Maribel Mamani Anavi tenía ocho años cuando su inocencia fue arrancada de raíz en Villa Paraíso, el barrio de Sacaba en el que había crecido sin miedos. El 18 de octubre de 2015, Maribel asistió con sus hermanas de 14 y 15 años a una iglesia evangélica, a tres cuadras de su casa.
Al retornar a su hogar, las tres hermanas hicieron una carrera para averiguar quién llegaba primero. Maribel nunca llegó. La interceptaron en el camino, le taparon la boca, la violaron, la mataron de un golpe y arrojaron su cadáver a un barranco, como si fuera una muñeca desechable.
Su vecino de 47 años y sus hijos de 23 y 17 cayeron presos como sospechosos, porque uno de ellos tenía antecedentes de haber tocado maliciosamente a varias menores del barrio y recién había salido de la cárcel. Los pobladores de Sacaba querían lincharlos, pero no habían pruebas científicas en su contra. Maribel Mamani Anavi fue la última niña violada y asesinada en Cochabamba pero no en Bolivia. El 16 de abril de este año, una niña de nueve fue violada y asesinada en su casa de Oruro. El principal sospechoso es un inquilino que desapareció luego de que los padres hallaran a su hija sin vida y que continúa prófugo.
Estos casos, de violaciones sexuales seguidas de muerte contra niños y niñas no son tan frecuentes, pero afectan a las sociedades de tal forma que, cuando ocurren, la propuesta de pena de muerte, castración química y cadena perpetua saltan a la palestra una y otra vez. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, sugirió el 10 de junio que la Cumbre de Justicia apruebe la cadena perpetua como una medida “dura y fuerte” para “impedir que se repita este tipo de crimen infernal”. Dos días después, la Cumbre de Justicia resolvió que Bolivia debe reformar su Sistema Penal y su Constitución para introducir la cadena perpetua en delitos de violación de menores seguidas de muerte.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, opina que endurecer las penas no resuelve los problemas de la justicia boliviana, ni reduce la comisión de los delitos graves como pretenden. La propuesta ha generado ya varios debates en la sociedad. Aquellos que están a favor del castigo alegan que la violencia sexual contra los niños y niñas aumenta cada año y hay que frenarla. Las estadísticas lo demuestran.
En 2014, según el informe del Defensor del Pueblo, 73 niños y niñas fueron asesinados en Bolivia, pero la mayoría fue víctima de padres, madres o padrastros que no querían mantenerlos; que los veían como un estorbo para sus nuevas relaciones de pareja o a los que “se les fue la mano” en medio de un castigo físico. Apenas un 6 por ciento de los 73 infanticidios está relacionado con el afán criminal de encubrir la violencia sexual. En 2015, según el registro hemerográfico de OPINIÓN, se reportaron 30 infanticidios en el país.Y el porcentaje de violaciones seguidas de muerte es menor. El Código Niño, Niña y Adolescente, promulgado el 14 de julio de 2014, redefinió el delito de infanticidio y aumentó la sanción penal. El artículo 258 del Código Penal señala que “quien mate a un niño o niña, desde su nacimiento hasta sus 12 años, comete infanticidio” e irá a la cárcel por 30 años, sin derecho a indulto.
El planteamiento de la Cumbre de Justicia es aumentar el castigo para quien viole y mate a un niño o niña, de 30 años de reclusión, a una prisión perpetua. Voceros de la Iglesia católica ya se manifestaron en contra de esta propuesta argumentando que la misma impide la rehabilitación del condenado. Las autoridades de Gobierno ya respondieron que quienes no están de acuerdo con la cadena perpetua para violadores que matan a niños, “los están defendiendo”.
Para los políticos de oposición, la medida es populista y una excusa política para abrir la Constitución Política del Estado y modificar, además, todo lo relativo a la reelección del presidente Evo Morales y el Vicepresidente.
Al margen de los motivos de este cambio, reales o no, la cadena perpetua es una pena que muchos estudiosos del Derecho Penal califican de retrógrada.
El doctor en Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, en España, Esteban Mestre, advierte que “la cadena perpetua solo tiene un efecto mediático pero no es efectiva de cara al reo”, pues si la intención es frenar o reducir los delitos graves, eso no sucede en los hechos. México, Singapur y Países Bajos, son los lugares donde la cadena perpetua se aplica “de por vida”, pero el índice de los delitos que se quería reducir no ha disminuido como se esperaba. En otros países como Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Italia y Francia, la prisión perpetua es revisable al cumplir una parte y el condenado puede obtener su libertad condicional si demuestra su rehabilitación. Portugal abolió en 1884 la cadena perpetua.
Cadena perpetua
¿Qué es?
El presidio perpetuo o cadena perpetua es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, que se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida. La cadena perpetua (en especial sin posibilidad de libertad condicional) constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.
El término ya no se usa
“Cadena perpetua” era una pena que se refería a “pasar el tiempo de la condena encadenado a un muro”. Esto ya no ocurre en el mundo y todas las legislaciones, excepto la del Perú, ya no usan este término. Hoy se habla de “prisión perpetua” o “reclusión por tiempo indeterminado” y las condenas de por vida son excepcionales.
Países que la tienen,
la revisan
Los países que incluyen en su legislación la prisión perpetua para delitos muy graves revisan los fallos cada cierto tiempo y si el reo demuestra un cambio le otorgan libertad condicional. Solo México, Países Bajos y Singapur sancionan de por vida.
Pinto: “Es una muerte civil”
La cadena perpetua es una suerte de “muerte civil”, porque le niega al condenado el derecho a rehabilitarse y contar con una segunda oportunidad, asegura el abogado penalista y docente de la UMSS Henry Pinto Dávalos. Por tanto, su implementación vulnera el derecho a la vida y a la dignidad humana, por lo que la Constitución Política del Estado, que garantiza esos derechos, tendría que ser reformada, “lo que nos lleva a cuestionarnos si esa reforma es necesaria tomando en cuenta que la incidencia de esos casos es ínfima y que los cambios implican un enorme gasto en un escenario donde se habla de austeridad”. En los países donde ya se ha implementado, los delitos perseguidos no se han reducido a casi nada. En la doctrina, este tipo de penas forman parte del populismo punitivo, que se funda en la falsa creencia de que castigando con más rigurosidad los delitos, se los evita. Estudios demuestran que no es así.
Psicóloga dice que quienes asesinan tras vejar a niños y niñas no mejoran
¿Las personas que violan y matan a niños pueden ser rehabilitadas? Si bien no se puede generalizar, una parte de la gente que comete delitos mayores en la esfera sexual, como el asesinato de niños, no tendrá mejoría porque tiene un perfil psicopático. Otra parte de esta población que comete este tipo de delitos sufre trastornos de personalidad sicótica y requiere medicación de por vida, según la psicóloga clínica forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Lorena Cox Mayorga.
Los psicópatas no responden a terapias socioeducativas porque no sienten empatía. Por tanto, cualquier tratamiento será convertido por el recluso en una herramienta para perfeccionar la comisión de sus delitos. Desde una perspectiva de seguridad, los psicópatas deberían estar aislados de la sociedad, pero no en cárceles donde representan un riesgo para la misma población penitenciaria, sino en instituciones siquiátricas.
Los criminales con rasgos sicóticos, en mayor o menor grado, necesitan medicación y la carencia de la misma los torna peligrosos para los otros reos.
Sin embargo, existen casos de menores de edad infractores que fueron violados e incurren en violaciones contra niños y niñas más pequeños que pueden ser rehabilitados o reeducados con intervenciones terapéuticas profesionales. Cox cree que el encierro de por vida para personas con perfiles criminales psicópatas o sicóticos es una alternativa, pero no en cárceles comunes, sino en centros siquiátricos. Sin embargo, considera, que una pena de prisión perpetua en recintos penitenciarios como los que hay en Bolivia, es inviable porque no existen condiciones de infraestructura ni supervisión especial. La reclusión en el mundo tiene el objetivo de reeducar a los reos, pero en Bolivia solamente se les priva de libertad y no se les rehabilita. “Ninguna medida tan coercitiva tendrá efectos positivos en la gente; podría bajar el índice de denuncias pero no la comisión de delitos porque los agresores con estos trastornos no sienten empatía y por lo tanto no piensan en las consecuencias o en las condenas”.
Endurecer los castigos no resuelve nada
La imposición de penas duras en otros países ya ha demostrado que no resuelve el aumento de la violencia, porque esta solo se frena con educación. Por ello, para la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, la propuesta de la cadena perpetua “es una medida sacada de la manga que solo manipula el dolor social que causan estos casos y desarrolla el morbo colectivo”.
La abogada sostuvo que para aplicar una pena de cadena perpetua, como mínimo, el Gobierno debería contar con varios estudios rigurosos: uno de la incidencia de casos; otro que demuestre que la aplicación de las penas existentes no ha funcionado y un tercero que analice los efectos de la sanción y los índices de reincidencia. Para empezar, a decir de Montaño, no se puede afirmar que las penas aplicadas hasta ahora no funcionan “porque en los hechos existe impunidad y eso no depende de la norma sino de los operadores. Solo el 2 por ciento llega a sentencia”.
Hasta la fecha no existen estudios de los efectos de las sanciones existentes y mucho menos de los índices de reincidencia. “¿Qué persona que violó y asesinó a un niño o niña ya cumplió 30 años de cárcel en Bolivia y, al salir libre, volvió a violar y matar?”, pregunta la directora de la Oficina Jurídica.
La pena del infanticidio recién fue endurecida en 2014. “Si hubiera sentencias y el índice de reincidencia fuese alto, podríamos concluir que la actual norma no sirve y hay que endurecerla, pero eso no ocurre”, sostuvo la defensora. El aumento de penas no responde a una necesidad estudiada y comprobada. “Tiene una motivación perversa de manipular el dolor social que causan estas muertes y desarrollar el morbo colectivo. No resuelve nada y se incrementaría la sensación de desprotección de la gente”, advirtió.
El docente penalista Henry Pinto, recordó que la Carta Magna consagra la cultura de la paz como fundamento de convivencia social y la propuesta de endurecer las penas, castigando con más fuerza a los agresores y privándoles del derecho a rehabilitarse, “constituye una afrenta a esta cultura de paz. El sistema penal en esencia, genera y reproduce violencia, dolor y destrucción. La cadena perpetua es inviable en términos económicos, jurídicos, sociales y humanos”, opinó.
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