El presupuesto destinado a la justicia no pasa de 0,3%

El presupuesto destinado al Poder Judicial no alcanza ni al 1% promedio en los últimos tres años, aspecto que es considerado por los expertos en el tema como una de las debilidades en la administración y eficiencia en el servicio judicial del país. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 ha previsto solo un 0,36%.

"Una de las razones más socorridas para explicar los problemas de la justicia es el bajo presupuesto asignado a la judicatura, aunque poco o nada se dice de la calidad y la eficiencia del gasto judicial", sintetiza, en su análisis en la tribuna "Debate Democrático", Mario Galindo, economista y exgerente general del Consejo de la Judicatura (1997-2000).

Willman Durán, quien fuera magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, al respecto señaló que no deja de ser preocupante los pocos recursos que se destinan a la justicia, por lo que siempre lo ideal es tener un Poder Judicial con asignación presupuestaria bajo parámetros y promedios fijos. "En mis tiempos lo que se intentó y se veía como prioritario era la forma cómo el Poder Judicial podía tener independencia económica y a partir de ella, en todo sentido. En otros países hay un porcentaje establecido de asignación presupuestaria, lo cual no ocurre en el país", precisó.

Algunas cifras. El 2015, según datos del presupuesto vigente al mes de noviembre, se destinó apenas 948 millones de bolivianos, lo que representó solo el 0,29%. En cambio, para esta gestión se ha incrementado un 3%, con un monto de Bs 825.336.000, lo que representa solo un 0,36%.

Según el análisis de Galindo, con la primera Reforma Judicial de 1997, alrededor del 50% del presupuesto judicial se pudo financiar con los recursos de Derechos Reales, que dependía del Poder Judicial. Los timbres y otros valores judiciales no representaban más que entre el 1 y el 3% del ingreso judicial, debiendo el TGN financiar el resto del presupuesto.

Globalmente, la tasa de crecimiento del presupuesto judicial nunca excedió el 10%, entre 1997 y 2010. Después de las elecciones judiciales, del 16 de octubre de 2011, que dan inicio a la llamada “revolución de la justicia”, se han dado incrementos en el presupuesto judicial.

El análisis de "Debate Democrático", refiere que en la estructura de gastos, el crecimiento de las remuneraciones viene a ser el más relevante, representando entre el 80 y el 87% del total del gasto corriente. El número de juzgados, más los otros órganos del Órgano Judicial, conllevan una carga laboral de más de 3.000 funcionarios. Si se consideran los eventuales, ese número puede llegar hasta los 5.000 funcionarios (con consultores de línea, asesores, etc.). "Se trata, sin duda, de una cantidad considerablemente alta de funcionarios judiciales, que así y todo no parecen darse abasto para atender el ritmo en que crece la carga judicial en el país", sostiene Galindo.

En el análisis. William Herrera, abogado constitucionalista, señala que el bajo presupuesto es solo uno de los varios problemas que acarrea la justicia boliviana. Si bien, incide directamente en la carretera judicial, sueldos, tecnología, pero los grandes males a plantearse siguen siendo el problema de la corrupción, la retardación de justicia, el colapso de una justicia independiente. "Hay problemas profundos que hacen hoy Poder Judicial manipulado desde el Gobierno", finalizó.

Punto de vista

Mario Galindo
Exgerente del Consejo de la Judicatura

"Es indudable que falta capacidad de planificación'

“Son muchos los indicios de que el manejo del presupuesto judicial es sumamente deficiente, lo cual, desde luego, tiene defectos contraproducentes en la funcionalidad y la capacidad operativa de los servicios judiciales, al punto que la administración de justicia se muestra colapsada.

Es indudable que falta capacidad de planificación estratégica, con objetivos claros y prioridades que correspondan a las necesidades de un mejor sistema judicial y buscando desconcentrar y racionalizar los servicios judiciales, que se los acerque a la gente. Se requiere, también, extender la instalación de sistemas informáticos modernos, para agilizar los procesos judiciales y administrativos. Combatir la corrupción con sistemas de seguimiento de los procesos y procedimientos judiciales, mecanismos para transparentar la gestión judicial y facilitar el acceso a la información judicial, la instalación de cámaras en los juzgados, el control al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y por cierto, incrementar el presupuesto judicial a un promedio de 2.5 a 3% sobre el total del PGE.

Pero de poco serviría este incremento si es que no se puede hacer uso eficiente y eficaz de los recursos. Ni el Consejo de la Magistratura (burocratizado y politizado) es el órgano administrativo idóneo ni la Dirección de Administración Financiera (creada para restarle poder al Consejo de la Magistratura), tienen la autoridad y la capacidad técnica necesarias para reorientar el gasto judicial, y menos aún para hacer política financiera judicial”.