El oficialismo anunció ayer que desde el lunes 8 de febrero entrarán en vigencia el Código de Procedimiento Civil y el Código de Familia.
El legislador René Joaquino explicó que los nuevos códigos tienen como característica principal la celeridad de los procesos, porque a partir de su aplicación los juicios serán orales.
Recordó que esos códigos fueron trabajados en coordinación con varios sectores de la población, en el marco de sus demandas.
OPOSICIÓN
La oposición política observó que los estos dos códigos y los denominados “códigos Banzer” tienen similitud y no poseen diferencias profundas, porque los cambios introducidos fueron solamente de nombre, que en el fondo mantienen dos tipos de justicia que inviabiliza cualquier éxito de refundación en la administración de justicia.
El diputado Gonzalo Barrientos señaló que ambos códigos instituyen un tipo de justicia: “Rápida para los poderosos y la otra para el pueblo”, y advirtió que mientras se mantenga esa fórmula discriminadora, por más presupuesto e infraestructura que se den, no habrá condiciones para implementar las nuevas leyes.
“Si vamos hacer una comparación respecto al régimen de facto y al actual régimen ¿cuál es la diferencia? No hay. La justicia sigue siendo una para los que tienen poder y otra para los opositores y otra para los que pensamos diferentes, entonces así implementen 20 mil códigos no funcionará porque lamentablemente distorsionaron en lo que significa el Estado de Derecho”, dijo a la red Erbol.
A su vez, la diputada del PDC, Norma Piérola, manifestó que el capricho del oficialismo de bautizar a las nuevas leyes como “Códigos Morales” es una simple “consigna megalomaníaca” para ensalzar la figura del Presidente, en una tendencia similar a la que hizo el Banco Central de Bolivia, al acuñar monedas con la imagen de Evo Morales.
Recordó que tomando en cuenta la denominación de los códigos por la supuesta autoría de los presidentes, como las monedas acuñadas, tienen una similitud: que ambos son típicas de una dictadura para recalcar su nombre en el imaginario colectivo.
La senadora Mirtha Arce, de la Unidad Demócrata (UD), coincidió que en Bolivia no hay independencia de poderes y que la justicia es diferenciada para ricos y los pobres, pero al margen de ese diagnóstico, la reforma de la justicia pasa por una serie de factores y no solamente por aprobar una cantidad de códigos y leyes como la Ley del Órgano Judicial que no se aplica a plenitud.
OFICIALISMO
El diputado Manuel Mamani (MAS) dijo que actualmente no hay una buena justicia y el Estado se encuentra débil para implementar una verdadera y reducir la retardación de justicia. “No queremos más algunas cosas que se están devorando la justicia, el que tiene plata tiene justicia, no, eso no”, dijo a tiempo de asumir defensa del sello de los códigos, porque significa una revolución en la administración de justicia.
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