Wednesday, March 30, 2016

Exmagistrado Gualberto Cusi afirma: En El Alto se confunde justicia comunitaria con linchamiento

En algunas zonas de la ciudad de El Alto se confunde la aplicación de la justicia comunitaria con el linchamiento extrajudicial, expresó ayer el exmagistrado Gualberto Cusi.

Añadió que este tipo de problemas se dan por la falta de presencia policial en una ciudad que a diario se expande y es proclive a problemas de inseguridad ciudadana.

“La justicia comunitaria vela y protege la vida y no puede llamarse justicia comunitaria a estos hechos de linchamiento que sólo generan muerte”, afirmó, según la Agencia Municipal de Información (AMI).

Explicó que la justicia comunitaria supone la existencia de un código normativo de comportamiento que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad, un código de sanciones, que señala las penas que deben cumplir los infractores.

“Al infractor que haya cometido algún hecho ilícito u otros elementos de la justicia comunitaria, éste tiene que reparar el daño, no sólo a la víctima sino también a todo el grupo familiar”, dijo.

Las declaraciones de Cusi surgieron después que la Policía hallara la semana pasada el cuerpo sin vida de Carlos Llanos, ciudadano presuntamente linchado en la zona San Luis al ser confundido con un antisocial, tal como denunció la hermana del infortunado.

Fiscal General es cuestionado por ser complaciente con el Gobierno

El analista cruceño Jimmy Ortiz cuestionó ayer la labor del fiscal general, Ramiro Guerrero, asegurando que el representante del Ministerio Público no está cumpliendo a cabalidad su labor, porque es demasiado complaciente, tolerante y hasta defensor de las causas que enfrenta el Movimiento Al Socialismo (MAS).

A juicio del experto, la autoridad no está cumpliendo a plenitud sus funciones y, lamentablemente tiene un trabajo sesgado que ya empieza a generar desprestigio a todo nivel en la sociedad. En ese marco, advirtió que si Guerrero no corrige esa su actitud y se vuelve en un defensor del Estado, va a terminar finalmente siendo incómodo hasta para el mismo oficialismo.

Guerrero es acusado de seguir los lineamientos del MAS, especialmente en lo que concierne al caso del tráfico de influencias que presuntamente involucra al presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata.

Recordó que el trabajo de Guerrero es criticado inclusive por algunos gobernadores, entre ellos, Rubén Costas, quien hace algunos días pidió la renuncia del fiscal, aduciendo que es una autoridad que se está parcializando con el oficialismo.

LEGISLADORES

La senadora Carmen Eva Gonzales (UD) denunció que los recientes errores del Fiscal General y el “silencio cómplice” del Gobierno en el caso Zapata demuestran un alto nivel de protección política, que explica los motivos por cuales el jefe del Ministerio Público salió ileso de varios hechos irregulares.

Al referirse a la reciente aparición de Guerrero mencionó que este rompió la reserva legal dispuesta por la juez en el caso Zapata al denunciar que todos los documentos de la expareja presidencial eran falsos y que el niño nunca había existido.

Gonzales sostuvo que lo triste es que sobre esta hipótesis, el vicepresidente Álvaro García Linera y todo el Gobierno salieron a decir también que el hijo de Evo Morales nunca había existido y que el Presidente era víctima de un engaño y una mentira de la señora Zapata, orquestada desde la derecha.

“Sin embargo, la afirmación y la posterior revelación de documentos auténticos, echó por tierra la estrategia de defensa del Gobierno y puso en ridículo al Vicepresidente que no volvió a dar la cara y decidió viajar a Estados Unidos”, comentó.

La senadora citó también la reciente denuncia de que Guerrero, después de diez años, asumió su responsabilidad de pagar asistencia familiar a un hijo extramatrimonial y considerarse un “buen padre”, lo cual demuestra que goza nomás de una protección para continuar trabajando en completa impunidad.

Tuesday, March 29, 2016

Cumbre de Justicia se realizará en junio

La Cumbre de Justicia se realizará el 3 y 4 de junio del presente año, en la ciudad de Sucre, la misma que evaluará la situación judicial en seis mesas de trabajo. Previamente, se realizarán cumbres departamentales, entre el 12 de abril y 20 de mayo. Así hizo conocer ayer la ministra de Justicia, Virginia Velasco, acompañada de sus colegas de Gobierno y Transparencia, Carlos Romero y Leny Valdivia, respectivamente.

La ministra Velasco afirmó que esta cumbre está abierta a todas las propuestas de las entidades colegiadas, académicas y gubernamentales, así como de las organizaciones de la sociedad civil.

Respecto al cambio de fecha para la realización de dicha Cumbre de Justicia, la ministra Velasco afirmó que se tomó en cuenta la posición de algunos profesionales en leyes, así como de los propios magistrados del Órgano Judicial y colegio de abogados que en su momento pidieron una postergación de este encuentro.

OBJETIVO

En su alocución, la autoridad sostuvo que la Cumbre de Justicia tiene como objetivo principal: establecer las bases “de la revolución de la Justicia en Bolivia”, para construir un nuevo “Sistema de Justicia”, que esté al servicio del pueblo, erradicando prácticas judiciales corruptas y coloniales. Asimismo, eliminando la retardación de justicia y garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, las soluciones estructurales hacia la transformación profunda del sistema de justicia, no van a emerger a partir de las instituciones en crisis, “tienen que emerger de la amplia participación de la sociedad civil”, cuyo testimonio desde su propia experiencia, brindarán sus perspectivas desde el punto de vista de los sistemas conciliatorios, jurídicos o jurídico indígena.

En tanto, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, refirió que la preparación de la cumbre ameritó un trabajo de profesionales del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en su concepto, algo que marcará la agenda de discusión de este encuentro será la modalidad de elección de consejeros y magistrados, que en su criterio la actual no ha sido un “mecanismo ideal”.

PRECUMBRES

La ministra Velasco expuso también que las precumbres departamentales serán eventos en los que la “sociedad civil organizada”, junto a representantes estatales y de entidades académicas del nivel departamental y subnacional, podrán proponer los lineamientos para el cambio de la justicia.

A propósito de ello, la ministra enfatizó que su despacho sistematizó cerca de 60 documentos de análisis y propuestas sobre la problemática de la justicia en Bolivia, y logró definir seis ejes temáticos de trabajo, en cada uno de los cuales están identificados los temas críticos que orientarán la discusión y generación de propuestas de transformación.

Para cumplir con ese propósito es que se dispuso organizar seis mesas de trabajo, para abordar temas específicos de análisis:

Modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; Acceso a la Justicia; Retardación de Justicia, La corrupción en el sistema de justicia; Política criminal y justicia penal; Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.

"MAYORÍA MASISTA"

El diputado Quispe observó ayer que la mayoría de los asistentes tienen militancia masista, como la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, liderada por Juanita Ancieta, y Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), informó Erbol.

Quispe señaló que ambas organizaciones “están seriamente comprometidas con la corrupción” del Fondo Indígena y supone que la participación de estos sindicatos será para salvar al MAS de los actos de corrupción y buscar la relección presidencial.

Cumbre de justicia amplía participación

El Gobierno confirmó ayer la postergación de la Cumbre Nacional de Justicia para el 3 y 4 de junio de este año con el objetivo de ampliar la participación de más sectores al evento que se realizará en Sucre. En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, pidió ayer al Gobierno que se aleje de la organización del encuentro para que las instituciones colegiadas se hagan cargo.

La cumbre trabajará temas como acceso a la justicia, retardación y corrupción en el sistema; política criminal y formación de servidores judiciales, entre otros.

Antes del evento se realizarán precumbres departamentales y en Cochabamba será el 22 de abril. El diputado opositor, Rafael Quispe, cuestionó que la mayoría de las organizaciones participantes en la cumbre sean masistas y pidió inclusión de más sectores.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, junto a los ministros de Transparencia, Lenny Valdivia, y de Gobierno, Carlos Romero, informó que el principal objetivo de la cumbre es evaluar y fijar lineamientos para revertir la crisis en el sistema judicial a corto, mediano y largo plazo.

“Esta cumbre tiene por objeto principal revolucionar la justicia en Bolivia eliminando la retardación de justicia y la corrupción que son males y enfermedades del sistema judicial que llevó a una crisis en todos los niveles, pero ahora tenemos que garantizar el acceso a un servicio de justicia plural y oportuna”, apuntó.

La autoridad indicó que se aplazó la realización de la cumbre, inicialmente prevista para abril, para ampliar la posibilidad de la participación de todas las instituciones vivas del país.

Consideró necesaria la revolución en el sistema de justicia a partir de una visión integral.

Precumbres

Velasco dijo que antes de la cumbre nacional, se efectuarán precumbres departamentales bajo el siguiente cronograma: el 12 de abril en Sucre, el 15 en Potosí, el 22 en Cochabamba, el 26 en Pando, el 6 de mayo en La Paz, el 10 en Oruro, el 13 en Tarija y el 20 en Santa Cruz.

Por su parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, dijo que en la cumbre nacional funcionarán al menos cinco mesas de trabajo: acceso a la justicia plural; retardación de justicia; corrupción en el sistema de justicia; política criminal y justicia penal; y formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y abogados.

En la convocatoria se prevé la participación de organizaciones sociales, asociaciones de víctimas, ONG, colegios de abogados y representaciones de instituciones judiciales que deberán preparar sus propuestas en las precumbres.

El diputado Rafael Quispe observó que la mayoría de los asistentes tiene militancia masista como la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Señaló que ambas organizaciones “están seriamente comprometidas con la corrupción” del Fondo Indígena y supone que la participación de estos sindicatos será para salvar al MAS de los actos de corrupción.



EJECUTIVO DEBE ALEJARSE

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, pidió el alejamiento del Gobierno en la organización de la cumbre de justicia, debido a que no puede ser juez ni parte dentro del tratamiento de esta problemática que preocupa al país.

“Como colegio pedimos que el Órgano Ejecutivo se aleje de la dirección de la cumbre”, dijo Cabrera para que las instituciones colegiadas, expertos, organizaciones no gubernametales, entre otras, se hagan cargo de la preparación de este evento, porque será un escenario de toma de decisiones que afectará a todos los bolivianos.

Hace algunas semanas, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries, también planteó que la instancia más apropiada para organizar este encuentro es el Órgano de Justicia.

Por lo mismo, señaló que es importante la realización en todo el país de precumbres de justicia, a objeto de recoger insumos de las instituciones y de la ciudadanía, además de quienes están llamados de manera directa a responder por este tema para fortalecer las propuestas que serán presentadas en dicho evento.

Por último, dijo que el Colegio de Abogados no fue convocado a las jornadas de preparación de las precumbres sectoriales con miras a la cumbre de justicia que se desarrolló en Cochabamba el pasado 18 de marzo, en las que participaron los nueve presidentes de los tribunales departamentales de justicia y miembros del Consejo Nacional Estratégico del Sistema de Justicia.

Sunday, March 27, 2016

Población podrá solicitar auditoría para sus procesos judiciales

Aquellas personas que consideren que no se actuó debidamente, en algún proceso judicial, podrán solicitar que se realice una auditoría jurídica a su trámite, según manifestaron representantes de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia.

El representante de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia en Oruro, Richard Mitma, expresó su satisfacción por el acuerdo al que llegaron con autoridades judiciales, pues a través de un convenio se está dando vía libre a la petición de efectuar auditorías jurídicas públicas a quienes así lo requieran.

"Por años hemos reclamado de que existe injusticia en nuestros casos, y por eso se va a dar lugar a las auditorías jurídicas públicas, según el convenio que hemos conseguido con autoridades nacionales, tras 12 días de huelga. En esa situación estamos pidiendo que venga la población a denunciar sus casos graves, que consideren que no hubo justicia", manifestó Mitma.

El dirigente de la organización social, señaló que en Oruro, las solicitudes de auditoría jurídica, se recibirán en la oficina de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), ubicada en las calles Washington entre Murguía y Sucre. Esto se hará desde este lunes 28 de marzo.

"Las auditorías, aparte del Consejo de la Magistratura, serán realizadas por organismos internacionales, para determinar quiénes son los responsables en nuestros procesos, al mismo tiempo hemos pedido que se revoquen a las autoridades judiciales que han cometido delitos", expresó.

Según Mitma, existen casos muy graves, en los que se han vulnerado los pasos procesales adecuados y violado derechos de las personas, por lo que es necesario hacer esta revisión.

"Esos casos se volverán a revisar y por eso queremos que las víctimas vengan, para demostrar plenamente que este sistema no está funcionando y que hay que buscar una solución y un cambio en la justicia boliviana", agregó.

Planifican talleres para socializar nuevos Códigos Familiar y Civil

A pesar de que los nuevos Códigos Procesales Civil y Familiar, entraron en vigencia oficialmente el pasado 12 de febrero en todo el país, aún las instancias correspondientes continúan organizando espacios de socialización, puesto que todavía existen sectores de la población que desconocen o malinterpretan dichas

normas.

El responsable del Consejo de la Magistratura en Oruro, René Delgado, manifestó que tanto el Código Procesal Civil, como el Familiar, están implementados en un 100%, pero que aún resta efectuar labores de socialización, aunque esto no es de preocuparse porque es normal que eso tome tiempo.

"Por ello, los conciliadores cada fin de semana están saliendo directamente a la población, mediante visitas a los mercados, plazas, etc.; para llevar esta tarea de la socialización", expresó Delgado.

Asimismo, señaló que desde el Consejo de la Magistratura y en coordinación con otras instituciones como el Colegio de Abogados, están programando llevar adelante en días próximos, un taller donde se hablará sobre los Códigos Civil y Familiar.

"Se explicará sobre la labor de los conciliadores, la nueva tarea de plataforma, que es una nueva dependencia, que tiene que ver con esta nueva forma de hacer justicia", manifestó.

Aseveró también que preparan conferencias que serán dictadas por personas y autoridades del ámbito local, que están capacitadas para orientar sobre todos los alcances de ambos códigos.

"Lo que está pasando es que en algún momento se pretende distorsionar el objetivo y alcance de estas normas, esperemos que esto no vaya a pasar, porque lo que se quiere con estos nuevos códigos es acelerar y transparentar la justicia, pero estamos viendo que en algunos casos se está distorsionando", agregó Delgado.

Existen más de 40 postulaciones Convocatoria para formar Tribunal de Imprenta culmina el 29 de marzo

La convocatoria emitida por el Concejo Municipal de Oruro para la postulación de personalidades orureñas que vayan a formar el Tribunal de Imprenta, fenece este 29 de marzo, hasta la fecha existen más de 40 postulaciones, por lo que no se prevé emitir una nueva convocatoria.

Según el secretario concejal José Rojas, la tercera convocatoria emitida por el ente legislativo municipal para la formación de un Tribunal de Imprenta, rindió sus frutos, ya que hasta la fecha se tiene más de 40 postulaciones que fueron planteadas por dos medios de comunicación de la ciudad, además de las postulaciones que se tenían de los anteriores llamados.

Indicó que al margen de esto las personas interesadas en ser parte de este importante Tribunal, o aquellas instituciones que quieran hacer llegar las postulaciones respectivas tienen plazo hasta el 29 de marzo, fecha en la que fenece la convocatoria.

"Al tener más de 40 postulaciones, nos permite ya formar el Tribunal de Imprenta para nuestro municipio, estamos felices porque las instituciones hayan presentado postulaciones especialmente el matutino LA PATRIA y "Coral TV", algunos de los postulados ya hicieron llegar su currículum vitae eso nos va permitir obviamente seleccionar a los mejores hombres y mujeres", expresó Rojas.

Señaló que luego de fenecer la convocatoria, el paso fundamental será la selección de los más idóneos para formar parte del Tribunal, para lo cual, mediante la presidencia del Concejo Municipal se invitará a instituciones como la Universidad Técnica de Oruro (UTO) a través de la carrera de Comunicación Social, representantes de los periodistas ya sean sindicalizados o por cuenta propia, y a todos los medios interesados en formar un comité de selección que trabajará bajo un reglamento especial y de esa forma elegir a los mejores hombres, según agregó.

"Se espera que para la segunda quincena de abril ya se hayan cumplido todos los plazos y etapas y de esa forma posesionar al Tribunal de Imprenta de la ciudad de Oruro", aseveró Rojas.

Juzgados de Challapata y Corque vuelven a trabajar en una semana

Los juzgados de Challapata y Corque, que fueron trasladados a la ciudad de Oruro, por disposición de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, volverán a trabajar a partir del 1 de abril de 2016.

La versión fue confirmada por el responsable del Consejo de la Magistratura de Oruro, René Delgado, porque “aún no se han emitido los memorándums de restitución de los jueces y funcionarios subalternos que se encuentran trabajando en la ciudad”.

“Tiene que haber memorándums dirigidos a los jueces y personal de apoyo de esos juzgados, porque estaban trabajando en la ciudad capital. Entonces, debe haber nuevos memorándums para su retorno a Challapata y Corque”, explicó el funcionario.

Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura firmaron un acuerdo con las autoridades originarias de Corque, especialmente, para que el juzgado ordinario continúe en funciones en esa población. Challapata también advirtió la realización de movilizaciones, si no retornan los jueces y subalternos.

Corque se encuentra a 120 kilómetros al suroeste de la ciudad de Oruro. En caso de no retornar el juzgado, los trámites procesales se debían efectuar en Oruro o, en su defecto, en Caracollo.

El mismo problema se tenía con Challapata, que se encuentra a 110 kilómetros al Sur de la ciudad de Oruro. El municipio de Challapata tiene más de 20.000 habitantes y otra cantidad similar en las comunidades aledañas. Todos los días existen problemas y procesos judiciales que atender.

Sobre el juzgado de Huachacalla, que también fue eliminado en esa población del occidente del departamento, no existe ninguna resolución de devolución de esa oficina.

“Sólo existe una instructiva para la devolución de juzgados de Corque y Challapata”, advirtió Delgado.

Denuncian que fiscal interfiere en avance sobre tortura en caso Apolo

El fiscal de la división de delitos contra las personas, Franz Contreras, tiene una actuación deficiente y obstruye las investigaciones para dar con los responsables de los “gravísimos hechos de tortura” contra Juan Bascopé Cari, referidos al caso Apolo, denunció el abogado defensor Fernando Zambrana.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) señaló en un anterior informe que en Bolivia hay toda una estructura que busca “invisibilizar la tortura” y esto se evidenció claramente con el caso de Juan Bascopé. “Nos extrañó mucho que desde el primer memorial se hayan traspapelado y extraviado nuestros escritos, teniendo que reiterar los mismos al punto de tener que formular una queja formal por la falta de consideración y de efectiva tramitación de nuestros memoriales”, lamentó el jurista. ANF buscó la versión del fiscal pero la autoridad no se encontraba en su oficina.

Saturday, March 26, 2016

Guerrero presentará querella por “vulnerar privacidad”

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que éste lunes presentará una querella penal contra el excandidato a alcalde de Sucre, Luis Ayllón, quien habría “vulnerado su privacidad” denunciando que se negaba a dar asistencia familiar a su hijo.

El pasado martes, Ayllón reveló que en 2004 Guerrero tuvo un hijo fuera de su matrimonio a quien reconoció recién en 2014; luego la madre del menor inició una demanda legal contra la autoridad y una juez familiar dispuso que el Fiscal General pase pensiones para su hijo.

Guerrero fue duramente criticado en los últimos días por el manejo que realizó del caso de Gabriela Zapata. La oposición lo acusa de haber omitido información sobre la exnovia del Presidente, para favorecer al Primer Mandatario. También ha sido criticado por haber demorado nueve años en reconocer a su hijo y pagar una pensión familiar.

La autoridad sostuvo que las acusaciones en su contra son mentiras que vienen de personas que “no tienen la mínima moral para hablar” y pretenden descalificar su trabajo irrumpiendo en la privacidad de su entorno familiar.

Guerrero mencionó que las denuncias corresponden a ataques cobardes que solo tienen intereses personales y partidarios.

“Yo soy un buen padre de familia lo que quieren es menoscabar mi integridad, el trabajo que estamos desarrollando al frente del Ministerio Publico”, agregó.

Thursday, March 24, 2016

TCP rechaza objeción contra servicio militar

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó ayer la objeción de conciencia interpuesta por un joven para evitar cumplir el servicio militar. Además, agregó que la obligatoriedad de este servicio debe regir desde los 18 años y no desde los 17, como estableció un decreto aprobado en 2014.

El TCP se pronunció de esta manera ante la solicitud de José Ignacio Orías Calvo, un joven de 18 años, que en 2015 presentó una acción de amparo constitucional contra el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, pidiendo que se respeten sus creencias religiosas y así ser exonerado de cumplir con el servicio militar.

Según la sentencia 265/2016 del TCP, leída ayer en conferencia de prensa por el magistrado Juan Oswaldo Valencia, no se puede atender la demanda “a sola invocación”, pues se provocaría un desorden procedimental, por lo que el solicitante debe demostrar de qué manera el cumplimiento de este servicio afecta en sus convicciones morales.

“Tiene que haber una norma de requisitos que el joven tiene que demostrar con medios probatorios de qué forma ese fuero interno tiene una manifestación externa, cómo esa conciencia en sí rige su vida cotidiana. Es muy riesgoso emitir una tutela ya que se armaría una inseguridad, un caos”, sostuvo Valencia.

Sin embargo, el magistrado reconoció que para llevar adelante este proceso existe un vacío normativo, así como instancias que puedan verificar la situación.

Advirtió que la sentencia, número 265/2016, fue aprobada después de un exhaustivo análisis por los integrantes de la Sala Segunda del TCP y guardando un equilibrio..

El año pasado, Orías presentó un memorial al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, para que se lo exima de prestar el servicio militar porque este cumplimiento contradecía sus valores y su moral, amparándose al derecho de objeción de conciencia.

En esa época, Orías dijo: “Es lo que mi conciencia me exige, ya que mis valores no son compatibles con los valores de las Fuerzas Armadas. Pregono y busco un mundo de paz”.

Para hacer prevalecer su derecho en 2015 presentó un amparo constitucional y el Tribunal de Garantías de la Sala Civil Tercera declaró parcialmente procedente; el trámite pasó al Tribunal Constitucional en noviembre para su revisión.



PIDEN NORMAR ESTOS CASOS

La resolución 265/2016 suscrita por los magistrados del TCP exhorta también, en su artículo segundo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a regular a través de normas específicas todo lo relacionado con el derecho a la objeción de conciencia y al medio normativo o alternativo al servicio militar. Podría pensarse, por ejemplo, en un “servicio social obligatorio”, propuso el magistrado Oswaldo Valencia.

En la elaboración de esta nueva norma, deben estar involucrados el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Defensa, entre otras organizaciones vinculadas en la defensa de los derechos humanos.

Con respecto a un caso anterior, referido a un joven testigo de Jehová que también alegó cláusula de conciencia, Valencia dijo que no se trataba del mismo caso, pues en la anterior demanda no se llegó al tema de fondo y se resolvió mediante acuerdo entre partes.

Ese año, el entonces Tribunal Constitucional denegó el pedido, con el argumento de que, para la seguridad y defensa del Estado, todos los bolivianos sin excepción están llamados a cumplir con el servicio militar.

Sin embargo, ese año se llegó a un acuerdo y se firmó un acuerdo transaccional y como garante estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).







LA OBLIGATORIEDAD RIGE DESDE LOS 18 Y NO DESDE LOS 17 AÑOS

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló también ayer indicando que la obligatoriedad de cumplir con el servicio militar obligatorio debe ser desde los 18 hasta los 22 años, y no desde los 17, como había dispuesto el Decreto Supremo 1875 aprobado en 2014, norma jurídica que a partir de la fecha quedaría sin efecto en la parte observada.

El TCP respondió así ante un recurso de acción de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, ese mismo año.

“El TCP se ha decantado por declarar la inconstitucionalidad de los 17 años, debiendo ser en adelante el servicio militar obligatorio desde los 18 años, como establecen las normas y la Constitución, que protegen el derecho de los sectores vulnerables”, dijo ayer el magistrado Oswaldo Valencia, quien especificó que, siendo aún menor un adolescente de 17 años, mal podría ser obligatorio el cumplimiento del servicio. Además, se tomaron en cuenta normas internacionales, de las cuales Bolivia forma parte”.



Valencia aclaró que este fallo no afecta los beneficios que concede el servicio premilitar al que acceden de forma voluntaria los estudiantes de colegio con la autorización de sus padres.

Sunday, March 20, 2016

Corque, el pueblo aymara de Oruro, defiende dos juzgados

Corque, capital de la provincia Carangas del departamento de Oruro, se moviliza por primera vez, durante el siglo XXI, para impedir la desaparición de dos juzgados ordinarios, uno en lo civil y otro en lo penal. Es un pueblo esencialmente de habla aymara, ubicado a 120 kilómetros al Suroeste de la ciudad de Oruro.

El 8 de marzo de 2016, las 40 autoridades originarias de Corque visitaron a las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la preservación de esos juzgados, porque de lo contrario, se iban a tomar medidas de hecho, como la huelga de hambre, la toma de las oficinas de Corque y el bloqueo de caminos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, y otros magistrados, se comprometieron a reponer los dos juzgados y que no había motivo para hacer ninguna movilización. Sin embargo, a los pocos días, se confirmó el cierre de los juzgados y empezaron las movilizaciones de un pueblo milenario de Jacha Carangas, que se encontraba casi en el anonimato.

Hasta el momento, las medidas de hecho se han cumplido, sistemáticamente.

La movilización está presidida por las principales autoridades originarias de Corque Marka, como se conoce actualmente, y el alcalde municipal, Elías Jabi. La provincia Carangas tiene más de 10.000 habitantes, pero en la jurisdicción del municipio de Corque están 5.055 habitantes de habla aymara y español.

El lunes 14 de marzo, se efectuó la toma del edificio nuevo de los dos juzgados cerrados. La huelga de hambre se inició el miércoles 16 de marzo, en la plaza principal de la ciudad de Oruro, frente al edificio de la Gobernación. El viernes 18 de marzo, se inició el bloqueo del camino Oruro-Pisiga.

Los jueces y funcionarios que tenían los dos juzgados fueron trasladados a Oruro y se convirtieron en juzgados de conciliación, en oficinas improvisadas frente al parque Castro y Padilla, sobre la calle Adolfo Mier, entre Soria Galvarro y La Plata.

El tata awatiri de Corque Marka, Rubén Laura Tapia, dijo que se han llegado a acuerdos con las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, pero parece que “no tienen ninguna validez y, por eso, estamos muy molestos, porque no hay solución a nuestra demanda”.

El kiosco de la plaza principal de Oruro fue cubierto con plásticos azules y en el interior se instalaron camas para empezar la huelga de hambre, en medio de la preocupación de centenares de comunarios que respaldan la medida.

Los juzgados atendían los problemas de 17 ayllus y 35 comunidades de la provincia Carangas del departamento de Oruro, donde habitan más de 10.000 personas. Los principales problemas que se resolvían en esas instancias judiciales eran sobre tierras, violencia familiar, algunos casos de violaciones, abandono de hogar y agresiones.

A Corque se puede llegar por la carretera Oruro-Pisiga. Una parte del camino está pavimentada, pero la otra parte, desde Kulluri hasta Corque, cercanías del cruce Ancaravi. Este tramo será terminado hasta agosto próximo, por encargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Corque es un centro productivo de papa, quinua, cebada, cebolla, zanahoria y cultivos forrajeros, pero al mismo tiempo, es un criadero de llama, alpaca y ovejas, aunque también existen vacas.

Friday, March 18, 2016

Nuevo Fiscal Departamental investigaba el caso Zapata

El fiscal general, Ramiro Guerrero, posesionó como nuevo fiscal departamental de La Paz a Edwin Blanco, quien hasta ayer llevaba adelante la investigación por el tráfico de influencias que comprometería al presidente Evo Morales y a su exnovia Gabriela Zapata.

Blanco es la quinta autoridad que ocupa el cargo en 16 meses, tomando en cuenta interinatos anteriores. El último titular, Marcelo Rollano, fue destituido luego ser sorprendido al interior de un lenocinio.

CASO ALEXANDER

Entre las causas judiciales que Blanco tuvo a su cargo, puede mencionarse que, en marzo del año pasado ordenó detener al periodista de EL DIARIO que investigaba el caso Alexander, Carlos Quisbert. En este proceso, se lo denunció por direccionar el testimonio de testigos con el fin de encubrir los errores cometidos por la forense Ángela Mora e inculpar al médico Jhiery F. S. contra quien hasta la fecha, su defensa afirma que no se demostró una sola prueba material ni testifical que lo comprometa, incluidos los exámenes de ADN.

DENUNCIAS POR VIOLENCIA

Guerrero afirmó haber llegado al convencimiento de que al margen de la formación académica, para el cargo de Fiscal de Distrito, se debe tomar en cuenta la calidad moral y el nivel de compromiso con la institución.

“A veces uno revisa currículos, la formación profesional, pero no revisa la conducta y actitud de las personas en su vida privada, (…); si somos los primeros que vulneramos los derechos de la sociedad, cómo podemos defender los derechos de toda la gente que debería sentirse protegida por la Fiscalía. ¿Cómo puede haber alguien que golpee a un niño o a una mujer y luego quiera ser defensor de la sociedad?”, cuestionó Guerrero en su discurso de posesión.

A pesar de todo ello, el nuevo Fiscal de Distrito cuenta con denuncias por violencia intrafamiliar, interpuestas por su esposa, cuya resolución concluyó en el desistimiento, como lo informó la fiscal Karina Cuba. Similar figura tiene en el caso de Marín Sandoval, el asambleísta departamental de La Paz, que le dio una golpiza a su joven pareja y ahora pide retornar a su cargo.

En el caso Alexander y la ilegal detención del periodista de EL DIARIO, que investigaba el caso, según el informe oficial de los policías del Centro de Rehabilitación Qalauma, que cursan en el cuaderno de investigaciones, Blanco ordenó vía telefónica la detención en Viacha y, a pesar de corroborar la identidad del mismo, junto a su colega, Susana Boyán, dejaron que sea procesado y enviado a la cárcel de San Pedro, sindicado por “obstrucción a la justicia”.

En ese mismo caso, en una de las audiencias se presentó, en calidad de prueba, dos audios en los cuales Boyán y Blanco ignoraron elementos que desvirtuaban el supuesto abuso sexual en contra del bebé Alexander.

También se puso en duda el informe de la forense Mora, a quien Blanco, de forma irregular, la presentó en juicio, en calidad de testigo, para impedir que su testimonio sea contrastado con sus propios informes, que han sido cuestionados por los investigadores de la Policía que presentaron reportes que no han sido valorados, por lo que el médico Jhiery F. S. continúa preso.

ANTECESORES

Por otro lado, Guerrero también comparó las actitudes de los antecesores de Blanco, quienes se fueron luego de protagonizar escándalos por deudas (33 meses de renta), como fue el caso de Patricia Santos. Sin embargo, ella sostuvo que su destitución se debió a que dentro del caso Alexander se negó a cumplir el direccionamiento ordenado por el propio Guerrero, con la injerencia de fiscales superiores. Aseguró que será el Fiscal General quien deberá responder por dicho tema, y en el cual Blanco jugó un papel preponderante.

CASO ZAPATA

Luego del acto de posesión, Guerrero minimizó la versión de que la nueva autoridad haya sido designada por haber llevado adelante las diligencias en el caso que comprometía al Gobierno y la imagen del presidente Evo Morales, entorno al tráfico de influencias con la Empresa China CAMC y Gabriela Zapata.

En este proceso, Blanco presentó la documentación con la cual se habría fraguado un certificado de nacimiento del hijo de Morales y Zapata, cuya existencia es puesta en duda.

FONDO INDÍGENA

Varios son los procesos en los cuales se vieron comprometidos los intereses del Gobierno y la credibilidad del Ministerio Público, en los que Blanco fungió también como fiscal. Entre algunos, además, del Caso Alexander, y Zapata – Morales, estuvo a cargo del caso Fondo Indígena, en el que los involucrados presentaron gran cantidad de pruebas y requerimientos para que se investigue a Nemesia Achacollo, el ministro de Economía Luis Arce, las dirigentes de la organización Bartolina Sisa, Juanita Ancieta y la excandidata Felipa Huanca, pero hasta la fecha no se los convoca a declarar, ni siquiera como testigos.

Edwin Blanco al mando de la Fiscalía de La Paz

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, posesionó ayer a Edwin Blanco como el nuevo fiscal Departamental de La Paz, en sustitución de Rosario Venegas, quien ocupaba el cargo de manera interina.

El caso del Fondo Indígena, la muerte del bebé Alexander y el de Gabriela Zapata son los procesos más sobresalientes que atendió Blanco antes de asumir su nueva función.

“He tomado la decisión de nombrar a alguien de la casa, alguien de adentro, con la experiencia que hemos tenido anteriormente, hemos tenido algunas dificultades en la Fiscalía de La Paz, entonces todos esos elementos han hecho que se tome una decisión porque el doctor Blanco sea el nuevo Fiscal Departamental”, indicó Guerrero.

El fiscal pidió a Blanco trabajar de manera coordinada con los demás fiscales y hacer seguimiento a las jurisdicciones de El Alto y las provincias con el objetivo de brindar un mejor servicio a las personas.

Por su parte, Edwin Blanco dijo que desde el Ministerio Público luchará contra la corrupción para lograr una justicia eficaz, pronta, oportuna y cumplir con el lema de mantener una Fiscalía de “puertas abiertas” a la atención de la población y estar al servicio de ella.

“Soy consciente del difícil momento que está atravesando nuestra justicia y, asimismo, ante ello, sólo puedo prometer trabajo”, señaló.

Por su parte, Ramiro Guerrero le recomendó trabajar en el nuevo Modelo de Despacho Fiscal que incluye la fiscalía corporativa, que involucra a más de un fiscal en un caso investigado, promoviendo la celeridad y menos corrupción.

Thursday, March 17, 2016

Tribunales de justicia se reúnen para unificar propuesta para la Cumbre

Los presidentes de los tribunales departamentales de Justicia del país tendrán una reunión nacional en la ciudad de Cochabamba, este viernes, para preparar los temas que el sector expondrá en la Cumbre Nacional de Justicia a realizarse en Sucre el 16 y 17 de abril próximo.

Miriam Rosell Terrazas, presidenta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, sostuvo que en cada departamento se tienen que hacer cumbres regionales con la participación de sectores sociales e institucionales, pero que en el caso de Santa Cruz, la cumbre departamental que debía efectuarse este 18 y 19 de marzo ha sido diferida para una nueva fecha que será anunciada posteriormente.

Sin embargo, señaló que la reunión preparatoria que ya se efectuó en Santa Cruz, con nueve mesas temáticas, se abordaron algunos aspectos como el acceso a la justicia, la retardación, mora procesal, la independencia judicial, autonomía presupuestaria, entre otros.

De todos estos temas se unificó una sola petición, el incremento de un presupuesto digno para el poder judicial, porque ahí es donde la justicia tiene sus mayores tropiezos. Faltan recursos para abrir nuevos juzgados y para crear nuevos ítems para contratar un mayor número de operadores de justicia, jueces y personal de apoyo jurisdiccional.

Códigos Morales

Así también, este sábado se sostendrá una segunda reunión para abordar específicamente los nuevos códigos, el Procesal Civil, el de la Familia y Procedimientos Familiares, el del Niño, Niña y Adolescente, conocido como códigos Morales, han puesto una serie de acciones que requieren más personal en la justicia, aparte que cada año hay un incremento de la población y, por consiguiente, un aumento de la carga procesal en los juzgados existentes.

Tuesday, March 15, 2016

Justicia Indígena plantea 50/50 en Órgano Judicial

Las autoridades de la justicia indígena originaria de Bolivia plantearán en la Cumbre de Justicia la igualdad de proporción de representantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura pero, además, que éstos sean electos por las normas y procedimientos de las naciones y pueblos Indígena Originario.

Esta es una de las conclusiones de la cumbre de justicia indígena denominada “Camino a la Cumbre de Justicia” en la que participaron autoridades indígenas de las tierras altas, bajas e intermedias del país el pasado viernes y sábado en Sucre.

Otra propuesta, consiste en solicitar al Presidente del Estado la creación de un ministerio de justicia indígena y que la jurisdicción de ésta se extienda hasta las áreas periurbanas, además de la abrogación y modificación de varias normativas.

En este evento, en el que también participaron representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, se trabajó en cuatro mesas metodológicas y cada una con más de una conclusión.

Modificaciones

En las conclusiones de la primera mesa resalta las siguientes propuestas: “Revisar los artículos que nos afectan el ejercicio de nuestra Justicia Indígena Originaria y promover la acción de inconstitucionalidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional”.

También se plantea abrogar la ley de Conciliación y Arbitraje y modificar la Ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional.

Entre tanto, en la mesa 2 se propuso la creación de una comisión interjurisdiccional conformada por las tres jurisdicciones “para transparentar la justicia en el Estado Plurinacional”.

“Respeto y cumplimiento obligatorio de nuestras resoluciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina, convenios que sean suscritos con la Justicia Ordinaria, Justicia Agroambiental y la Justicia Indígena Originaria conforme a nuestros procedimientos propios”, indica el documento.

También plantea la necesidad de una asignación de presupuesto económico del Tesoro General de la Nación para la Jurisdicción Indígena.

En la misma mesa se propone promover una acción constitucional para que en la certificación de antecedentes sean efectuadas también por las autoridades indígena originario campesinas.



DESCOLONIZACIÓN JUDICIAL

La mesa número 3 del Encuentro Nacional de la Justicia Constitucional y las autoridades de la justicia indígena originaria campesina plantea la descolonización de la justicia desde la educación preescolar, secundaria y la universidad. Por lo tanto, plantea implementar en las universidades indígenas una malla curricular intra e intercultural, así como la inclusión en la malla curricula en el nivel escolar, secundario y en las universidades se incorpore de forma obligatoria de contenido de la jurisdicción indígena originario campesino.

En última mesa, plantea la elección de autoridades para el Órgano Judicial mediante procedimientos propios de las comunidades indígenas.

“La representación de autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura sea en igualdad de proporción de representantes y sean elegidas según sus normas y procedimientos propios de las naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino”, indica el documento de la mesa 4.

Al mismo tiempo, plantean que la Justicia Origina Campesina debe tener alcance al área urbano-popular. Para hacer conocer este documento piden una mesa especial para la Justicia Indígena.

Thursday, March 10, 2016

Magistratura analiza postergar realización de Cumbre de Justicia

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó ayer que mañana la Sala Plena analizará la posibilidad de postergar la realización de la Cumbre de Justicia, anunciada por el Gobierno, para el 16 y 17 de abril, en la ciudad de Sucre.

“La Sala Plena del Consejo de la Magistratura considerará la postergación o no de la Cumbre Nacional de Justicia, sin embargo, el aplazamiento de este evento es una decisión del Gobierno Nacional”, declaró Choque.

Entre las razones para solicitar que la Cumbre Judicial sea postergada, Choque explicó que están las actividades que los funcionarios judiciales realizan entorno a la reciente vigencia de los códigos Procesal, Civil y Familiar.

Anunció que una eventual postergación pasa también por un análisis a nivel de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, que tiene previsto reunirse este jueves en la ciudad de Sucre, así como una decisión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

En pasados días, el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Von Borries, sugirió la suspensión del evento, por dos o tres meses, teniendo en cuenta que el propio Gobierno estaría considerando esta posibilidad por la coyuntura política actual.

“Las salas plenas van a definir si es necesario pedir la suspensión, eso está todavía en análisis y una vez que nos pronunciemos haremos conocer hasta el jueves”, señaló Choque.

Dijo que la propuesta tuvo eco en algunos sectores, como los colegios de abogados, derechos humanos y otros, porque de momento se está ensayando un nuevo sistema normativo con dos instrumentos jurídicos.

La sugerencia de aplazar la cumbre inicialmente surgió desde los colegios de abogados, los cuales plantearon igualmente dar tiempo de aplicación a los dos flamantes códigos que, sin conocer su eficacia, serían objeto de críticas, pero sin siquiera haber evaluado el impacto y los avances que tuvo su aplicación en distintas regiones del país.

Wednesday, March 9, 2016

La Fiscalía cita a 98 personas por quema de Alcaldía alteña

En total 98 personas prestaron su declaración en el Ministerio Público dentro del proceso investigativo por la toma y posterior quema del edificio de la Alcaldía de El Alto, hecho ocurrido el 17 de febrero, que, además, provocó la muerte de seis funcionarios de la municipalidad, quedando heridas 18 personas.

Ruddy Terrazas, miembro de la comisión de fiscales que investigación el caso, explicó que ayer terminaron de declarar los 80 gendarmes de dicha comuna y que en las próximas horas serán convovocados el comandante de la guardia municipal y los instructores.

Asímismo comenzarán a declarar otras 18 personas, entre funcionarios comunales y personas particulares, que estaban en el interior del edificio el día que ocurrió la marcha de los padres de familia y que se transformó en un ataque a la Alcaldía. Una vez concluyan las declaraciones, la comisión de fiscales analizará si se convoca otra vez a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, para que amplién su declaración.

La defensa

Por su lado la directora jurídica del municipio alteño, Sonia Vallejos, dijo que una vez finalice la toma de declaraciones, el Ministerio Público procederá a las aprehensiones de otras personas y exfuncionarios municipales que fueron identificados en la protesta de los padres de familia, como por ejemplo Henry Alcón y Nancy Mamani.

“El Ministerio Público está recolectando información y pruebas”, afirmó Vallejos, explicando que se realizaron las pericias criminalísticas y las perimetrías del lugar; igualmente se tomará en cuenta los elementos inflamables utilizados en la quema.

Según la agencia Erbol, en la jornada de ayer reapareció ante los medios de comunicación la exdirectora de Género y Gestión Social de la Alcaldía de El Alto (en la anterior gestión), Nelly Apaza, quien aseguró que participó en la marcha de padres de familia, pero que se retiró antes de que se produjera la quema del edificio.

La exfuncionaria municipal fue identificada por la alcaldelsa Soledad Chapetón como una de las instigadoras de la protesta que derivó en violencia. Nelly Apaza, era funcionaria de la gestión del exalcalde masista Édgar Patana dijo que al momento en que se suscitó la quema ella estaba en una entidad financiera pagando servicios

Tuesday, March 8, 2016

Encarcelan a tres jueces y un ex vocal de Cochabamba por comisión de varios delitos

El representante regional del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, informó hoy que se encarceló a tres jueces y un ex vocal de Cochabamba por la comisión de delitos en un proceso que promovieron de manera irregular y que ocasionó que un ex condenado por narcotráfico, Rubén C.A., sea privado de libertad en dos ocasiones.
"Se ha determinado la detención (preventiva) de estas tres autoridades judiciales y de un ex vocal", dijo.
Rocha explicó que los implicados son el juez de sentencia Nro. 5, Néstor Enríquez; la jueza público Nro. 1 en materia civil, Gisela Valda; el juez de Villa Tunari, Porfirio Mayorga, y el ex vocal Ángel Villarroel.
La decisión del caso se tomó en una audiencia cautelar realizada en la ciudad de Sucre el jueves de la semana pasada, donde se ordenó que la detención preventiva se cumpla en el penal de San Roque.
Rocha mencionó que la determinación se basó en una imputación que presentó la Fiscalía en contra de los involucrados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y privación de libertad, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.
El caso se refiere a una acción legal irregular efectuada contra Rubén C.A, porque entre 1983 y 1986 cumplió una condena por transporte de droga y los ahora demandados desarchivaron el caso e hicieron encarcelarlo por segunda vez durante siete meses con un mandamiento de condena emitido el 15 de noviembre de 2010.
Rocha añadió que el accionar judicial fue promovido por una persona que tenía pleitos penales y civiles con el afectado, Milka. B. A., y su ex abogado Fredy P. B, quienes también están con detención preventiva.
Agregó que la acción efectuada contra el demandante hizo que llegue a la presentación de una Acción de Libertad en 2013, que dejó sin efecto la resolución emitida en su caso, porque vulneró sus derechos constitucionales.
"El mismo Tribunal Constitucional se pronunció por iniciar acciones por la irregularidad vista en este caso y el señor R. C.A. inició el proceso judicial del caso", sostuvo.
El representante del Consejo de la Magistratura añadió que el demandante pidió que su caso se tramite en Sucre, porque varias denuncias que presentó contra las autoridades judiciales del caso en Cochabamba ante las instancias pertinentes "fueron rechazadas".

Foro Nacional sobre la Reforma a la Justicia

Con el propósito de contribuir a la reforma de la Justicia, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos organizó la realización de un “Foro Nacional: La Reforma Posible de la Justicia”, en el que participarán como invitados destacados profesionales en la materia y autoridades de Gobierno.

El Foro se realizará este viernes de 08.30 a 12.30 horas, el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El ingreso será gratuito.

Asimismo, se tienen previstas las intervenciones del rector de la UMSA, Waldo Albarracín; ministra de Justicia, Virginia Velasco; Defensor del Pueblo, Rolando Villena; consejera de la Magistratura Willma Mamani, Consejera de la Magistratura; José Antonio Rivera, exmiembro del Tribunal Constitucional; Jorge Lazarte, politólogo y exconstituyente; Carlos Alarcón, abogado constitucionalista; y Marco Mendoza, experto en Justicia Indígena.

CUMBRE

De acuerdo con la convocatoria, la Cumbre de la Justicia se efectuará de los días 16 y 17 de abril, en la ciudad de Sucre, de acuerdo con los anuncios oficiales.

La ministra de Justicia anunció en días recientes que se llevarán antes cumbres departamentales, como actividades preparatorias de la cumbre nacional. Agregó que la convocatoria a tales eventos la formulará el presidente Evo Morales.

A las reuniones departamentales se invitará –dijo la ministra Velasco– a todas las organizaciones e instituciones relacionadas con la Justicia, entre ellas las carreras de Derecho de las universidades, los colegios de abogados y organizaciones sociales.

Monday, March 7, 2016

Víctima denuncia que jueces en Potosí no cumplen su función

Nicolás Flores Mendoza se trasladó desde la ciudad de Potosí a La Paz, para presentar una denuncia contra las autoridades de la Sala Civil y Comercial de la ciudad de Potosí porque hasta la fecha no estarían cumpliendo con sus funciones y serían causantes que, por esa mala administración de justicia, el afectado estuviera a punto de perder su propiedad en esa capital.

Al respecto, EL DIARIO intentó comunicarse con el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pero lamentablemente ninguna de las llamadas efectuadas desde La Paz fueron atendidas.

Según Flores, los jueces Wilfredo Ramos, Freddy Romay, vocal Paulo García y secretaria Carla Cárdenas actuaron de manera “parcializada” en favor del demandado Rodrigo G., a quien en su condición de valuador de bienes inmuebles le transfirió la referencia de un inmueble que tiene en la ciudad de Potosí.

Por su trabajo, en la localidad de Llallagua, no estuvo pendiente de lo que a su ausencia se estaba fraguando, porque el sindicado había negociado con su inmueble sin su consentimiento con el argumento de que no existe documentación.

Sunday, March 6, 2016

Jubilados se movilizarán por segundo aguinaldo este año

Los jubilados de todo el país se movilizarán contra el Gobierno nacional si no se les mejora las rentas y se les garantiza el doble aguinaldo, esa es una de las conclusiones del ampliado nacional desarrollado en la ciudad de Potosí el pasado fin de semana.

El secretario de prensa y propaganda de la Confederación de Jubilados Rentistas de Bolivia, René Carvajal, informó que este sector mantiene el estado de emergencia a la espera de las respuestas que pueda otorgar el Gobierno nacional a sus demandas que se centran en el mejoramiento de las rentas y el acceso al segundo aguinaldo.

Los jubilados se movilizaron antes del referendo constitucional y levantaron las medidas para que sus dirigentes puedan dialogar, pero no llegaron a ningún acuerdo con los funcionarios porque el presidente Evo Morales les dio el apoyo a sus demandas, pero los ministros de Economía y Trabajo desahuciaron los cambios que se deben implementar para mejorar las condiciones de vida de quienes en el pasado generaron las regalías mineras que sirvieron para la vertebración nacional.

En el ampliado nacional se escucharon denuncias de los delegados en sentido que este sector había sido discriminado en el pago del segundo aguinaldo por tres años y no estaban dispuestos a seguir tolerando ese trato ya que se trata de una colectividad humana que tiene muchas necesidades.

Se destacó que en el congreso de la Central Obrera Boliviana se apoyó las demandas de los jubilados y se espera la incorporación de esos temas en el pliego nacional que presentará la dirección de los trabajadores bolivianos a miembros del gobierno central.

Thursday, March 3, 2016

Piden erradicar la "chicana" en jura de 360 defensores inscritos en Registro de Abogacía

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, juramento hoy a 360 abogados empadronaron en el Registro Público de la Abogacía (RPA), a quienes pidió ejercer la profesión con ética y erradicar la "chicana" a favor de la sociedad.
"Los profesionales en derecho que recibieron sus credenciales que los acreditan que se empadronaron al RPA, pueden litigar en todo el país y prestar un servicio adecuado a favor de la sociedad", dijo en el acto que se realizó en hall del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La ministra enfatizó que los nuevos abogados que egresaron de las universidades públicas y privadas, tienen el gran reto de mejorar la administración de leyes y normas legales.
"Presten un servicio adecuado, pronto, oportuno y sin chicanas, más erradíquenla", dijo.
Reflexionó a los abogados a cumplir la Ley 387 que regula el ejercicio de la abogacía y el registro y control de abogados, cuya función social está al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia.
Exhortó a los juristas a ejercer la profesión con honestidad, ética y moral, bajo los principios constitucionales del Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón).
Recordó que la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 permitió cambios estructurales en la institucionalidad jurídica del país, creó normas de carácter fundamental para materializar el acceso pleno a la justicia, entre ellas el ejercicio de la profesión del derecho.
Por su parte, el vocal Juan Carlos Berrios, en representación de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dijo a los abogados que está en sus manos mejorar el acceso a la justicia y la aplicación correcta de las leyes.

Ministerio Público no detuvo a excomandante policial

La fiscal Susana Boyán informó que no existen motivos para detener al excomandante de la Policía Regional de El Alto, José Peña, quien tiene dos procesos en su contra, uno de ellos la quema de la Alcaldía de esa ciudad que dejó con la muerte de seis funcionarios.

“No existen motivos para aprehender al coronel de Policía, José Peña, excomandante regional de El Alto”, afirmó, según medios estatales, la jurista que forma parte de la comisión de fiscales que indaga el caso.

Peña enfrenta dos procesos penales instaurados en su contra por los sucesos del pasado 17 de febrero, uno en la ciudad de El Alto y otro en la oficina central de la Fiscalía Departamental.

Sin embargo, la Fiscal Boyán aclaró que no es evidente la detención de Peña, como informaron algunos medios.

ABOGADO

Por su parte, el abogado Marco Antonio Guía, afirmó que su cliente “no está ni fue detenido” y remarcó que coadyuvarán con el Ministerio Público en la investigación, para el esclarecimiento de los hechos del pasado 17 de febrero.

Dijo que Peña se presentó voluntariamente a declarar ante la fiscal Boyan.

ANTECEDENTES

El pasado miércoles 17 de febrero, una marcha de padres de familia concluyó con la toma y saqueo de las principales oficinas ediles de la urbe alteña.

A pesar de los constantes contactos telefónicos de autoridades municipales con el Comando Regional de la Policía en El Alto, los uniformados no resguardaron la Comuna, lo que permitió que el vandalismo acabara con la vida de seis funcionarios municipales.

Ante esto, las denuncias sobre la responsabilidad de estos hechos recayeron sobre el excomandante Regional, José Peña, quien, en declaraciones a medios televisivos, aseguró que sólo cumplió con su deber durante la luctuosa jornada.

Advertencia del Gobierno Zapata será enjuiciada si muestra en público al hijo del Presidente

El anuncio de familiares de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, de presentar en público al hijo que tuvo con el Primer Mandatario, molestó al Gobierno que ayer advirtió con un proceso judicial adicional contra Zapata si cumple el anuncio. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, afirmó en Palacio que al menor de edad lo protege el Código Niño, Niña y Adolescente.

La autoridad afirmó que si presenta públicamente al menor de edad en público se estaría cometiendo un delito, según las leyes bolivianas.

“De acuerdo a nuestras normativas bolivianas difundir imágenes (de menores de edad) es un delito. Nosotros hemos respetado la norma, y por eso, se tiene que tomar medidas con relación al niño niña, para eso tenemos un código”, afirmó Velasco.

Insistió que de acuerdo a la normativa “no se puede mencionar el nombre o (difundir) imágenes del niño”, porque se vulnerarían los derechos de la niñez, no obstante aguardarán que se concrete el anuncio.

La mañana del lunes el presidente Morales salió ante los medios para explicar que él no sabía que su hijo estaba con vida como, supuestamente, le aseguró su expareja, sin embargo, tras la afirmación de la tía de Zapata, quien mencionó que el niño no falleció, el Jefe de Estado pidió llevarlo a su presencia y que si se lo permitían quería hacerse cargo del infante porque tenía derecho como padre.

Como respuesta la familia de Zapata afirmó el martes que por seguridad el hijo del Presidente sería presentado ante los medios de comunicación internacional y que el menor de edad estaba al tanto de todo lo que sucedía en relación a su madre.

Posteriormente, el mandatario recurrió con un recurso extraordinario ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que Zapata entregue al hijo de ambos a las autoridades en un plazo de cinco días.

Gabriela Zapata se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de Obrajes de la ciudad de La Paz, quien es acusada de tráfico de influencias, uso indebido de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito.

Tuesday, March 1, 2016

Dictan sentencia contra responsables de la masacre de Palmasola en 2013

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz conformado por los jueces Gladis Alva y Jesús Eguez, dicto sentencia este martes contra los responsables de la masacre que se vivió en la cárcel de Palmasola el año 2013, donde al menos 30 personas perdieron la vida producto de una disputa entre dos grupos de reos por pugnas de poder en el recinto carcelario.

Michael Pedraza Arteaga, Pedro Luis Banegas Galdo, Robert Ricardo Oliva, Lius Tobías Ortiz y Reinaldo Oporto fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por los delitos de asesinato y lesiones gravísimas.

Mientras que Walter Romero, Clever Viera Gutiérrez, Danny Z. Cuéllar recibieron la sentencia de 15 años por los delitos de complicidad en asesinato y lesiones gravísimas.

Albert Silva Dorado fue sentenciado a 6 años de cárcel por lesiones graves.

Once personas resultaron absueltas de culpa, el viernes 4 de marzo se dará lectura al fallo.

Fallas en trámite frenan solución de casos por vía de conciliación

Desde la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el 6 de febrero de 2016, ningún caso fue resuelto por la vía de la conciliación. La demora se debe a problemas en el procedimiento.

Los expedientes están siendo derivados en primera instancia a los jueces, cuando la norma establece que deben ser remitidos a los conciliadores.

A cuatro semanas de la aplicación de la ley, cada uno de los 25 juzgados de la capital derivaron un promedio de tres procesos a los conciliadores.

OPINIÓN visitó cuatro juzgados públicos en materia Civil y los administradores de justicia explicaron que no fueron notificados de ninguna solución de conflictos con la concertación

La nueva ley señala que las demandas deben ser derivadas "de manera obligatoria" a los conciliadores antes de que lleguen a los juzgados, para que los juicios se resuelvan a través de la negociación.

Los 16 conciliadores tienen un plazo de diez días para buscar la soluciones a los litigios conversando. Hasta ayer no se inicio ninguna sesión de conciliación.

El conciliador Yamil Saavedra aclaró que se encuentran trabajando dentro del plazo y que se tendrán resultados en la primera semana de marzo.

Cada conciliador debe atender a dos juzgados de manera simultánea.

La norma señala que debe haber un conciliador por cada juzgado.

Las determinaciones asumidas en las sesiones de conciliación son remitidas a los juzgados para que tengan el valor de una sentencia.

LOS JUECES El Juzgado Público número 23, por ejemplo, recibió 22 demandas, de las cuales seis fueron enviadas a conciliación. En la mayoría de los casos, se trata de pugnas por el derecho propietario de bienes inmuebles(casas, terrenos).

El juez Johnny Maldonado, explicó que reciben memoriales de emplazamientos a reconocimiento de firmas que no necesitan pasar por conciliación porque se resuelven de manera escrita.

PLAZO El juez del Juzgado número 11, Clovis Espinoza, señaló que en el caso de las demandas que no sean conciliadas, los juicios comenzarán por lo menos a finales de marzo.

Una vez que sea agotada la instancia de la negociación, se cita al demandado para que responda a la acusación en un plazo de 30 días.

PROBLEMAS Se evidenció que los jueces aún no se instalaron completamente y no tienen un adecuado servicio telefónico.

El juez Winder Velasco dijo que otra dificultad es la falta de jueces liquidadores que se hagan cargo de poner al día las causas pendientes, que alcanzan a más de 24.000.

A partir de la puesta en marcha de la norma, todos los procesos de índole civil son públicos y orales. Las demandas deben ser resueltas en dos audiencias y en un plazo máximo de seis meses.

Plantean la necesidad de un juzgado agroambiental en Huanuni

Representantes de la localidad minera de Huanuni plantean ante el Tribunal Agroambiental, la necesidad de contar con un juzgado de esta repartición judicial, ya que se trata de un sector estratégico que puede ayudar a los demás municipios circundantes a resolver sus problemas en cuanto al tema de límites y contaminación ambiental.

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) y representante de los campesinos de la provincia "Pantaleón Dalence", Juan Villca, informó que desde la gestión 2013 se realizan gestiones para que el departamento pueda contar con un juzgado del Tribunal Agroambiental y que dicha corte pueda estar ubicada en la localidad de Huanuni.

"Elegimos a Huanuni porque en estas zonas se tiene varios conflictos con la temática ambiental, estamos pidiendo que se nos priorice este pedido dentro de las políticas nacionales, en ese marco esperemos que para esta gestión se pueda concretar este anhelo para el municipio de Huanuni, sería un hito histórico porque Oruro no cuenta con un juzgado de este tipo", indicó.

Villca, explicó que el beneficio que traería este juzgado, estaría enmarcado en dos ámbitos, el primero es el tema de los límites jurisdiccionales de las comunidades y poblaciones, ya que en el departamento de Oruro se tienen varios conflictos por el tema de límites tanto a nivel interno, como con otros departamentos.

El otro ámbito está referido al tema de la contaminación ambiental ya que según Villca, la empresa minera Huanuni, contaminó el río de esta región por algo más de 100 años, afectando a otros municipios circundantes, y catalogándose como uno de los factores para la desaparición del lago Poopó.

"Además que otros municipios pueden acceder a este tribunal ya que la población geográficamente está en un lugar estratégico porque circunda con varios municipios cercanos, además de tener un acceso asfaltado, por lo tanto creemos que va ser un lugar de fácil acceso para las demás poblaciones", indicó.

Villca señaló que las gestiones están avanzadas, ya que se tiene convenios donde por parte del municipio se les brinda el compromiso de dotarles de ambientes necesarios para su labor, además de otra necesidades, actualmente se insiste ante las autoridades competentes, para que Oruro cuente con un juzgado de estas características.

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA GUADALUPE CÁRDENAS POR INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR Y SEDICIÓN

El Ministerio Público informó el martes que la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de Guadalupe Cárdenas Cabrera en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz.
“Esta persona fue imputada por la presunta comisión de los delitos de Instigación Pública a Delinquir y Sedición, y en audiencia de medidas cautelares el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal dispuso la detención preventiva”, informó la Fiscal de Materia, Jenny Quispe.
Cárdenas fue denunciada por el Ministerio de Gobierno por convocar, mediante dos videos que circulan en las redes sociales, a los efectivos de la Policía Boliviana a levantarse contra el Gobierno legalmente establecido.
“Como Ministerio Público hemos pedido la aplicación de la medida de detención preventiva y en audiencia cautelar hemos demostrado los riesgos procesales de obstaculización de la investigación y peligro de fuga”, agregó.
Entretanto, el fiscal Daniel Ayala también asignado al caso, sostuvo que Cárdenas Cabrera al difundir sus videos cometió el delito de Sedición y esa situación fue tomada en cuenta por la autoridad jurisdiccional.
“Con todos los elementos probatorios que cursan en el cuaderno de investigación, se establece suficientes indicios de autoría en contra de Guadalupe Cárdenas, quien ha sido identificada como la persona que emite las declaraciones”, finalizó Ayala.
Cárdenas Cabrera se hacía pasar como dirigente de las esposas de los efectivos policiales y pesan en su contra varias denuncias de ilícitos cometidos por su persona.
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