Las conclusiones y recomendaciones emanadas de la Cumbre de Justicia, realizada hace dos meses, “serán implementadas este año”, es el compromiso que ofreció del presidente Evo Morales en el mes aniversario de Bolivia. Sin embargo, según la información del Ministerio de Justicia, no se tiene una fecha definida para el inicio de la elaboración de la Ley de Implementación.
Sin dar más detalles sobre cuál es el avance que se tiene en la conformación de comisiones para tratar la elaboración de la Ley de Implementación, el presidente aseguró que las recomendaciones emitidas por las organizaciones sociales en la cuestionda Cumbre serán puestas en práctica este año.
FALTA UNA LEY
Según la explicación de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, para poner en práctica las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre de Justicia la Asamblea Legislativa, debe sancionar una “Ley de Implementación” para normar temas como la evaluación al trabajo de los administradores de justicia, que debe realizarse en 120 días a partir de la existencia de la ley.
La pasada semana, Velasco afirmó que aún no se ha conformado la comisión interinstitucional que debe elaborar esta ley, misma que luego debe ser sancionada por la Asamblea Legislativa.
Velasco aseguró, entonces, que en su discurso de este 6 de Agosto, sería el presidente Morales quien daría a conocer los adelantos de esta conformación, pero el mandatario solo hizo un escueto comentario sobre la aplicación de las recomendaciones que dieron los sectores sociales en temas técnicos, como la aplicación de normas judiciales, el 10 y 11 de junio pasado en las jornadas de la Cumbre realizada en Sucre.
CADENA PERPETUA
Entre las conclusiones más importantes de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio pasado está la implantación en el país de la cadena perpetua, como máxima sanción a delitos de violación y asesinatos de menores de edad. Con esta justificación se prevé la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), confirmaron los organizadores del evento.
De la misma forma, se ratificó el respeto a la elección de magistrados del Órgano Judicial, mediante el voto popular. Empero, se estableció también que puede procederse a la cesación de autoridades judiciales por incumpliendo del mandato popular y hechos de corrupción.
Al respecto, se estableció que en un plazo de 120 días el Consejo de la Magistratura realizará una evaluación a los jueces y fiscales y quienes no aprueben esta prueba serán alejados de sus cargos.
MODIFICAR CPE
Sobre la instauración de la cadena perpetua, el fiscal general, Ramiro Guerrero; el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilbert Choque; y el viceministro de Justicia y derechos fundamentales, Diego Jiménez, reconocieron que para aplicar esta medida se necesita la modificación de la CPE.
“Es una posibilidad a futuro, porque no está prevista la cadena perpetua en la Constitución; como máxima sanción se tiene los 30 años de cárcel, si se quiere ir con cadena perpetua, por lógica la Constitución tendrá que ser analizada y discutida. Para esto hay dos vías, el referéndum y el tratamiento en las Asamblea Constituyente”, afirmó Choque.
El viceministro Jiménez señaló que ante la necesidad de una modificación de la CPE solo se debatirá este punto y el de la implementación de una inspectoría judicial.
El parágrafo II, del artículo 118 de la CPE, determina que en el país “la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.
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