guerrero utilizó el caso de su colega Santos para darse ínfulas de moralizador, convirtió en un show mediático la “re-estructuraciòn” de la Fiscalía de La Paz, mientras la Fiscalía de Pando encubría sin tapujos a su hermano sátiro rechazando la imputación por “falta de pruebas” y archivando el caso.
Dos meses después, los padres de una de las 12 niñas acosadas sexualmente por el hermano del Fiscal General tuvieron que realizar el oneroso esfuerzo de llegar hasta La Paz para denunciar el prevaricato de la fiscal Patricia Romero, quien pasó de ser acusadora a defensora a ultranza de Oscar Guerrero, el docente con manifiestas tendencias pedófilas. El impacto que genera el programa Todo a Pulmón de Cadena A, conducido por el periodista John Arandia, reubicó el tema en la escena mediática y entonces apareció el Fiscal General declarando, el 15 de abril, exactamente lo mismo que hace dos meses: “No vamos a influir jamás en las investigaciones, así sean de parientes, de familiares, de cualquier persona involucrada, esa es la conducta ética y moral de este Fiscal General”.
“Guerrero afirma que no protegerá a sus familiares”, titula una crónica publicada este jueves 16 de abril por Página Siete. Lo mismo que tituló El Deber el 8 de febrero.
Si es evidente que el Fiscal General exige que sus subalternos en Pando actúen dentro el riguroso marco de la ley, sin encubrimiento alguno, su discurso tendría que traducirse, en los hechos, sancionando y destituyendo sin más trámite a la fiscal Romero que prevaricó en contra las 12 niñas víctimas del acoso sexual del influyente hermano.
Un sobrino extorsionando en nombre del tío Fiscal General
El 9 de abril surgió la noticia de que un sobrino del mismo Fiscal General, Limbert Inti Guerrero, fue capturado por agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) cometiendo un acto de extorsión in fraganti, con el dinero en la mano. El extorsionador, dice el informe policial, trató de intimidar a los policías manifestando textualmente: “ustedes no saben con quién se han metido”, e indicando que “su tío era el Fiscal General del Estado, doctor Guerrero”.
También en este caso el Fiscal General repitió su discurso de “no entorpecer” ninguna investigación que involucre a su parentela. Pero no se le ocurrió que debe comparecer y brindar una declaración informativa al haber sido aludido por su sobrino en un delito flagrante de extorsión. Un Fiscal probo lo convocaría a declarar.
El conocido empresario de la ciudad de Cobija Mauro Vásquez Guerra, acusado judicialmente por crímenes de narcotráfico, asesinato, extorsiones, secuestro y prostitución infantil, es otro de los familiares del Fiscal General del Estado que tiene cuentas pendientes con la justicia y que estaría actualmente gozando de libertad pese a que un juez de Pando dispuso su reclusión cautelar en noviembre del año 2012, en aplicación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas.
Mauro Vásquez y el fiscal Ramiro Guerrero, ambos con familias asentadas en Pando, tienen un estrecho parentesco que corrillos en la ciudad de Cobija los vinculan como cuñados; aunque nadie se atreve a confirmar ni desmentir el persistente rumor.
En agosto del pasado año Sol de Pando solicitó a la entonces diputada Rebeca Delgado, en su calidad de legisladora, acceder al file personal de Guerrero Peñaranda, consultar archivos del Registro Civil o interrogar al Fiscal en persona para dilucidar la duda, toda vez que nuestra redacción no pudo acceder a esas fuentes oficiales. La diputada Delgado no dio curso a nuestro requerimiento.
Finalmente este medio tomó contacto con la senadora Carmen Eva Gonzales, quien —el pasado 8 de febrero— ya había denunciado públicamente los delitos sexuales del hermano de Guerrero y la frontal acción encubridora de la Fiscalía de Pando en ese específico caso.
Gonzales confirmó el vínculo familiar que existe entre Mauro Vásquez y Ramiro Guerrero; aunque puntualizó que la hermana de Vásquez no estaría casada precisamente con el Fiscal General, sino con otro de los hermanos de Guerrero, un profesional médico que según la Senadora presta servicios en la Universidad Amazónica de Pando.
“La hermana de Mauro es esposa del doctor Guerrero, médico que trabaja en la UAP, quien también es hermano del Fiscal General. Sin embargo este médico es buena gente, tiene una conducta intachable”, aclaró a Sol de Pando la parlamentaria opositora.
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como "prueba" de que Mauro Vásquez "no fugó de Chonchocoro". No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer la celda donde estaría recluido. | Foto MinGobierno
La foto que presentó el viceministro Jorge Pérez, el 25 de marzo del 2013, como “prueba” de que Mauro Vásquez “no fugó de Chonchocoro”. No se lo mostró físicamente ante la prensa ni se permitió conocer su celda. | Foto MinGobierno
¿Dónde está “Mauro”?
Independientemente del lazo familiar que vincula al Fiscal General del Estado con el ciudadano imputado por narcotráfico Mauro Vásquez, como cabeza principal del Ministerio Público tiene Ramiro Guerrero la obligación de aclarar ante el país dónde se encuentra actualmente aquel jefe de una banda de sicarios que participaron en la masacre de Porvenir, el 11 de septiembre del 2008, abriendo fuego contra indefensos campesinos que huían cruzando a nado el río Tahuamanu.
Después de cuatro años en los que reactivó sus actividades ilícitas tras salir de Chonchocoro en septiembre del 2008, Mauro Vásquez fue recapturado el 16 de noviembre del 2012 y recluido por órdenes de un juez de Pando en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Sin embargo son reiteradas las versiones, desde diversas fuentes, en sentido de que el jefe narco-sicario habría sido exonerado de cargos y goza de libertad desde hace dos años. Funcionarios de alto nivel del Viceministerio de Defensa Social que piden no identificarse han confirmando a Sol de Pando que Mauro Vásquez ya no se encuentra en Chonchocoro “desde hace buen tiempo”. Ratifica el dato una fuente confiable —pero no autorizada— de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “La liberación de Mauro Vásquez fue una decisión política ejecutada por el Ministerio Público, nosotros como policías hemos cumplido con procesar todas las pruebas sobre los crímenes y delitos que este señor cometía en Pando en su afán de abrir una ruta del narcotráfico entre Perú y Brasil a través de Bolivia”, afirma nuestra fuente.
En marzo del 2013, Sol de Pando tomó conocimiento sobre la excarcelación de Mauro Vásquez Guerra. Inmediatamente este medio tomó contacto con los ministros de Gobierno y Comunicación, Carlos Romero y Amanda Dávila, requiriendo una aclaración oficial al respecto. No hubo respuesta. Ante el silencio gubernamental, el jueves 21 de marzo del 2013 la periodista Amalia Pando, desde Radio Erbol, hizo pública la anomalía exigiendo el pronunciamiento de alguna autoridad competente. Silencio otra vez. Sólo recién cuatro días después, y atravesando un fin de semana, el lunes 25 de marzo el viceministro de Gobierno Jorge Pérez convocó a una conferencia de prensa para “desmentir” la fuga de Vásquez Guerra. En medio de insultos intimidantes contra Amalia Pando y descalificaciones amedrentadoras contra el director de Sol de Pando, el viceministro Pérez exhibió una fotografía de Mauro Vásquez sosteniendo el ejemplar de un periódico de la fecha, en las puertas del penal de Chonchocoro, no dentro del recinto. No se lo presentó personalmente ante los periodistas como sucedió el día de su encarcelamiento, con los custodios respectivos, ni se permitió a Sol de Pando constatar que Vásquez se hallaba efectivamente dentro una celda.
Paradógicamente, fue el mismo Pérez quien presentó ante los periodistas a Mauro Vásquez en persona, tras su captura en noviembre del 2012, utilizando en la pantalla LED de su conferencia de prensa imágenes extraídas sin autorización de la edición digital de Sol de Pando.
En el mes de julio del pasado año 2014, Sol de Pando volvió a recibir la información de que Mauro Vásquez fue definitivamente liberado de pena y cargos. Esta vez la información provino de las más altas esferas del Viceministerio de Defensa Social y de la misma Felcn. Corresponde al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, esclarecer esta situación tan poco transparente.
Carta dirigida al Ministro de Gobierno
La Dirección de Sol de Pando ha dirigido en la fecha una carta pública al Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, pidiendo se aclare el vínculo familiar entre el ciudadano Vásquez y el fiscal Guerrero; además de una información oficial y definitiva sobre la situación legal de “Mauro”.
VER LA CARTA EN PDF
En dicha carta se pide nuevamente al Ministerio de Gobierno garantías plenas para el libre desempeño de nuestra labor informativa.
Mauro Vásquez fue encarcelado por primera vez en mayo del 2008, junto a su lugarteniente Hiroshi Agustín Nagashima, acusados ambos de planificar asesinatos y ajustes de cuentas que se producían diariamente en las calles de la ciudad de Cobija, además de organizar una red de prostitución infantil, cometer secuestros, extorsiones y robo de autos. En medio de esa ola delictiva, la banda de “Mauro” abrió una sangrienta ruta de tráfico de cocaína que ingresaba del Perú al Brasil utilizando como puente los municipios de Bolpebra y Cobija. Vásquez y Nagashima fueron liberados en septiembre del 2008, coincidiendo con la masacre de Porvenir.
Incoherencias del Fiscal General del Estado
“Fiscal General dice que no protegerá a sus parientes”, titulaba una nota firmada por el periodista cruceño Ruy D’alencar en El Deber, el 8 de febrero de este año, es decir dos meses atrás. Se trataba de una verdadera primicia: la senadora Carmen Eva Gonzales había denunciado que “un supuesto hermano de la máxima autoridad del Ministerio Público abusó de una menor de edad de una escuela de Pando y que era encubierto por su relación de parentesco”. El Deber dio el derecho a réplica al Fiscal General. “Así fuera un pariente mío, jamás vamos a utilizar esta institución para beneficiar, proteger o para encubrir a nadie… Yo no respondo por mis parientes, yo respondo por mis actos”, dijo entonces Guerrero.
El escándalo pandino se tornó efímero y fue eclipsado por el caso de la Fiscal del Distrito de La Paz, Patricia Santos, acusada de haber evadido el pago por 33 meses del alquiler de un costoso departamento que ocupaba junto a su familia, abusando de su cargo desvergonzadamente. Este tema había acaparado los titulares de la prensa nacional.
Resulta que Guerrero utilizó el caso de su colega Santos para darse ínfulas de moralizador, convirtió en un show mediático la “re-estructuraciòn” de la Fiscalía de La Paz, mientras la Fiscalía de Pando encubría sin tapujos a su hermano sátiro rechazando la imputación por “falta de pruebas” y archivando el caso.
Dos meses después, los padres de una de las 12 niñas acosadas sexualmente por el hermano del Fiscal General tuvieron que realizar el oneroso esfuerzo de llegar hasta La Paz para denunciar el prevaricato de la fiscal Patricia Romero, quien pasó de ser acusadora a defensora a ultranza de Oscar Guerrero, el docente con manifiestas tendencias pedófilas. El impacto que genera el programa Todo a Pulmón de Cadena A, conducido por el periodista John Arandia, reubicó el tema en la escena mediática y entonces apareció el Fiscal General declarando, el 15 de abril, exactamente lo mismo que hace dos meses: “No vamos a influir jamás en las investigaciones, así sean de parientes, de familiares, de cualquier persona involucrada, esa es la conducta ética y moral de este Fiscal General”.
“Guerrero afirma que no protegerá a sus familiares”, titula una crónica publicada este jueves 16 de abril por Página Siete. Lo mismo que tituló El Deber el 8 de febrero.
Si es evidente que el Fiscal General exige que sus subalternos en Pando actúen dentro el riguroso marco de la ley, sin encubrimiento alguno, su discurso tendría que traducirse, en los hechos, sancionando y destituyendo sin más trámite a la fiscal Romero que prevaricó en contra las 12 niñas víctimas del acoso sexual del influyente hermano.
Un sobrino extorsionando en nombre del tío Fiscal General
El 9 de abril surgió la noticia de que un sobrino del mismo Fiscal General, Limbert Inti Guerrero, fue capturado por agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) cometiendo un acto de extorsión in fraganti, con el dinero en la mano. El extorsionador, dice el informe policial, trató de intimidar a los policías manifestando textualmente: “ustedes no saben con quién se han metido”, e indicando que “su tío era el Fiscal General del Estado, doctor Guerrero”.
También en este caso el Fiscal General repitió su discurso de “no entorpecer” ninguna investigación que involucre a su parentela. Pero no se le ocurrió que debe comparecer y brindar una declaración informativa al haber sido aludido por su sobrino en un delito flagrante de extorsión. Un Fiscal probo lo convocaría a declarar.
Thursday, April 16, 2015
La Iglesia dice que la justicia está “sometida a intereses”
El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Óscar Aparicio, declaró ayer que la justicia está sometida a intereses, que no es equitativa y que está "fuertemente politizada”, en el inicio de la 99 Asamblea de Obispos.
"La desconfianza es profundamente anticristiana y la provocamos cuando nos mentimos, cuando nos perjudicamos con actos de corrupción y cuando no podemos confiar, ni siquiera, en el sistema judicial”, declaró el prelado.
Además, monseñor Aparicio manifestó la preocupación de la Iglesia Católica del país porque "las mismas autoridades lo están denunciando en diversas intervenciones en los últimos tiempos. La justicia boliviana no es equitativa y se encuentra fuertemente politizada y sometida a intereses que no son los del imperio de la misma ley”.
Explicó que los obispos de Bolivia ya analizaron este problema en 2011, cuando afirmaron que "en nuestro país está vigente el Estado de Derecho (…). Sin embargo, hay casos en que es evidente una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales, en los que no prima la búsqueda de establecer la verdad de los hechos, sino otros intereses, como el político o el económico”. Esta afirmación fue plasmada en la Carta Pastoral "Los católicos en la Bolivia de Hoy”.
Luego de cuatro años, el obispo Aparicio dijo que la situación "lejos de mejorar, empeora”.
"Todos los ciudadanos bolivianos, especialmente los más excluidos, que son los que lo sufren más, claman por una reforma en profundidad del sistema de justicia que colabore a la construcción de una Bolivia en equidad, progreso y confianza mutua. Llamo a los responsables de la actual situación a no retrasar más esta demanda y escuchar este clamor de nuestro pueblo”, precisó el presidente de la CEB.
En cuanto a temas eclesiales, el presidente de la Conferencia Episcopal afirmó que se reflexionará sobre los desafíos pastorales de la familia, el rol de las comunidades eclesiales de base, entre otros temas.
Hoy se dará a conocer la agenda oficial de la visita del Papa
El arzobispo de Cochabamba y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Óscar Aparicio, informó que hoy se dará a conocer la agenda oficial de la visita del papa Francisco a Bolivia en julio. Ello ocurrirá durante la 99 Asamblea de Obispos de Bolivia.
"El Papa ha tenido a bien aceptar la invitación en visitar nuestro país”, por lo que los obispos se encuentran preparando la visita y definiendo aspectos organizativos y de logística, según detalló la ANF.
Aparicio señaló que la 99 Asamblea de Obispos "pasará a la historia”, debido a que en la misma se preparará el arribo de Francisco, "una visita muy esperada por los miembros de la Iglesia”, dijo a radio Fides.
A través de los medios de comunicación, se conoció que el papa Francisco llegará el miércoles 8 de julio después de las 15:00 proveniente de Quito, Ecuador. Tras su arribo a El Alto permanecerá seis horas y celebrará una eucaristía. Luego se trasladará a la ciudad de Santa Cruz.
"La desconfianza es profundamente anticristiana y la provocamos cuando nos mentimos, cuando nos perjudicamos con actos de corrupción y cuando no podemos confiar, ni siquiera, en el sistema judicial”, declaró el prelado.
Además, monseñor Aparicio manifestó la preocupación de la Iglesia Católica del país porque "las mismas autoridades lo están denunciando en diversas intervenciones en los últimos tiempos. La justicia boliviana no es equitativa y se encuentra fuertemente politizada y sometida a intereses que no son los del imperio de la misma ley”.
Explicó que los obispos de Bolivia ya analizaron este problema en 2011, cuando afirmaron que "en nuestro país está vigente el Estado de Derecho (…). Sin embargo, hay casos en que es evidente una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales, en los que no prima la búsqueda de establecer la verdad de los hechos, sino otros intereses, como el político o el económico”. Esta afirmación fue plasmada en la Carta Pastoral "Los católicos en la Bolivia de Hoy”.
Luego de cuatro años, el obispo Aparicio dijo que la situación "lejos de mejorar, empeora”.
"Todos los ciudadanos bolivianos, especialmente los más excluidos, que son los que lo sufren más, claman por una reforma en profundidad del sistema de justicia que colabore a la construcción de una Bolivia en equidad, progreso y confianza mutua. Llamo a los responsables de la actual situación a no retrasar más esta demanda y escuchar este clamor de nuestro pueblo”, precisó el presidente de la CEB.
En cuanto a temas eclesiales, el presidente de la Conferencia Episcopal afirmó que se reflexionará sobre los desafíos pastorales de la familia, el rol de las comunidades eclesiales de base, entre otros temas.
Hoy se dará a conocer la agenda oficial de la visita del Papa
El arzobispo de Cochabamba y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Óscar Aparicio, informó que hoy se dará a conocer la agenda oficial de la visita del papa Francisco a Bolivia en julio. Ello ocurrirá durante la 99 Asamblea de Obispos de Bolivia.
"El Papa ha tenido a bien aceptar la invitación en visitar nuestro país”, por lo que los obispos se encuentran preparando la visita y definiendo aspectos organizativos y de logística, según detalló la ANF.
Aparicio señaló que la 99 Asamblea de Obispos "pasará a la historia”, debido a que en la misma se preparará el arribo de Francisco, "una visita muy esperada por los miembros de la Iglesia”, dijo a radio Fides.
A través de los medios de comunicación, se conoció que el papa Francisco llegará el miércoles 8 de julio después de las 15:00 proveniente de Quito, Ecuador. Tras su arribo a El Alto permanecerá seis horas y celebrará una eucaristía. Luego se trasladará a la ciudad de Santa Cruz.
Premiarán con postgrados a conciliadores eficientes
Las autoridades del Consejo de la Magistratura informaron ayer desde la ciudad de Santa Cruz que a manera de incentivo y para obtener un alto porcentaje de casos resueltos en los primeros meses de aplicación del nuevo sistema de conciliadores, esta institución oferta becas de postgrado en el exterior a las personas que conformen el novedoso grupo de impartidores de justicia.
Los pasos para la inscripción. El sistema judicial busca comenzar con pie derecho la nueva etapa de los conciliadores, que serán autoridades encargadas de resolver casos menores, terciando entre las partes para encontrar una solución que no sea a través de la vía legal y se espera que con esta medida la carga procesal disminuya. El Consejo de la Magistratura quiere motivar a estos profesionales, por ello les ofrece becas como premio al mejor desempeño.
Becas para los mejores desempeños. Álvaro Cuéllar que es director Nacional de Políticas de Gestión de la Magistratura, explicó ayer en el Palacio de Justicia que "los 10 jueces que alcancen el mayor número de causas y conciliaciones resueltas, serán beneficiados con becas y cursos internacionales a los que se ha accedido para fortalecer la formación de estos profesionales". Cuéllar señaló que los conciliadores no deben ser necesariamente abogados, pues contarán con el respaldo de un jurista como secretario. "Pueden ser profesores, psicólogos o trabajadores sociales, comunicadores, pero que tengan experiencia en la resolución de conflictos".
El papel de los conciliadores será fundamental porque su tarea estará destinada a la resolución de conflictos privados antes de optar por un proceso legal. Así se podrá reducir la cantidad de causas que lleguen a los estrados judiciales.
Decisiones con validez legal. Las determinaciones asumidas en los procesos de conciliación serán consideradas como causa juzgada. En caso de incumplimiento de los acuerdos, el caso puede ser puesto en conocimiento de un juez.
Santa Cruz con la mayor cantidad de conciliadores. La autoridad informó que en una primera etapa se incorporarán 157 conciliadores en todo el país, 96 en las capitales de departamento y 61 en las provincias. De estos, 27 se quedan en la capital cruceña y 14 van destinados a las provincias. Las nuevas autoridades y sus equipos de trabajo son cofinanciadas por la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (Cosude), y con fondos propios del órgano judicial, informó Cuéllar.
Los pasos para la inscripción. El sistema judicial busca comenzar con pie derecho la nueva etapa de los conciliadores, que serán autoridades encargadas de resolver casos menores, terciando entre las partes para encontrar una solución que no sea a través de la vía legal y se espera que con esta medida la carga procesal disminuya. El Consejo de la Magistratura quiere motivar a estos profesionales, por ello les ofrece becas como premio al mejor desempeño.
Becas para los mejores desempeños. Álvaro Cuéllar que es director Nacional de Políticas de Gestión de la Magistratura, explicó ayer en el Palacio de Justicia que "los 10 jueces que alcancen el mayor número de causas y conciliaciones resueltas, serán beneficiados con becas y cursos internacionales a los que se ha accedido para fortalecer la formación de estos profesionales". Cuéllar señaló que los conciliadores no deben ser necesariamente abogados, pues contarán con el respaldo de un jurista como secretario. "Pueden ser profesores, psicólogos o trabajadores sociales, comunicadores, pero que tengan experiencia en la resolución de conflictos".
El papel de los conciliadores será fundamental porque su tarea estará destinada a la resolución de conflictos privados antes de optar por un proceso legal. Así se podrá reducir la cantidad de causas que lleguen a los estrados judiciales.
Decisiones con validez legal. Las determinaciones asumidas en los procesos de conciliación serán consideradas como causa juzgada. En caso de incumplimiento de los acuerdos, el caso puede ser puesto en conocimiento de un juez.
Santa Cruz con la mayor cantidad de conciliadores. La autoridad informó que en una primera etapa se incorporarán 157 conciliadores en todo el país, 96 en las capitales de departamento y 61 en las provincias. De estos, 27 se quedan en la capital cruceña y 14 van destinados a las provincias. Las nuevas autoridades y sus equipos de trabajo son cofinanciadas por la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación (Cosude), y con fondos propios del órgano judicial, informó Cuéllar.
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