El constitucionalista Carlos Alarcón tiene desarrollada una propuesta para reformar la Justicia, pero previamente presentará una alternativa ciudadana, para que se realice un elección limpia de los magistrados de justicia en 2017.
Explicó a EL DIARIO que, a su juicio, la actual reforma de justicia no tiene perspectiva de llegar a construir una justicia independiente, que es la necesidad imperiosa del país, debido a que siendo el actual gobierno el responsable del lamentable estado de la Justicia boliviana, este mismo no debería ser quien vuelva a maltratarla como lo hizo en la anterior elección de magistrados, presentando aspirantes seleccionados por el oficialismo.
Según el jurisconsulto, el principal mal de la justicia es la falta de independencia, problema letal que no pudo superarse desde la fundación de la República y que actualmente está mucho peor.
Sostiene que el lograr extirpar este mal beneficiaria grandemente al país, por lo que Alarcón tiene dos propuestas, una coyuntural sobre la elección de los magistrados que debe darse el año 2017 y otra sobre las reformas propiamente dichas.
La primera tiene el fin de elegir a magistrados del consejo de la Judicatura de manera independiente, para lo cual el entrevistado, plantea que la Asamblea Legislativa elabore una ley de preseleccionados al Consejo de la Magistratura, a cargo de 11 tribunales de Eméritos.
Cada tribunal deberá estar conformado por tres representantes. De los tribunales, cinco deberían ser nombrados por el gobierno y seis por la sociedad, los mismos que preseleccionarán a los candidatos a los magistrados nacionales, basándose en sus cualidades, idoneidades, especialidades y trayectoria.
Cada tribunal estaría conformado, a su vez, por tres comisionados, cinco presentados por el oficialismo y los otros 6 de la sociedad, designados por: 1. Los gobernadores departamentales; 2. Alcaldes de las ciudades capitales; 3. Alcaldes de ciudades intermedias; 4. El Defensor de Pueblo; 5. Decanos de las facultades de Derecho y 6. Asociaciones de periodistas. Así se formaría la mayoría de Tribunales de la sociedad civil.
Los Tribunales de Emérito preseleccionarían a los postulantes, confeccionarían luego una nómina con nueve postulantes para cada cargo. Cinco al Consejo de la Judicatura, siete del Tribunal Constitucional y siete del Tribunal Agroambiental. Las listas tendrían que respetar la alternancia de género, para luego presentarlas a la Asamblea Legislativa, que en definitiva será la que elija, de esa nómina, a los Magistrados.
Si la mayoría de los 11 tribunales de Emérito coincide en la elección de un postulante, este deberá entrar forzosamente en la terna presentada a la Asamblea. En el caso de insuficiencia de concursantes, se reduciría la terna y cuando todos sean elijan por el voto popular, el que tenga más votos será titular y el segundo suplente.
Finalmentem si los votos nulos o válidos sumados superan a los válidos de un candidato, la elección será nula y volvería a convocarse a candidatos para un nuevo concurso de méritos.
Lo interesante de esta propuesta, acotó el proponente, es que si la Asamblea Legislativa no quiere presentarla, los ciudadanos pueden hacerlo, conformando un grupo de ciudadanos, como actores circunstanciales.
Debido a que este proceso es largo, debería presentarse al Legislativo el primer semestre del año 2017 para preseleccionar a los aspirantes hasta fines del mismo semestre, de manera que la votación general se realice el segundo semestre, porque los nuevos magistrados tendrían que ejercer sus cargos desde el 2018.
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