EDDIE CÓNDOR CHUQUIRUNA: “Estamos lejos de un contexto a favor de una genuina reforma judicial”

“No es lo mismo el 'apoyo político a una reforma' que el 'control político del proceso de reforma', que por lo general termina minimizando las consideraciones técnicas. El respaldo político a una reforma judicial es sustantivo y necesario, pero debe ser limitado para no generar distorsión producto de la intromisión”.

Es uno de los expertos internacionales más comprometidos con el proceso de reforma judicial en Bolivia. Al cierre de esta edición estaba previsto para mañana el inicio de la “Cumbre Nacional de Justicia Plural” y el abogado peruano Eddie Cóndor Chuquiruna, director ejecutivo de Fundación Buen Gobierno y representante de Comisión Andina de Juristas en nuestro país, reside en Sucre, de modo tal que sigue de cerca —aportando con sus conocimientos— ese difícil camino.

En la siguiente entrevista con ECOS, realizada en los días previos a la Cumbre nacional, sus opiniones no reflejan posiciones institucionales de la CAJ.

ECOS. ¿Cuáles son, en su criterio, los principales escollos a sortear para que Bolivia tenga una verdadera reforma judicial? ¿Por qué son tan difíciles de superar?
Eddie Cóndor (EC). A la luz de los cambios en las instituciones judiciales en los últimos 25 años, pero sobre todo valorando el actual contexto, menciono los siguientes:
1) Lograr un acuerdo nacional por la reforma de la justicia que sea producto de un proceso participativo, plural y de consenso de sus componentes y su implementación. 2) La participación efectiva, y no como “invitado”, del Órgano Judicial. 3) Una conducta responsable y coherente del Órgano Legislativo, para dictar —en plazo— el marco jurídico necesario. 4) Voluntad política del Órgano Ejecutivo a través un liderazgo con credibilidad y presupuesto suficiente para implementar cada componente de la reforma. 5) Asumir a la reforma como un proceso con acciones de solución para el corto, mediano y largo plazo, basado en criterios eminentemente técnicos y no políticos. 6) Existencia de una sociedad civil especializada, capaz de acompañar y apoyar —críticamente— el proceso. 7) Dotar al proceso de reforma del enfoque de política pública, a fin de evitar improvisaciones, parches e intromisiones solapadas, bajo el rótulo de reforma judicial, de los gobiernos en las instituciones judiciales.

ECOS. Usted que participó en este proceso, ¿el emprendido con las Pre-Cumbres y la Cumbre Judicial es el camino correcto para lograr el objetivo planteado?
EC. Las actividades programadas de cara a la Cumbre Nacional de Justicia ayudan pero no sientan bases sólidas para un proceso integral de reforma judicial, por las siguientes razones:
1) Las propuestas que se vienen promoviendo, si bien es cierto son producto de espacios participativos, no son plurales, ni de consenso, en la medida que en cada actividad hay total predominio de las organizaciones sociales, que las respaldan sin sustento técnico y muchas veces por consigna. 2) El Órgano Judicial participa limitadamente y como invitado. 3) El Órgano Legislativo, a cinco años de la nueva Constitución, no termina de asumir su responsabilidad de dictar el marco jurídico pendiente y probablemente también tarde respecto a aquel que emerja de Cumbre. 4) El Órgano Ejecutivo no está dispuesto a dotar de mayor presupuesto al funcionamiento de la justicia. Me pregunto si lo hará para implementar los acuerdos de la Cumbre. 5) Los criterios técnicos que acompañan a las propuestas (la mayoría de ellas destinadas a castigar y perseguir) están ausentes de la discusión. 6) Aún contamos con una sociedad civil timorata y complaciente frente al discurso predominante. 7) Se está asumiendo a la Cumbre como la solución a la crisis judicial y se está perdiendo el horizonte de proceso que tiene una reforma.

ECOS. ¿Se está abordando la reforma judicial con un enfoque de política pública?
EC. No lo están haciendo. “Política pública” tiene que ver con el desarrollo de acciones ordenadas —de manera coherente— en etapas que a veces se entrecruzan, pero sin carácter precluyente en acciones de: ‘agendación’, programación, implementación y evaluación. Cada una de estas etapas arroja productos. ¿En Bolivia, con la Cumbre, estaremos en la senda de la etapa de ‘agendación’? Por eso, llama la atención que el Ministerio de Justicia insista en esta actividad en excluir el tratamiento del presupuesto, el pluralismo jurídico y la independencia judicial, como componentes individuales, en la medida que son gravitantes para el desarrollo de una reforma integral del sistema de justicia.
“Política pública” alude, además, a la concurrencia de recursos como un entorno normativo e institucional coherente con la Constitución Política, recursos humanos capacitados y suficientes para todo el territorio nacional, capacidad de ejercicio del poder de las “altas autoridades”, recursos financieros que le den viabilidad al marco jurídico, capacidad de gestión de la información y comunicación, capacidad de construcción de acuerdos a nivel interno y externo, gestión adecuada del tiempo en la medida que la crisis en la justicia se acentúa y no hay real compromiso de enfrentarla, y también la capacidad de establecer alianzas estratégicas y gestión política de las propuestas.

ECOS. Usted advirtió en un artículo que una Cumbre resultaba innecesaria porque no advertía una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. ¿Se ratifica en estos términos?
EC. Una reforma integral al sistema de justicia, con enfoque de política pública, pervive gobiernos y mantiene su orden de prioridad en la agenda nacional. Dos de sus bases los constituyen los recursos legales o andamiaje jurídico (leyes) y los económicos (presupuesto), que no dependen del Órgano Judicial sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Gobierno, respectivamente.
En ese marco, ¿cómo respaldar una iniciativa que, además de lo expresado, ignora o no discute que apenas se cuenta con la mitad de los códigos sustantivos y adjetivos en vigencia y que no cuestiona por qué el presupuesto del Órgano Judicial se mantiene en 0.60% (menos del 1%), pese a que juzgados solo existen en el 60% de municipios del país, fiscales en el 30% y defensores de oficio en el 10% y pese a que existe una tasa de crecimiento poblacional de 3% anual (10,8 millones de habitantes), y por ende de ‘litigiosidad’, para apenas 1.006 jueces?

ECOS. ¿La crisis de la justicia es culpa de los jueces? ¿Tienen alguna responsabilidad los políticos que forman parte del Ejecutivo y el Legislativo? ¿Y la sociedad?
EC. La crisis de la justicia es co-responsabilidad del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero también de las instituciones de la sociedad civil. No obstante, errónea e injustamente la crítica se centra en la figura de los jueces, porque en el circuito judicial intervienen otros actores como los fiscales, los defensores públicos, los abogados, la Policía, la Universidad que, por lo general, pasan desapercibidos en la opinión pública. Esta sesgada percepción se ha mantenido por siglos, incidiendo negativamente en la imagen del Órgano Judicial, institución que todos estamos llamados a conocer, promover y defender a través de la generación de mecanismos de participación ciudadana menos inquisitivos y de fomento de una cultura del reconocimiento.
El grueso de la población no tiene cultura judicial y en esa medida hace caja de resonancia del discurso predominante, satanizando con ligereza y generalidad a lo que llaman “justicia”, una de las funciones esenciales de un Estado democrático de derecho. De esta situación, en particular, son co-responsables los medios de comunicación, porque no cuentan con periodistas judiciales.

ECOS. De acuerdo con su experiencia en otros países de la región, ¿es posible transformar las instituciones judiciales cuando no prevalecen las consideraciones técnicas por encima de las políticas?
EC. No es lo mismo el “apoyo político a una reforma” que el “control político del proceso de reforma”, que por lo general termina minimizando las consideraciones técnicas.
El respaldo político a un proceso de reforma judicial es sustantivo y necesario, pero debe ser limitado para no generar distorsión producto de la intromisión. Además, debe estar basado de modo permanente en un soporte especializado y técnico. En ese sentido, recomendamos a los que tienen en agenda “revolucionar la justicia” respaldarse más en elementos técnicos que variables políticas. Si la apuesta es una reforma integral al sistema de justicia, será suficiente un respaldo político inicial. El resto del proceso debe quedar en manos de técnicos en gobierno, en planificación, en gestión, en administración, en tecnologías de la información y la comunicación, en estadística, en economía y administración.
En esa perspectiva el tejido del marco jurídico debe estar transversalizado por las técnicas de reingeniería procesal, para evitar normas y códigos ineficaces, a fin de impedir que jueces y fiscales sigan tropezando con barreras —que se traducen en mora judicial— al brindar el servicio de justicia.

ECOS. En Bolivia, ¿prevalecen las posiciones técnicas o las posiciones políticas?
EC. A la luz de la forma cómo ha venido desarrollando sus actividades en la Pre Cumbre el Ministerio de Justicia, y la manera de comunicarlas, serían las posiciones políticas las que estarían prevaleciendo.

ECOS. Usted vino señalando que “una genuina reforma judicial es tarea de los ‘sectores vivos’ de un país”, no solamente de un gobierno. ¿Cuánto le han escuchado? ¿Cuánto se ha escuchado a esos sectores vivos de la sociedad antes de la Cumbre?
EC. Esta pregunta la podremos responder cuando concluya la Cumbre Nacional, a la luz de las propuestas que aprueben los movimientos sociales, porque me temo que haya propuestas que las impongan —verticalmente— hasta con debate de por medio, pero sin incluir los aportes técnicos, de instituciones especializadas y con experiencia en asuntos judiciales.
En ese sentido, el Gobierno comete el grave error de minimizar estos aportes y, actuando en una lógica de “dueño” de la agenda judicial, dar total cabida a aquellas propuestas de sus organizaciones sociales que, como sabemos, actúan mayormente por móviles políticos.
Por su importancia para Bolivia, la reforma judicial debería ser abordada con mayor responsabilidad, coherencia y visión de país, en orden al mandato constitucional.

ECOS. Entre las propuestas emergentes de la Pre Cumbre se ha dicho que Bolivia vive un contexto favorable para iniciar una reforma integral al sistema de justicia. ¿Usted coincide con esto?
EC. Luego de constatar en la Pre-Cumbre de Santa Cruz que el Gobierno insiste en controlar las propuestas que emerjan de la Cumbre Nacional, creo que estamos lejos de un contexto a favor de una genuina reforma. No confundamos la demanda social de mejoras en la justicia con un contexto favorable, que entraña la concurrencia de aquellos presupuestos que mencioné al responder la primera pregunta.
Sería la segunda oportunidad que —temerariamente— este gobierno desperdicia en pro de una reforma judicial, en la medida que, junto al Legislativo, han generado, mediáticamente, expectativa en la población de que por fin habrá reforma judicial; si esta no se traduce en cambios sustantivos en la prestación de los servicios judiciales, la crisis del sistema de justicia será mucho mayor que ahora.

ECOS. Después de la experiencia de la elección directa de magistrados, criticada incluso por el Gobierno, que la impulsó, ¿cuál es el método más adecuado para cubrir los principales cargos del Órgano Judicial?
EC. El mecanismo de la elección popular de las “altas autoridades” es constitucional y su modificación implicaría reformar la Constitución. En la medida que no existe mecanismo perfecto para este propósito, se puede explorar diversas modalidades, pero lo que debe primar es la meritocracia del postulante, la transparencia del proceso y la independencia de la institución a cargo.
Respecto a cómo cubrir los principales cargos o acefalías del Órgano Judicial, el mecanismo constitucional y legal idóneo es la Carrera Judicial y Fiscal; en el caso boliviano aún no existe, pero estaría en proceso de construcción.
En este punto, dejamos anotado que la inexistencia de una Carrera Judicial y Fiscal y un Régimen Disciplinario, son dos de los principales factores que contribuyen al bajo nivel de independencia judicial y a la ineficacia del sistema de justicia.

ECOS. ¿No cree que sin un espacio articulador legítimo, capaz de unir a las partes, será difícil el entendimiento en torno a las reformas judiciales?
EC. En la medida que en Bolivia las instituciones judiciales jamás en su historia han funcionado como sistema, y debido a su actual relación débil frente al Ejecutivo y Legislativo, ayudaría la creación de una Secretaría Técnica para la Reforma Integral al Sistema de Justicia, con un mandato de al menos 10 años.
Esta Secretaría podría ser supra-órganos, autónoma, y tendría como objetivo gestionar y dar dinamismo a la agenda de la reforma (implementación de los componentes) a través de procedimientos de coordinación y coparticipación interinstitucional a nivel del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la cooperación internacional. Estaría liderada por una persona designada por estos tres órganos del Estado.

ECOS. En lo genérico, ¿los problemas gruesos de la justicia se resuelven con más leyes?
EC. No. Soy de los que consideran que gran parte de la crisis de la justicia, en nuestros países, no es un problema de menos o más leyes, e incluso instituciones, sino de hombres y mujeres que las crean y aplican movidos por intereses de grupo o personales. Sí importa tener leyes de calidad, contextualizadas, viables por un presupuesto que asegure su aplicación y en orden a los principios de la Constitución; las que para una vigencia plena deben ser conocidas, inclusive desde su proceso de elaboración. En este cometido pueden aportar enormemente las universidades y los colegios de profesionales, en especial el de abogados.
Impulsar una agenda de reforma integral al sistema de justicia es tarea de todos y no patrimonio de un gobierno. Esto pasa porque tengamos una ciudadanía proactiva, con menos criticones e indiferentes y cómodos.

“El Gobierno comete el grave error de minimizar estos aportes y, actuando en una lógica de “dueño” de la agenda judicial, dar total cabida a aquellas propuestas de sus organizaciones sociales que, como sabemos, actúan mayormente por móviles políticos”.