Bolivia atraviesa uno de las peores crisis de confianza del ciudadano en el sistema judicial del país, por lo que urge una reforma fruto de un diálogo nacional que tome en cuenta a todos los sectores sociales, incluyendo la población, y no sólo a los operadores de justicia, como se perfila la cumbre judicial convocada por el Gobierno para junio próximo.
Estos fueron los principales puntos de coincidencia de los expositores y asistentes en la primera jornada de un nuevo ciclo de conversatorios organizado por el diario Los Tiempos, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.
Los investigadores Vivian Schwarz y Roberto Laserna, moderados por el director de Los Tiempos, Juan Cristóbal Soruco, coincidieron anoche en calificar como “crisis” la relación actual entre los ciudadanos y el sistema judicial.
Con datos de Ciudadanía y otros centros, levantados cada dos años, Schwarz expuso encuestas de opinión en las que se demuestra un bajón de la confianza en la justicia a partir de 2006, al punto de que la percepción ciudadana sobre sus instituciones judiciales está por debajo del 50 por ciento. Sólo el Defensor del
Pueblo llega a tener un 52 por ciento de aprobación. Del otro lado, la Policía es la institución más cuestionada con sólo 30 por ciento de confianza. En medio se encuentran el Tribunal de Justicia y el sistema penal.
El 68 por ciento de la población culpa a la corrupción de los jueces como causante de la injusticia y la mora judicial y el 25 por ciento de la población afirma haber pagado un soborno, presionado por los administradores de justicia. Dos tercios de la población consideran que es urgente una reforma judicial.
Sin embargo, explica Schwarz, la población también muestra sus debilidades de percepción de la justicia. Dos tercios creen que el sistema judicial está llamado a castigar a los delincuentes; el 60 por ciento apoya la justicia por mano propia y un tercio de la población quisiera tener un arma.
Además, sólo el 20 por ciento de la población encuestada cree que el órgano judicial es independiente del ejecutivo, y cuando se consulta si debiera seguir siendo así, la opiniones se reparten la mitad por el Sí a la independencia y la otra mitad por el No, lo que devela poca convicción sobre este tema.
ESTADO DESCUIDÓ LA JUSTICIA Y CADA UNO BUSCA POR SU LADO
Roberto Laserna, en tanto, comentó que la situación de crisis en Bolivia se da por una distorsión de la misión del Estado, que originalmente estaba llamado a proteger a sus miembros. Sin embargo, la acumulación de responsabilidades del Estado ha conducido a un descuido de la administración judicial, añadió.
Por ello, estamos en una situación en la que cada persona quiere hacer justicia a su manera: linchar, poner guardia de seguridad privada, tener un arma.
En el conversatorio, que fue transmitido en vivo por la versión digital de Los Tiempos, hubo bastante participación del público. Uno de los asistentes pregunto: si se habla de crisis, cuándo Bolivia tuvo una buena percepción de este sistema judicial. “La respuesta es nunca, pero hemos tenido mejores épocas en que la percepción no era tan mala”, respondió Laserna.
Soruco también aportó indicando que durante los años 80 y 90 hubo mejores acuerdos e intenciones sobre este tema, al punto de que fruto de esas políticas surgieron instituciones importantes, como la Reforma Constitucional de 1994, la instauración del Defensor del Pueblo y la creación del Tribunal Constitucional.
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