Justicia itinerante, gratuita y no discriminatoria es la propuesta de las precumbres en los departamentos de Bolivia como solución a la falta de acceso a la justicia.
Una de las seis mesas de trabajo, habilitadas para estos encuentros regionales, analizó la situación del acceso a la justicia en el país. Concluyó que no llega a los pobres porque es cara, los juzgados están en zonas alejadas de las áreas rurales, es discriminatoria y lenta. “El sistema de justicia no está pegado a la vida, sino al dinero. Está mercantilizado” concluye Chuquisaca, por ejemplo, en el sitio oficial del Ministerio cumbredejusticia.bo.
PROPUESTAS Los nueve departamentos se refieren a lo discriminatorio de la justicia y que ella no llega a todos los rincones del país, por lo que plantean:
1.- Justicia en los barrios. En el tema Insuficiencia en los Servicios, Chuquisaca plantea “un modelo más integral, trasladando los juzgados a los barrios, periferias y áreas rurales (...) creando tribunales de justicia acorde a la densidad demográfica, las características de los municipios, las necesidades de la población, entre otros factores.
Potosí quiere contar con equipos interdisciplinarios que no estén compuestos solo por abogados, sino por trabajadores sociales y psicólogos.
Promueve las brigadas móviles de equipos de justicia (con representantes de jurisdicción ordinaria, de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), de justicia agroambiental).
Sobre los operadores de justicia propone que se cubran todas las acefalías en los juzgados y piden personal que colabore en los procesos judiciales (especializado para la atención de la población en situación de vulnerabilidad).
Cochabamba sugiere fortalecer los servicios alternativos de resolución de conflictos en las áreas rurales y urbanas.
“Generar un mapa de acceso a la justicia plural que tome como parámetros de información lo siguiente: el funcionamiento en las formas de administración de justicia, necesidades desagregadas por tipo de población y condición de vulnerabilidad, necesidad de asientos judiciales, cantidad de personal y perfil de formación requerida para atender a los usuarios del sistema de justicia, (tener una base de datos)”.
Quiere juzgados multidisciplinarios compuesto hasta por antropólogos.
Pando pide más presupuesto para todo el sistema de justicia, la itinerancia de servicios para que se acerquen a la población.
Beni busca espacios vecinales de conciliación. La Paz plantea desconcentrar los servicios de justicia, Oruro más recursos para mejorar los servicios de justicia tomando en cuenta las necesidades de los más pobres y Santa Cruz, la desconcentración hacia los gobiernos municipales como respuesta al acceso a la información.
2.- Gratuidad. Para garantizar la gratuidad de la justicia, algunos departamentos plantean crear “clínicas de asesores jurídicos” destinados a ayudar a las personas que tienen menos recursos o población en situación de vulnerabilidad.
Chuquisaca propone conformar centros de justicia para usuarios de bajos recursos, implementar un sistema de aranceles a ser monitoreado y controlado desde el Ministerio.
Potosí propone “clínicas jurídicas, para que los alumnos recién egresados y profesionales puedan dar servicio gratuito a la población, en especial a los casos que son más sencillos. Trabajo bajo supervisión de docentes”.
Protección para víctimas y TLGB
La población en situación de vulnerabilidad (niños, jóvenes, colectivo Trans, Lésbico, Gay y Bisexual (TLGB), mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores) tiene dificultades para acceder al sistema de justicia porque existen barreras arquitectónicas y de lenguaje.
La propuesta de Beni, resume cómo contrarrestar este maltrato: eliminar todas las barreras reales y simbólicas impuestas, el lenguaje utilizado; el formato arquitectónico y la ubicación de los juzgados y tribunales en lugares de difícil acceso para la población y la implementación de intérpretes.
· Implementar servicios de justicia con personal especializado para no permitir prácticas discriminatorias.
· Adoptar medidas de organización de juzgados y tribunales, para facilitar la atención prioritaria de personas que por su edad, género, orientación sexual, estado físico o mental, no pueden acceder con plenitud ante el sistema de justicia.
Reconocer a la justicia originaria
Cochabamba pide el reconocimiento y respeto a la Justicia Indígena Originacia Campesina (JIOC), en coordinación con la justicia ordinaria, para que las competencias y servicios de abogados y jueces de la justicia ordinaria no sobrepasen a los pueblos indígenas originarios.
También, el respeto a la igualdad de jerarquía, para los pueblos indígenas “si bien la formación es importante, los principios y los valores son fundamentales (ya que son producto de la experiencia de vida)”.
Beni habla del pluralismo jurídico tomando en consideración la igualdad jerárquica entre las tres jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política del Estado (CPE).
Quiere una readecuación de la normativa existente y el fortalecimiento de las jurisdicciones en el marco de la CPE.
En tanto que, La Paz, considera que las decisiones o sentencias de las JIOC deben ser respetadas y no son revisables por la justicia ordinaria, en el marco de la CPE y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La pérdida de la libertad, último recurso
Respecto a la judicialización de los conflictos, los participantes de la precumbre de La Paz proponen que la privación de libertad sea el último recurso para la resolución de conflictos. Para evitar esta situación quiere que se implemente la justicia restaurativa en todas las materias.
Además, dice que la conciliación debe ser realizada en cualquier etapa del proceso judicial.
Tarija considera que hay necesidad de adecuación a la normativa para desjudicializar los problemas ciudadanos, fomentar una cultura de paz, socializar y difundir masivamente las ventajas de la conciliación y posicionar la armonía social y el vivir bien.
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