El caso de supuestos malos manejos de millonarios bienes reincautados a testaferros y familias de ‘cuello blanco’, en el asunto de la investigación de fortunas relacionadas a Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e Paja’, originó un conflicto entre la Fiscalía y la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi).
La comisión de fiscales, que lleva adelante el proceso de indagación, integrada por Ruth Noemí Arnez, Marina Flores, Fanny Alfaro, e Iván Ortiz, planteó una demanda penal contra personeros de Dircabi por incumplimiento de deberes al resistirse a firmar las actas de recepción de los bienes cuantiosos, pese a haber intervenido en las acciones de reincautación y recibirlos de manera física.
Las diferencias generaron que la Fiscalía General del Estado pida de inmediato informe a los fiscales sobre sus actuaciones en el sonado caso. El informe fue elevado al fiscal de distrito Gomer Padilla. En partes sobresalientes señala que “con el fin de que el Estado recupere algo de los bienes incautados que han sido usufructuados y dispuestos arbitrariamente por imputados y familiares a lo largo de 25 años volvimos a solicitar la incautación”. Señala además que la comisión y policías el 24 de marzo entregó a Dircabi los predios de Horizonte de 807 hectáreas entre el kilómetro 14 y 17 de la carretera al norte, el edificio Guapay, bienes imuebles, vehículos de lujo, semovientes y otros de alto valor. Se hace notar que Dircabi se niega a firmar las actas de recepción porque no quiere administrar los bienes con el argumento de que necesitan una resolución ejecutoriada de incautación. La Fiscalía convocó a la directora nacional de Dircabi a declarar al no encontrar una respuesta.
Para conocer la versión EL DEBER acudió durante dos días a Dircabi en Santa Cruz. Se recibió la respuesta de que no pueden referirse al tema sin autorización de La Paz.
Alianza de ‘cuello blanco’
Mientras tanto la defensa de Beatriz Asunta Roca ‘Chunty’, que permanece detenida por orden judicial y postrada en la clínica Kamiya, acumuló numerosas denuncias formales ante altas autoridades establecidas contra lo que consideran una red para evitar la confiscación de los millonarios bienes relacionados a Jorge Roca Suárez y consumar cuantiosos negociados con afectación al Estado. Para los abogados de la defensa, Herbert Alfredo Cuéllar y Bishara Sarras, los fiscales Ruth Noemí Arnez, Marina Flores, Fanny Alfaro, e Iván Ortiz manejan un discurso político en el fondo porque obstruyen la acción de la justicia para la confiscación de los bienes. “Todos están felices vendiendo terrenos. Todo mundo está metido ahí, hay gente construyendo, viviendo, urbanizando”, dijo el jurista Cuéllar.
La defensa señala que presentaron demandas penales contra los fiscales que a lo largo del tiempo miraron de palco y más bien se convirtieron en aliados de una organización de dos familias y testaferros para derrochar bienes que están incautados desde el año 1991.
Las demandas por supuestas irregularidades contra representantes del Ministerio Público fueron presentadas ante la Fiscalía General, Asamblea Plurinacional, Procuraduría General del Estado y otras pero no hay respuestas.
En el expediente se adjunta un acuerdo de procedimiento abreviado que firmó ‘Chunty’ Roca, con la Fiscalía de sustancias controlas declarándose autora del delito de receptación. Sin embargo el acuerdo no llega a ser sellado por el juez ante la oposición de otra comisión de fiscales que consideró un hecho irregular. Para la defensa de ‘Chunty’ Roca, se opusieron a que se declare culpable porque con la sentencia todos los bienes quedaban confiscados incluyendo los que manejaron los llamados testaferros y las dos familias involucradas.
Cautela en la Fiscalía
Consultado sobre el sonado caso, los conflictos y las denuncias contra fiscales, el fiscal de Distrito se mostró en las últimas horas cauto.
Expresó que la Fiscalía emitirá un informe pero que por considerar que se trata de una de las investigaciones más complejas no era el momento para emitir juicios de valor
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