El nuevo Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en febrero, implementa innovaciones principales como la conciliación, la tecnificación y la oralidad de juicios, para acelerar la resolución de los procesos civiles. Con esos cambios, también se busca enfrentar la corrupción generada en la mora procesal y reducir la retardación de justicia.
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, hace una amplia explicación sobre los alcances de la nueva medida legal, las ventajas, los avances, además de los recursos económicos, infraestructura, capacitación de los operadores de justicia, socialización de la norma y acciones inmediatas para su plena ejecución después de las fiestas de carnaval.
A su vez el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Efraín Chambi, dijo que se ha trabajado de forma coordinada entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo para encarar una serie de acciones tendientes a la implementación del nuevo Código.
SIMPLIFICACIÓN Tanto Jiménez como Chambi consideran que las innovaciones principales del nuevo Código son la oralidad, la conciliación, la tecnologización de la justicia, reducción de papeleos burocráticos, reducir las audiencias hasta dos para un fallo, tendientes a acelerar los procesos, acabar con la mora procesal y evitar que en esa burocracia judicial se genere la corrupción.
Aunque la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, advirtió de un eventual fracaso de esta nueva medida legal por la ausencia de capacitación adecuada de los operadores de justicia, la deficiente infraestructura para los procesos orales y el reducido presupuesto económico para su implementación.
Sobre las observaciones de la opositora, el viceministro Jiménez reconoció que uno de los motivos por el que no ingresó anteriormente en vigencia y aplicación del Código Procesal Civil en dos oportunidades (agosto de 2014 y agosto de 2015) fue justamente por las observaciones de tipo estructural como falta de recursos, infraestructura y capacitación de los operadores de justicia, que fueron resueltas en esta última fase.
Recordó que en este último año con la Ley de Modificación de Vigencias Plenas se ha conformado una comisión mixta de varios representantes de tres órganos de poder.
La comisión compuesta por los ministerios de Justicia y Economía, los presidentes del Senado y de Diputados, los presidentes de las diferentes instancias del Órgano Judicial determinó una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo.
Dijo que de esas determinaciones se desarrolló una capacitación integral de los operadores de justicia, a través de diplomados en materia civil, en convenio con diferentes universidades.
Además se generó un modelo de gestión para que pueda entrar en vigencia la conciliación como una etapa procesal previa así como “intrajudicial”.
CLAVES La conciliación y la oralidad se constituyen en las claves del nuevo Código Procesal Civil, dependerá de la resolución de estas dos instancias para lograr la celeridad de las causas que se instauren en la vía civil.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y la jefa de bancada del opositor PDC y abogada, Norma Piérola, coincidieron que lo fundamental de esta nueva norma es la abreviación de procesos conducentes a reducir tiempo, costo, evitar acciones irregulares para conseguir una fallo de una determinada causa.
Piérola reconoció que uno de los principales beneficios que ofrece esta norma es que es rápida y de alguna manera busca bajar la retardación de justicia, porque se eliminan las excusas de parte de los jueces, tendrán la obligación de resolver en el acto. “Son fundamentales la conciliación y oralidad, en torno a estos elementos funciona todo el proceso civil”, agregó.
DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS Se redistribuyeron juzgados en el país de acuerdo a la necesidad por carga procesal y por capacidad de atención que tienen algunos distritos en Bolivia. Se determinó la creación de nuevos juzgados civiles y en material familiar.
Se definió la asignación de tres nuevas salas civiles, cada una en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que es el eje del país. El viceministro Jiménez argumentó la asignación de salas de forma inicial en el eje troncal por la alta carga procesal y porque ahora las instancias de los tribunales departamentales van a atender el grado de apelación de todas las posibles demandas civiles.
Apuntes
Aplicación
El ingreso en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil estaba inicialmente previsto para el 6 de agosto de 2015, sin embargo esta fecha fue diferida hasta el 6 de febrero 2016, para lograr una mejor capacitación del personal y ajustar el número y la distribución de juzgados y mejorar la infraestructura, para la atención de casos.
Documento
Es el tercer Código aprobado en Bolivia. El primero entró en vigencia en 1830, en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y el segundo en 1971, con Hugo Banzer.
Obligación
Con el nuevo Código, no se puede iniciar una demanda ordinaria si antes las partes no han intentado una conciliación previa, salvo algunas excepciones. Esta conciliación se la tiene que intentar ante un funcionario de apoyo judicial que se llama Conciliador.
Está prohibida la conciliación en casos que afecten al estado o temas de corrupción y narcotráfico.
Notificaciones por internet
Con la ejecución del nuevo Código Procesal Civil se aplicará la tecnología. Se aprobó un reglamento para las notificaciones vía internet.
“Ahora las notificaciones no solo van a ser en papel, sino que habrá la posibilidad de que voluntariamente quienes quieran ser notificados por un sistema informático se registren”, agregó.
Se pone en vigencia el SIRES que es un sistema informático de registro donde los usuarios podrán saber, a través del medio tecnológico, sea celular, correo electrónico, Whatsapp o una página Web, en qué situación está su proceso.
Además, dijo que cada litigante, abogado o interesado en el caso podrá abrir un buzón electrónico donde será notificado e informado sobre el curso del proceso.
“Este procedimiento permitirá mejorar los antiguos elementos que se tenían en un proceso”, agregó, al precisar que las nuevas medidas fueron aprobadas por la Comisión Mixta de diputados y operadores de justicia.
Casos pendientes serán adecuados a los procesos orales para agilizar su resolución
El viceministro de Justicia y de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, manifestó que muchos de los casos vigentes que están sustanciados en los juzgados en materia civil podrán adecuarse al sistema de la oralidad.
En cambio sí hay otros casos en etapa definitiva continuarán el proceso hasta su conclusión para evitar complicaciones a fin de evitar problemas legales.
Aunque precisó que las causas desde febrero lógicamente ingresarán con el nuevo sistema de oralidad que establece el Código Procesal Civil
Aclaró que no se incluirá la figura de un juez liquidador en ninguna nueva norma para acabar con los procesos pendientes.
“Todos los jueces continuarán conociendo sus causas civiles que están instauradas en sus despachos actualmente, pero cualquier proceso cuando pase a la siguiente etapa puede ingresar adecuándose al nuevo sistema procesal civil, es decir a la oralidad, pero va a depender del tipo de proceso que se esté encarando”, aseveró, aunque consideró que los jueces en algunos procesos pueden terminar con normalidad los juicios instaurados con el antiguo Código.
En tanto que la diputada opositora Norma Piérola observó la incertidumbre que deja la aplicación del nuevo Código en febrero sobre las causas vigentes que se consideran en los juzgados en material civil.
Lamentó que no se implementarán los jueces liquidadores de las causas antiguas que están siendo tratadas con el actual Código de Procedimiento Civil. “Espero que no se improvise en este caso y no se perjudique a la gente que tiene sus procesos pendientes, porque esto puede convertirse en una situación caótica”, agregó.
Recomendó asumir una decisión sobre las causas que están vigentes en este momento para que se las rechacen o extingan, pero tiene que pasar por un procedimiento liquidador que, a su juicio, será complejo y largo.
CONCILIADORES Jiménez manifestó que con los nuevos conciliadores se han alquilado nuevas infraestructuras y se dio un nuevo impulso a la construcción a la ciudadela judicial en Sucre que ya tiene el presupuesto asignado por el Gobierno central.
Los conciliadores son parte del juzgado, es decir dependen de un juez.
Recordó que el anterior proceso de selección de los 157 conciliadores ha tenido muchos cuestionamientos para su selección como irregularidades, favoritismos, no se valoraron méritos y otras denuncias.
Ante esa situación la comisión de los tres órganos de poder tomó en cuenta los 300 seleccionados inicialmente para hacer una nueva elección en base a méritos y exámenes transparentes.
Opositora cree que se perfila un fracaso
La ausencia de una capacitación adecuada de los conciliadores, bajo presupuesto, infraestructura deficiente y la poca socialización del nuevo Código Procesal Civil, anticipan un “fracaso” en la aplicación de esa norma, afirmó la jefa de bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.
“Cómo podemos asegurar que se pondrá en aplicación esta medida legal, cuando el Gobierno y el Órgano Judicial no hicieron nada durante este tiempo para capacitar a los jueces, conseguir adecuadas instalaciones para los juicios orales, no se sabe nada de los conciliadores y aún es tan pobre el presupuesto para justicia, todo esto perfila al fracaso de su implementación”, afirmó.
A decir de Piérola, primero se debe nombrar conciliadores, porque sin autorización de estas autoridades no se podrá aplicar ningún proceso.
Además preguntó que cómo se puede aplicar la justicia oral con la gente “improvisada” que está en la administración de justicia.
“Lamentablemente los jueces y abogados en su mayoría están acostumbrados al copiar y pegar. Reitero que primero tiene que haber una gran etapa de capacitación de los operadores de justicia y luego recién aplicarlo progresivamente”, aseveró.
CÓDIGO La diputada opositora considera que se deben modificar todos los códigos para poner en funcionamiento el Código Procesal Civil
Asimismo dijo que otro impedimento para una aplicación total de este nuevo Código es la baja asignación presupuestaria de menos de 1 por ciento del PGE.
“Si no se destina presupuesto adecuado para la capacitación de los operadores de justicia, infraestructura y otros elementos para aplicar el nuevo código Procesal Civil, de lo contrario será un fracaso”, aseveró la diputada del Partido Demócrata Cristiano.
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