Wednesday, January 6, 2016

Órgano Judicial paga alquiler a los parientes de un funcionario

Los familiares de un funcionario judicial alquilaron una de sus propiedades en la ciudad de El Alto para que allí funcionen juzgados. Pedro Poma Carrión, hermano del auditor de Gestión Financiera del Consejo de la Magistratura de La Paz, Víctor Poma Carrión, cobra un alquiler mensual de 10.962 bolivianos.

El contrato comenzó en julio del año pasado. El propósito era que en el primer piso del edificio ubicado en la calle 5 de Villa Bolívar A, de propiedad de Poma, trabajaran los conciliadores que debían iniciar sus funciones el 6 de agosto de 2015.

Sin embargo, este ambiente permaneció meses sin utilizarse debido a que la implementación del nuevo Código Civil y de Familia que habilita a los conciliadores fue suspendida para febrero de este año. No obstante el Órgano Judicial sigue pagando los alquileres.

En una visita que hizo Página Siete al inmueble se constató que donde debían trabajar los conciliadores actualmente funcionan tres juzgados: el Cuarto de Instrucción, el Quinto de Partido y el Sexto de Partido. Cerca de los cubículos divididos con mamparas de madera hay muebles amontonados.

El contrato de alquiler fue firmado por Pedro Poma, su esposa y la directora administrativa financiera (DAF) del Órgano Judicial en La Paz, Chela Salas Delgado. Este medio buscó a Salas ayer en la mañana. Después de enterarse del motivo de la visita dijo que se encontraba ocupada y que hoy brindaría una explicación de cómo fue el proceso de contratación de este inmueble.

Página Siete conversó con Víctor Poma, quien explicó que no conocía que su hermano hubiera alquilado un piso para juzgados y que se enteró ayer en una conversación telefónica con Salas.

"Ese asunto yo no sé. No conocía del contrato. Esta mañana me llamó Salas (cuando Página Siete intentaba hablar con ella) y me sorprendí de esto. El Consejo de la Magistratura no administra ni un solo peso, eso lo hace la DAF, que es otra instancia del Órgano Judicial”, dijo Poma.

Añadió que tampoco tiene conocimiento de cómo fue el proceso de contratación , que únicamente lleva a cabo la DAF.

"No puedo vertir una opinión. No debe haber ningún contrato firmado porque se suspendió lo de los conciliadores y recién tienen que entrar en vigencia desde febrero. Más bien (con esa suspensión) lo han perjudicado a mi hermano porque en El Alto no hay ambientes de esta clase que se puedan alquilar, es difícil de encontrar”, explicó.

Ley anticorrupción

Norma La Ley de Lucha contra la Corrupción N° 004 tipifica como delitos penales el uso indebido de influencias y las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Sanción El artículo 150 de la Ley 004 expresa que "La servidora o servidor público que por sí o por interpuesta persona obtuviere para sí o para un tercero un beneficio en cualquier contrato será sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años”.

Suma Teniendo en cuenta que el contrato del ambiente en El Alto comenzó en julio de 2015 por un canon mensual de 10.962 bolivianos, a la fecha la Dirección Administrativa Financiera desembolsó 65.772 bolivianos en alquileres.

No comments:

Post a Comment