Monday, February 29, 2016

Abogado pide al Gobierno solicitar información a la juez sobre el hijo de Evo

El abogado defensor de Gabriela Zapata, Walter Zuleta, sugirió ayer a la ministra de Transparencia Leny Valdivia, acudir al Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, para pedir se levante la reserva judicial y recabe información sobre el hijo del presidente Evo Morales

Zuleta respondió así cuando fue consultado por la prensa sobre la conminatoria de la ministra Valdivia a la familia Zapata Montaño, para que en el plazo de 24 horas presente vivo ante cualquier juzgado del menor del país, al hijo del presidente Evo Morales

“No hemos conocido nada oficialmente, no se a quién le habría pedido. Los pedidos no hacen públicamente, Gabriela Zapata ha mantenido una reserva sobre este tema, (ahora) que uno de los familiares haya vertido alguna opinión, es susceptible a que ella presente la prueba, no mi cliente. Pero evidentemente, si requieren alguna constatación pueden recurrir al juzgado, la propia ministra y pedir se levante la reserva”, afirmó

El abogado precisó que solicitaron reserva “justamente por este tema que no es el tema del proceso mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí creemos que puede ser en el curso de la investigación este caso puede demostrar que las presiones que está recibiendo nuestra cliente, parten de esa situación”, comentó

Dijo que entregaron “documentación de niños que dependen de ella, facturas de colegio, de la necesidad que la madre esté con ellos y no han valorado nada de esto. Nos llama la atención porque cualquier jurisprudencia que puedan recabar, se va a encontrar que la calidad e madre y responsable del hogar, tiene que validar un tratamiento especial”.

Jueza antiviolencia atiende 1.800 casos contra el tiempo

En Cochabamba, considerado en las estadísticas como el departamento más violento con las mujeres en Bolivia, hay un solo Juzgado de Violencia. La jueza que está al frente de esta oficina se llama Sara Susana Céspedes, tiene una especialidad en Violencia Familiar y comenzó a trabajar allí desde el 8 de septiembre de 2014.

En 16 meses de labor, la jueza se hizo cargo de 1.800 casos, entre los heredados de 2014, los nuevos de 2015 y los del primer mes de enero de 2016. Empero, la jueza no se dedica solamente a los procesos de violencia. Por alguna razón que las autoridades judiciales y del Gobierno no han logrado explicar, ella también debe encargarse de los procesos abiertos por denuncias de corrupción.

Estos últimos superan los 300 casos, con lo que una simple suma confirma que la autoridad administra un total 2.100 procesos. OPINIÓN solicitó una entrevista la jueza, vía la Oficina de Comunicación del Tribunal de Justicia y ésta accedió a atendernos pero solo 15 minutos, en lo que salía de una audiencia y se preparaba para entrar a otra, sin descanso.

P. Cuántos procesos de violencia se ventilan en su juzgado, cuántos de corrupción y cuántas horas trabaja al día?

R. Cuando llegué a este Juzgado, el 8 de septiembre de 2014, ya habían unos 700 casos que los jueces de otras especialidades recibieron y me “heredaron”. En 2015 ingresaron 1.028 nuevos procesos y hasta enero de 2016 hay otros 55 procesos. En el área de corrupción tengo unas 300 causas en proceso. Normalmente comienzo a trabajar a las 8:30 de la mañana y debía irme a las 6 de la tarde, pero me quedo trabajando hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, porque no podemos llevarnos los expedientes a la casa. También vengo a trabajar los sábados y los días feriados.

P. ¿Cómo lleva adelante su vida familiar con ese ritmo de trabajo?

R. No soy casada, pero tengo un hijo y a mis papás que me ayudan con él. Sí, estoy descuidando un poco a mi familia porque solo puedo compartir con ellos los domingos.

P. ¿Tiene ayuda de algún personal? ¿Le abastece este personal y las horas extras que trabaja para cumplir plazos procesales?

R. Trabajo con el personal normal: secretaria, auxiliar y generador. Como personal de apoyo tengo dos pasantes. Pese a su ayuda y a las horas extras de trabajo, estoy retrasada con los procesos de Anticorrupción que son muy complejos, pues además tengo los casos heredados de otros cautelares e incidentes pendientes.

P. ¿Entonces se precisan más jueces de su especialidad? ¿Los ha solicitado?

R. En el día me piden una y otra cosa y la verdad no he tenido tiempo para hacer cartas y solicitar más juzgados. He estado lidiando con el trabajo y con la forma de optimizar los recursos que tengo. Nos hemos organizado mejor este 2016, los jueces de la EPI Norte y EPI Sur que me están apoyando con algunos casos de violencia familiar en ese sector, pero esos jueces atienden todo en las EPI, no solo violencia. Fiscales y jueces queremos dar celeridad a los casos de violencia para tener resultados prontos. Estamos tratando de buscar salidas alternativas como los procedimientos abreviados, que nos permitan sancionar y sentenciar a quienes se compruebe que son agresores. Que seamos más eficientes. Pero la cantidad de procesos es muy grande.

P. Ya fue presentado el Protocolo y la Ruta Crítica de atención de casos de violencia. ¿Ya le llegó para ponerlo en práctica?

R. Tengo entendido que ese Protocolo aún lo tiene el Ministerio Público, pero no nos lo han hecho conocer en reuniones interinstitucionales. Formalmente no ha llegado acá.

P. Hasta el momento, ¿qué es lo que más le ha impactado de los casos de violencia?

R. Los feminicidios. Tengo 10 de los 27 casos reportados acá y son desgarradores por la terrible violencia ejercida contra las mujeres, los niños. Y me impactan las secuelas en las familias. Los hijos son los más afectados y es que la gente no entiende que la violencia no solo daña a las víctimas mortales sino también a los hijos y a su entorno. Nos ha tocado ordenar el desalojo de los agresores de la casa para precautelar la seguridad de las mujeres y es difícil porque se disgregan familias.

“No piden asistencia familiar”

La Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, prevé que los jueces con esa especialidad fijen la asistencia familiar en favor de las víctimas de maltrato con la finalidad de que no abandonen los procesos por falta de dinero para mantener a sus hijos. Consultada sobre si esta medida se cumple, la jueza Susana Céspedes, reveló que hasta la fecha no le han solicitado ese derecho en las audiencias.

Explicó que en un proceso común de asistencia familiar el imputado se defiende demostrando su ingreso mensual mediante pruebas y es una etapa que el juez instructor debe conocer. Pero, en los casos de personas víctimas, la Jueza Antiviolencia puede fijar la asistencia familiar en la misma audiencia de medidas cautelares del agresor. “El único requisito es que la Fiscalía debe solicitar que se fije esta asistencia familiar en favor de la denunciante, como una medida de protección. Yo homologo estas medidas pero hasta la fecha ni fiscales ni víctimas han solicitado la asistencia”.

Una audiencia debía fijarse en 5 días pero tarda un mes

Es humanamente imposible para una sola jueza de Violencia, que además debe administrar procesos de corrupción, cumplir con los plazos establecidos por la Ley 348. La norma establece que tras una denuncia de violencia, la audiencia debía ser fijada en un plazo de cinco días, pero a veces demora hasta un mes.

“Al día llevo adelante al menos seis audiencias, pero entran para proceso hasta 10. Y a veces tienen que esperar hasta un mes porque se acumulan, el día no abastece, no puedo efectuar todas las audiencias, hay algunas más largas que otras”, explica Céspedes.

Los procesos de Anticorrupción le consumen mucho tiempo. Los días jueves los destina a resolver todos los incidentes planteados en esa materia y también debe atender memoriales y otros.

La mayoría de víctimas pide la libertad de sus agresores

Muchas víctimas de violencia terminaron pidiéndole a la jueza Susana Céspedes la liberación de sus agresores, presionadas desde varios flancos: sus hijos, la familia y entorno del maltratador, pero ante todo, por la imposibilidad de mantener solas a sus niños y pagar deudas en el banco.

“Yo les advierto que sí pueden volver a denunciar, porque la violencia es un ciclo, no termina con una golpiza, pero no puedo hacer más”, lamentó Susana Céspedes.

Ya la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, coincidió en que es urgente aumentar más juzgados antiviolencia y adelantó que presentó la solicitud al Consejo de la Magistratura, pero hasta la fecha no se ha atendido la petición.

Sunday, February 28, 2016

Justicia dicta detención preventiva en Palmasola para dos falsificadores de facturas

El Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal determinó la detención preventiva, en la cárcel de Palmasola, de los ciudadanos Julio César B. y Pablo S., acusados de pertenecer a una red que comercializaba facturas clonadas y falsificadas en Santa Cruz, informó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Según un boletín del SIN, ambos detenidos son acusados por los delitos de falsedad material e ideológica.
La determinación se registró después de que el SIN se adhiriera a una denuncia presentada por una contribuyente a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz, contra de una red de falsificadores y comercializadores de facturas, que fue encontrada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en posesión de 20.000 facturas clonadas y falsificadas de diferentes empresas, que también fueron comercializadas.
En los próximos días se iniciará la etapa preparatoria del juicio y se efectuará la presentación de pruebas de los delitos cometidos, informó el SIN.

Víctimas de la Injusticia piden destitución de todos los jueces

“Masacre blanca, que se vayan todos”, gritaban miembros de la Asociación Nacional de las Víctimas de la Injusticia en puertas del Tribunal Departamental de Justicia, donde ayer se reunió la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amebol).

Cerca de 30 representantes de la mencionada asociación llegaron de todo el país a Cochabamba para hacer conocer su acuerdo con el Consejo de la Magistratura, que entregó a los jueces títulos con los cargos que tienen el denominativo de “transitorio”.

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma, indicó que presentarán un proyecto de ley de excepción el 8 de marzo, en el que se hará el pedido de declarar acéfalos todos los cargos y que se elijan nuevos jueces.

“Todos son unos corruptos, no tienen compasión de los litigantes. Mientras no haya control social, no habrá cambios en la justicia”, dijo Mitma.

Los miembros de la Asociación recolectaron también firmas de la gente con el pedido de que los cargos se declaren acéfalos.

Anunciaron que el 8 de marzo marcharán en La Paz más de mil personas para hacer conocer la demanda.

ELABORAN ACCIÓN CONSTITUCIONAL El presidente de Amebol, Wilfredo Núñez, dijo que rechazan el denominativo de “transitorios” y ayer acordaron iniciar una acción constitucional en este sentido.

Recordó que ya existen acciones del Tribunal Constitucional que instruyen al Consejo de la Magistratura a que revise previamente el escalafón de los jueces y que no puede haber una convocatoria, sin antes un proceso de evaluación.

“No hay escalafón actualizado y no se nos puede decir que somos transitorios”, agregó.

Indicó que la acción constitucional tendría que dejar sin validez los títulos emitidos por el Consejo de la Magistratura.

CARTAS El rechazo a la determinación de parte de los jueces fue radical en algunos departamentos, manifestó Núñez.

Los jueces de Pando y Beni, por ejemplo, decidieron no recepcionar los títulos y devolverlos.

Algunos departamentos como Cochabamba y Chuquisaca enviaron cartas al Consejo de la Magistratura para recibir una explicación de la designación. Éstas debían ser devueltas en el plazo de cinco días, pero ningún departamento tuvo respuesta hasta ayer.

Es por este motivo que los jueces asumirán la acción constitucional.

“Es un atentado a nuestras fuentes de trabajo, que no podemos permitir”, finalizó el jurista.

Jueces “transitorios” piden ser evaluados antes de perder cargos

Los 173 jueces de Cochabamba que recibieron títulos con el denominativo de “transitorios” piden ser evaluados antes de que sus cargos sean puestos a disposición por el Consejo de la Magistratura.

Los nuevos títulos que recibieron el 10 de febrero llevan la designación de jueces “transitorios” situación que alertó al sector porque se trataría de nombramientos temporales. Incluso en Santa Cruz, los magistrados declararon emergencia advirtiendo de una posible “masacre blanca”.

En respuesta, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Marcos Tordoya consideró que el país debe ingresar en proceso de institucionalización de los cargos de los jueces.



COCHABAMBA La representante de la Asociación de Magistrados de Cochabamba (Ameco), Martha Saavedra, explicó que días antes del 10 de febrero, fecha en que recibieron los títulos de jueces públicos, obtuvieron memorandos en los que se les ratificó sueldos y cargos, aunque estos cargos llegaron con otro nombre. Los jueces de instrucción de familia y de partido de familia pasaron a ser, ahora, jueces públicos y se les entregó un título que en la parte superior figura la palabra “transitorio”.

En Cochabamba, los jueces rechazaron esta denominación en el nombramiento y enviaron una carta al Consejo de la Magistratura expresando su posición y pidiendo una explicación.



EVALUACIÓN Saavedra señaló que ninguno de los jueces que está en función en Cochabamba, actualmente, fue evaluado en su desempeño laboral y que no podría ser cesado en sus funciones, si no hay este procedimiento previo.

“Hay jueces que están hasta 20 años trabajando, pero nunca les han dicho si están haciendo mal o bien su trabajo. Si es necesario estamos dispuestos también a dar un examen”

Recordó que los jueces no pueden ser destituidos si no es por la vía disciplinaria u ordinaria.

Los jueces no solamente de Cochabamba, sino de todo el país se prepararon para la implementación de la Ley del Órgano Judicial 025 y los nuevos códigos.

Según Saavedra los jueces civiles y los de familia, que ahora se denominan públicos, han ido implantando el nuevo Código de Familia desde hace un año y los jueces en Materia Civil se han preparado desde hace cuatro meses con un diplomado que la Corte Suprema de Justicia les impartió. No imaginaban que iban a ser llamados “transitorios”.



MAGISTRATURA El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, mencionó que los jueces no deben interpretar este denominativo como un atentado a su fuente laboral.

“No es un despido indirecto como algunos jueces lo están tomando, no se debe malinterpretar, pero respecto a lo que sucederá es una decisión estrictamente del Consejo de la Magistratura de Bolivia”.

Indicó que la justicia está atravesando una etapa de transitoriedad para establecer la nueva estructura del órgano judicial y que por ese motivo se los denominó de esa forma.

Para Rocha, el tema es muy delicado porque se debe definir el nuevo perfil del juez y qué se quiere del mismo, por lo que no está descartado que sean sometidos a un examen.

Adelantó que el tema estará sujeto a un amplio debate entre las partes involucradas, pero cuando el Consejo de la Magistratura de Bolivia lo convoque.
Hay un recurso revocatorio

La representante de la Asociación de Magistrados de Cochabamba (Ameco), Martha Saavedra, recordó que hay un recurso de revocatoria respecto a la denominación de transitoriedad que fue emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el 17 de agosto del pasado 2015.

El caso fue interpuesto por juezas de la Niñez de Santa Cruz que fueron las primeras en ser denominadas transitorias y sus cargos fueron convocados.

“Entonces el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo que no se podía hacer la convocatoria sin que estas autoridades fueran evaluadas”, mencionó.

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Zenón Hugo Vaca Reza, dijo que hay otros recursos de este tipo interpuestos y que serán lo más antes resueltos para que no haya una incertidumbre para los jueces
Magistrado: Debe haber

institucionalidad

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fidel Marcos Tordoya indicó que es necesario entrar en un proceso de institucionalización de los cargos de los jueces.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado los únicos cargos titulares, que además son elegidos por voto directo, son los del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

Indicó que con la Escuela de Jueces, el país contará con 200 juristas más, que a su parecer se deben sumar a los 1.000 que hay y que aún así no abastecen con la carga procesal.

“En coordinación con el Consejo de la Magistratura de Bolivia tenemos que ver la implementación de 500 jueces más en el país, pero habrá que coordinar cuál será el procedimiento, la transitoriedad era algo que ya se sabía”.
Los jueces

entran por

convocatoria

Los jueces que trabajan en Cochabamba y todo el país ingresaron a sus cargos por una convocatoria pública.

A través de este procedimiento, lo que se hace es evaluar los méritos de los juristas para que los mismos puedan acceder al cargo, si cumplen con los requisitos.

Su designación no se hace mediante un memorando, sino por medio de una resolución, manifestó la representante de la Asociación de Magistrados de Cochabamba (Ameco), Martha Saavedra.

La jueza sugirió que para la evaluación se considere el número de sentencias que se emiten y cuántas de estas fueron revocadas.

Este podría ser un parámetro para determinar el buen o mal desempeño de las autoridades judiciales, agregó.

TCP alista legalidad de 40 cartas orgánicas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitirá las declaratorias de legalidad de alrededor de 40 cartas orgánicas municipales hasta abril de este año.
“Nosotros estimamos que antes de la Cumbre Judicial, que se realizará a mediados de abril, vamos a presentar unas 30 o 40 cartas orgánicas”, dijo el viernes el presidente del TCP, Zenón Bacarreza, en Cochabamba, en el marco de la rendición pública de cuentas de la gestión 2015.
Bacarreza mencionó que hasta el año pasado el TCP emitió 161 declaraciones de constitucionalidad sobre el tema de cartas orgánicas municipales.
Refirió que esa cantidad posibilitó que 15 documentos autonómicos ediles sean sometidos a un referendo para su aprobación por la ciudadanía. “Sin consulta de referendo tenemos 146 declaraciones”, aseguró.
Bacarreza informó que el TCP tiene todavía 50 cartas orgánicas municipales que están en fase de admisión o en proceso de revisión.
“Están al presente en los despachos un total de 37 y en la comisión de admisión un total de 13 causas para revisar con controles previos de constitucionalidad”, complementó.
El TCP entregó las declaraciones de constitucionalidad para los estatutos autonómicos de casi todos los departamentos. “En estos momentos, la sala que corresponde está viendo el estatuto autonómico departamental de Santa Cruz”, dijo.

Amautas debaten sobre Justicia

Los concejos de Amautas de Justicia de la región andina se reunieron ayer en la Facultad de Derecho, para debatir la temática de la Justicia a nivel nacional, informó la representante de Omasuyos, Beatriz Bautista.

Los representantes de la provincia Los Andes, Omasuyos, Loayza, además de algunas comunidades de los departamentos de Sucre y Cochabamba, se reunieron ayer y debatieron.

El objetivo fue analizar la justicia originaria campesina en el marco del pluralismo jurídico y la Constitución Política del Estado. “Estamos debatiendo para ver si reconocer las normas indígenas en la justicia ordinaria, además de ver si las normas se aplican de forma elocuente en los casos indígenas”, concluyó.

Fiscalía realizó la imputación formal contra Gabriela Zapata

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció ayer que se presentó la imputación formal contra la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.

Además, confirmó que dos exfuncionarios del Ministerio de la Presidencia también fueron imputados y que ayer se emitió las órdenes de aprehensión, solicitándose, además, al juez de la causa la realización de las medidas cautelares para los tres implicados.

Según los datos que maneja la Fiscalía, ambos servidores públicos habrían colaborado en las gestiones que realizaba Zapata Montaño para ofrecer servicios de la empresa CAMC a empresas e instituciones públicas.

“Recibimos una querella del Ministerio de Transparencia contra Gabriela Zapata y dos exfuncionarios del Ministerio de la Presidencia, en conocimiento, luego de hacer la valoración en estricto apego a los plazos establecidos, se ha presentado la imputación formal”, dijo Guerrero.

IMPUTACIÓN FORMAL

La imputación formal se emitió ayer a horas 11.30 de la mañana por tres delitos: “legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad”

Los exfuncionarios del Ministerio de la Presidencia también fueron imputados, contra quienes se expidió órdenes de aprehensión, y se solicitó al juez de la causa la realización de las medidas cautelares para los tres implicados, debido a que existe riesgo de fuga.

“Hay elementos que ella (Zapata) es la autora de estos hechos”, informó Guerrero.

El Fiscal General aseguró que se realizó una investigación y sumario interno del Ministerio de la Presidencia. “Los implicados tenían grado de director y administrativo”, precisó.

MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS

Además, informó que existen movimientos sospechosos de sumas fuertes de dinero que se depositan en estas cuentas bancarias, son esos tipos penales que encuadran en ese tipo de actividades. “Estamos hablando de miles de dólares, hay depósitos de 30, 50, 100 mil dólares, hemos hecho nuevos requerimientos a la ASFI y entidades financieras”, enfatizó.

AUDIENCIA

El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz programó para hoy la audiencia de medidas cautelares, que definirá la situación procesal de la expareja del Primer Mandatario.

El caso fue atendido por la jueza Margot Pérez, quien fijó audiencia para horas 11.00 de la mañana en el salón Rosado del Tribunal de Justicia de La Paz.

TRASLADO

Zapata fue trasladada ayer de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta las oficinas del fiscal Edwin Blanco, en una camioneta. Ingresó a las 10.54 de la mañana y media hora después salió custodiada por su abogado y un par de efectivos policiales.

La expareja de Morales salió a pie de la Fiscalía y se dirigió hacia el garaje del Tribunal Judicial para ingresar a las celdas judiciales. Sin embargo, nadie abrió las puertas, pese a los constantes toques.

Saturday, February 27, 2016

Fiscales realizan inspección ocular en Alcaldía quemada

La comisión de fiscales que lleva adelante la investigación sobre los luctuosos sucesos del pasado 17 de febrero en el edificio de la Alcaldía de EL Alto, ayer se constituyó para realizar la inspección técnica ocular que ayuden a la investigación que llevan adelante, informó la fiscal Susana Boyán.

A consecuencia de un incendio, presumiblemente provocado, seis personas perdieron la vida y una veintena resultaron heridas. El hecho se produjo tras una movilización de padres de familia y otras organizaciones sociales que llegaron hasta el lugar donde se encuentra el edificio edil para demandar atención a sus demandas.

Además de los fiscales, Boyán y Rudy Terrazas, funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y Bomberos, estuvieron en el acto judicial.

Al respecto, el fiscal Terrazas informó que esta actuación legal es para establecer los efectos materiales y rastros que dejó este lamentable hecho.

“Conforme a requerimiento, los peritos en un plazo determinado deberán entregar los resultados de estas pericias y los informes pertinentes de todo lo que hubieren encontrado una vez realizada la pericia”, dijo.

En medio de un inusitado resguardo policial que días antes no existía, hasta el edificio quemado llegaron peritos de bomberos quienes también realizaron las pericias para establecer que provocó el incendio.

Recordó que la Policía ya realizó actos preventivos y registro de los activos fijos que se salvaron del ataque.

Terrazas informó que durante el proceso y de acuerdo al procedimiento de la investigación se realizará la reconstrucción de los hechos.

Por su parte, la fiscal Susana Boyán explicó que se realizaron las pericias de criminalista y planimetría.

“Estamos realizando estudios periciales de bomberos criminalista planimetría”, limitó en informar sin ingresar en mayores detalles.

OTROS CONVOCADOS

La representante del Ministerio Público afirmó que no hubo otros aprehendidos, producto de la investigación. Asimismo, no quiso emitir criterio sobre la posibilidad de convocar a otras personas, entre ellas al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y el comandante de la Policía, general Édgar Téllez.

QUEMA PLANIFICADA

El presidente Evo Morales aseguró ayer que la violencia ocurrida en El Alto, luego de una marcha de padres de familia, fue planificada por la propia Alcaldía con el propósito de perjudicarlo ya que se estaba a solo cinco días del Referéndum Constitucional.

“El problema del día miércoles de la semana pasada, faltando cinco días para el referéndum, es obra de la Alcaldía, de la derecha, el plan era que marche un sector social, usaron muy bien, algunos dirigentes se han hecho confundir, que estén agrediendo a la Alcaldía y el Gobierno este gasificando para que digan ‘Evo nos está gasificando’”, sostuvo Morales la víspera luego de la reunión de gabinete ampliado.

Exdelegada del Consejo de la Magistratura: Mónica Limachi se declara víctima de la injusticia

Mónica Limachi, exdelegada del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, se declaró víctima de la injusticia y anuncio que en caso de ser necesario marchará con la Asociación de Víctimas para denunciar los presuntos atropellos del cual fue víctima al ser destituida de su cargo.

“Con estos hechos tan graves, irregulares para mí, porque no estoy peleando por ningún cargo, pero desde que era estudiante he peleado por la injusticia y si tengo que marchar con las víctimas lo voy a hacer, porque yo me considero víctima ahora de estos grandes atropellos, no les gustaba desde el principio que yo investigue, que esté en el cargo, como persona originaria”, afirmó la exautoridad en entrevista con Erbol.

La marcha de la Asociación Nacional de Víctimas de Injusticia se realizará el próximo 8 de marzo. El 28 de febrero pasado, Limachi fue destituida de su cargo supuestamente porque ya no goza de la confianza del Pleno del Consejo de la Magistratura.

En octubre del año 2015, Limachi denunció que era amenazada por personas que apoyaban al juez Andrés Zabaleta, quien está acusado de cometer delitos de corrupción y otras irregularidades. Asimismo anunció que iba a iniciar un proceso penal por difamación contra la ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien la había acusado de estar implicada en un caso de despojo.

Según Limachi, semanas antes de ser removida de su cargo, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la abordó al salir de su oficina y la acusó de intentar destruir el Órgano Judicial con sus acusaciones y con intentar investigar varias irregularidades, incluso de la mano de medios de comunicación.

“Mi intención nunca ha sido destruir, lo que hice no fue a favor de una persona, mi único pecado fue decir la verdad sobre los delitos de corrupción”, señaló. (ERBOL)

Friday, February 26, 2016

Conflictos de competencia en Magistratura de la Paz

La mañana de ayer, al interior del despacho designado para el titular del representante departamental en La Paz del Consejo de la Magistratura (CM), se vivió un incidente entre Mónica Limachi y Ramiro Canedo quienes disputan el cargo, ante la confusión que surge desde Sucre sobre la designación del titular.

Limachi, posesionada el 10 de julio de 2015 con delegada del CM en La Paz, denunció ayer una supuesta “conspiración” en su contra con el fin de destituirla del cargo. Explicó que si bien no se aferra al cargo se estarían incumpliendo normas, pues afirma que no fue notificada de forma oficial de su destitución.

Sin embargo, el siete de febrero, Wilbert Choque, posesionado como presidente del CM, informó a EL DIARIO, que ante el cambio de dirección, los nueve representantes departamentales de la institución dejaron a disposición sus cargos. Las renuncias fueron presentadas ante la instructiva que emitió el pleno de la institución desde Sucre. En contacto telefónico, Choque aseguró que la determinación se la hacía al margen de las decisiones políticas.

En esa oportunidad, Limachi confirmó que lo hizo una semana antes y esperaba la determinación final.

Por su parte, Canedo, delegado distrital en suplencia, manifestó que su designación se dio por memorándum el 17 de febrero y que cumplía sus funciones en la Sala de Reuniones, pero ayer se abrió el despacho que ocupaba Limachi y allí un Notario de Fe Pública constató que al interior se encontró propaganda electoral a favor del SÍ a la reforma constitucional, cosa prohibida ante la independencia política que los jueces deben mantener.

“El pleno del Consejo de la Magistratura determinó aceptar la disposición del cargo de encargada Distrital de La Paz, agradeciéndole por las funciones desempeñadas en el ejercicio de sus tareas, debiendo hacer uso de los días de vacación que tiene a su favor, a la conclusión del mismo terminará la relación contractual que tiene con la institución”, señaló Canedo.

Thursday, February 25, 2016

Fiscalía admite denuncia contra Valverde

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público admitió la demanda presentada por Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, en contra del periodista Carlos Valverde, por el delito de “discriminación”.

La semana pasada, la fiscal departamental de La Paz, Rosario Venegas, dijo que la denuncia presentada por Zapata fue observada por ser confusa y tener varios defectos jurídicos que impidieron dar curso a la misma y dio una plazo para que sean corregidas estas falencias.

Al respecto, Guerrero dijo que se presentó nuevamente la denuncia y “fue admitida”.

El fiscal indicó que una vez que se dé apertura al caso las partes denunciadas serán convocadas a prestar declaraciones.

Asimismo, Guerrero explicó que se admitió la denuncia en La Paz porque la víctima radica en éste departamento; sin embargo, el fiscal asignado al caso, en base a las investigaciones, determinará las convocatorias que correspondan en este caso.

Sobre el proceso en contra de la empresa china CAMC, el Fiscal General informó que la denuncia del Ministerio de Obras Publica en contra de la empresa es de carácter penal por incumplimiento de contratos.

Además, Guerrero señaló que el fiscal designado evaluará si corresponde o no la convocatoria de Gabriela Zapata en este caso.

Los primeros días de febrero, Valverde reveló la relación sentimental que hubo entre Zapata y el presidente Evo Morales y dio a conocer un supuesto caso de tráfico de influencias, debido a que la empresa china CAMC, donde trabaja Zapata, ha obtenido grandes contratos con el Estado. Ante esta situación, la expareja del Presidente presentó una denuncia contra el periodista.

Valverde reveló que Zapata fue pareja de Evo Morales y tuvieron un hijo, luego se supo que el menor falleció. El periodista denunció que el presidente incurrió en tráfico de influencias porque la joven es Gerente Comercial de la empresa china CAMC, la cual recibió siete contratos millonarios del Estado.

El pasado jueves una marcha pacífica partió de la plaza del Estudiante con destino a la Plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz con dos pedidos: que se respete la libertad de expresión y en apoyo al periodista Carlos Valverde.

Fiscalía citará a excomandante policial

El fiscal general Ramiro Guerrero anunció que el Ministerio Público citará a comparecer al excomandante de la Policía del El Alto, José Peña, y al comandante de la Guardia Municipal para indagar su responsabilidad en las muertes de seis funcionarios municipales, tras un incendio provocado por marchistas.

Guerrero también se refirió a las críticas que lanzó Soledad Chapetón contra la investigación del Ministerio Público, y recordó a la Alcaldesa que “no es juez ni fiscal” para determinar culpabilidades.

Chapetón criticó que la Fiscalía haya ordenado capturar a dos funcionarios municipales, Dorian Ulloa y Marcelo Plata, cuando en realidad éstos son víctimas del atentado.

Al respecto, el Fiscal General explicó que actualmente están detenidos estos dos funcionarios municipales porque ellos, al ocupar un cargo jerárquico, son responsables de resguardar la seguridad de sus subalternos.

El Fiscal General no descartó una posible convocatoria al viceministro Marcelo Elío y el ministro Carlos Romero. Opositores presentaron denuncias contra ambas autoridades por supuesta omisión y falta de auxilio en el incendio. (Erbol)

Tuesday, February 23, 2016

Falta de infraestructura dificulta aplicación de nuevos códigos de justicia


La aplicación del nuevo Código Procesal Civil viene tropezando con la falta de infraestructura que dificultaría la organización de juicios orales para resolver las nuevas demandas en esta materia, informó Pastor Mamani, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la red Erbol.

La autoridad judicial agregó que el pasado 10 de febrero, fueron incorporados al sistema de justicia, el Código Procesal Civil y el Código de las Familias. “Los operadores de justicia están haciendo todo lo posible por acomodarse en las actuales oficinas, pero también están exigiendo ambientes adecuados para la implementación de los procesos orales”, destacó.

También informó se contrataran 157 conciliadores, los mismos que serán capacitados en base a un protocolo de actuaciones, ya que estos funcionarios deberán formar parte del personal de apoyo de los jueces en materia civil.

La publicación de la red Erbol, tambien destacó que Mamani se reunió con autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) para ver la posibilidad de que esta institución pueda otorgar al TSJ algunos ambientes, ya sea bajo la modalidad de comodato, en venta o título gratuito. Aún no existen acuerdos, pero existe una gran disposición del Banco Central para facilitar la infraestructura, dijo.

Sunday, February 21, 2016

Ordenan la extradición de empresario boliviano

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la detención del empresario boliviano José Luis S.R. para su extradición a la Argentina para que responda en un proceso por "contrabando agravado", informó la prensa local.

La jueza Iris Justiniano, de la ciudad de Santa Cruz (este) firmó una "orden de detención preventiva con fines de extradición", por instrucción de la Sala Plena del TSJ.

El empresario boliviano es el dueño de la empresa Creta que posee una flota de cisternas que trasladaban combustibles hacia Argentina, donde se lo investiga por contrabando y un supuesto caso de narcotráfico. Las autoridades bolivianas realizaron el año pasado pruebas a varios de los camiones de Sejas que trasladan combustibles a la Argentina y Chile, y encontraron restos de cocaína.

Tráfico de Influencias Gobierno investigaría a jueces que otorgaron amparo a empresa china


LA JUEZ VIRGINIA CRESPO FUE QUIEN DICTÓ PROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CHINA CAMC.

El vicepresidente Álvaro García “aceptó” la idea de abrir una investigación en contra de la juez Virginia Crespo, presidente de la Sala Penal Primera, que en diciembre pasado dictó procedente el Amparo Constitucional a favor de la Empresa China CAMC, en la que es gerente comercial Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales. Con esa determinación, impidió la ejecución de las boletas garantía por incumplimiento de contratos, por valor cercano a los 158,8 millones de dólares.

Garcia Linera calificó de “sospechosa” la actitud de la juez Crespo, presidente de la Sala Penal Primera, exesposa de Wilfredo Chavez, exministro de Gobierno del MAS, por lo que aceptó la posibilidad de abrir una investigación en su contra, con el fin de esclarecer las razones por las cuales falló en contra del Estado.

Además de Crespo, la Sala Penal Primera está compuesta por el Vocal Willy Arias, que en otra ocasión fue denunciado por haber dictado procedente la salida de la cárcel de un presunto infanticida.

Con la determinación, Crespo evitó que se ejecuten las indicadas boletas por incumplimiento de CAMC del contrato para la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, Tramo I Montero, Santa Rosa, río Yapacaní, adjudicación que fue observada por presunto tráfico de influencias, puesto que favoreció a la empresa donde trabaja la expareja del presidente Morales.

“Es sospechoso para mí, que la jueza que acá en La Paz aceptó ello (concedió el amparo a favor de CAMC) lo haya hecho, tomando en cuenta, pero callándose, del terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano, en caso de que no podamos ejecutar las boletas de garantía”, afirmó el vicepresidente García, ante la consulta que le efectuó EL DIARIO.

En cuanto al fallo que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de negar el recurso de amparo y dar lugar a la ejecución de las boletas de garantía, García la calificó de saludable, pues era la única forma de control que el Estado tenía sobre empresas que no cumplen con sus obligaciones.

“Saludamos la decisión del TCP, porque ponía en riesgo, en peligro, el único mecanismo que tiene el Estado para fiscalizar, controlar y castigar los incumplimientos de las empresas privadas extranjeras y nacionales, en el cumplimiento de obras para el país”, afirmó el Vicepresidente.

Asimismo, expresó que este fallo y la demanda que interpuso el Estado es la evidencia de que no existe tráfico de influencias en favor de la empresa CAMC.

Saturday, February 20, 2016

El TSJ ordena la detención de Sejas Rosales para extraditarlo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una orden de detención preventiva con fines de extradición en contra de José Luis Sejas Rosales, implicado en contrabando agravado y dueño de las narcocisternas. Este fallo salió tras una petición de Argentina.

El fallo salió el 11 de febrero de este año y fue firmado por la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, Iris Justiniano. "Mi autoridad ha dispuesto la detención preventiva con fines de extradición al haberse ordenado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante auto supremo dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de contrabando agravado”, señala el documento.

El 23 de diciembre de 2015, Sejas Rosales fue liberado de la detención preventiva. El empresario es procesado en Argentina y Bolivia por narcotráfico.

El imputado debía presentarse cada semana a firmar el cuaderno de investigaciones, pero, según el diputado Tomás Monasterio, hace más de un mes que no llegó a los juzgados.

"Por información extraoficial tenemos entendido que Sejas habría fugado. ¿Dónde están las autoridades que no velaron para que este señor permanezca en el país? Tiene que haber responsables”, manifestó.

En la orden, la jueza ordena a cualquier funcionario policial que deberá poner bajo su custodia y exclusiva responsabilidad al imputado para trasladarlo al penal de Palmasola.

Después, señala que se habilitarán "días y horas inhábiles para la ejecución del mandamiento de detención preventiva, debiendo ser ejecutado por funcionarios de Interpol o cualquier otro funcionario policial”.

El 4 de septiembre, Sejas fue detenido preventivamente en Palmasola porque mediante un peritaje realizado sobre algunos camiones cisterna de su empresa Creta SRL, se encontró la presencia de sustancias controladas. Esos cisternas enviaban combustibles a Argentina, donde un juez acusó a Sejas.

La justicia de Argentina emitió un exhorto suplicatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en septiembre del año pasado, para su extradición.

En Argentina
Proceso El empresario José Luis Sejas es investigado en Argentina por narcotráfico después de que en el país vecino las autoridades detuvieran camiones de su firma, Creta S.R.L., con cocaína y precursores. Las autoridades argentinas empezaron las gestiones para pedir la extradición por la vía diplomática.

Fiscalía pide archivar caso Marín Sandoval

Marín Sandoval podrá salir en libertad luego de que se homologue el acuerdo transaccional por el que la Fiscalía pidió el archivo de obrados, según denunció Paola Barriga, abogada de la madre de Lixy Rasguido, quien fue golpeada por el expresidente de la Asamblea Departamental.

Barriga, calificó de “inaudita” la acción de la fiscal Karina Cuba, que en pasados días la notificó con la citación para que asista a la audiencia de homologación de un acuerdo transaccional por el cual se extingue el proceso y Calderón pide el archivo de obrados, dejando en cero el caso pese a que existía un antecedente y la Ley 348 de Protección a la Mujer, prevé que no se pueda “tranzar”, cuando hay reincidencia.

De acuerdo al análisis de la jurista, el acuerdo abre la posibilidad, no solo de que Sandoval recobre su libertad, sino de que exija retomar sus funciones en la Asamblea Departamental de La Paz.

GOLPIZA

El entre el jueves 17 y viernes 18 de diciembre del año pasado, Sandoval (40), entonces presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, fue denunciado el viernes en la madrugada ante la plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por violencia familiar, luego de causar lesiones graves y gravísimas a su pareja Rasguido, de 21 años.

Tras la denuncia, fue suspendido de la Asamblea y la fiscal Cuba imputó a la Sandoval pidiendo cuatro años de cárcel y esete fue enviado a la cárcel.

Durante su reclusión, la abogada y madre de la víctima, denunciaron que el asambleísta fue castigado en el Penal de San Pedro, por consumir bebidas alcohólicas y se reportó que su pareja, pasó varias noches en la celda de su agresor.

Braulio Rocha y Wilmer Sarzuri a la cárcel por tragedia de El Alto

La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto, Sandra Dorado, dispuso anoche la detención preventiva de las cuatro personas que fueron identificadas como presuntos responsables de los trágicos sucesos ocurridos el miércoles en la Alcaldía de El Alto, en los que perdieron la vida seis personas, a consecuencia del humo y el incendio provocado en los ataques vandálicos al edificio edil.

La resolución de la Juez Dorado señaló que el dirigente de los gremiales Braulio Rocha y el excandidato del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilmer Sarzuri. En tanto que Álvaro Calvimontes y Víctor Tola, los otros detenidos por los hechos violentos del miércoles, fueron enviados al Centro de Rehabilitación de Qalauma.

Las cuatro personas fueron imputadas por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y afectación a los bienes del estado, que están tipificados en el Código Penal.

Rocha y Sarzuri fueron capturados el jueves tras un intenso operativo de búsqueda por parte del Ministerio Público.

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, acusó a Rocha y a Sarzuri de ser los responsables de los hechos ocurridos en El Alto, cuando este miércoles una turba enardecida de padres de familia que se movilizaba para pedir una mejor calidad de educación, tomó los predios de la Alcaldía y provocó un incendio que causó la muerte de seis personas.

AUDIENCIA

La audiencia duró algo más de cinco horas, tras su inicio a las 14.30 horas de ayer en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

En la audiencia, tanto la comisión de fiscales como los abogados de la Alcaldía de El Alto, fundamentaron la solicitud de detención preventiva al enseñar suficientes indicios colectados durante el proceso de investigación que involucran a Rocha y Sarzuri, como autores intelectuales de los hechos violentos ocurridos el miércoles.

Por otro lado, Sonia Vallejos, directora General de la Asesoría Jurídica de la Alcaldía de El Alto, aseguró que los imputados participaron de manera activa y objetiva en la violencia registrada esta semana. Dijo que durante la audiencia, el Ministerio Público demostró que los dirigentes, Rocha y Sarzuri, fueron los principales instigadores de los manifestantes.

Tribunal Constitucional revocó amparo de CAMC

A dos días del referendo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). revocó un amparo constitucional que favoreció a CAMC y dio vía libre para que el Gobierno a ejecute las boletas de garantía contra esta empresa china por 158 millones de bolivianos.

PROCESO

El Ministerio de Obras Públicas inició el proceso de ejecución de la garantía, debido a que CAMC abandonó la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero en 2015.

Sin embargo, el cobro se trabó porque un fallo de amparo constitucional de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, benefició a la firma china.

SENTENCIA

En las últimas horas, el Tribunal Constitucional emitió su decisión al respecto. “El TCP el día de hoy ha emitido la sentencia 0221/2106 resolviendo en revisión revocar el fallo del TDJ de La Paz y denegar la tutela solicitada por la empresa CAMC”, indicó el magistrado Ruddy Flores, según reporte de radio Aclo de la Red ERBOL.

BOLETAS

Con esta decisión, el TCP dio luz verde a que se cobre la sanción millonaria a la empresa china. “Debe continuarse con el proceso de ejecución de boletas en los términos dispuestos en el contrato suscrito en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa CAMC”, agregó el magistrado.

DENUNCIAS

CAMC hizo noticia este mes debido a que su Gerente Comercial, Gabriela Zapata, es expareja del presidente Evo Morales, lo cual dio pie a varias denuncias de tráfico de influencias.

Friday, February 19, 2016

Fiscalía precinta las oficinas municipales

La Fiscalía precintó ayer las oficinas ediles afectadas por la quema y saqueo, para iniciar las investigaciones sobre los actos vandálicos registrados el pasado miércoles.

Asimismo, se informó que el fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero, encabeza las investigaciones de los hechos de violencia que derivaron en la muerte de seis personas, aparte de dejar heridas a otras 18.

IMPUTACIÓN

Por otra parte, la autoridad dio a conocer que dos personas fueron identificadas e imputadas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y afectación a los bienes del Estado.

Además, el Comandante General de la Policía, los comandantes regionales de La Paz y El Alto, junto a la alcaldesa Soledad Chapetón, serán convocados por el Ministerio Público para declarar sobre el caso.

“Vamos a convocar a algunas autoridades para la toma de declaraciones, a testigos y a la propia Alcaldesa de la ciudad de El Alto, a otras autoridades como el Comandante General de Policía, Edgar Téllez, los comandantes de La Paz y El Alto, entre los que deben ser incluidos en la parte de investigación que estamos desarrollando”, indicó la máxima autoridad del Ministerio Público.

FISCALES

Agregado a ello, el Fiscal dio a conocer que se conformó una comisión de cinco fiscales, de los cuales tres son de El Alto y otros dos de la ciudad de Sucre.

“Se desplazó seis médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la investigación de la muerte de seis personas y por eso nos hemos trasladado a primera hora a La Paz, para llevar en persona el proceso investigativo”, declaró.

De acuerdo con la autoridad del Ministerio Público, se está solicitando, mediante requerimiento, las imágenes tomadas por los diferentes medios de comunicación (imágenes originales y no editadas), además de las grabadas por las cámaras de seguridad con que cuenta el Gobierno Municipal de El Alto, para identificar a los responsables de los hechos de violencia.

Asimismo, afirmó que el precintado de las oficinas de la Alcaldía se realizó con la finalidad de evitar la sustracción de documentación y evidencias que puedan aportar a los daños generados en contra de bienes del Estado.

La comisión de fiscales procederá con las aprehensiones de quienes estuvieron provocando violencia, desde fuera del edificio y de quienes tuvieron responsabilidades en el interior. “Todos los actos investigativos se realizarán en el marco de la objetividad y por eso serán citados”, explicó Guerrero.

“Queremos saber el por qué no salieron esas personas con el resto de la gente, por eso es importante contar con las imágenes de las cámaras de seguridad para ver también el grado de responsabilidad que tuvo la Policía Boliviana y la Gendarmería de la Alcaldía. Vamos a ver el grado de responsabilidad y de omisión relacionado con los hechos de violencia”, puntualizó.

Manifestó, asimismo, que el Ministerio Público es el Director Funcional de la Investigación, por lo que la Policía Boliviana debe ponerse a su disposición.

“No vamos a ver si algunos estaban por el SÍ o por el NO, si eran de uno u otro partido político, vamos a investigar con total y absoluta objetividad y quiénes están en las imágenes y aparecen como responsables, para ser investigados por la comisión de fiscales”, sostuvo Guerrero.

Las autoridades del Ministerio Público, una vez que determinaron precintar las oficinas, explicaron que no se puede permitir el ingreso de ninguna persona al interior de la Alcaldía, mientras prosigan las investigaciones. Guerrero conversó con guardias municipales y custodia policial para que se respete el recinto, considerado el ambiente como el sector donde se recabarán todas las evidencias.

Cabe destacar que, cuando el personal del Ministerio Público concluía su labor, la gente concentrada en la Alcaldía expresó su molestia por la forma como se define el proceso de investigación. Ante esto, los manifestantes lanzaron piedras al vehículo del Fiscal General, dañando el vidrio lateral posterior.

Vigencia nuevo Código Civil Conciliadores no cuentan con reglamento para iniciar labores

Nuevas autoridades judiciales designadas en los juzgados Público y Comercial, recientemente posesionados como conciliadores, en aplicación del nuevo Código Procesal Civil, refirieron que les hace falta un reglamento que les otorgue facultades para iniciar sus actividades como conciliadores.

Así lo hicieron conocer a EL DIARIO las funcionarias que desde el pasado 10 de febrero se encuentran trabajando en las nuevas dependencias de los juzgados Público Civil y Comercial.

“No hay el reglamento para que empecemos a trabajar, sin embargo, nosotros estamos recibiendo procesos”, relató una de las conciliadoras que pidió reserva para no tener problemas. Agregó que desde la aplicación de la nueva norma atendieron dos casos.

En visita realizada por EL DIARIO a las nuevas instalaciones, se evidenció que son ambientes nuevos, de unos tres por tres metros, en su mayoría; ahí se pudo observar que los conciliadores cuentan con un equipo de computación, además de una mesa con cuatro sillas, donde se presume se realizarán las conciliaciones.

En las inmediaciones, personas que acude a dichos juzgados, algunas de ellas coincidieron en indicar que tienen procesos antiguos y que no entienden mucho cómo es la nueva norma, que tiene como característica la implementación de la oralidad en los litigios.

En la judicatura de La Paz existen unos 66 juzgados con la nueva denominación, ellos están distribuidos en el edificio Jenny, ubicado en la calle Bolívar, en el edificio Anexo “A”, calle Jenaro Sanjinés, y el edificio Yanacocha, situado en la calle del mismo nombre, esquina Ingavi.

CONSENSO

Según el abogado Luis Araoz Torrez, la aplicación de la nueva normativa en materia Civil es complicada, porque no se socializó la misma y afirmó que en su aplicación advirtió que habrá muchos problemas por ese detalle.

“No puede haber una conciliación si no hay una resolución judicial o acta, que es la validación para continuar el proceso”. Agregó que otro problema serán las notificaciones electrónicas.

“Si a una persona la notifican por esta vía y ésta no sabe de la notificación, sigue el proceso sin que se entere, esto es raro”, sostuvo.

En criterio del abogado, de no resolverse esa situación, la carga procesal se incrementará y la retardación continuará.

NUEVO CÓDIGO CIVIL

Por su parte, el proyectista del nuevo Código Civil, Andrés Baldivia Calderón de la Barra, el Nuevo Código Procesal Civil supera muchos desafíos, entre ellos la conciliación judicial. El factor conciliador debe aplicarse en dos fases: primero, en la conciliación preprocesal y, después, en la conciliación intraprocesal. “De esta forma se allana en mucho la burocracia judicial”.

Baldivia aclaró que si bien el nuevo Código es para futuros procesos, aclaró que debe tomarse en cuenta que hay normas anticipadas, es decir, que pueden ser ya aplicadas en las causas que están en trámite. Pues, si estuvieran abandonadas por más de seis meses, “viene la extinción del proceso”.

Thursday, February 18, 2016

Comisión de fiscales

Luego de conocidas las muertes y el daño causado a la Alcaldía de El Alto, ayer, desde la Fiscalía General, se emitió un comunicado instruyendo a la fiscal departamental de La Paz, Rosario Venegas, conformar una comisión para investigar los hechos de violencia registrados en la ciudad de El Alto, donde fallecieron seis personas y quedaron 18 heridas.

La instrucción, además, prevé el desplazamiento de médicos y peritos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para coadyuvar en la investigación y esclarecer lo sucedido.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo expresó públicamente su condena e indignación por los hechos criminales que se produjeron en la Alcaldía de El Alto. En el comunicado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, demanda que este caso sea investigado de manera urgente, transparente y exhaustiva por el Ministerio Público. Asimismo, pidió investigar las acciones de ayer.

Tuesday, February 16, 2016

Sucre será anfitriona de tres eventos nacionales e internacionales hasta junio

El presidente Evo Morales anunció este martes la realización de tres eventos, uno nacional y dos internacionales, a realizarse en los próximos meses en la ciudad de Sucre. Habló de la Cumbre Judicial, un encuentro de autoridades locales de América Latina y El Caribe, y la reunión bilateral, con sus gabinetes, de Bolivia y Perú.

"En abril está prevista la cumbre para hacer una revolución de la justicia boliviana, la sede será Sucre, no solamente como capital del Estado Plurinacional sino como capital de la justicia de Bolivia", manifestó el Mandatario. El segundo evento es sobre la reunión de alcaldes de la región y se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo.

"Van a estar en Sucre 500 autoridades, más sus acompañantes, alcaldes, intendentes y concejales de toda América Latina y el Caribe, en la Cumbre de Autoridades Locales", apuntó. Para junio se tiene prevista la realización de un encuentro bilateral entre Perú y Bolivia con la participación del presidente Ollanta Humala y sus ministros.

"Es una reunión de carácter bilateral con gabinetes, para revisar los proyectos conjuntos que tenemos, será para bien de nuestros pueblos", manifestó Morales. El Jefe de Estado pidió el apoyo de los movimientos sociales y de las autoridades departamentales y municipales para concretar la realización de los eventos.

Juan Claudio Lechín denuncia a una fiscal de Santa Cruz por faltar a la ley

Juan Claudio Lechín, hijo del exlíder de la COB Juan Lechín Oquendo, presentó una denuncia en contra de la fiscal Nancy Carrasco Daza por incumplimiento de deberes y por transgresión a la ley. "Ya se ha iniciado contra la fiscal una demanda, porque está en la legislación boliviana la capacidad que tenemos para hacer una demanda, para incluso si se comprueba tiene que ir presa a Palmasola", señaló Lechín a ANF.

El hijo de Juan Claudio Lechín es acusado de agredir con un vaso de vidrio a Rodrigo Vicente Ostria, miembro de la empresa de "Harinas y Fideos Famosa". La fiscal Carrasco presentó la imputación por intento de homicidio y lesiones graves, pese a que el proceso fue desestimado en tres ocasiones por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por falta de racionalidad jurídica en la demanda.

El hijo de Juan Claudio niega los hechos. Según documentación presentada por Lechín, el Tribunal indicó que "la investigación realizada por el Ministerio Publico resulta bastante subjetiva e insuficiente" que carecen de pruebas racionales y a pesar de estas desestimaciones la fiscal continúa presentando la misma demanda.

Lechín también lamentó que Carrasco impida a su hijo el derecho a la defensa y reiteró que fue extorsionado por miembros de la familia que es propietaria de la empresa "Harinas y Fideos Famosa". "120 mil dólares nos ha pedido la familia Vicente Ostria en Santa Cruz en contubernio con la fiscal Nancy Carrasco Daza que ha armado un modelo judicial para impedirle a mi hijo y a otro muchacho absolutamente inocente (como) Cristian Börth (el derecho a la defensa)", manifestó.

Lechín anunció que dará a conocer la denuncia al Ministerio de Transparencia para que tengan conocimiento e investiguen las irregularidades del caso. Por su parte, el fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, indicó que "no tiene conocimiento inmediato" de la demanda contra Carrasco porque en la Fiscalía ingresan "cientos de denuncias", sin embargo se comprometió a revisar si la demanda fue presentada en la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Publico de Santa Cruz.

Finalmente, el abogado Abel Montaño, representante legal del demandante Rodrigo Vicente Ostria, manifestó que la autoridad de la Fiscalía tiene todo el derecho de investigar el caso porque su cliente sufrió una agresión física grave, al punto de que tuvo que realizarse las curaciones en Chile. "La fiscalía tiene toda la potestad de continuar una investigación porque estamos hablando de una hecho real", mencionó.
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Monday, February 15, 2016

El TSJ cuenta con 1.004 jueces para el país

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuenta con 1.004 jueces para el territorio nacional, insuficientes para más de 10 millones de bolivianos, manifestó el presidente de esa instancia del Órgano Judicial, Pastor Mamani.
“En la actualidad se cuenta con 1.004 jueces para una población de más de 10 millones de habitantes, lo cual es completamente insuficiente; lo que implica que no es posible responder a la demanda de justicia con tan escasos operadores, un ejemplo claro es la ciudad de El Alto, para más de un millón de habitantes solo se cuenta con siete jueces de instrucción penal cautelar”, manifestó.
En ocasión de la implementación y vigencia plena de los ‘códigos Morales’, el 10 de febrero de 2016 en Sucre, Mamani dijo que a eso se suma el escaso presupuesto a esa instancia judicial. “En la gestión 2013, del total del Presupuesto General, solo el 0,59% se asignó al Órgano Judicial, en la gestión 2014 se asignó el 0,52%, el 2015 fue de 0,56%, ni siquiera se ha llegado al uno por ciento”, precisó.
Aunque reconoció que la justicia ingresó a una crisis institucional que ha sido difícil superarla en los últimos años, pero con la implementación de los ‘códigos Morales’ se marca el inicio de la revolución judicial en el país. Explicó que con el Código Procesal Civil, que incorpora la oralidad y la conciliación, se pondrá fin a los actos de corrupción.
“Esta nueva norma procesal apunta a eliminar la chicanería, otorgando para ello facultades al juez para reprimir los incidentes e incluso sancionar todo tipo de acto dilatorio”, concluyó.

En cumbre judicial propondrán cárcel para abogados corruptos

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, en su visita al departamento de Oruro, informó que el Ministerio de Justicia propondrá en la cumbre de que los abogados que incurran en hechos de corrupción sean procesados y encarcelados.

“A los abogados que han sido encontrados extorsionando, han ido extorsionando a la población, a los mismos jueces, esos malos funcionarios, malos abogados tienen que estar en la cárcel”, dijo Velasco.

El objetivo es lograr que el Ministerio Público tenga más elementos procesales para agilizar los casos en contra de los juristas y así se evite cometer hechos de corrupción en nuestro país.

Según dijo la ministra de Justicia, la propuesta también contará con sanciones específicas en caso que los abogados incurran en irregularidades graves, una propuesta es que podrían perder la matrícula definitivamente y “no van (a) poder litigar nunca más”, advirtió.

MÁS DE 1.000 CORRUPTOS

Colegio de Abogados de La Paz (Icalp) denunció que hay 1.000 abogados identificados e involucrados en actos de corrupción que dañan la imagen de los operadores de justicia.

Raúl Jiménez, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp) en diciembre del año pasado, denunció que existen 1.000 abogados identificados e involucrados en actos de corrupción que dañan la imagen de los operadores de justicia.

“Hay 1.000 abogados que han utilizado la profesión para enriquecerse y que afectan a 34.000 profesionales idóneos que tiene el Icalp” dijo.

CUMBRE JUDICIAL

La cumbre judicial será el próximo 16 y 17 de abril en la capital del Estado. El acceso a la justicia, la retardación de los procesos, la corrupción de los funcionarios judiciales, la formación de abogados y servidores, la elección de altas autoridades y una nueva política criminal, son los ejes que planteó para este encuentro.

Efectuando un análisis riguroso sostuvo que se han descubierto 30 en La Paz, 30 en Santa Cruz, otros 30 en Cochabamba y números menores en otras regiones, como Sucre y otros que ya han sido denunciados y sancionados por los entes colegiados.

Saturday, February 13, 2016

Cien fiscales vigilarán referendo en Santa Cruz

En la última semana previa al referendo constitucional del 21 de febrero, de aprobación o rechazo al proyecto constitucional para permitir que el presidente y vicepresidente del Estado boliviano se postulen nuevamente a una elección, la campaña de los grupos ciudadanos que apoyan el No, así como los militantes del partido de gobierno que promueven el Sí, se ha intensificado en Santa Cruz.

En tanto, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ha ingresado en la última etapa de la organización y la preparación de la consulta. Entre esas actividades está la capacitación de los aproximadamente 44.600 jurados, 1.372 notarios electorales y 56 jueces que regirán el proceso de votación en las 7.432 mesas electorales, en las cuales 1.615.589 ciudadanos depositarán su voto. Se trata del 26 por ciento del padrón nacional.

El TED cruceño movilizará a 100 fiscales para que controlen que no se cometan delitos electorales en el día de la votación.

Así lo informó el presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, Eulogio Núñez, luego de la capacitación a un grupo de fiscales que ayer se realizó en las instalaciones, que se han habilitado para efectuar este tipo de actividades, contiguas a la sede de este órgano.

Según Núñez, a los fiscales se les actualizó acerca de la Ley del Régimen Electoral, puesto que los jueces solamente pueden ver todo lo concerniente a las faltas electorales, pero los delitos, al ser materia de proceso judicial, es competencia de los fiscales.

Recordó que algunos de estos delitos previstos en el artículo 238 de la Ley 026 tienen que ver con la prohibición de traslado fraudulento de personas de un lugar a otro; que nadie puede obstaculizar el proceso del referendo y que una mesa funcione en otro lugar que no está previsto.

Además, se sanciona el asalto o la destrucción de ánforas o la coacción electoral, entre otros.

Causas civiles se liquidarán en diez años y las de familia en tres

Liquidar los 23.693 procesos heredados en materia Civil demorará al menos 10 años. Mientras que los 6.253 litigios en materia Familiar serán resueltos en tres años, coincidieron en señalar los vocales Rudy Jimy Siles y Javier Celis, el juez civil Clovis Espinoza Pelaez y la jueza de Familia Martha Saavedra.

El anterior sistema debe ser cerrado a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Civil y del Código de Familias y Procesos Familiares, que entraron en vigencia el 6 de febrero de 2016 y se implementaron a partir del pasado miércoles.

La demora se debe a que las nuevas leyes no contemplan a los jueces liquidadores, quienes tendrían que poner al día los casos pendientes que, en materia Civil y Familiar suman 29.946.

Rudy Siles advirtió que la revisión simultánea de las causas del anterior sistema y las nuevas derivará en la postergación de las audiencias orales. Además, existe el riesgo de que la mora judicial aumente.

CARGA PROCESAL En materia Civil, 25 jueces públicos deben encargarse de 23.693 casos heredados. De manera simultánea tienen que encarar las nuevas demandas, que ahora se resuelven en audiencias orales y públicas.

Anualmente, cada administrador de justicia tendrá que liquidar cerca de 948 procesos. A eso se sumarán las 1.200 nuevas demandas, que es la cifra promedio de procesos atendidos por juzgado. Haciendo un total de 2.148. Lo que significa que diariamente atenderán nueve juicios.

En materia de Familia, se han designado 14 juzgados públicos para resolver 6.253 procesos acumulados. Anualmente, cada uno deberá atender 149 juicios. Además de ver las nuevas demandas, que alcanzarán a un promedio de 571. Haciendo un total de 720. Eso significa que cada juez deberá concluir tres litigios por día.

CIVIL El juez civil Clovis Espinoza Pelaez señaló que se aprovechará este mes para agilizar las sentencias de los expedientes más antiguos de las salas.

Admitió que existen limitaciones para la aplicación plena de la nueva ley, porque falta personal y los ambientes son incómodos.

FAMILIA La situación de los juzgados en Familia es más complicada que los civiles porque no se incorporaron a los conciliadores. Los 30 profesionales se constituyen en un filtro cuyo rol es reducir la judicialización de las acusaciones recibidas a través de la mediación y la conciliación. Deben resolver los litigios a través de acuerdos entre los demandantes.

Hay juzgados en Familia que desde hace diez meses no tienen secretarios.

La jueza Martha Saavedra lamentó que el Órgano Judicial no haya implementado procesos de capacitación para que encaren los juicios de manera oral y en audiencias públicas.

Los jueces y vocales recordaron que en el sistema penal se demoró diez años en cerrar los procesos pendientes a pesar de que hubo la dedicación exclusiva de los liquidadores.

“Imposible crear liquidadores”

El vocal Rudy Siles aseguró que es imposible crear juzgados liquidadores en el área Civil y de Familia, por la reducida cantidad de jueces designados para ejecutar ambas materias.

Siles expresó su preocupación porque en ambas salas se ventilan importantes conflictos.

La jueza de familia Martha Saavedra mencionó que la mayoría de los casos atendidos en el ámbito familiar son divorcios y solicitudes de asistencia familiar.

El juez civil Clovis Espinoza Pelaez dijo que las demandas más numerosas recibidas son las referidas a las obligaciones económicas, a los contratos y sus incumplimientos, división de bienes y usucapión.

Recordó que durante la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia designaron a los jueces liquidadores para resolver las causas heredadas.

Realizaron una redistribución con los recursos humanos designados.

Apuntes



Código Civil

Los cambios fundamentales que se plantean en el nuevo Código Procesal son la obligatoriedad de la conciliación entre las partes en conflicto y la celeridad en la sentencia.

Acuerdo

La nueva norma establece que, antes de llegar a juicio, las partes implicadas están obligadas a agotar la vía conciliatoria. Tienen dos oportunidades para hacerlo. Si no hay un acta que evidencie que hubo éste proceso, los administradores de justicia no admitirán su demanda.

Oralidad

Con la implementación del nuevo Código Procesal Civil las audiencias y juicios serán orales.

Celeridad

Debido a la implementación de la oralidad en los procesos en materia Civil, el Código establece nuevos plazos para dictar sentencia y debe ser al cabo de la audiencia.

Código de Familias

Las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado.

Filiación

La madre o el padre podrá realizar el registro de filiación de su hija o hijo menor de edad, y por indicación la maternidad o paternidad del otro progenitor debidamente identificado, cuando éste no lo realice voluntariamente o esté imposibilitado o imposibilitada de hacerlo.

Protección

El Estado está obligado a proteger a las familias, respetando su diversidad y procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos sus miembros.

Asistencia familiar

La asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban

prestarla.

Piden al TCP revocar fallo que favoreció a china CAMC

El subprocurador del Estado, Lucio Marca, pidió al Tribunal Constitucional la revocatoria el fallo de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de La Paz que dio luz verde al amparo presentado por la empresa china CAMC.

La medida ayudará dijo a que las dos boletas de garantía, por al menos, Bs 158.8 millones sean ejecutadas por el Estado, por el incumpliendo de la línea férrea Montero-Bulo Bulo, Santa Cruz.

“Si (está) ocasionado un daño económico al Estado, el Tribunal Constitucional debe rechazar, ese es el objetivo”, aseguró el subprocurador.

En caso de que el TCP ratifique el amparo de la empresa china CAMC, Marca dijo que se debe evaluar el trabajo de la Unidad Jurídica del Ministerio de Obras Públicas. Advierten un daño económico “funesto” por la defensa del Estado.

“ Hay que ver si evidentemente estas instituciones públicas están llevando adelante, y bien la defensa legal de nuestro Estado”, recalcó la autoridad. (Oxígeno)

Friday, February 12, 2016

En septiembre se realizará evaluación del Código Civil

Una primera evaluación a la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, que entró en vigencia oficial desde el pasado martes, se realizará en septiembre de acuerdo con el cronograma de implementación de la nueva norma y así conocer el avance en la resolución de procesos, informó a EL DIARIO el abogado y proyectista de dicha nueva norma Andrés Baldivia Calderón de la Barra.

De acuerdo con el compromiso de los operadores de justicia del país, los capacitadores del Estado y autoridades, una primera evaluación se debe realizar seis meses de la implementación del Código, señaló.

“No es dejar las cosas al azar y ver cómo se desarrollan, o esperar una sentencia de décadas o centurias, sino hay que hacer ese control directo mes a mes y esperar las modulaciones a través del Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales corrigiendo día a día la implementación de la norma, para no esperar fallos contradictorios o interpretaciones erróneas”, afirmó.

Afirmó que se hicieron todos los ajustes necesarios en materia de infraestructura y presupuesto para la capacitación de los operadores de justicia y así entre en vigencia la normativa.

Al respecto, la representante Departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, afirmó que se hicieron las adecuaciones en los aproximadamente 70 juzgados en la judicatura paceña, La Paz y El Alto, para que se acomoden los jueces y los conciliadores.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, explicó que uno de los principales cambios contenidos en el Código Procesal Civil se encuentra en la conciliación, que se constituye el medio de solución inmediata de conflictos y acceso directo a la justicia como primera actuación procesal, además de la oralidad.

ADECUACIÓN

Para el experto en materia Civil, el tiempo de adecuación debe ser al mismo momento de la implementación de la nueva normativa porque se aplica a los procesos que se están tramitando con el viejo sistema, porque no hay liquidación, “no es como en materia penal donde existen los jueces liquidadores”.

Ahora el Juez, de Partido e Instrucción, se convierte en Juez Público en Materia Civil y Comercial, y de acuerdo con el nuevo Código de Familia se denominará Juez Público Familiar.

Ahora, “se espera celeridad en los procesos, porque si antes un caso se tramitaba en años incluso décadas, ahora se deberá respetar el principio de celeridad, calidad de resoluciones y sentencias, dejando de lado las formas donde las sentencias eran inejecutables”.

Para el abogado “civilista” Gonzalo Medina, la implementación del nuevo Código Civil, permitirá reflexionar y verificar la verdad material, además que establece plazos para que los procesos no languidezcan.

Al respecto el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, afirmó que la vigencia plena del Código Civil (al igual que el de Familias), “revolucionan” el tratamiento al Derecho desde su aplicación práctica y han sido seis meses de trabajo para que su puesta en vigencia sea exitosa.

Destacó que con la vigencia de los nuevos códigos también se incorpora el uso de las nuevas tecnologías, es decir, que las notificaciones electrónicas entraron en vigencia “el cocido de cuadernos pasó a la historia”.

Guerrero instruye aplicación del Nuevo Modelo Fiscal

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalías Corporativas en Cochabamba con el objetivo de mejorar el ejercicio de la acción penal pública en la tramitación y procesamiento de los casos, con calidad, efectividad y oportunidad.

“Se pone fin al viejo sistema de trabajo de un fiscal dueño de un caso, a partir de esta implementación los casos ya no serán paralizados ante la ausencia, enfermedad o vacación del operador de justicia”, mencionó.

Guerrero explicó que cada caso que llegue al Ministerio Público pasará a la Fiscalía de Análisis cuya función es recibir las denuncias, querellas e informes policiales, para el análisis del cumplimiento de los requisitos legales, su admisión y la derivación a la Fiscalía Especializada o la desestimación de la misma.

El fiscal señaló que con esta implementación del Modelo de Gestión Fiscal el Ministerio Público trabajará con identidad y rol propio, dejando de lado el modelo policial o despacho judicial.

La autoridad también recomendó a los fiscales cambiar de mentalidad, actitud y trabajar en equipo sirviendo a la sociedad.

“No quiero escuchar quejas de maltrato, cobros, retardación, porque el servicio que presta el Ministerio Público es totalmente gratuito (…). Sabemos que nuestros trabajo es muy delicado y en justicia siempre hay una parte que pierde y otra que gana”, expresó.

Asimismo, instó a las autoridades judiciales, policiales, Defensa Pública y otras instituciones trabajar de manera coordinada con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía que acude en busca de justicia.

Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Ever Veizaga, expresó resaltó el liderazgo de Guerrero por liderar este tipo de implementaciones para mejorar la atención a la población en las distintas fiscalías. (ANF)

Magistrados del TC que viajaron a China resolverán caso de CAMC

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que viajaron a China, con todos sus gastos pagados, son los que deberán ahora revisar la acción de amparo que la empresa CAMC interpuso para evitar la ejecución de las boletas de garantía por un valor de Bs 158,8 millones. Ello podría implicar un conflicto de intereses.

Lo más saludables que es los magistrados “se excusen” de conocer este caso y convoquen a otros magistrados para conocer el amparo y pronunciarse en consecuencia, dijo el constitucionalista Williams Bascopé. “Los magistrados deben observar si ellos tienen algún conflicto para resolver ese tema”, añadió, al citar que son causas para la excusa el parentesco, el compadrazgo, tener procesos pendientes entre las partes, haber sido abogado de alguna de las partes, o tener alguna amistad íntima.

El Gobierno chino financió el viaje y estadía en ese país de los magistrados Ruddy Flores, Efrén Choque, Neldy Andrade y Mirtha Camacho, además de otros 16 funcionarios; el hecho se conoció el pasado 23 de noviembre cuando el magistrado Oswaldo Valencia denunció que sus colegas dejaron sin quórum la Sala Plena.

La empresa se halla en el centro de una polémica por supuesto tráfico de influencias debido a que en ella trabaja la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. La oposición exige saber si CAMC se adjudicó millonarios contratos gracias a la relación entre Zapata y el Primer Mandatario.

Encargan a 12 fiscales aplicar plan corporativo

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, puso ayer en marcha el nuevo modelo de gestión fiscal en Cochabamba, que crea dos fiscalías corporativas: de violencia enmarcada en la Ley 348 y la de personas, con el objetivo de dar celeridad en la atención de estos casos, evitar la corrupción y –sobre todo– anular las retrasos por la ausencia del fiscal que estaba a cargo de la investigación.

“Se pone fin al viejo sistema de trabajo de un fiscal dueño de un caso. A partir de esta implementación, los casos ya no serán paralizados ante la ausencia, enfermedad o vacación del operador de justicia”, señaló Guerrero, al momento de inaugurar la nueva modalidad de trabajo.

El fiscal departamental, Ever Veizaga, explicó que la fiscalía corporativa de Víctimas de Atención Prioritaria se dividirá en dos grupos, cada uno de cuatro, todos integrados por fiscales femeninas. En el caso de la fiscalía corporativa de Delitos Contra las Personas está integrado por cuatro fiscales, entre hombre y mujeres.

Ambos están ubicados a pasos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la zona de Coña Coña, con el objetivo de facilitar a las víctimas y sus abogados el acceso rápido a la atención de médicos forenses o algún requerimiento por parte de los fiscales.

En cuanto a los fiscales, la máxima autoridad del Ministerio público recomendó cambiar de mentalidad, actitud, y trabajar en equipo “No quiero escuchar quejas de maltrato, cobros, retardación, porque el servicio que presta el Ministerio Público es totalmente gratuito (…). Sabemos que nuestros trabajo es muy delicado y en justicia siempre hay una parte que pierde y otra que gana”, expresó.

La pasada semana también se realizó el mismo acto en el departamento de Santa Cruz y con Cochabamba suman ocho departamentos con la implementación del nuevo modelo, sólo falta La Paz.

Wednesday, February 10, 2016

Nuevo Código Civil entra hoy en vigencia con 12 cambios

A partir de hoy rige la normativa que, entre otras cosas, presenta 12 cambios fundamentales, como la oralidad en los juicios para darles celeridad

La obligatoriedad de la conciliación entre las partes en conflicto y la celeridad en la sentencia son algunos de los cambios fundamentales que se plantean en el nuevo Código Procesal Civil, que entra en vigencia desde hoy.

La Ley 439 establece que, antes de llegar a juicio, las partes implicadas están obligadas a agotar la vía conciliatoria. Tienen dos oportunidades para hacerlo. Si no hay un acta que evidencie que hubo este proceso, los administradores de justicia no admitirán su demanda.

Para garantizar esta etapa conciliatoria, el Consejo de la Magistratura designó a 30 conciliadores.

El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, detalló que del total de profesionales, 16 fueron destinados a las diferentes provincias del departamento. El resto, está en la capital. Según Rocha, todos los conciliadores cuentan con los recursos técnicos para ejecutar el nuevo Código Procesal Civil.

La conciliación no se aplica en al menos cinco casos. Por ejemplo, cuando el proceso está en etapa de aplicación de las medidas cautelares o de diligencias preparatorias. También quedan excluidos los casos donde el demandado vive en el exterior o se desconoce su domicilio.

LAS AUDIENCIAS Otro de los objetivos de esta nueva normativa es que se pueda dictar una sentencia, máximo, en un par de audiencias.

Sustentándose en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), el nuevo Código incorpora el principio de la oralidad a los juicios en materia civil, pero sin dejar de lado la fase escrita.

En ese sentido, los abogados dejarán sus escritorios “(...) para ir a los estrados judiciales a defender sus argumentos en forma directa ante el juez (...)”, refiere un Análisis de la Implementación del Proceso Oral por Audiencia en Materia Procesal Civil en Bolivia, elaborado en la Universidad del Valle (Univalle).

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de Univalle, Liliana Cano, aclaró que la emisión de una sentencia, hasta en dos audiencias, solo es aplicable en la segunda parte de un juicio en material civil, es decir después de que se producen las pruebas.

“Cuando el caso así lo amerite (el juez) podrá dictar solamente la parte resolutiva (de la sentencia)”, establece el artículo 216 de la Ley 439, referida a los plazos para dictar sentencia.

Dato

Desde 1975, Bolivia no realizó ninguna modificación a la normativa que rige los procesos civiles en el país.

Código Familiar rige con cinco cambios básicos

A partir de hoy también entra en vigencia el nuevo Código de Familias y del Proceso Familiar, que presenta cinco cambios fundamentales, que benefician principalmente a la madre y los hijos.

1) La libre elección del orden de los apellidos de los menores, siempre y cuando haya un previo acuerdo entre los progenitores.

2) Se establece como único requisito para el divorcio, la afectación a un proyecto de vida.

Las parejas ya no se esperarán dos años para obtener la desvinculación.

3) El nuevo Código también dispone que la asistencia familiar a los hijos será hasta que cumplan 25 años de edad y no 18.

Esa pensión debe ser mínimamente el 20 por ciento del total de salario que percibe el progenitor. El monto debe ser depositado en una cuenta bancaria.

4) Para aquellos progenitores que niegan la paternidad de un menor de edad, la norma ordena que los presuntos padres paguen la prueba de ADN.

La madre ya no peregrinará por pensiones para sus hijos.

5) La edad mínima para contraer matrimonio es 18 años. Aunque, excepcionalmente la edad puede disminuir hasta los 16.

Las 12 modificaciones que rigen en el nuevo Código Civil

1

Proceso oral

Con la implementación del nuevo Código Procesal Civil, los actos orales superarán a los escritos en los procesos en materia civil.

2

Actos procesales

Además de la intervención en el proceso del demandante, el demandado y el juez, la nueva legislación procesal civil contempla la “intervención accesoria”, es decir, que pueden concurrir funcionarios auxiliares de la administración de justicia, fiscales que no representen al Estado, entre otros.

3

Memoriales

El nuevo Código sustituye el uso de la palabra “escritos” por “memoriales”.

4

Domicilio procesal

Al respecto, el nuevo Código procesal Civil hace una serie de aportes, entre ellos, la oportunidad de emitir notificaciones a las partes, a través de los medios electrónicos.

5

Citación

Respecto a su significado y fines, no hay ningún cambio. Con relación a las formas en las cuales se debe citar para determinados actos, se tiene los siguientes cambios:

Por ejemplo, en la Citación Personal, la única modificación es que, una vez presentada la reconvención, ya no se citará personalmente sino por cédula en el domicilio procesal señalado en la demanda, explica un Análisis de la Implementación del Proceso Oral por Audiencia en Materia Procesal Civil en Bolivia, elaborado en la Universidad del Valle.

6

Notificaciones

Se permite el uso de medios electrónicos para realizar las notificaciones.

7

Plazos procesales

Si las partes entran en un común acuerdo, pueden pedir la abreviación de los plazos procesales.

8

Audiencias

Deberán ser presididas por la autoridad judicial y bajo el principio de continuidad. Si fuera necesario, varias audiencias serán fijadas con la mayor proximidad posible.

En caso de suspensión obligada de la audiencia, se fijará en el mismo acto de oficio un nuevo día y hora para su reanudación.

Además, durante la audiencia, todo lo obrado se documentará en un acta resumida por el secretario.

9

Nulidad

En el nuevo Código se creó un capítulo relativo a la nulidad, que establece que para que se declare nulo un acto procesal, éste debe estar expresamente determinado por la ley.

10

Prueba

Uno de los añadidos que hace respecto a las pruebas está en el artículo 137.

Sobre aquellos actos que no requieren prueba menciona:

a) Los hechos admitidos por la parte adversa, salvo las limitaciones señaladas por ley.

b) Los hechos notorios, conocidos por la generalidad de las personas, salvo que constituyan el fundamento de la pretensión y no sean admitidos por las partes.

c) Los hechos evidentes cuya existencia se acredite por sí misma.

d) Las presunciones establecidas por la ley.

11

Resoluciones judiciales

Debido a la implementación de la oralidad en los procesos en materia civil, el nuevo Código establece nuevos plazos para dictar sentencia. Establece que la autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia (...).

12

Conciliación previa

Dentro del nuevo Código se creó un capítulo relativo a la conciliación y su obligatoriedad entre las partes.

Los casos que están excluidos de la conciliación son:

a) De quienes expresamente la ley les prohíbe.

b) En procesos concursales.

c) Cuando la parte demandada tuviere su domicilio en una jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando su domicilio fuera desconocido.

En total son cinco las causas en las que no se permite la conciliación entre las partes en conflicto.

Friday, February 5, 2016

Aprehensión del Fiscal de El Alto, por presunto hecho de corrupción

El fiscal de El Alto, Yecid Enríquez, fue aprehendido ayer en la mañana, por disposición de su colega Anghelo Saravia, quien emitió el mandamiento respectivo, inculpándole de los delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, debido a la denuncia presentada por Ángel P., quien lo acusó de haberle pedido dinero en el trámite de su proceso, que se tramita en la fuerza anticrimen de El Alto.

Al respecto, Enríquez declaró que es víctima de una falsa acusación y que no le permitieron presentar sus descargos del caso.

A eso de las 10.00 horas de ayer llegó a dependencias de la Fuera Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el fiscal Saravia y con el personal de civil condujeron a Enríquez hasta las celdas de esa repartición policial, a la espera de ser convocado para brindar su declaración informativa.

Saravia, en forma escueta, declaró a los periodistas que el caso que involucra a un colega suyo se encontraba en investigación y que debiera esperarse algunas horas hasta conocer en detalle el resultado de la misma.

"El Ministerio Público ha dispuesto la aprehensión de este señor y estamos realizando diferentes autos de investigación", refirió. Consultado sobre el monto de la presunta extorsión, Saravia rehusó responder.

Sin embargo, la denuncia interpuesta por la víctima del fiscal Enríquez refiere que este le habría pedido cuatro mil dólares para liberar su vehículo.

INOCENTE

Desde el interior de la celda de la fuerza anticrimen, Enríquez aseguró que la denuncia no tenía razón de ser, porque la interpuso una persona con quien tuvo muchos problemas y a quien descubrió que pretendía utilizar su testimonio, utilizando documentos falsos.

Enríquez afirmó que su aprehensión se basa en denuncias por presunto cobro de dinero para liberar un vehículo, del cual explicó que no existe la documentación que acredite que tiene el derecho propietario del vehículo. “Ha presentado documentación falsa”, dijo.

Señaló que todo se debe a una denuncia que presentó por falsedad material y uso de instrumento falsificado y en su condición de fiscal. “No hay vendetta, no hay cobros, no hay nada”, señaló.

Aclaró que la persona que lo denuncia hizo referencia a tres vehículos que fueron secuestrados para una investigación, sin embargo, ninguno de los motorizados están a nombre de la persona que le hizo aprehender.

Además que estuvo en el hospital internado por un problema de salud (hemorragia cerebral) y que contaba con la respectiva baja médica, sin embargo cuestionó a su colega, que no tomó en cuenta esa situación y lo aprehendió.

“Me han detenido como a un delincuente, sin haber dejado que mis descargos pertinentes sobre la conducta de este señor (Ángel P.)", declaró Enríquez.

Thursday, February 4, 2016

Jura nuevo presidente del CM y promete transparencia

El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wílber Choque, tras ser posesionado en sustitución de Freddy Sanabria, anunció la implementación de un programa de transparencia de bienes y rentas de los servidores públicos del Órgano Judicial y puso a disposición su patrimonio y el de su familia para que sean investigados por las entidades competentes. Exhortó a sus colegas a inscribirse a esa iniciativa.

Choque, que fue posesionado por el decano Róger Triveño, anunció la presentación de una propuesta para el cambio de paradigma y matriz de la administración de justicia que será consensuada con sus colegas como una posición para la Cumbre Judicial. Sobre las denuncias de presunta extorsión contra Sanabria, dejó a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía la responsabilidad de la investigación. /WZ

Guerrero pide reforzar tareas por Carnaval

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó a fiscales departamentales y de materia del país tomar las previsiones y acciones necesarias con la finalidad de preservar el respeto a los derechos y las garantías constitucionales en el Carnaval 2016.

El instructivo fue emitido el 2 de febrero del presente año en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“En consideración a la celebración de las fiestas de Carnaval en todo el país, es imperioso reforzar la presencia y trabajo del Ministerio Público, con la finalidad de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, manifestó.

De acuerdo con el instructivo, los fiscales departamentales deberán elaborar un plan de trabajo oportuno y acción eficiente para las fiestas de Carnaval, a partir del 4 al 10 de febrero del presente año.

Para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, se deberá coordinar el trabajo con la Policía Boliviana y otras instituciones afines.

“Los fiscales departamentales también deberán establecer los turnos de los fiscales de materia y proceder con la asignación y división de tareas. Asimismo, deberán informar al fiscal general de las acciones realizadas en cumplimiento del instructivo emitido”, explicó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Preparan ley para acortar mandato de magistrados

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, (MAS) anunció que propondrá un proyecto de ley de "acortamiento de mandato" de las máximas autoridades del Órgano Judicial.

"Particularmente mi vicepresidencia está preparando, para analizar en la Cumbre de Justicia, una propuesta de acortamiento de mandato. No podemos pensar en la transformación de la justicia sin que haya un cambio de actores", declaró.

La oposición cree que una propuesta de esta naturaleza no solucionará la crisis del Órgano Judicial porque éste está supeditado al Ejecutivo y no goza de plena independencia. "Que les pidan la renuncia, como hicieron con los del Tribunal Supremo Electoral", declaró la diputada Norma Piérola (PDC).

Sin embargo, Borda cree que un cambio radical de magistrados y vocales permitirá una transformación real de la justicia. "Sería un acortamiento para los magistrados y vocales porque ellos no han cumplido su objetivo de transformar la justicia".

Además de lanzar el planteamiento, Borda cree que es necesario incorporar algunas modificaciones al Código Penal y Código de Procedimiento Penal para establecer agravantes cuando los delitos sean cometidos por los administradores de justicia, fiscales o policías.

Nuevo Código Procesal Civil entra en vigencia el 10 de febrero


LA RECIÉN POSECIONADA COMO PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA, CARMEN DEL RÍO QUISBERT.

Carmen del Río Quisbert, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, informó a EL DIARIO que el 10 de febrero, entra en vigencia el Nuevo Código Procesal Civil con el que se pretende dejar de lado el sistema escrito por el oral, con la finalidad de generar mayor celeridad en los procesos.

“Si bien la Ley Modificatoria de Vigencia Plena No. 719 de agosto de 2015, señala como fecha de inicio el 6 de febrero de 2016, comenzaremos a implementar a partir del miércoles 10 considerando los feriados y fin de semana”, manifestó la autoridad judicial, recién posesionada en el cargo.

Del Rio, explicó que a partir de ese día, los más de 50 juzgados del departamento de La Paz, que atienden causas del área Civil, comenzarán a implementar la oralidad en los proceso.

DENOMINACIÓN

Los 29 juzgados de Instrucción y Partido de la capital, los 12 de El Alto y los Centros Integrados de Justicia y los Mixtos de las provincias, cambian de denominativo y se denominarán “Juzgados Públicos en Materia Civil y Comercial”.

Todos estos juzgados, que recibían casos relacionados en materia Civil, al igual que las cuatro salas existentes en este Tribunal, comenzarán a implementar el nuevo Código con las mínimas condiciones de infraestructura, mobiliario, materiales, tecnología y personal de apoyo logístico, administrativo y jurisdiccional, sin existir cambios y con las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Órgano Judicial.

“De todas maneras, en estos dos últimos años hemos trabajado en varias comisiones, de manera interna e interinstitucional, para lograr un nivel adecuado de capacitación del personal. en coordinación con la escuela de Jueces del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM) desarrollamos cursos, talleres, seminarios y conversatorios sobre la materia”, explicó.

En este sentido, informó que la próxima semana, concluye el Diplomado en Derecho Procesal Civil y Familiar, que se desarrolla en las carreras de Post grado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor de San Andrés y Universidad Pública de El Alto. Donde unos 150 funcionarios, entre Vocales, Jueces y Secretarios de juzgados, pasan estos cursos de especialización, desde hace cuatro meses. Además, mencionó que el TDJ La Paz cuenta con su propio “protocolo de actuación” para la etapa de Audiencias Preliminar y Complementaria del Proceso Civil, destinado a facilitar el trabajo de jueces a partir del próximo miércoles.

ESTADÍSTICAS

Al momento y de acuerdo al movimiento estadístico de este Tribunal, en los Juzgados de Partido Civil y Juzgados de Instrucción Civil, la situación es la siguiente. El año 2015 se han tramitado 46.600 causas, de las cuales se han resuelto 22.837, casi el 50 por ciento. Y a pesar de las carencias de materiales y mayores recursos humanos, cada uno de los cerca de 50 jueces del área civil tiene bajo su responsabilidad, más de 1.100 causas en promedio.