Saturday, June 11, 2016

Cumbre aprueba cadena perpetua para violadores de menores

La Cumbre Nacional de Justicia aprobó la cadena perpetua en casos de violación a menores seguida de muerte y la sumatoria de penas, además determinó la creación de un "extra órgano" para sancionar a los servidores judiciales, también se dispuso la evaluación a jueces y fiscales en 120 días, entre otras conclusiones.
Las seis mesas de trabajo de la Cumbre culminaron este sábado con su tarea. Sus conclusiones fueron presentadas en una plenaria en la que participaron autoridades del Gobierno, miembros del Órganos Judicial, algunos legisladores y delegados de las organizaciones sociales e instituciones.
Aunque el tema no había sido sugerido de manera recurrente en las cumbres departamentales, el vicepresidente Álvaro García Linera planteó que la "cadena perpetua" se incorpore para endurecer las sanciones en contra de los violadores de menores, seguida de muerte.
Y esa sugerencia de García fue aprobada en la mesa cinco de trabajo, al igual que la figura de "sumatoria de penas" cuando existan casos de reincidencia.
Sin embargo, en el encuentro el Gobierno prefirió no referirse a la apertura de la Constitución Política del Estado que establece sólo una pena máxima de 30 años.
Para luchar contra la corrupción, la Cumbre determinó la creación de un "extra órgano" o "inspectoría" de lucha contra la corrupción en el Órgano Judicial con el fin de sancionar a los servidores y operadores judiciales.
También se definió la suspensión de la matrícula de los jueces, fiscales y abogados si incurren en hechos de corrupción.
Aunque en este tema se advirtieron algunas contradicciones, porque una mesa planteó la "suspensión definitiva" y otra que estaba presidida por la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, determinó una "suspensión temporal" y la aplicación de las sanciones de manera gradual hasta una máxima de 20 años.
Asimismo, se decidió que los jueces y fiscales serán evaluados en el plazo máximo de 120 días. Los que no cumplan con los criterios de evaluación serán separados de sus funciones, mientras exista una instancia de control y fiscalización. El Consejo de la Magistratura hará esta labor.
La mesa uno, referida a la modalidad de elección de las altas autoridades judiciales, determinó mantener el voto popular y encomendó a la Asamblea Legislativa Plurinacional diseñar en 120 días un reglamento de selección.
Asimismo, se planteó la necesidad de convocar a una cumbre sobre administración de justicia indígena; la creación de casas judiciales y de una justicia itinerante. Por otro lado, se sugirió modificar el Código Procesal, se pidió fortalecer la conciliación y la resolución de conflictos. Para ello se dispuso que se implementen centros de conciliación.
En la mesa dos se aprobó incorporar una justicia restaurativa, fortalecer mecanismos de descolonización en la administración de justicia, socializar la normativa vigente, eliminar barreras que hacen inaccesible a la justicia, aplicar un lenguaje de fácil entendimiento en los procesos, y el carácter obligatorio que los servicios de justicia en su lengua originaria.
En esta mesa se planteó que se constituyan comisiones para hacer seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia.
La mesa tres sobre retardación de justicia planteó una administración pronta y rápida, diseñar una línea de base sobre funcionamiento de la justicia, la modernización gradual de las tecnologías, y elaborar un mapeo de los procesos.
Asimismo se sugirió proporcionar infraestructura cómoda de trabajo, separar funciones judiciales, implementar la atención al litigante, así como la oralidad en los procesos pero de manera plena y la "sanción económica para los abogados que dilaten los procesos".
En la mesa cuatro, una de las propuestas que se hizo es impulsar el "cese de sus funciones de los operadores de justicia", el fortalecimiento de control social y la creación de comisiones en cada departamento, además de la redefinición del perfil ético de los operadores, la promoción de una ley de acceso a la información pública y la creación del defensor del litigante.
También se plateó la creación de más juzgados de acuerdo a las necesidades, la instalación de cámara de vigilancia en los juzgados. Además se pidió que se prohíba que los vinculados en casos de corrupción ejerzan las funciones de directores, maestros y docentes de las universidades.
En esta mesa también propusieron implementar un mecanismo de verificación patrimonial permanente de los operadores de justicia, la incorporación de agentes encubiertos, la elaboración de una ley que admita las grabaciones como prueba en los delitos de corrupción.
Asimismo, se determinó profundizar el sistema de protección a las víctimas, realizar las auditorías judiciales, aumentar la sanción penal en caso de consorcio de abogados, modificar la Ley de abogacía y la suspensión definitiva en el ejercicio de la abogacía.
En la mesa cinco de política criminal, la propuesta más polémica que surgió es precisamente la cadena perpetua y la sumatoria de penas para endurecer sanciones. Pero también se determinó que la detención preventiva debe ser una excepción y no la regla.
Por otro lado se dispuso acortar el procedimiento penal y se planteó que se modifique la Ley Orgánica de la Policía y del Ministerio Público, informó el viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.
Sobre la última mesa, la ministra de Medio Ambiente informó que se debe fortalecer la capacitación para tener los mejores abogados, que los estudiantes en las universidades tengan seis meses de práctica durante los cinco años que están en la academia.
Además se propuso la estandarización de la malla curricular universitaria. En coincidencia con otra mesa, plantearon la creación de la "inspectoría", que probablemente -dijo- amerite la reforma de la Constitución.
La Cumbre inició su trabajo eL viernes al promediar el mediodía y concluyó a las 15.00 de este sábado. Los delegados hicieron una lectura rápida de las conclusiones.

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