El Consejo de la Magistratura recibió 1.355 candidatos para ocupar una de las 58 acefalias de jueces y vocales en distintos departamentos, muchos de los cuales cumplieron su período en funciones, otros renunciaron y algunos fueron cesados debido a denuncias de corrupción, según informó Wilbert Choque, presidente del Consejo de la magistratura.
“Todos los postulantes en esta convocatoria serán evaluados y los resultados de cada etapa serán informados a la sociedad (…) esperaremos que la gente haga llegar sus observaciones a quienes no crean que cumplen con los requisitos o tengan denuncias”, afirmó Choque.
Choque detalló que de acuerdo a la convocatoria, el plazo para recibir inscripciones fue cerrado la tarde de este miércoles, y ahora los sobres de los postulantes serán enviados a una comisión de evaluación que funcionará en la ciudad de Sucre.
La comisión calificadora estará compuesta por miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela de Jueces y el CM, además de una notario de fe pública.
Luego de verificar que se están cumpliendo con los requisitos, los postulantes pasarán a otra etapa donde se verificará la meritocracia y luego incluso existirá un examen psicológico, todo esto debe ser terminado en tres semanas.
Explicó que a nivel nacional existen 21 cargos de vocales acéfalos en los tribunales departamentales de justicia, y 37 vacancias para jueces de distintas materias, pero debido a las últimos despidos y graves denuncias por corrupción, en el caso de los jueces se prevé que las acefalias se incrementaran a 44.
Por mandato de la Ley del Órgano Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia nombra a los vocales departamentales y el Consejo de la Magistratura, a los jueces previo calificación de méritos y exámenes de competencia que durará aproximadamente tres semanas.
El mayor departamento que inscribió que fue La Paz, con alrededor de 368 postulantes para cuatro cargos a vocal y una decena de jueces.
Indicó que conforme avance la calificación de méritos y habilitaciones, la comisión designada informará de manera paulatina, para que la ciudadanía tenga la opción de objetar a algún postulante que crea no reúne las condiciones de idoneidad y transparencia.
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