“Masacre blanca, que se vayan todos”, gritaban miembros de la Asociación Nacional de las Víctimas de la Injusticia en puertas del Tribunal Departamental de Justicia, donde ayer se reunió la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amebol).
Cerca de 30 representantes de la mencionada asociación llegaron de todo el país a Cochabamba para hacer conocer su acuerdo con el Consejo de la Magistratura, que entregó a los jueces títulos con los cargos que tienen el denominativo de “transitorio”.
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma, indicó que presentarán un proyecto de ley de excepción el 8 de marzo, en el que se hará el pedido de declarar acéfalos todos los cargos y que se elijan nuevos jueces.
“Todos son unos corruptos, no tienen compasión de los litigantes. Mientras no haya control social, no habrá cambios en la justicia”, dijo Mitma.
Los miembros de la Asociación recolectaron también firmas de la gente con el pedido de que los cargos se declaren acéfalos.
Anunciaron que el 8 de marzo marcharán en La Paz más de mil personas para hacer conocer la demanda.
ELABORAN ACCIÓN CONSTITUCIONAL El presidente de Amebol, Wilfredo Núñez, dijo que rechazan el denominativo de “transitorios” y ayer acordaron iniciar una acción constitucional en este sentido.
Recordó que ya existen acciones del Tribunal Constitucional que instruyen al Consejo de la Magistratura a que revise previamente el escalafón de los jueces y que no puede haber una convocatoria, sin antes un proceso de evaluación.
“No hay escalafón actualizado y no se nos puede decir que somos transitorios”, agregó.
Indicó que la acción constitucional tendría que dejar sin validez los títulos emitidos por el Consejo de la Magistratura.
CARTAS El rechazo a la determinación de parte de los jueces fue radical en algunos departamentos, manifestó Núñez.
Los jueces de Pando y Beni, por ejemplo, decidieron no recepcionar los títulos y devolverlos.
Algunos departamentos como Cochabamba y Chuquisaca enviaron cartas al Consejo de la Magistratura para recibir una explicación de la designación. Éstas debían ser devueltas en el plazo de cinco días, pero ningún departamento tuvo respuesta hasta ayer.
Es por este motivo que los jueces asumirán la acción constitucional.
“Es un atentado a nuestras fuentes de trabajo, que no podemos permitir”, finalizó el jurista.
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