Thursday, June 30, 2016

El TCP agiliza procedimientos y compromete dictar en 7 días fallos sobre preguntas para referéndums



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asumió el compromiso de dictar en siete días hábiles las resoluciones de constitucionalidad de las preguntas para la consulta autonómica del 20 de noviembre, como parte de la coordinación interinstitucional para sumar a más subgobiernos al referéndum para validar cartas orgánicas y estatutos, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Autoridades del Ministerio de Autonomías, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvieron este miércoles una reunión en Sucre para coordinar acciones en procura de acelerar los procesos hacia la consolidación autonómica en los niveles municipal, regional e indígena.

El control constitucional emitirá decisiones de constitucionalidad sobre las preguntas para la consulta en un plazo de 7 días hábiles, según un boletín institucional del TSE.

Además se acordó una coordinación directa entre las presidencias del TSE y el TCP. “Vamos a promover una coordinación para que los procesos y cada uno de los órganos sean eficientes para que la mayor cantidad de municipios puedan participar de esta consulta”, indicó la presidenta del TSE, Katia Uriona.

De acuerdo al último reporte de la entidad electoral, solo 15 entidades territoriales autónomas (ETA) solicitaron ingresar en la consulta, aunque el ministro de Autonomías, Hugo Siles, da cuenta del interés de 50 entidades autónomas.

La consulta se había previsto para el 30 de octubre, pero fue pospuesta para el 20 de noviembre por el feriado de Todos los Santos. Ahora, los municipios que deseen participar del referéndum deben presentar su solicitud antes del 12 de agosto, puesto que en esa fecha se abrirá el calendario electoral. (29/06/2016)

Retrasan la aplicación de Cumbre Judicial

A 18 días de haber concluido la Cumbre Judicial, todavía no arranca la comisión que tiene que analizar las conclusiones del evento realizado en Sucre.

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, informó que la comisión interinstitucional requiere de una norma para empezar su trabajo y proyectar la ruta de aplicación de las conclusiones de dicho cónclave. 'Tiene que haber una base institucional donde participen no solo el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino la Asamblea Legislativa y los ministerios de Justicia, de Gobierno y quizás la Procuraduría General del Estado, pero esta comisión necesita una normativa y una metodología de trabajo", declaró la legisladora. No precisó si será una ley o será otro mecanismo, pero dijo que es necesario un mecanismo que institucionalice ese espacio que será de toma de decisiones sobre la clasificación de las propuestas las que serán de implementación a corto, mediano y largo plazo.

En su criterio, la comisión no puede estar expuesta a la posibilidad de cambios ya sea en la Asamblea Legislativa o en los ministerios, sino que por el contrario "esta debe ser una labor institucionalizada que marque el carácter permanente de la coordinación gubernamental", precisó.

Una vez constituida la comisión debe definir en su funcionamiento la periodicidad de sus reuniones, plazos en las tareas y una agenda, entre otros que se asumirán en el marco de acuerdos previos entre las entidades que participen.

Sugerencias, no imposiciones. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, aclaró que las conclusiones de la Cumbre en la capital del Estado, deben ser solamente sugerencias y no imposiciones del poder. Lamentó que la Cumbre no tomó en cuenta las sugerencias de los actores para generar un Pacto Social y sacar de la crisis al Poder Judicial. En ese entendido, dijo que sus conclusiones no son vinculantes. Arrázola apuntó que las autoridades del poder constituido, deben tomar como referencia las sugerencias y cualquier resolución necesita de una norma jurídica.

Wednesday, June 29, 2016

Cumbre de justicia Campesinos esperan que funcione la comisión

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está a la espera de que la comisión post Cumbre Nacional de Justicia, empiece a trabajar en la implementación de las conclusiones que buscan una mejor administración de justicia en el país.

La comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre debiera estar trabajando, dijo el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca (f), porque en el plazo de 90 días se debe empezar a ejecutar las propuestas.

"El Ministerio de Justicia tiene que conformar una comisión para clasificar las propuestas. Hay temas que apuntan a desburocratizar la justicia y otros para terminar con la corrupción", declaró Machaca./ANF

Tuesday, June 28, 2016

Video Funcionario del Consejo de la Magistratura con título falso trabajó en varias instituciones

Más de mil jueces darán examen ante el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura formará una comisión interinstitucional para que en 120 días tomen un examen de desempeño a los 1.004 jueces del Órgano Judicial. Además, se verificará los títulos profesionales de los operadores de justicia, informó la magistrada Cristina Mamani.

"Cumpliendo con las recomendaciones de la Cumbre Nacional de Justicia que se realizó en Sucre, de manera excepcional y por única vez, se realizará este examen de desempeño y jueces que superen la prueba ingresarán a la carrera judicial", explicó.

Mamani anunció que en los próximos días, además, se verificará, con apoyo de las distintas universidades del país, listas de sus profesionales abogados, titulados.

“El Consejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, para corroborar su situación profesional”, afirmó, según la agencia de noticias ERBOL.

Esta medida fue determinada después de que se descubrió que el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz Ariel Marañón, presentó títulos profesionales falsos. Por ese hecho, ahora es sometido a un proceso judicial y se encuentra con detención domiciliaria.

COMISIÓN Informó que se elaborará un reglamento para la evaluación de los 1.004 jueces que cumplen funciones en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.

Advirtió que los jueces que no pasen la prueba serán separados de sus funciones, "con el agradecimiento correspondiente".

Mamani anunció que la comisión evaluadora estará conformada por representantes del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia, de las universidades, del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, además de la participación ciudadana.

Mamani recordó que para ingresar a la carrera judicial se lanza una convocatoria y posteriormente se forma en la Escuela de Jueces, pero reiteró que por única vez, la evaluación se realizará a través de esa comisión.

Por otra parte, informó que el Consejo de la Magistratura se querellará en las próximas horas contra el exrresponsable de la Unidad de Transparencia, Ariel Marañón, que ocupaba ese cargo con título profesional falso.

"Este hecho preocupa, lamentamos profundamente que haya funcionarios que no tengan una conciencia, que engañe, miente y sorprenda la buena fe, es totalmente reprochable, no podemos tener este tipo de personas", complementó, según la agencia de noticias ABI.

Magistratura revisa títulos de funcionarios

El Consejo de la Magistratura inició la revisión de los títulos en provisión nacional de sus funcionarios, luego de que se descubrió la falsificación de ese documento por parte del exjefe de la Unidad de Transparencia.

“El Concejo de la Magistratura ha determinado que hagamos un cruce de información desde vocales hasta el último funcionario, personal de apoyo, que alcanza a los vocales, jueces y secretarios y actuarios que son abogados, porque oficiales y auxiliares son estudiantes de tercer año hacia arriba y no habría problema; pero para aquellos que son profesionales abogados sí se ha pedido que se haga ese cruce de información”, informó la presidenta de la comisión disciplinaria de esa entidad judicial, Cristina Mamani.

Dijo que la decisión fue asumida después de que se comprobó que el funcionario de la Unidad de Transparencia de la Magistratura de La Paz Gabriel Marañón faltó a la buena fe de esa entidad presentando un título de abogado en provisión nacional falso.

En ese marco, adelantó que ya se inició una profunda investigación para establecer quién o quiénes falsificaron ese documento académico, para asumir las acciones que corresponden. “Sabemos que él ha presentado su título original en el momento de la convocatoria, pero era falso”, manifestó a los periodistas.

En ese contexto, dijo que se estableció el cruce de información con todas las universidades en la que se licenciaron los profesionales en Derecho luego de que se concluya con la entrega de copias legalizadas exigidas a sus funcionarios.

Jueces paceños observan implementación del Sirej

La carga procesal, falta de personal capacitado y las constantes fallas en la red informática son algunas observaciones que jueces paceños hicieron conocer al Consejo de la Magistratura (CM), sobre la implementación del Sistema de Registro Jurídico (Sirej), por lo que piden que la instancia de control judicial, busque otra forma de aplicación, informó Sandra Castillo, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de La Paz (Amalp).

“No hay una negativa o rechazo a la implementación del sistema, simplemente que se ha detectado varias falencias. Lamentamos que el Consejo de la Magistratura no haya tomado en cuenta la carga laboral y procesal que se tiene en el distrito de La Paz”, afirmó Castillo.

El Consejo de la Magistratura implementa el sistema de la “firma digital” y ha diseñado el modelo de despacho judicial. Consiste en abreviar la comunicación procesal con la innovación de “notificación electrónica”, mediante internet en un Casillero Electrónico que es proporcionado a cada proceso judicial con “código de usuario” y “contraseña”, permitiendo a los sujetos procesales que el sistema Sirej genere automáticamente los libros que se maneja en Secretaría de cada juzgado, como también tendrá el alcance del módulo de grabación y gestión de video grabación de audiencias, que permite modernizar el manejo y registro de audiencia.

La representante de los magistrados paceños detalló que en La Paz se tiene una carga procesal equivalente a la de cuatro departamentos, y que no es posible que con el actual número de funcionarios, que se tiene en cada juzgado, se implemente el Sirej, como se lo ha hecho en Sucre o Tarija, donde un tribunal lleva pocas causas.

Por su lado, Cristina Mamani, miembro del área disciplinaria del CM, informó que se está realizando una serie de capacitaciones y se atiende las observaciones realizadas a la propuesta.

Sin embargo, remarcó que una de los pedidos de los jueces paceños es la incorporación de un personal adicional que se encargue de subir al Sirej, los datos sobre las audiencias y trámites de cada proceso, pero que no es posible debido a la falta de presupuesto y que como se conoce, no se verá incrementado, según la determinación de la Cumbre de Justicia que se llevó adelante en Sucre, hace dos semanas.

Magistratura investigará a comisión que contrató a falso abogado


Cristina Mamani, miembro del Consejo de la Magistratura.

Cristina Mamani, miembro del Consejo de la Magistratura, informó ayer, que se investigará a la comisión responsable de la contratación de Ariel M., exresponsable departamental de Transparencia en La Paz, y reiteró que en su calidad de querellantes, solicitarán que esta persona, que presentó un título falso, devuelva el salario de cuatro años en los que ejerció control, procesos y sanciones contra jueces paceños.

Mamani explicó ayer que en el caso abierto contra el exfuncionario se ha solicitado la revisión de la documentación presentada por esta persona y de quienes tuvieron a su cargo el proceso de verificación de los documentos para determinar posibles responsabilidades.

Sin embargo, la magistrada aseguró que el trámite estuvo respaldado con la presentación de un documento que cumplía con las carteristas originales de un título, por lo que era muy difícil creer que éste sea falso, pero que ahora, de todas maneras, se procederá a más indagaciones al interior del Consejo de la Magistratura.

Ariel M. era el responsable de Transparencia en el distrito de La Paz, y desde este cargo procesó y sancionó a varios jueces y funcionarios del Órgano Judicial. Sobre este aspecto, sin precisar el procedimiento ni el tiempo en que se realizará, Mamani afirmó que se revisarían todos los casos en los que tuvo participación.

“Además, por haber engañado y sorprendido la buena fe de todos, se va solicitar la devolución de todo lo que ha percibido en estos (cuatro) años (…) de acuerdo a los informes que tenemos, él ha presentado título original, pero amerita una investigación”, detalló Mamani.

Por otro lado, confirmó que el Consejo de la Magistratura investigará la autenticidad de títulos profesionales y académicos de jueces y administrativos judiciales, que suman cerca de 500 funcionarios.

“Estamos instruyendo que todos aquellos servidores administrativos del Consejo y los que son de la parte jurisdiccional, como jueces y secretarios, presenten sus títulos académicos en fotocopia legalizada”, señaló Ramiro Canedo, responsable departamental. Ariel M. fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro la pasada semana, luego de que el Ministerio de Justicia verificara la falsedad de su título de abogado, por medio de una revisión del Registro Público de Abogados de las gestiones 2009 al 2011.

Monday, June 27, 2016

Denuncia: vocal humilló e insultó a litigante indígena

Por el tenor del documento, el 11 de abril de 2016, cuando la señora Ortuño Calamani se apersonó a la oficina del mencionado vocal para solicitarle que se pronuncie en el marco de una justicia transparente en el proceso de sorteo de apelación en un juicio fenecido por el delito de reivindicación, fue maltratada en su calidad de mujer, adulto mayor e indígena sin ni siquiera conocerla.

“Directamente me increpó señalándome que no dictaría nada favorable para una india como mi persona y que hará prevalecer la sentencia de la doctora Ada Luz F. de Bass Werner. En esos términos, totalmente ofensivos, que no habrá justicia”, señala el documento de denuncia.

La juez Bass Werner se habría comprometido ante Rafael Choque, Ricardo Maydana, Eugenia Huanca y René Maydana a “votar y meter a la cárcel” a Candelaria Ordóñez Calamani, para lo que pidió 5.000 dólares, además del regalo de 100 metros cuadrados de un terreno en la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, pero tras haber sido suspendida la Juez Sexto de Partido en lo Civil y no cumplir lo prometido, la denunciaron y pidieron que devuelva el dinero.

Comuna denuncia ante OEA parcialidad de justicia en el país

Después de la detención de dos funcionarios municipales por parte de la Fiscalía, el director de Comunicación de la Alcaldía de El Alto, Henry Contreras, anunció el pasado viernes que acudirán ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar la falta de imparcialidad de la justicia en las investigaciones de los luctuosos hechos del 17 de febrero pasado.

Contreras denunció la "parcialidad de la justicia" y lamentó la actitud asumida por el Juez séptimo de Instrucción en Medidas Cautelares, que instruyó la detención de Rodrigo Vélez y Félix Durán (ambos funcionarios de la GAMEA), acusados presunt

mente de haber sido los culpables.

"Queremos informar que el pasado fin de semana, hubo una reunión con altos funcionarios de la OEA (Organización de Estados Americanos), donde hemos reclamado estos extremos y la OEA se ha comprometido hacer un seguimiento a esto (hechos del 17 de febrero)", dijo en entrevista a la Red Unitel.

FOTOGRAFIAS DEMUESTRAN INOCENCIA DE FUNCIONARIOS

Con fotografías en mano, el Director de Comunicación de la GAMEA demostró que el día del incendio (17 de febrero), ambos funcionarios ayudaron a sus compañeros a evacuar el edificio en llamas y evitar mayores desgracias humanas.

"Ellos (Veliz y Durán), estaba en ese momento adentro, supuestamente tenemos la imputación del Juez Séptimo de Instrucción en Medidas Cautelares y nos dicen que serían los supuestos autores, porque ellos habrían tenido el tiempo para cambiarse, pero nosotros nos preguntamos y preguntamos a este juez aquí están las fotografías del señor Durán él estaba ayudando a las personas", sostuvo.

Consultado sobre las declaraciones del Ministro de Gobierno Carlos Romero, quién responsabilizó a la Guardia Municipal por la seguridad, Contreras afirmó que la intención es inculpar a la Alcaldesa y victimizar a las víctimas lo que está totalmente fuera de los lógica.

"Lo que se busca es encubrir a personas del Movimiento Al Socialismo de la anterior gestión de Edgar Patana que han quemado la Dirección Sumariante donde (…) en este caso ex personal de Edgar Patana, como Henry Alcón y Eddy Mamani, que ha estado en estos hechos tenemos las fotos, pero nos los convocan a declara", cuestionó.

Finalmente recordó al ministro de Gobierno que la Constitución Política del Estado (CPE), define con claridad el rol de la Policía Nacional e instruye la protección de las instituciones públicas.

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, presentó el pasado jueves un informe oral ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sobre el incendio del edificio edil de esa urbe, que ocurrió el 17 de febrero y se saldó con la muerte de seis personas, y pidió que la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga seguimiento a la investigación que realiza la Fiscalía.

“Hemos informado a la comisión (...) nosotros nos hemos reservado el derecho de poder acudir a la ONU, a Naciones Unidas para que ellos puedan ser veedores de todo este proceso, nos llama la atención y estamos esperando que la Fiscalía rectifique este error con la detención de nuestros dos compañeros”, dijo al concluir su informe.

El 17 de febrero, una protesta de padres de familia que demandaba infraestructura educativa adecuada, derivó en actos violentos que terminaron con el incendio del edificio de la Alcaldía de El Alto, que se saldó con la muerte de seis personas y más de 20 heridos.

La alcaldesa alteña calificó la convocatoria para que rinda informe de una “acción política” de parte de los legisladores.

Tribunal Agroambiental con “nuevas tecnologías”

Resoluciones inmediatas, copia digital de todo lo expuesto en las audiencias y el seguimiento del proceso vía internet son tres de los avances que esta semana el Tribunal Agroambiental pondrá en marcha en el distrito de La Paz, que según el presidente de la entidad, Lucio Fuentes, forma parte del “nuevo modelo de gestión pública”.

“Con la nueva tecnología queremos profundizar el carácter oral con el que debe contar la administración de justicia. Por medio de ellas, los jueces, las partes y todos los presentes, tengan, al concluir cada audiencia, una copia de la grabación y los actos procesales realizados en la audiencia lo tengan inmediatamente en CD”, explicó Fuentes.

Estos equipos y sistemas informáticos que permitirán “brindar mayor seguridad jurídica, transparencia y celeridad, a partir de la videograbación de las audiencias y el seguimiento de los procesos judiciales agroambientales a través del internet”, detalló.

La autoridad aseguró que con esta modernización, los tribunales agroambientales han dado un paso histórico implementando dos sistemas informáticos: Cicero (seguimiento de causas) y Osiris (grabación de audiencias), sistemas que coadyuvarán con la labor de impartir justicia.

Sunday, June 26, 2016

Orden de aprehensión contra abogado que denunció a consorcio de jueces

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el abogado Jhony Castelú porque no se presentó a declarar en el marco de un proceso de supuesta estafa y legitimación de ganancias ilícitas en la ciudad de El Alto.

El jurista, que es el principal denunciante del caso consorcio de jueces, abogados y fiscales “Ganam – Mendoza”, negó que haya sido detenido, como trascendió por varios medios y adelantó que interpuso una acción de libertad debido a que no existirían pruebas en su contra.

“He defendido a una persona, y por haber anulado todos los actos ilegales de esta fiscal (Fernando Guachalla), me ha ampliado la denuncia contra mí, como venganza y nada tiene que ver esto con lo de Cotel (Caso Consorcio). Lo que pasa es que me quieren desacreditar, hacer creer que el proceso se ha dado la vuelta”, aseguró a EL DIARIO Castelú.

El jurista reconoció que fue notificado y no asistió a la citación que el fiscal Guachalla le hizo para el 6 de junio, pero aseguró que presentó un justificativo, “un certificado médico, de un niño recién nacido que tengo, atendido de emergencia y lo que correspondía era que el fiscal fije otra fecha, pero no hizo eso”, afirmó en contacto telefónico con EL DIARIO.

Por otro lado, aseguró que no has sido notificado con la orden de aprehensión pero que ante las versiones de su posible captura se adelantó planteando ayer, en el juzgado de turno, una acción de libertad y no se presentará a declarar cuando este se defina.

Saturday, June 25, 2016

Tarija Justicia para Todos, una Fundación para dar ayuda



Daniel Siles, director del Teatro Bigote y activista social y ambiental, informó que la personería jurídica de la Fundación Justicia para Todos ya salió de la Notaria de Gobierno. Está a la espera de la publicación en la gaceta oficial para que el trámite esté concluido.

Dijo que el trámite demoró varios meses debido a un tema burocrático, ya que las dependencias encargadas tienen problemas de personal, lo cual ha retrasado la obtención de la personería.

Fundación
Siles mencionó que empezarán a trabajar muy pronto y que su Fundación se encarga de rescatar y proteger los derechos de las personas, como así también de los demás seres que son los animales, la naturaleza y el medio ambiente.”Queremos justicia ambiental, vamos a estar con muchos proyectos de esa índole”, agregó.
El Director de la Fundación dijo que empezarán a realizar el proyecto de apoyo a centros culturales, para que la sociedad tarijeña pueda visibilizar las actividades de los centros culturales y asistir a los mismos. Otro objetivo es que las personas se valgan de los espacios y centros para participar y mejorar su nivel cultural.
“Centrarnos en las riquezas hace que no nos focalicemos en las relaciones humanas internacionales, perdemos conocimientos ancestrales y muchas cosas que son importantes como valor humano. Nosotros nos estamos enfocando en eso y en otras cosas”, manifestó.
Por otra parte, la Fundación Justicia para Todos brindará asesoría legal a las personas que no tiene posibilidades económicas, cuando existan problemas de violencia con mujeres, niños o familiares y éstos no sepan a quién acudir, indicó.
Anteriormente los miembros de dicha Fundación realizaron campañas de colecta de víveres y de ropa para personas necesitadas. Actualmente iniciarán una campaña para ayudar a una señora de bajos recursos que acaba de tener trillizos y realizarán una labor social para ayudarla de manera directa.
También la Fundación será un canal o medio para que las personas o animales que necesiten ayuda la reciban. Remarcó que el medio ambiente de la ciudad de Tarija ha sido afectado por las fogatas y la constante polución que existe en varias aéreas urbanas, se vulneran los derechos del medio ambiente y en respuesta se realizarán campañas de concientización y sensibilización para cuidar y educar a las personas sobre el cuidado de la naturaleza.
Las personas que estén interesadas en las actividades de la Fundación Justicia para Todos, pueden comunicarse con Daniel Siles escribiéndole a su cuenta de Facebook o ingresar a la página web de la organización.
La Fundación tiene varios proyectos, entre los que resalta el de empoderamiento para la mujer que pretende brindar una ayuda y generar espacios de participación a las mujeres. Otro factor es atender es la niñez y adolescencia, en ese sentido crearán espacios para conocer las inquietudes y necesidades de dicho sector que es muy vulnerable en la problemática social del departamento.
Siles dijo que los proyectos no solo se realizarán en Tarija, sino que espera tener alianzas interinstitucionales con los municipios y ONG. Recomendó que las personas se enfoquen en la justicia como un valor fundamental de los seres humanos y seres vivos, en el sentido de tener respeto por las personas, animales y plantas que llevarán a vivir en una abundancia espiritual de paz y amor.

Defensa de funcionarios de alcaldía de El Alto: Fiscales trabajan bajo influencia del Ministerio de Gobierno

a Alcaldía de El Alto lamenta que la investigación que lleva adelante la fiscalía, por los hechos ocurridos el 17 de febrero en el municipio alteño, en donde perecieron seis personas, está direccionada por los intereses del Ministerio de Gobierno.

La juez séptimo de Instrucción en lo penal cautelar, Anda Dorando, instruyó este viernes, el arresto domiciliario, además de la prohibición de abandonar el país de Félix Durán Montes. En tanto, que Rodrigo Veliz fue enviado al penal de San Pedro, con detención preventiva y le dieron 72 horas para presentar un amparo que revoque esa decisión.

Ambos funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), son sindicados por la Fiscalía de presuntamente ser responsables del incendio que sufrió el edificio de la Alcaldía el 17 de febrero pasado, cuando en realidad Veliz y Durán ayudaron a evacuar el edificio en llamas, como los sostiene la directora jurídica del municipio, Sonia Vallejos.

La representante denunció la injerencia del Ministerio de Gobierno en los administradores de justicia, así como la falta de una independencia de poderes.

“Hoy se ha definido que el Ministerio Público está obrando bajo influencia del Ministerio de Gobierno (…), con esta actuación se ha demostrado que las investigaciones carecen de toda objetividad y definitivamente existe una influencia sobre los operadores de justicia”, aseguró.

Vallejos explicó que en el caso de estos dos funcionarios, se presentaron todas las declaraciones testificales de quienes estuvieron dentro y fuera del edificio, sin embargo, ahora dos funcionarios que eran testigos fueron aprehendido bajo la simple presunción del ex comandante regional de la Policía de El Alto, José Peña, de que serían los que estarían pateando las puertas, “extremo completamente falso”.

JUEZ DORADO

Por otro lado, Vallejos, denunció la actitud de la juez Dorado, “se le ha hecho notar a la juez ese extremo, pero ha sido completamente evadido por la juez quien indicó que se constituye en un acto investigativo”, afirmó.

Durante las más de cinco horas que duró la audiencia, los abogados de la Alcaldía de El Alto, presentaron fotografías y material audiovisual de medios de comunicación que cubrieron los luctuosos sucesos que demostraron que ambos funcionarios ayudaron a sus compañeros a evacuar el edificio en llamas.

APELACIÓN

“Lamentablemente a una de las víctimas van a encerrarla junto a los criminales que ocasionaron los hecho el 17 de febrero”, advirtió Vallejos y señaló que la medida ya fue apelada y se espera que la medida sea revertida en una próxima audiencia en tribunal de alzada.

El miércoles pasado, Félix Durán Montes, jefe de Adquisición y Contratación de Obras Menores y Rodrigo Véliz, técnico de la Dirección de Planificación, fueron detenidos por el Ministerio Público en base a una acusación del ex comandante de la Policía de El Alto.

Friday, June 24, 2016

Lanzan 2 sistemas digitales para acelerar casos agroambientales

El Tribunal Agroambiental (TA) inició la implementación de dos sistemas informáticos para acelerar los procesos en su jurisdicción hasta el doble de rápido. Cicero y Osiris abren una nueva etapa en el tratamiento de las causas judiciales.

"Un proceso concluía en unos seis meses, entre la sentencia del juez y la casación en Sucre. Con la nueva tecnología, la sentencia puede darse en uno o dos meses; más la casación, en tres o cuatro meses puede concluir un proceso agroambiental”, explicó ayer en La Paz el presidente del TA, Lucio Fuentes.

La autoridad llegó a la sede de Gobierno para inaugurar el denominado "Nuevo modelo de gestión de despacho” en el juzgado agroambiental de la ciudad. Esto ya se implementó recientemente en Sucre y Cochabamba, se espera llegar a las capitales de los nueve departamentos y después a todos los 57 juzgados que hay en el país.
El sistema Osiris consiste en la grabación de imagen y audio de todo lo que ocurre en una audiencia a través de micrófonos y una cámara de video de 360 grados.

El plan es que una vez que concluya la audiencia las partes accedan inmediatamente a un CD con la grabación. Ya no tendrán que esperar la transcripción en papel, que demoraba días, y se eliminarán las observaciones respecto a la calidad de esa transcripción. Además, el CD vendrá con un índice para ver y escuchar la parte de la audiencia que se precisa.

Cicero funciona vía web y está disponible en la página www.tribunalagroambiental.bo. Se trata de un sistema de seguimiento de causas; en él se registran notificaciones y diligencias de un juzgado. Permite la digitalización de documentos que son escaneados y anexados, y que forman así un expediente electrónico.

El litigante ya no debe acudir a la oficina del juez para conocer en qué anda su proceso, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo a través de internet.

El responsable de sistemas del TA, Martín López, explicó que aún no es posible presentar memoriales vía web y para ello es necesario acudir al juzgado.

Fuentes espera que con Cicero y Osiris se implemente poco a poco la oralidad plena y se deje de lado el papel para dar paso a los expedientes electrónicos.

La inversión completa para el desarrollo del software y los equipos, según Fuentes, fue de medio millón de bolivianos.

Añadió que con el nuevo modelo se aplicará la itinerancia. "Todos nuestros jueces podrán ir al lugar del conflicto y hacer allí la audiencia con sus equipos a prueba de las inclemencias del tiempo. Ya no sólo impartirán justicia desde sus despachos”.

La jurisdicción agroambiental se encarga de tratar conflictos relacionados con recursos naturales (hídricos, forestales, de biodiversidad, etcétera). Atiende demandas de actos que ponen en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies.

Investigarán autenticidad de títulos profesionales de jueces y administrativos de la magistratura

El responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ramiro Canedo, informó que investigarán la autenticidad de títulos profesionales y académicos de jueces y administrativos judiciales que suman cerca de 500 funcionarios. La medida se adoptó después de que se conociera que un técnico de la Unidad de Transparencia ejerció como abogado con un título supuestamente falso.

“Estamos instruyendo que todos aquellos servidores administrativos del Consejo y los que son de la parte jurisdiccional como jueces y secretarios, presenten sus títulos académicos en fotocopia legalizada”, señaló Canedo.

La autoridad mencionó que enviarán un instructivo a todos los funcionarios judiciales del distrito de La Paz para que remitan copias legalizadas de títulos académicos y títulos en provisión nacional.

Ariel M., responsable de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz, fue aprehendido, luego de que el Ministerio de Justicia denunciara la falsedad de su título de abogado.

“Eso se verá en el proceso de investigación. Lo mismo debería hacerse con todos los funcionarios públicos. Yo no he falsificado nada”, fueron las escuetas declaraciones que el exfuncionario realizó a EL DIARIO, luego de prestar declaraciones ante los investigadores de la Unidad de Económico Financieros, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a cargo del mayor Eric Peralta.

Juez de Violencia Contra la Mujer ordena reclusión de policía

El juez II de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dispuso ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el oficial de policía, Mirko Armando Silva García, acusado de presunta violación y agresión a una menor de 17 años de edad, informó el director nacional de protección de las víctimas del Ministerio Público, Wálter Vizcarra.

“En audiencia de medidas cautelares la Fiscalía fundamentó la imputación y acreditó los riesgos procesales, situación que dio lugar a que el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer dicte detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz”, explicó.

Thursday, June 23, 2016

Magistratura de La Paz destituye a Ariel Marañón, detenido por falsificación



El Consejo de la Magistratura de La Paz decidió en consejo ordinario destituir de sus funciones al jefe de la Unidad de Transparencia, Ariel Marañón, quien fue aprehendido ayer acusado de falsificar su título de abogado.

“El Consejo de la Magistratura ha tomado una decisión unánime en destituirle (a Marañón) por estos casos irregulares que se habría cometido en la ciudad de La Paz”, informó el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ramiro Canedo.

Marañón fue aprehendido ayer acusado por la presunta falsificación de su título profesional como abogado de la privada Universidad del Valle. La Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

“El doctor Ariel Marañón ha vertido en su declaración informativa de que evidentemente el título habría sido fraguado y que habrían intervenido dos personas externas del Consejo de la Magistratura”, explicó Canedo.

La investigación, iniciada por la Fiscalía, fue a denuncia del Registro Público de Abogados dependiente del Ministerio de Justicia. Por este hecho, Marañón tendría que devolver todos los sueldos que percibió durante los casi cuatro años que lleva en el Consejo de la Magistratura, añadió Canedo.

Un exfiscal es condenado a seis años de cárcel


El exfiscal Héctor Gerónimo Llave fue sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por la comisión del delito de concusión, informó ayer el Ministerio Público.

"En la audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia 1° de Potosí, el Ministerio Público demostró con pruebas que el acusado, quien estaba asignado a los asientos fiscales de Ravelo y Ocurí, es el autor del delito de concusión”, dijo la directora nacional anticorrupción, Willma Blazz.

El caso del exfiscal fue llevado adelante a denuncia de Efraín Erick Olañeta Burgoa en su condición de juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Ravelo.

El 3 de abril de 2014, Olañeta Burgoa hizo conocer a la Fiscalía Departamental de Potosí la probable comisión del ilícito de extorsión.

De acuerdo con los datos oficiales, el juez en realidad puso en conocimiento una denuncia realizada por Mirtha Zúñiga Tamares en ocasión de celebrarse una audiencia de Salida Alternativa al proceso judicial.

En la parte final de la audiencia, la víctima Mirtha Zúñiga hizo uso de la palabra señalando que Llave le pidió la suma de 1.000 bolivianos argumentando que él le habría ayudado en la tramitación de su proceso y que por tal motivo ella tendría que "reconocerle”.

El Ministerio Público, además, lleva procesos contra otros fiscales que hubieran incurrido en delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados para favorecer a determinadas personas en la emisión de una sentencia.

Pedido de García Meza debe ser resuelto por Juez de Ejecución Penal de La Paz

El Juez de Ejecución Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz debe ser quien decida, de acuerdo a derecho, si Luis García Meza puede o no acceder al beneficio de la libertad condicional, aseguró este miércoles el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, al señalar que el Tribunal Supremo de Justicia, en este momento, no tiene competencia para pronunciarse sobre este caso.

La autoridad detalló que García Meza recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interponiendo un recurso de queja y solicitando su libertad condicional, aspecto que, según explicó el Presidente del TSJ, debe ser decidido por el Juez de Ejecución Penal.

Consultado con relación a si corresponde o no otorgar ese beneficio, dado que el condenado ya cumplió dos terceras partes de su condena, Mamani declinó dar cualquier opinión ante la eventualidad de que García Meza pueda presentar cualquier recurso ante esta instancia.

“Es el Juez de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz, el responsable de decidir de acuerdo a derecho lo que corresponda, si accede a la libertad condicional o no accede, pero es de exclusiva responsabilidad de aquel Juez”, señaló Mamani al ratificar que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia.

Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto en el año 1993 en el marco de un Juicio de Responsabilidades; recién empezó a cumplir esa condena en 1995, vale decir que a la fecha cumplió 21 años de los 30 años que le impuso la ex Corte Suprema de Justicia en el denominado “Juicio del Siglo”.

Por título falso Responsable de Transparencia de la Magistratura aprehendido

Ariel M., responsable de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz, fue aprehendido ayer, luego de que el Ministerio de Justicia denunciara la falsedad de su título de abogado.

“Eso se verá en el proceso de investigación. Lo mismo debería hacerse con todos los funcionarios públicos. Yo no he falsificado nada”, fueron las escuetas declaraciones que el exfuncionario realizó a EL DIARIO, luego de prestar declaraciones ante los investigadores de la Unidad de Económico Financieros, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a cargo del mayor Eric Peralta.

José Luis Rodríguez, abogado de Ariel M., reiteró la postura de mantenerse sin emitir mayor detalle y solo adelantó que asumirán la defensa legal.

RECONOCIMIENTO

“Él (Ariel M.) está reconociendo que evidentemente no ha obtenido de manera legal su título de abogado, es más, que lo habría adquirido de una tercera persona. Se ha comprado el título en provisión nacional y con eso se ha registrado en el Ministerio de Justicia, donde le han otorgado su credencial. Una vez aprehendido fue llevado a celdas policiales y mañana pasará a audiencia cautelar”, informó el jefe policial.

Ariel M. tenía a su cargo la Unidad deTransparencia que sancionaba a jueces y funcionarios del poder judicial a nivel departamental.

Edwin Beyer, director jurídico del Ministerio de Justicia, detalló que a pedido de la titular de esta cartera de Estado se procedió a la verificación de los documentos que en las gestiones 2009, 2010 y 2011 recibieron títulos de juristas en todo el país y han ido presentando para acoplarse al Registro Público de la Abogacía (RPA).

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

En este proceso de revisión, los documentos presentados ante el Ministerio por Ariel M., en 2010, fueron contrastados con los registros del Ministerio de Educación y la universidad privada que se dice emitió el título.

Beyer detalló que el supuesto título falso está fechado en 2008, pero la universidad privada consultada respondió que no se tiene registro del nombre de esta persona y que tanto los títulos académicos y de provisión nacional no le fueron conferidos en esta casa de estudio.

Ramiro Canedo, representante departamental del Consejo de la Magistratura, informó que Ariel M. faltó a su fuente laboral desde el día viernes, y ayer se presentó nuevamente, circunstancia en que fue aprehendido en su oficina.

Canedo afirmó que los procesos que estaban a cargo de Ariel M. no pueden ser anulados y de presentarse una irregularidad se revisarán los fallos emitidos por este.

Ariel M. será sometido hoy a audiencia cautelar, por los delitos de falsedad material e ideológica, uso indebido de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión; como denunciantes estarán los ministerios de Justicia, Educación y el CM.

Wednesday, June 22, 2016

Detienen a técnico de la Magistratura por su título

El responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ramiro Canedo, informó que el técnico de la Unidad de Transparencia, Ariel M., fue aprehendido por efectivos policiales por presuntamente tener un título profesional de abogado falso.

Ariel M. contaba con certificaciones profesionales extendidas por la Universidad del Valle (Univalle) pero esa casa de formación certificó que el sindicado nunca realizó estudios en esa institución.

"Nos hemos visto nuevamente empañados respecto a una aprehensión en contra de un servidor judicial propiamente del doctor Ariel M., funcionarios de la FELCC habrían intervenido el Consejo de la Magistratura en el entendido de que habría una denuncia por el Ministerio de Justicia", informó Canedo en la agencia ANF.

Ariel M. fue aprehendido hoy y trasladado a celdas judiciales. Aguarda prestar su declaración ante un fiscal para que se defina su situación jurídica. El Consejo de la Magistratura de La Paz definirá la situación del sindicado en esa instancia. No descartan suspenderlo si se comprueba que utilizó un título fraudulento.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Justicia, instancia que solicitó a la Univalle informar sobre los estudios y trámites que habría realizado Ariel. Esa institución educativa indicó que el citado no cursó ninguna materia, informó el director jurídico del Ministerio de Justicia, Edwin Beyer.

"No siendo abogado él ejercía una función pública en el Consejo departamental", manifestó. Beyer señaló que mediante el Registro Público de la Abogacía (RPA) se está realizando un cruce de información de todos los abogados que solicitaron su registro entre los años 2009 a 2011 y para ello se solicitó a las distintas universidades certificar si los solicitantes realizaron estudios y trámites de títulos en esas casas de estudio.

El proceso de investigación del Ministerio de Justicia develó que Ariel M. es la primera persona sorprendida en presentar un título profesional supuestamente falso.

Aprehenden al jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz



El jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ariel Marañón, fue aprehendido la mañana de este miércoles acusado por la presunta falsificación de su título profesional como abogado de la privada Universidad del Valle. La denuncia había sido presentada por el Ministerio de Justicia.

"Se ha pedido una certificación por la cual indican que éste título no existitiría y tampoco habría sido alumno regular de esta universidad privada del Valle", explicó el representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ramiro Canedo.

La investigación, iniciada por la Fiscalía, fue a través de una denuncia del Registro Público de Abogados dependiente del Ministerio de Justicia. Tras haber sido aprehendido, Marañón fue conducido a celdas policiales para luego pueda prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Respecto al caso, Canedo señaló que el Consejo de la Magistratura de Sucre iniciará las gestiones para analizar la situación legal de Marañón, quien dijo que "quebrantó la buena fe de la administración pública al haber supuestamente presentado un título no idóneo".

En ese sentido, anticipó que dichos antecedentes del funcionario serán puestos a consideración para pueda ser destituido de su cargo en caso de que se pueda comprobar la falsificación de su título profesional.

Justicia recibirá denuncias contra sacerdotes violadores

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunció en las pasadas horas que solicitó una investigación a los involucrados de la Iglesia Católica.

El Ministerio de Justicia, en todo el territorio nacional, recibirá las denuncias contra sacerdotes violadores a niñas, niños y adolescentes, así como de autoridades, funcionarios públicos y personas que cometan ese ilícito.

La titular de esa cartera de Estado, Virginia Velasco, dijo que la decisión fue asumida para proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra el abuso o que han sido violados. Además, como política, el Estado no permite que se cometan esos hechos que ocasionan traumas y hasta la muerte.

“Pedimos a la población boliviana que nos haga llegar todas sus denuncias, no solamente de sacerdotes, sino de cualquier autoridad o ciudadano que haya cometido este delito. Todos sabemos del abuso que cometen los sacerdotes, las puertas del Ministerio están abiertas para que puedan hacer llegar sus denuncias”, declaró a los periodistas.

MINISTERIO PÚBLICO
En ese contexto, informó que se solicitó al Ministerio Público y la justicia que haga llegar las denuncias de abusos sexuales a menores que involucren a la Iglesia Católica en los nueve departamentos del territorio nacional.

“Estamos haciendo un registro para tener esa información, necesitamos esas denuncias que se han realizado en Cochabamba y en otros departamentos”, precisó.
En los pasados días, obispos católicos cuestionaron la incorporación de la figura de cadena perpetua en el país para los violadores.

VICEPRESIDENTE
Luego de que la Iglesia Católica hicieran público su rechazo al mandato de la Cumbre Judicial, de incorporar la cadena perpetua para los violadores, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió que se investiguen las denuncias contra esa institución.

Tuesday, June 21, 2016

Juez anticorrupción renuncia a su cargo y procesos se retrasan

Rosemary Pabón presentó su renuncia al cargo de juez segundo anticorrupción y deja varios procesos importantes pendientes, como el caso consorcio Ganam - Mendoza, según informó la fiscal Jenny Quispe.

La fiscal confirmó la renuncia de Pabón y lamentó que con esto se paralicen varios otros procesos así como el caso consorcio de jueces, policías, abogados y fiscales, en el que se tienen procesados a más de 14 personas, entre ellos, el exvocal Fernando Ganam, la exjuez Lía Cardozo y el abogado Milton Mendoza, señalados como los principales responsables.

En este proceso se tiene pendiente la resolución de un incidente presentado por Mendoza sobre la ilegalidad del allanamiento a su oficina, en donde se encontró originales de tres cuadernos de investigación pertenecientes al juzgado de Cardozo.

El proceso, debido a la renuncia de Pabón, pasó al juzgado anticorrupción de El Alto, pero este es observado, se prevé que sea remitido al juzgado primero de La Paz.

De acuerdo al procedimiento, de resolverse el incidente en favor de Mendoza, todo el proceso sería anulado y las cerca de 14 personas, detenidas preventivamente, puestas en libertad ya que todo se sustenta en las pruebas halladas en la oficina de Mendoza.

RENUNCIA

No solo en el caso del consorcio de abogados, fiscales y policías, hay renuncia, sino también se observó excusas a otros casos en el ámbito judicial.

Sunday, June 19, 2016

Propuesta de cadena perpetua choca con colapso del sistema carcelario



Una comisión que estará conformada por integrantes del Legislativo y el Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas de la Cumbre Judicial. La Razón, en su edición impresa de este domingo, presenta el debate que generó la aplicación de la pena de cadena perpetua.

La propuesta para incorporar la cadena perpetua como castigo para el delito de violación a niños y niñas seguido de muerte (además, de la sumatoria de penas) tropieza con el colapso de las cárceles del país.

Constitucionalistas han calificado de “inviable” la prisión de por vida y aseguran que Bolivia no tiene la capacidad económica y social para dar soluciones estructurales al colapso de su sistema carcelario. Algunos consideran que el objetivo de la Cumbre Judicial era crear las condiciones para abrir la Constitución Política del Estado (CPE).

“Al endurecer las penas no se elimina la criminalidad; hay muchos Estados que tienen penas duras y aunque no deberían tener altos índices de criminalidad, es todo lo contrario”, señaló el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José Antonio Rivera.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, explicó que la propuesta planteada en el encuentro de Sucre (10 y 11 de junio) también choca con convenciones internacionales.

“La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene el principio de progresividad y en Bolivia se ha estableció como pena máxima en materia penal 30 años de prisión. Como Estado se estaría dando un retroceso”, señaló.

La Razón publica, en su edición impresa de hoy, el debate que generó en el país esta propuesta que planteó el vicepresidente Álvaro García Linera en la apertura de la Cumbre Judicial, además de los datos sobre la capacidad carcelaria que tiene el país.

Cadena perpetua, la dura pena que “manipula” el dolor y no reduce delitos

Maribel Mamani Anavi tenía ocho años cuando su inocencia fue arrancada de raíz en Villa Paraíso, el barrio de Sacaba en el que había crecido sin miedos. El 18 de octubre de 2015, Maribel asistió con sus hermanas de 14 y 15 años a una iglesia evangélica, a tres cuadras de su casa.

Al retornar a su hogar, las tres hermanas hicieron una carrera para averiguar quién llegaba primero. Maribel nunca llegó. La interceptaron en el camino, le taparon la boca, la violaron, la mataron de un golpe y arrojaron su cadáver a un barranco, como si fuera una muñeca desechable.

Su vecino de 47 años y sus hijos de 23 y 17 cayeron presos como sospechosos, porque uno de ellos tenía antecedentes de haber tocado maliciosamente a varias menores del barrio y recién había salido de la cárcel. Los pobladores de Sacaba querían lincharlos, pero no habían pruebas científicas en su contra. Maribel Mamani Anavi fue la última niña violada y asesinada en Cochabamba pero no en Bolivia. El 16 de abril de este año, una niña de nueve fue violada y asesinada en su casa de Oruro. El principal sospechoso es un inquilino que desapareció luego de que los padres hallaran a su hija sin vida y que continúa prófugo.

Estos casos, de violaciones sexuales seguidas de muerte contra niños y niñas no son tan frecuentes, pero afectan a las sociedades de tal forma que, cuando ocurren, la propuesta de pena de muerte, castración química y cadena perpetua saltan a la palestra una y otra vez. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, sugirió el 10 de junio que la Cumbre de Justicia apruebe la cadena perpetua como una medida “dura y fuerte” para “impedir que se repita este tipo de crimen infernal”. Dos días después, la Cumbre de Justicia resolvió que Bolivia debe reformar su Sistema Penal y su Constitución para introducir la cadena perpetua en delitos de violación de menores seguidas de muerte.

La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, opina que endurecer las penas no resuelve los problemas de la justicia boliviana, ni reduce la comisión de los delitos graves como pretenden. La propuesta ha generado ya varios debates en la sociedad. Aquellos que están a favor del castigo alegan que la violencia sexual contra los niños y niñas aumenta cada año y hay que frenarla. Las estadísticas lo demuestran.

En 2014, según el informe del Defensor del Pueblo, 73 niños y niñas fueron asesinados en Bolivia, pero la mayoría fue víctima de padres, madres o padrastros que no querían mantenerlos; que los veían como un estorbo para sus nuevas relaciones de pareja o a los que “se les fue la mano” en medio de un castigo físico. Apenas un 6 por ciento de los 73 infanticidios está relacionado con el afán criminal de encubrir la violencia sexual. En 2015, según el registro hemerográfico de OPINIÓN, se reportaron 30 infanticidios en el país.Y el porcentaje de violaciones seguidas de muerte es menor. El Código Niño, Niña y Adolescente, promulgado el 14 de julio de 2014, redefinió el delito de infanticidio y aumentó la sanción penal. El artículo 258 del Código Penal señala que “quien mate a un niño o niña, desde su nacimiento hasta sus 12 años, comete infanticidio” e irá a la cárcel por 30 años, sin derecho a indulto.

El planteamiento de la Cumbre de Justicia es aumentar el castigo para quien viole y mate a un niño o niña, de 30 años de reclusión, a una prisión perpetua. Voceros de la Iglesia católica ya se manifestaron en contra de esta propuesta argumentando que la misma impide la rehabilitación del condenado. Las autoridades de Gobierno ya respondieron que quienes no están de acuerdo con la cadena perpetua para violadores que matan a niños, “los están defendiendo”.

Para los políticos de oposición, la medida es populista y una excusa política para abrir la Constitución Política del Estado y modificar, además, todo lo relativo a la reelección del presidente Evo Morales y el Vicepresidente.

Al margen de los motivos de este cambio, reales o no, la cadena perpetua es una pena que muchos estudiosos del Derecho Penal califican de retrógrada.

El doctor en Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, en España, Esteban Mestre, advierte que “la cadena perpetua solo tiene un efecto mediático pero no es efectiva de cara al reo”, pues si la intención es frenar o reducir los delitos graves, eso no sucede en los hechos. México, Singapur y Países Bajos, son los lugares donde la cadena perpetua se aplica “de por vida”, pero el índice de los delitos que se quería reducir no ha disminuido como se esperaba. En otros países como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Italia y Francia, la prisión perpetua es revisable al cumplir una parte y el condenado puede obtener su libertad condicional si demuestra su rehabilitación. Portugal abolió en 1884 la cadena perpetua.

Cadena perpetua

¿Qué es?

El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. La cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.

El término ya no se usa

“Cadena perpetua” era una pena que se refería a “pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro”. Esto ya no ocurre en el mundo y todas las legislaciones, excepto la del Perú, ya no usan este término. Hoy se habla de “prisión perpetua” o “reclusión por tiempo indeterminado” y las condenas de por vida son excepcionales.

Países que la tienen,

la revisan

Los países que incluyen en su legislación la prisión perpetua para delitos muy graves revisan los fallos cada cierto tiempo y si el reo demuestra un cambio le otorgan libertad condicional. Solo México, Países Bajos y Singapur sancionan de por vida.

Pinto: “Es una muerte civil”

La cadena perpetua es una suerte de “muerte civil”, porque le niega al condenado el derecho a rehabilitarse y contar con una segunda oportunidad, asegura el abogado penalista y docente de la UMSS Henry Pinto Dávalos. Por tanto, su implementación vulnera el derecho a la vida y a la dignidad humana, por lo que la Constitución Política del Estado, que garantiza esos derechos, tendría que ser reformada, “lo que nos lleva a cuestionarnos si esa reforma es necesaria tomando en cuenta que la incidencia de esos casos es ínfima y que los cambios implican un enorme gasto en un escenario donde se habla de austeridad”. En los países donde ya se ha implementado, los delitos perseguidos no se han reducido a casi nada. En la doctrina, este tipo de penas forman parte del populismo punitivo, que se funda en la falsa creencia de que castigando con más rigurosidad los delitos, se los evita. Estudios demuestran que no es así.
Psicóloga dice que quienes asesinan tras vejar a niños y niñas no mejoran

¿Las personas que violan y matan a niños pueden ser rehabilitadas? Si bien no se puede generalizar, una parte de la gente que comete delitos mayores en la esfera sexual, como el asesinato de niños, no tendrá mejoría porque tiene un perfil psicopático. Otra parte de esta población que comete este tipo de delitos sufre trastornos de personalidad sicótica y requiere medicación de por vida, según la psicóloga clínica forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Lorena Cox Mayorga.

Los psicópatas no responden a terapias socioeducativas porque no sienten empatía. Por tanto, cualquier tratamiento será convertido por el recluso en una herramienta para perfeccionar la comisión de sus delitos. Desde una perspectiva de seguridad, los psicópatas deberían estar aislados de la sociedad, pero no en cárceles donde representan un riesgo para la misma población penitenciaria, sino en instituciones siquiátricas.

Los criminales con rasgos sicóticos, en mayor o menor grado, necesitan medicación y la carencia de la misma los torna peligrosos para los otros reos.

Sin embargo, existen casos de menores de edad infractores que fueron violados e incurren en violaciones contra niños y niñas más pequeños que pueden ser rehabilitados o reeducados con intervenciones terapéuticas profesionales. Cox cree que el encierro de por vida para personas con perfiles criminales psicópatas o sicóticos es una alternativa, pero no en cárceles comunes, sino en centros siquiátricos. Sin embargo, considera, que una pena de prisión perpetua en recintos penitenciarios como los que hay en Bolivia, es inviable porque no existen condiciones de infraestructura ni supervisión especial. La reclusión en el mundo tiene el objetivo de reeducar a los reos, pero en Bolivia solamente se les priva de libertad y no se les rehabilita. “Ninguna medida tan coercitiva tendrá efectos positivos en la gente; podría bajar el índice de denuncias pero no la comisión de delitos porque los agresores con estos trastornos no sienten empatía y por lo tanto no piensan en las consecuencias o en las condenas”.

Endurecer los castigos no resuelve nada

La imposición de penas duras en otros países ya ha demostrado que no resuelve el aumento de la violencia, porque esta solo se frena con educación. Por ello, para la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, la propuesta de la cadena perpetua “es una medida sacada de la manga que solo manipula el dolor social que causan estos casos y desarrolla el morbo colectivo”.

La abogada sostuvo que para aplicar una pena de cadena perpetua, como mínimo, el Gobierno debería contar con varios estudios rigurosos: uno de la incidencia de casos; otro que demuestre que la aplicación de las penas existentes no ha funcionado y un tercero que analice los efectos de la sanción y los índices de reincidencia. Para empezar, a decir de Montaño, no se puede afirmar que las penas aplicadas hasta ahora no funcionan “porque en los hechos existe impunidad y eso no depende de la norma sino de los operadores. Solo el 2 por ciento llega a sentencia”.

Hasta la fecha no existen estudios de los efectos de las sanciones existentes y mucho menos de los índices de reincidencia. “¿Qué persona que violó y asesinó a un niño o niña ya cumplió 30 años de cárcel en Bolivia y, al salir libre, volvió a violar y matar?”, pregunta la directora de la Oficina Jurídica.

La pena del infanticidio recién fue endurecida en 2014. “Si hubiera sentencias y el índice de reincidencia fuese alto, podríamos concluir que la actual norma no sirve y hay que endurecerla, pero eso no ocurre”, sostuvo la defensora. El aumento de penas no responde a una necesidad estudiada y comprobada. “Tiene una motivación perversa de manipular el dolor social que causan estas muertes y desarrollar el morbo colectivo. No resuelve nada y se incrementaría la sensación de desprotección de la gente”, advirtió.

El docente penalista Henry Pinto, recordó que la Carta Magna consagra la cultura de la paz como fundamento de convivencia social y la propuesta de endurecer las penas, castigando con más fuerza a los agresores y privándoles del derecho a rehabilitarse, “constituye una afrenta a esta cultura de paz. El sistema penal en esencia, genera y reproduce violencia, dolor y destrucción. La cadena perpetua es inviable en términos económicos, jurídicos, sociales y humanos”, opinó.


Tribunal de Justicia La Paz: Deploran que la Cumbre no haya aumentado presupuesto judicial


UNA TOMA GENERAL DE LA CUMBRE DE JUSTICIA, EN LA INAUGURACIÓN.

En el marco de una evaluación a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se celebró la semana pasada en Sucre, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz expresó su postura, deplorando que en el importante evento no se haya viabilizado el incremento al presupuesto judicial de 3%, como fue su propuesta.

Reunidos en sala plena, los vocales del Tribunal Departamental observaron que las propuestas técnico/jurídicas que los tribunales departamentales presentaron no han sido tomadas en cuenta en la Cumbre de Justica, informó la presidenta de la justicia paceña, Carmen del Río Quisbert.

La autoridad explicó que dentro de la propuesta presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la asignación presupuestaria para la justicia debería incrementarse del 0,40 por ciento, que recibe en la actualidad, a por lo menos el tres por ciento, en proporción al Presupuesto General del Estado (PGE).

Precisó que en 2014 el monto fue de Bs 259.459.000 millones, en 2015 de Bs 799.734.000 millones y para este año se programó 850.336.000 millones, es decir, entre el 0,26% y el 0,40%.

Aseguró que, por ejemplo, un nuevo presupuesto permitiría resolver la falta crónica de personal en el Órgano Judicial. “En La Paz, hace un año nos han reducido cerca de 60 ítems y al momento falta la reposición de 17 de esos cargos para el personal subalterno; entre 2015 y lo que va del 2016 se han presentado 65 renuncias de funcionarios judiciales y al momento tenemos 28 acefalías de vocales y jueces”.

“Tenemos una sola Juez de la Niñez y Adolescencia para atender más de 7.000 causas; en las otra materias, en promedio, cada juez tiene sobre sus espaldas más de 1.000 trámites que son humanamente imposibles de atender en los plazos procesales”, ejemplificó y propuso que el número de ítems de jueces y vocales que al momento llega a 1.180 en todo el país, sea al menos, duplicado.

En efecto, dentro de las conclusiones a la que se llegó, se siguió la línea marcada en el discurso del vicepresidente Álvaro García, quien en nombre del Gobierno condicionó el incremento del presupuesto para el Órgano Judicial a “resultados”, cuyo procedimiento de evaluación es calificado de incierto por esta instancia, al igual que la idoneidad de quienes estarán a cargo.

La autoridad detalló que sus propuestas fueron desoídas, debido a la desproporción entre los representantes del poder judicial y organizaciones civiles que desconocen el tema técnico y reveló que cerca del 99 por ciento de los participantes en las seis mesas de trabajo, fueron de organizaciones sociales y representantes del Ejecutivo y Legislativo.

“Los representantes del Órgano Judicial no llegábamos al 1% en relación a los más de 1.500 delegados asistentes a la Cumbre Nacional, y esto bajó a la mínima expresión la representatividad de magistrados, vocales jueces”, informó Quisbert al señalar que no se pudo lograr un respaldo mayoritario para mejorar las condiciones presupuestarias con un porcentaje concreto.

Dentro de las conclusiones de la Mesa 3 en la Cumbre de Justicia figura “mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones”. Al respecto, Quisbert afirmó que por esa decisión, que calificó de “genérica”, en 2016 no habrá un incremento de presupuesto, lo cual impide llevar adelante medidas estructurales de transformación con resultados óptimos a corto, mediano y largo plazo.

NECESIDAD Y PRESUPUESTO

- Mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial, Ministerio Público, Régimen Penitenciario, Defensa Pública y otros servicios, condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones en el sistema de justicia para dar celeridad a los procesos judiciales, mejorar la calidad de atención que brinda a la ciudadanía, ampliando la cobertura de servicio conforme a las necesidades de las regiones, mejorando los recursos humanos, tecnología e infraestructura.

- Implementar mecanismos que permitan la programación, uso y control del presupuesto asignado y generado por el Órgano Judicial.

- Reingeniería de la actual distribución del personal judicial reduciendo el personal administrativo y del Consejo de la Magistratura para aumentar jueces. Asignar más funcionarios al área urbana y rural previa evaluación de necesidades y conflictividad.

- Los operadores de justicia deben dar señales de efectividad y de compromiso social con el actual presupuesto, para demostrar y justificar la necesidad de la mejora presupuestaria.

- Se debe realizar auditorías financieras y presupuestarias, para transparentar y conocer cómo realizó el gasto el Órgano Judicial en los últimos años.

- Rediseño de la estructura salarial para operadores de justicia y proveer recursos para el gasto operativo.

- Del presupuesto existente en el Órgano Judicial, se debe mejorar su distribución, para la atención a grupos vulnerables y casos descritos en la Ley 348.

Saturday, June 18, 2016

El 97% de las propuestas de la Cumbre de Justicia tendrá que cumplirse, según viceministro de Justicia

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, aseveró este sábado que las conclusiones a las que se llegaron en la Cumbre Nacional de Justicia, realizada el pasado fin de semana en Sucre, deberán cumplirse en casi su totalidad en el marco de la ruta de transformación de la Justicia boliviana.

“El 97% de las propuestas tendrá que cumplirse porque es posible, está en el marco de la ley, es la demanda del pueblo y han sido también pensadas técnicamente porque han sido discutidas en la cumbre”, enfatizó la autoridad en el programa Polémica, que se emite por la Red Patria Nueva.

Jiménez aclaró que si bien muchas de estas consideraciones son complicadas legalmente, tendrán que ser tomadas en cuenta a largo o mediano plazo porque es la pauta para el desafío de la Justicia en el futuro próximo.

“La Cumbre ha sido un éxito, obviamente las propuestas no se materializarán mañana (porque están) en el marco de una planificación estratégica para mediano o largo plazo”, acotó Jiménez.

Entretanto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Wálter Saavedra, manifestó que la institución a la que representa quedó preocupada porque no se les dio la posibilidad de delinear jurídicamente las propuestas de soluciones que llevaron a la Cumbre.

“Bajo un criterio racional y jurista, con profesionales entendidos en la materia estamos comprometidos con aportar ciertos criterios para la transformación de la Justicia, sin embargo (en el evento) no nos han considerado, ha estado presente gran parte de la población, pero no se ha tratado el cómo delinear jurídicamente estas soluciones”, dijo Saavedra.

La Cumbre Nacional de Justica se llevó a cabo el viernes 10 y sábado 11 de junio en la capital del Estado. En el encuentro, los representantes del Colegio de Abogados abandonaron el debate debido a que denunciaron que no se abordaban temas de fondo para resolver la crisis judicial. Saavedra reiteró que todo se centró en cómo castigar los delitos y a los delincuentes

Thursday, June 16, 2016

TDJ de La Paz lamenta que no se incremente el presupuesto judicial

La sala plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz lamentó que la Cumbre Nacional de Justicia no aprobara subir al 3% el presupuesto del Órgano Judicial en relación con el Presupuesto General del Estado (PGE).

Con un comunicado el TDJ informó que algunas propuestas técnico-jurídicas de los tribunales departamentales no se tomaron en cuenta por la presencia mayoritaria equivalente al 99% de movimientos sociales y representantes del Ejecutivo y Legislativo.

"Los representantes del Órgano Judicial no llegábamos ni al 1%”, dijo la presidenta del TDJ, Carmen del Río Quisbert, al señalar que no se pudo lograr un respaldo mayoritario para mejorar las condiciones presupuestarias con un porcentaje concreto.

Una de las conclusiones de la Cumbre refiere: "Mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones”.

Quisbert dijo que por esa decisión genérica este año no habrá un incremento en la arcas del tesoro judicial por lo que tampoco será posible implementar medidas estructurales de transformación.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió hace meses subir al 3% el presupuesto en comparación del actual 0,40% que recibe el Órgano Judicial del PGE.

Quisbert añadió que esto impide llenar la gran cantidad de acefalías que retrasan aun más los trámites judiciales y pidió considerar estos aspectos al momento de evaluar el trabajo de los funcionarios.

La Paz TCP admite el recurso contra los impuestos municipales



El concejal Jorge Silva (MAS) dijo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aceptó los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de las medidas impositivas aplicadas por la Alcaldía en meses pasados. El alcalde Luis Revilla señaló que es una muestra de que este ente responde a órdenes político-partidarias.

"Respecto a este recurso de inconstitucionalidad de la ley de impuestos y que habría sido admitido por el Tribunal Constitucional, lo primero que nos llama la atención es que todos los recursos sobre este tema que ha presentado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz son rechazados. Pero todos los recursos que son presentados contra el gobierno municipal son admitidos. Qué casualidad que militantes del MAS se enteren antes que todos los demás, y que nosotros mismos, que sus recursos son admitidos”, dijo Revilla.

Aseveró que la decisión del Tribunal es una muestra de la injerencia de la política en la justicia, por lo que no descartó acudir a instancias internacionales para denunciar esta situación. "Claro que hay una injerencia en la justicia, ni siquiera se nos ha notifica do a nosotros oficialmente y ya saben los militantes del partido de gobierno la decisión del TCP”, manifestó.

Indicó que esperará a recibir la notificación oficial de la instancia constitucional para evaluar y asumir las medidas que correspondan. "Acudiremos a instancias internacionales si es necesario para hacer valer los derechos de la legislación autonómica del gobierno municipal de La Paz”, dijo.

Cumbre Judicial Expertos afirman que el encuentro fue un fracaso

Tres expertos en materia constitucional coincidieron en que la Cumbre Nacional de Justicia fracasó debido a que se trataron aspectos que no son la causa de la actual situación de la justicia, en vez de considerar la independencia del Órgano Judicial y la calidad del servicio hacia la población.

"La Cumbre no ha dado una respuesta clara al país sobre el principal problema en el sistema judicial, sobre cómo establecer un sistema independiente y de alta calidad”, manifestó el constitucionalista y exviceministro de Justicia Carlos Alarcón.

Con él coincidió el politólogo y exvocal electoral Jorge Lazarte, quien consideró que enfocarse en la cadena perpetua para violadores de menores es "errado”, pues endurecer las penas no eliminará la criminalidad y mucho menos transformará el sistema judicial. "No se apostó a largo plazo y lo principal, la independencia judicial, no se trató”.

Similar posición tuvo José Antonio Rivera, exmagistrado del TCP. Opinó que se perdió una oportunidad para cambiar la justicia por el objetivo final de "abrir la Constitución”.

El vicepresidente Álvaro García Linera lamentó la descalificación apresurada de la Cumbre, según la red ERBOL. La autoridad dijo que hay instituciones que de forma ligera y poco reflexiva descalifican los resultados sin considerar la totalidad de los aportes, lo cual refleja poca seriedad.

García invitó a los críticos de la Cumbre a reflexionar con mayor tiempo para generar un debate estructural y no limitarse a la descalificación con aires de "posicionamiento político”. Pidió a la oposición capacidad para ver la integridad de las conclusiones y no caer en la simplificación.
22
11

Cumbre Judicial La Cumbre aprobó 15 de 18 sugerencias que hizo el Vice

La Cumbre Nacional de Justicia aprobó al menos 15 de 18 sugerencias que hizo el vicepresidente Álvaro García Linera el pasado viernes, cuando se iniciaba el evento en Sucre.

Sin embargo, algunas de estas propuestas también fueron aprobadas en las precumbres departamentales. La primera sugerencia de García aprobada en la Cumbre fue que los jueces se dediquen sólo a labores judiciales y no a cuestiones administrativas ni financieras, tareas que quedarían en manos de otra instancia.

Asimismo, se dio el visto bueno a la creación de una inspectoría que controle el trabajo de los operadores de justicia.

También se consideró profesionalizar la investigación en la Policía y Fiscalía, aunque no se concluyó nada acerca de eliminar la excesiva rotación o cambio de puestos de policías y fiscales.

Se aprobó que las filmaciones y grabaciones sean prueba idónea en un juicio y no sólo indicios en la etapa preparatoria .

Como quinta propuesta, García pidió prohibir el ejercicio de la abogacía a funcionarios corruptos y la Cumbre aprobó suspender la matrícula profesional a abogados y funcionarios que incurren en faltas gravísimas.

Se apoyó la búsqueda de alternativas al proceso penal, como la conciliación. Asimismo, diferenciar entre faltas, delitos y crímenes, procesar cada hecho según su categoría, diferenciar las sanciones y el modo de cumplirlas.

La Cumbre aprobó la sumatoria de penas, como sugirió García Linera en su discurso.
También la multiplicación de penas para quienes reinciden en el mismo ilícito.

Asimismo, se abrió el camino para la cadena perpetua para la violación de niños seguida de muerte, un tema que causó revuelo debido a que implica abrir la Constitución.

Se aprobó la oralidad plena y el uso de tecnología para acelerar los trámites judiciales.

El "control automatizado del desempeño de funcionarios” que planteó el Vice coincide con el "uso de tecnología para controlar a operadores de justicia” que aprobó la Cumbre.

Se acordó mantener el voto popular en la elección de altas autoridades judiciales, pero mejorar el proceso de preselección.

Los participantes coincidieron en que se debe mejorar la formación universitaria.

La depuración de los malos funcionarios que sugirió el Vicepresidente concuerda con la "renovación de operadores cuestionados” aprobada por la Cumbre.

No se halló mayores coincidencias entre las conclusiones de la Cumbre con sugerencias de García, como el uso de agentes encubiertos, un control cruzado en la selección de jueces y fiscales y el mantener (por el momento) el presupuesto del Órgano Judicial.

Queda por hacer

Conclusiones La Cumbre aprobó decenas de conclusiones en seis ejes temáticos: elección de altas autoridades judiciales, acceso a la justicia plural, retardación, corrupción, política criminal y justicia penal, y formación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.
Implementación Autoridades del Ministerio de Justicia explicaron que se conformará una comisión de implementación de las conclusiones que salieron del encuentro a corto, mediano y largo plazo. Éstas pueden ser modificadas para que no existan contradicciones entre sí y se enmarquen en ciertos parámetros.

Aseguró el magistrado Choque El 10% de los jueces serían retirados

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilder Choque, aseguró que solo el 10% de los jueces sería retirado de sus cargos mediante la evaluación que definió la Cumbre Nacional de Justicia.

El plazo para la evaluación de jueces y vocales es de 120 días.

“En estos 120 días se tratará de depurar a esos malos funcionarios, servidores, que hacen quedar mal al Órgano Judicial, (…) no pasa de un 10 por ciento”, dijo la autoridad según un reporte de radio Loyola Fides.
Aseguró que si bien hay muchos jueces en el país que tiene bastantes denuncias en materia penal, como jueces que han sido cautelados han vuelto a asumir sus funciones, porque no hay una norma que les impida ejercer aquella competencia, en su mayoría los jueces son personas de respetable trayectoria.
“Los buenos servidores, yo estimo que están entre el 85 o 90%”, apunto el magistrado.

Choque señaló que los jueces serán evaluados en diferentes aspectos para lograr una depuración de aquellos malos administradores de justicia.

“En el manejo del despacho judicial se va avaluar la capacidad de resolución que tienen los jueces, existe otro aspecto, que los procesos de los jueces no hayan sido objeto de nulidades”, indicó.

La Cumbre no es la instancia de evaluación. Por su parte, Alaín Núñez, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, afirmó que el cónclave judicial de Sucre no es la instancia para evaluar el trabajo de los juzgadores en el país.

Remarcó que la Cumbre no es de ninguna manera un punto de largada o de salida, para iniciar un trabajo que ya está establecido en la ley, porque carece de facultades legislativas.

Núñez dijo que lo que corresponde es cumplir la norma, si es que algún juez incurre en las causales de suspensión o destitución que establece tanto la Constitución Política del Estado (CPE), como en la Ley del Órgano Judicial.

Sin embargo, en el cónclave judicial, se determinó también evaluar la labor de los funcionarios judiciales en un plazo de 120 días, que estaría en manos del Órgano Judicial y determinaría la separación de la institución de los funcionarios con denuncias, procesos penales y sanciones disciplinarias. Según manda la normativa, el Consejo de la Magistratura tiene dentro de sus atribuciones, de determinar la cesación del cargo de vocales, jueces, y personal auxiliar, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas disciplinarias gravísimas.

La Magistratura también tiene la atribución de designar los jueces disciplinarios.

Además tienen la facultad de suspender en el ejercicio de sus funciones a las autoridades jurisdiccionales que pesan imputación formal en su contra.

Al menos 40 jueces de la Llajta son candidatos a ser destituidos

Unos 40 jueces que tienen antecedentes disciplinarios en Cochabamba son candidatos a ser depurados de sus cargos.

La Cumbre de Justicia, que se cumplió el pasado 10 y 11 de junio en Sucre, determinó un plazo de 120 días para evaluar el desempeño de vocales, fiscales y jueces del país. Tras este período no se descarta la suspensión de sus funciones.

La falta en la que más incurren los funcionarios públicos es la retardación de justicia, indicaron desde el Juzgado Disciplinario Nro. 1 de Cochabamba.

Los funcionarios judiciales con antecedentes equivalen al 25 por ciento del total de jueces que hay en el departamento.

Con el desarrollo de “La Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien” , el Estado inició un proceso de transformación de la justicia en el país.

Para ello, el Ministerio de Justicia tomó como base las propuestas planteadas por la sociedad civil, organizaciones sociales, entidades académicas, entidades públicas y privadas. Luego las sistematizó y definió seis ejes temáticos que guiaron el evento: modalidad de elección de magistrados; acceso a la justicia plural; retardación de justicia; corrupción en el sistema judicial; política criminal y justicia penal; y formación, ingreso y régimen disciplinario

CRITERIOS Algunos de los criterios para depurar a los funcionarios judiciales del país serán las sanciones disciplinarias y los procesos penales acumulados que tengan, indicó el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, en declaraciones a radio Patria Nueva.

Sobre este punto, la expresidenta del Tribunal Departamental de Justicia Nuria Gonzales informó ayer que, en el marco de la Cumbre de Justicia, también se determinó conformar una comisión que lleve adelante la depuración.

Preliminarmente, el titular del Juzgado Disciplinario Nro. 1, Rubén Coca, indicó que habrá una comisión en cada departamento del país y la conformarán miembros del Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Control Social, entre otras entidades. “Habrá un representante por cada instancia”.

MEDIDAS Gonzales dijo que, al margen de la depuración, en la Cumbre se determinó sanciones alternativas para los operadores de justicia. Por ejemplo, que solo existan faltas graves y gravísimas; que hayan mecanismos informáticos para controlar a los funcionarios; instaurar un organismo supraórgano que cumpla una función de control disciplinario y demás.

DENUNCIAS Diariamente, los tres Juzgados Disciplinarios de Cochabamba recepcionan 10 denuncias de litigantes. Del total, el 90 por ciento son infundadas, señaló Coca.

“Hoy en día las partes están tomando al régimen disciplinario como una forma de presión para que se falle en favor de sus causas. Es ahí donde los jueces (disciplinarios) estamos rechazando”, explicó Coca y añadió que luego de conseguir su cometido, los litigantes desisten de su denuncia.

Si la falta es leve y comprobada, los jueces son sancionados con amonestaciones; si es gravísima, con la suspensión del cargo.

Los abogados están en la mira

Una de las determinaciones que emanó de la mesa 2 de la Cumbre de Justicia fue modificar la Ley de la Abogacía, con el objetivo de incluir nuevas sanciones para estos profesionales.

Una de ellas es la suspensión de la matrícula entre 5 a 20 años, si incurren en delitos, por ejemplo, de corrupción.

Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, dijo que con esta medida solo se pretende presionar a los abogados.

Es por eso que su gremio abandonó el evento y esta semana declaró una paro de brazos caídos.

El sector considera que esta determinación es fruto de la composición de los participantes de la Cumbre de Justicia: 73 por ciento perteneciente a organizaciones sociales y solo un 8 por ciento a instancias académicas o colegiadas.

El presidente del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Silbano Arancibia, indicó que el plazo que se estableció para aplicar las determinaciones de la Cumbre es corto.

Indicó que cada operador de justicia debe ser evaluado de forma individual y, solo en el departamento, hay más de un centenar.

No obstante, Arancibia dijo que acatarán la instrucción superior.

Extraoficialmente se conoce que ya llegó un instructivo nacional a todos los Juzgados Disciplinarios de Cochabamba para que procesen los antecedentes disciplinarios de todos los funcionarios. Entre ellos están los jueces, secretarios, fiscales, vocales, entre otros.

IMPEDIMENTO Los que actualmente tienen antecedentes, no pueden postular a concursos de méritos.

Inauguran el Palacio de Justicia de Yacuiba



El presidente del Colegio de Abogados de Yacuiba, Jaime Zerda Carrillo, informó hoy a radio Fides que la casa judicial o palacio de justicia como se conoce, será inaugurada este jueves 16 de junio a partir de horas 16.00.

El nuevo edificio agrupará a todos los juzgados de la ciudad de Yacuiba, tanto los que funcionan en el edificio ubicado en calle Comercio esquina San Pedro, como los que están en el centro comercial Lourdes.

Zerda dijo que para este importante acontecimiento se contará con la visita de autoridades a nivel nacional y departamental del Órgano Judicial, así como magistrados y jueces.

No hay mobiliario nuevo para el edificio por lo que se utilizarán los muebles que tienen actualmente.

Ministra de Justicia Cadena perpetua se tratará a largo plazo


MINISTRA DE JUSTICIA, VIRGINIA VELASCO.

El Gobierno anunció que la inclusión de la cadena perpetua en el sistema penal como sanción máxima para violadores de niñas y niños que mueran producto del abuso será tratado a largo plazo, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

“El tema de la cadena perpetua se va debatir, eso es un debate a largo plazo (…) otros son los aspectos que tienen que cambiar con relación a la justicia”, declaró Velasco tras concluir la reunión de gabinete de ayer.

En esa línea señaló que se debatirá si las nuevas reformas requieren de la Asamblea Constituyente.

Aclaró que la propuesta de cadena perpetua como máxima sanción por delitos a niñas y niños fue realizada en las precumbres y que no fue una sugerencia del Gobierno.

“La castración, la pena de muerte para violadores fueron (sugerencias) recogidas en las precumbres y el Vicepresidente sugirió que discutamos en las mesas (…) no solo es ese punto, tenemos varios con relación a diferentes ejes temáticos”, sostuvo.

Señaló que, por el momento, se debe priorizar la evaluación del trabajo que realizan los jueces y vocales de la justicia.

Informó también que, por el momento, el Ministerio de Justicia inició con el trabajo de la elaboración del plan estratégico para poner en práctica las conclusiones que se determinaron en la Cumbre de Justicia realizada en capital del país, Sucre.

La autoridad no detalló quiénes conformarán el equipo pero aseguró: “Se quiere el cambio de la justicia, no queremos el ciudadano siga sufriendo”.

Se refirió también a la huelga de hambre que realizaron los abogados y señaló que estos tuvieron varias intervenciones en las mesas de la Cumbre de Justicia.

El 10 y 11 de junio se desarrolló la Cumbre de Justicia en la ciudad de Sucre donde participaron diferentes actores de la sociedad; sin embargo, esta fue cuestionada por la oposición y algunos abogados que afirmaron que en ella sólo participaron gente a fines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y no así instituciones colegiadas entendidas en temas de justicia.

Wednesday, June 15, 2016

TCP acepta recursos contra "impuestazo"

El Tribunal Constitucional Plurinacional aceptó ayer dos recursos de inconstitucionalidad que presentaron el exalcalde transitorio, Omar Rocha, y el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de La Paz, en contra del "impuestazo" aplicado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informaron fuentes institucionales. El dirigente de la Fejuve, Jaime Vera aseguró que esa aceptación del amparo en contra del "impuestazo", "está a favor de los paceños", que se vieron perjudicados con incrementos altos en los tributos a la transferencia de bienes e inmuebles, y de vehículos en La Paz.

Tuesday, June 14, 2016

El Gobierno critica a la Iglesia y perfila gestiones internacionales para validar cadena perpetua



El presidente Evo Morales se refirió por primera vez a la propuesta de cadena perpetua para niños, definida en la Cumbre de Justicia, y expresó que de ser una solución debe encararse gestiones con la finalidad de cambiar los convenios internacionales que vetan su incorporación en la legislación nacional. También cuestionó a la Iglesia Católica y a abogados por su oposición.

La cadena perpetua para violadores de niñas niños seguida de muerte y la sumatoria de condenas fueron, entre otras, las decisiones tomadas en la Cumbre de Justicia de Sucre con participación mayoritaria de sectores sociales. “Ese pueblo víctima de justicia estaba reunido (Cumbre) y ahora los verdugos de la justicia rechazan esas decisiones”, afirmó Morales.

Los abogados cumplieron este martes un paro de brazos caídos de una hora en rechazo a las conclusiones del encuentro que abandonaron, mientras que desde Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, rechazó la propuesta de cadena perpetua porque, dijo, "es una muestra de total desconfianza en la capacidad del hombre de reconocer sus errores y de cambiar su vida”.

“Ha habido tantos obispos que violan a niños pero nunca he escuchado: ese obispo está en la cárcel por tanto años, nunca he escuchado. No quiero pensar que ese obispo que rechaza la cadena perpetua esta defendiendo al obispo que viola al niño”, cuestionó y afirmó que debe dejarse el “complejo” y pensar que también debemos cambiar a la comunidad internacional.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, advirtió que la propuesta planteada en el encuentro de Sucre choca con las convenciones en materia de derechos humanos. “La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene el principio de progresividad y el tema pasa porque en Bolivia ya se ha establecido como pena máxima en materia penal 30 años de prisión”.

Morales consideró que si la cadena perpetua es una solución debe gestionarse cambios en los convenios internacionales para incorporarlos en la legislación nacional.

“Si tenemos argumentos hay que cambiar los tratados internacionales…Si la cadena perpetua es buena para la humanidad frente a los que violan a los niños, si eso ayuda a resolver, hay que cambiar los tratados, ¿por qué vamos a estar sometidos?. Hay que debatir, vamos a ir a debatir en las instancias correspondientes”, insistió y puso como ejemplo el reconocimiento internacional de la legalización de la coca en Bolivia.

Las conclusiones del encuentro será tratado en la reunión de gabinete de este miércoles.

(14-06-2016)

La reforma de la justicia pasa por la modificación de 7 leyes

La reforma del sistema judicial requiere la modificación de al menos siete leyes y la redacción de otras dos normas, según la conclusiones de la Cumbre de Justicia.

Una comisión especializada se hará cargo de darle seguimiento a las conclusiones del encuentro nacional realizado en Sucre.

De acuerdo con las conclusiones de las mesas de trabajo de la Cumbre de Justicia, se deben cambiar las leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional, de Código Procesal Constitucional, de Deslinde Jurisdiccional, de la Abogacía, de Régimen Disciplinario de la Policía y del Ministerio Público.

Asimismo, plantea la necesidad de aprobar la Ley de Acceso a Información Pública y otra norma que admita como pruebas las filmaciones y grabaciones en delitos de corrupción.

Los abogados constitucionalistas Arturo Yáñez y Carlos Alarcón coincidieron en que los pedidos de modificar normas y la aprobación de leyes y reglamentos tienen la finalidad de introducir determinados temas que vayan en beneficio del Gobierno.

Yáñez dijo que la modificación de leyes de reciente aprobación demuestra que "los legisladores no se toman en serio ni los toman a ellos en serio, y que las leyes no fueron sometidas a un proceso adecuado de análisis” y que el objetivo es reformar la Constitución "vaya a saber con qué fines”.

Su colega Carlos Alarcón señaló que antes de plantear cualquier modificación a una norma lo primero que se debía realizar es un análisis técnico a profundidad, para identificar qué falló en la aplicación de cierta norma.

"Se debían ver los cambios adecuados, en cada caso también se debe analizar a profundidad la política que está detrás del cambio de esa norma y ver la consistencia que tiene esta política en función de fines, valores y objetivos que se quieren salvaguardar; cuidado que en vez de que una ley beneficie sea perjudicial”, dijo el jurista.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó el fin de semana que una comisión especial, conformada por representantes de los órganos Judicial, Ejecutivo, Legislativo, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se encargará de implementar las conclusiones de las seis mesas de trabajo.

"Se va a discutir, debatir jurídicamente y técnicamente; son seis ejes temáticos que se ha trabajado bastante, esto va ser un proceso de implementación de corto, mediado y largo plazo”, afirmó Velasco. La primera reunión está prevista para mañana.

Aclaró que no hay un plazo para hacer estas reformas.

Apertura de la CPE

Sanción Una comisión especializada analizará la posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado, para dar legalidad a la sugerencia del vicepresidente Álvaro García Linera, aprobada por la cumbre de justicia, de instituir la pena de cadena perpetua para la violación de niños seguida de muerte, porque con la actual estructura constitucional esa figura no es viable.
Comisión La ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo que la comisión tendrá representantes de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, del Órgano Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de la Magistratura, universidades y la Policía. Mañana se hará una primera reunión.

Surgen más críticas sobre la cadena perpetua

Página Siete / La Paz

Además de la Iglesia Católica, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón y opositores rechazaron la decisión de la Cumbre de Justicia de incluir en la normativa boliviana la figura de cadena perpetua.

El constitucionalista Alarcón calificó la decisión de incluir la cadena perpetua en casos de violación a menores, seguido de muerte, como un acto "inviable”, también "innecesario” e incluso "regresivo”.

El senador Murillo dijo que la incorporación de esa figura busca modificar la Constitución para hacer posible otra reeleción de Evo Morales.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, indicó que si el Gobierno decide aplicar la cadena perpetua para sancionar a aquellas personas que abusen de niños es necesario modificar la

Constitución Política del Estado, según urgentebo. La Carta Magna establece que en Bolivia "la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.

"Se tiene que abrir necesariamente si se quiere incorporar una pena mayor para aquellos delincuentes que cometan ese delito de violación con posterior muerte del abusado. Tiene que abrirse la Constitución, no hay otra”, opinó Jiménez.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, César Cabrera, anunció que como una forma de protesta, este martes realizarán un paro de brazos caídos de 60 minutos, de 11:00 a 12:00 del mediodía, medida que esperan se cumpla en el país.

Un examen psicológico a candidatos judiciales asdf

Los postulantes a cargos judiciales deberán someterse a un examen psicológico y también deben cumplir otros 17 requisitos, señala una las conclusiones de la Cumbre Judicial que concluyó el fin de semana.

"Examen psicológico que demuestre los rasgos de su personalidad, que confirmen si el candidato es apto para desempeñar estas funciones”, es uno de los 18 requisitos que deben cumplir los postulantes a cargos judiciales.

La Constitución actualmente establece ocho requisitos como el no pertenecer a organizaciones políticas, tener 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad y ética, haber ejercido funciones judiciales, ser de profesión jurista o docente durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura.

Los actuales magistrados fueron electos, por primera vez en la historia de Bolivia, por voto popular en octubre de 2011. Concluirán su mandato el próximo año.

En ese marco, la Mesa Uno de la Cumbre Judicial decidió que la Asamblea Legislativa elabore en un plazo de 120 días un reglamento de preselección de candidatos de carácter público, que incluya la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, las organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones representativas de la población.

Los requisitos que plantea la Cumbre son que los candidatos demuestren que tienen capacidad, experiencia, idoneidad, probidad, meritocracia, eficiencia, destreza y celeridad. Además de honorabilidad, compromiso social y otros.

Supremo anula ley para atender crisis de salud

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró inconstitucional la llamada "Ley especial para atender la crisis humanitaria en salud" que aprobó el Parlamento de mayoría opositora por considerar que la norma "usurpa" competencias del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores.

La decisión, publicada ayer, responde a una solicitud hecha por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, que pidió a la Sala Constitucional del TSJ que señalara si esta norma era "constitucional" debido a la "insensatez de los diputados de la oposición" al plantearla y darle visto bueno.

En el fallo se señala que la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en su sesión del pasado 3 de mayo, infringe una decena de artículos de la Constitución venezolana.

Se indica en la decisión que la norma es "inconstitucional (...) al usurpar competencias atribuidas al Presidente de la República en materia de dirección de la acción de Gobierno en el ámbito de los estados de excepción, así como en materia de relaciones internacionales". Asimismo, se señala que la Sala Constitucional fundamentó su decisión en el "carácter exclusivo de las competencias que ejerce el Presidente de la República en virtud de la vigencia del Estado de Excepción" que decretó el Mandatario hace exactamente un mes.

Según la Federación Farmacéutica, hay una escasez del 85 por ciento en medicamentos, mientras que en las medicinas de alto costo la escasez se ubica en más de 60 por ciento . “Si Venezuela aceptara la ayuda humanitaria tendríamos el colchón necesario durante cuatro meses para estabilizar el país”, afirmó el presidente de la Federación, Freddy Ceballos.

Monday, June 13, 2016

Propuestas de cumbre pasan a análisis jurídico



Una comisión de juristas analizará las propuestas planteadas en la Cumbre Nacional de Justicia que se desarrolló en la ciudad de Sucre, informó ayer la ministra del área, Virginia Velasco. El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que se logró diseñar una “ruta de trabajo” y dijo que los distintos órganos del Estado estarán involucrados en la implementación. Aún no hay plazos.

El pasado viernes y sábado se desarrolló la Cumbre de Justicia con la participación de más de 1.500 personas, sin embargo, el 73 por ciento de los asistentes fueron representantes de organizaciones sociales, 18 por ciento organizaciones estatales y sólo el 8 por ciento era miembros de instancias académicas o colegiadas. El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) abandonaron el evento de forma separada.

Sin embargo, García Linera señaló que “lo importante es que hemos diseñado una hoja de ruta hay un plan, hay un objetivo, una meta. Yo no he visto críticas a la meta, el tema de la reelección no es un tema de debate y la Cumbre de Justicia no fue a debatir ese tema”.

Añadió que el Gobierno acudirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional, “vamos a tener que hablar con los órganos supremos del ámbito judicial para llevar adelante y consultar qué se requiere para este cambio y que se requiere para este otro cambio”.

El Vicepresidente aseguró que se debe “enriquecer con nuevos debates, pero ésta es una buena columna vertebral que emerge de la sociedad civil para un diseño del cambio de la justicia. El objetivo es tener una nueva justicia en los siguientes años, esa es la meta”.

Por su parte, la ministra Velasco señaló que para la aplicación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia “se creará una comisión que analizará jurídicamente las propuestas de las mesas de trabajo de y se trabajará con constitucionalistas”.

Dijo que la comisión analizará las propuestas de cadena perpetua en casos de violación a niños y niñas seguida de muerte, la sumatoria de penas para quienes cometen delitos graves, además de las filmaciones y grabaciones como prueba en delitos de corrupción, entre otros.

Inspectoría

Asimismo, dijo que el encuentro propuso la creación de la Inspectoría Judicial que será una oficina especializada para sancionar a aquellos operadores judiciales que incurren en retardación de justicia, a aquellos que ingresan en “chicanerías” jurídicas y para aquellos que forman parte de consorcios.

“Esta inspectoría estará conformada por profesionales idóneos, capaces, que no se hagan corromper, entonces tienen que ser probos para sancionar a los malos operadores de justicia”, aseguró.



CONCLUSIONES DE LAS MESAS

Después de las dos jornadas de trabajo, la Cumbre de Justicia dio a conocer sus resultados. La mesa 1 decidió mantener la elección de altas autoridades judiciales por sufragio universal, sin embargo encargó a la Asamblea Legislativa ajustar el reglamento de preselección de candidatos.

La mesa 2, que trató el acceso a la justicia, aprobó, entre varios puntos, la gratuidad de la justicia y la creación de salas constitucicionales en cada departamento.

La mesa 3, que debatió sobre la corrupción en el sistema judicial, decidió que en un plazo de 120 días se debe evaluar a jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de defensa pública con la finalidad de expulsar del sistema judicial a operadores que tengan denuncias, sanciones y sentencias penales.

La mesa 4 , que analizó el tema de la corrupción, determinó crear una inspectoría, como un extraórgano, y la designación de un defensor del litigante.

Mientras que la 5 delineó medidas para la política criminal como el endurecimiento de penas y la compilación de tipos penales en un sólo código además de incluir la conciliación en este sistema. Por último, la mesa 6 aprobó suspender la matrícula desde 5 hasta 20 abogados y operadores de justicia que estén implicados en hechos de corrupción.