Jueza antiviolencia atiende 1.800 casos contra el tiempo

En Cochabamba, considerado en las estadísticas como el departamento más violento con las mujeres en Bolivia, hay un solo Juzgado de Violencia. La jueza que está al frente de esta oficina se llama Sara Susana Céspedes, tiene una especialidad en Violencia Familiar y comenzó a trabajar allí desde el 8 de septiembre de 2014.

En 16 meses de labor, la jueza se hizo cargo de 1.800 casos, entre los heredados de 2014, los nuevos de 2015 y los del primer mes de enero de 2016. Empero, la jueza no se dedica solamente a los procesos de violencia. Por alguna razón que las autoridades judiciales y del Gobierno no han logrado explicar, ella también debe encargarse de los procesos abiertos por denuncias de corrupción.

Estos últimos superan los 300 casos, con lo que una simple suma confirma que la autoridad administra un total 2.100 procesos. OPINIÓN solicitó una entrevista la jueza, vía la Oficina de Comunicación del Tribunal de Justicia y ésta accedió a atendernos pero solo 15 minutos, en lo que salía de una audiencia y se preparaba para entrar a otra, sin descanso.

P. Cuántos procesos de violencia se ventilan en su juzgado, cuántos de corrupción y cuántas horas trabaja al día?

R. Cuando llegué a este Juzgado, el 8 de septiembre de 2014, ya habían unos 700 casos que los jueces de otras especialidades recibieron y me “heredaron”. En 2015 ingresaron 1.028 nuevos procesos y hasta enero de 2016 hay otros 55 procesos. En el área de corrupción tengo unas 300 causas en proceso. Normalmente comienzo a trabajar a las 8:30 de la mañana y debía irme a las 6 de la tarde, pero me quedo trabajando hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, porque no podemos llevarnos los expedientes a la casa. También vengo a trabajar los sábados y los días feriados.

P. ¿Cómo lleva adelante su vida familiar con ese ritmo de trabajo?

R. No soy casada, pero tengo un hijo y a mis papás que me ayudan con él. Sí, estoy descuidando un poco a mi familia porque solo puedo compartir con ellos los domingos.

P. ¿Tiene ayuda de algún personal? ¿Le abastece este personal y las horas extras que trabaja para cumplir plazos procesales?

R. Trabajo con el personal normal: secretaria, auxiliar y generador. Como personal de apoyo tengo dos pasantes. Pese a su ayuda y a las horas extras de trabajo, estoy retrasada con los procesos de Anticorrupción que son muy complejos, pues además tengo los casos heredados de otros cautelares e incidentes pendientes.

P. ¿Entonces se precisan más jueces de su especialidad? ¿Los ha solicitado?

R. En el día me piden una y otra cosa y la verdad no he tenido tiempo para hacer cartas y solicitar más juzgados. He estado lidiando con el trabajo y con la forma de optimizar los recursos que tengo. Nos hemos organizado mejor este 2016, los jueces de la EPI Norte y EPI Sur que me están apoyando con algunos casos de violencia familiar en ese sector, pero esos jueces atienden todo en las EPI, no solo violencia. Fiscales y jueces queremos dar celeridad a los casos de violencia para tener resultados prontos. Estamos tratando de buscar salidas alternativas como los procedimientos abreviados, que nos permitan sancionar y sentenciar a quienes se compruebe que son agresores. Que seamos más eficientes. Pero la cantidad de procesos es muy grande.

P. Ya fue presentado el Protocolo y la Ruta Crítica de atención de casos de violencia. ¿Ya le llegó para ponerlo en práctica?

R. Tengo entendido que ese Protocolo aún lo tiene el Ministerio Público, pero no nos lo han hecho conocer en reuniones interinstitucionales. Formalmente no ha llegado acá.

P. Hasta el momento, ¿qué es lo que más le ha impactado de los casos de violencia?

R. Los feminicidios. Tengo 10 de los 27 casos reportados acá y son desgarradores por la terrible violencia ejercida contra las mujeres, los niños. Y me impactan las secuelas en las familias. Los hijos son los más afectados y es que la gente no entiende que la violencia no solo daña a las víctimas mortales sino también a los hijos y a su entorno. Nos ha tocado ordenar el desalojo de los agresores de la casa para precautelar la seguridad de las mujeres y es difícil porque se disgregan familias.

“No piden asistencia familiar”

La Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, prevé que los jueces con esa especialidad fijen la asistencia familiar en favor de las víctimas de maltrato con la finalidad de que no abandonen los procesos por falta de dinero para mantener a sus hijos. Consultada sobre si esta medida se cumple, la jueza Susana Céspedes, reveló que hasta la fecha no le han solicitado ese derecho en las audiencias.

Explicó que en un proceso común de asistencia familiar el imputado se defiende demostrando su ingreso mensual mediante pruebas y es una etapa que el juez instructor debe conocer. Pero, en los casos de personas víctimas, la Jueza Antiviolencia puede fijar la asistencia familiar en la misma audiencia de medidas cautelares del agresor. “El único requisito es que la Fiscalía debe solicitar que se fije esta asistencia familiar en favor de la denunciante, como una medida de protección. Yo homologo estas medidas pero hasta la fecha ni fiscales ni víctimas han solicitado la asistencia”.

Una audiencia debía fijarse en 5 días pero tarda un mes

Es humanamente imposible para una sola jueza de Violencia, que además debe administrar procesos de corrupción, cumplir con los plazos establecidos por la Ley 348. La norma establece que tras una denuncia de violencia, la audiencia debía ser fijada en un plazo de cinco días, pero a veces demora hasta un mes.

“Al día llevo adelante al menos seis audiencias, pero entran para proceso hasta 10. Y a veces tienen que esperar hasta un mes porque se acumulan, el día no abastece, no puedo efectuar todas las audiencias, hay algunas más largas que otras”, explica Céspedes.

Los procesos de Anticorrupción le consumen mucho tiempo. Los días jueves los destina a resolver todos los incidentes planteados en esa materia y también debe atender memoriales y otros.

La mayoría de víctimas pide la libertad de sus agresores

Muchas víctimas de violencia terminaron pidiéndole a la jueza Susana Céspedes la liberación de sus agresores, presionadas desde varios flancos: sus hijos, la familia y entorno del maltratador, pero ante todo, por la imposibilidad de mantener solas a sus niños y pagar deudas en el banco.

“Yo les advierto que sí pueden volver a denunciar, porque la violencia es un ciclo, no termina con una golpiza, pero no puedo hacer más”, lamentó Susana Céspedes.

Ya la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, coincidió en que es urgente aumentar más juzgados antiviolencia y adelantó que presentó la solicitud al Consejo de la Magistratura, pero hasta la fecha no se ha atendido la petición.