Sunday, October 30, 2016

Exfiscal asistente de El Alto enviado a San Pedro

El juez Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto Olmos, dispuso aplicar la medida cautelar de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, contra Vladimir Ever Sánchez Figueredo, exfiscal Asistente de la División Económico Financiero de la ciudad de El Alto, por los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Extorsión, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, descritos en los artículos145, 333, 146 y 154 del Código Penal Modificado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, según informa el Ministerio de Transparencia.

El caso se encuentra en etapa preparatoria y de acuerdo con los nuevos elementos de convicción generados, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, en ese marco el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra La Corrupción, se constituyó en condición de Coadyuvante, apersonándose al caso, en amparo del artículo 7, parágrafo II, de la Ley N° 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal.

La investigación se originó a causa de una denuncia que confirmaba que el imputado Vladimir Sánchez, supuestamente se habría comunicado con el denunciante en dos ocasiones, a solicitud de Yecid Enriquez Mercado, ex Fiscal de la División Económico Financiero, a fin de extorsionarlo, condicionando la realización de actos investigativos a la entrega de dinero y un vehículo.

Thursday, October 27, 2016

Fiscal Guerrero: Se anotan bienes por temor a fuga

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, podría salir fácilmente del país o obstaculizar las investigaciones y es por eso que se tomó la decisión de anotar todos sus bienes.

“Se ha pedido la anotación de bienes y se ha expuesto ante el Órgano Judicial la posibilidad o el riesgo que pudiera existir sobre la facilidad que tiene (Samuel Doria Medina) de salir del país, o la facilidad para obstaculizar en algún momento el proceso”, indicó Guerrero.

Agregó que el Ministerio Público fundamentó los riesgos procesales que existen en el caso y será en audiencia donde se defina si es que los abogados del empresario logran desvirtuar estos riesgos o si las autoridades judiciales los ratifican.

La Fiscalía pidió la detención preventiva de Doria Medina y esa petición se resolverá en audiencia de medidas cautelares, el 3 de noviembre, en la que participará el empresario y otros implicados en el caso Focas.

Guerrero dijo que los fiscales revisaron exhaustivamente el caso y la defensa del empresario tiene derecho a presentar todos sus descargos.

“Se ha explicado los riesgos procesales que pudieran existir que seguramente pueden ser desvirtuados también por los abogados de la defensa y que serán en definitiva las autoridades del Órgano Judicial de la Sala Penal las que emitan una resolución”, reiteró. (ANF)

Wednesday, October 26, 2016

Abren caso contra custodios y padre de Humberto Quispe

Dos custodios y Tomás Quispe, padre del exfiscal Humberto Quispe, fueron denunciados y ahora son investigados, por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento, luego de conocerse que la exautoridad fue sorprendida descansando en su domicilio de La Paz, el 15 de septiembre, después de ser trasladada a la cárcel de San Roque, en Sucre donde guarda detención preventiva.

En esa fecha, Humberto Quispe fue trasladado del penal de San Roque, en Sucre, a La Paz, a fin de que comparezca ante el juez primero anticorrupción, en horas de la tarde, por una denuncia de uso indebido de influencias.

Según el reporte preliminar, Quispe y dos custodios partieron vía terrestre el 14 y arribaron a La Paz el 15 por la mañana, pero sin conocer aún el porqué, en lugar de ser trasladado a celdas judiciales fue llevado a su casa en la avenida Zabaleta de la zona Miraflores, donde al mediodía, cuando departía con sus familiares, fue localizado y denunciado por vecinos.

Anoticiados de ello, miembros de la “Asociación de Víctimas”, entre las 12.00 y las 14.30 se constituyeron al lugar al igual que varios medios de comunicación, los cuales fueron agredidos y amenazados por los familiares de Quispe, que además negaron que él este al interior.

Además de tres varones jóvenes y varias mujeres, Tomás Quispe propinó varios golpes a los denunciantes que hacían declaraciones en cercanía del domicilio, entre ellos, los abogados Víctor Vargas, Boris Espinoza, Carminia Luna, Fernando Fernández y el comerciante Víctor Cuenca, entre otros.

Luego de varios incidentes, al creer que nadie los observaba, los dos custodios sacaron enmanillado a Quispe y lo trasladaron a juzgados donde con argumentos irregulares suspendieron la audiencia.

Sin embargo, este lunes pasado, la audiencia fue realizada y producto de las denuncias y el material audiovisual, la autoridad judicial señaló la apertura de investigaciones contra el Quispe, su padre y los dos custodios.

Hasta la fecha, Jorge López, director nacional de régimen penitenciario, no dio explicación al respecto de los dos custodios que permitieron todas esas irregularidades.

Se investiga a un policía Otra detención preventiva contra el exfiscal Quispe


MIEMBROS DE LA “ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS” DE HUMBERTO QUISPE CON LA PERSONERÍA JURÍDICA.

La juez primero anticorrupción de La Paz, Dra. Cynthia Delgadillo, dictó ayer la quinta detención preventiva en contra del exfiscal Humberto Quispe, dentro del caso abierto por Horacio Flores, por el delito de uso indebido de influencias, por el cual también se investiga a un teniente de policía, según informó el fiscal Oscar Campero.

De acuerdo a los datos del cuaderno de investigaciones, en 2014, Quispe junto a efectivos de una unidad de inteligencia, allanó el domicilio y negocio de Flores, de profesión comerciante, en la zona Eloy Salmón, bajo el argumento de la búsqueda de documentación que se presume fue planteada en medio del operativo.

Dicha acción fue respaldada por un juez, por lo que Flores estuvo a punto de ser remitido al penal de San Pedro; pero, con extorsiones de por medio, logró evitar su detención por un caso que no existía en registros oficiales, pero sufrió el descrédito de todo su entorno, además que le originó pérdidas económicas, pues estuvo en peligro de perder su negocio.

“En la audiencia, el imputado ha planteado incidentes contra la imputación. Sin embargo, la juez dispuso en forma correcta el rechazo de los incidentes y luego, en la audiencia cautelar que duró cerca de cuatro horas, determinó la detención preventiva de Humberto Quispe en el Penal de San Roque, en la ciudad de Sucre”, detalló Campero.

El representante del Ministerio Público también refirió que dentro del proceso “armado” contra Flores, se está investigando el grado de complicidad del teniente Franz Ch., que en esa fecha acompañó el operativo de allanamiento.

Asímismo, se tiene pendiente la declaración informativa de varias personas, y no se desestima que se amplíe la investigación contra más funcionarios policiales.

PERSONERÍA JURÍDICA

Durante la audiencia, se dijo que Humberto Quispe fue fiscal de materia entre 2012-2015, y que en ese tiempo actuó en varios casos de forma mediática, procediendo a allanamientos donde “volteaba” o se apropiaba de dinero, joyas, hasta vehículos, y haciendo declaraciones comprometedoras contra los aprehendidos a los que exponía ante las cámaras.

Se relató también que varios de esos casos fueron montados, en 2015 las víctimas de esas ilegalidades lograron reunir varias pruebas, como las resoluciones judiciales fraguadas, apertura de casos inexistentes y otros, y se articularon como una “Asociación de Víctimas”, la cual ha logrado presentar al menos 30 denuncias.

De esa cantidad, Quispe ya ha sido imputado en 10 procesos y jueces han dictado cinco detenciones preventivas en contra suya.

Pero en acto cuestionado, el pasado viernes la Gobernación de La Paz concedió la personería jurídica a dicha “Asociación de Víctimas”, la cual busca revertir en algo los daños ocasionados contra su credibilidad y su familia, ocasionados presuntamente por Quispe y sus cómplices.

Saturday, October 22, 2016

Anuncian procesos disciplinarios y penales contra jueces que hayan favorecido a delincuentes

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, anunció que aquellos jueces que hayan incurrido en irregularidades para liberar a delincuentes, serán procesados disciplinariamente y en la vía penal para que reciban la sanción correspondiente.

El miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, y efectivos del Alto Mando Policial denunciaron que solo en septiembre, las autoridades judiciales dejaron en libertad al menos a 40 reos peligrosos de la cárcel de San Pedro implicados en robo agravado, asalto a mano armada, entre otros.

Mamani dijo que se dará "la máxima sanción a aquellos funcionarios que hayan cometido prevaricato o hayan sido favorecidos a algunos delincuentes" porque "aquí la ley es absolutamente para todos", de manera que "nosotros no podemos permitir que esta clase de hechos esté ocurriendo".

Agregó que la sanción contra estos jueces es competencia del Consejo de la Magistratura que tiene dos caminos: uno, darles proceso disciplinario para la destitución de su cargo; segundo, un proceso penal para que vayan a parar a la cárcel, "si realmente es comprobado el hecho y que la sentencia sea de culpabilidad".

Lamentó y repudió el accionar de algunos jueces que no estarían aplicando y respetando la normatividad y con esa actitud "hacen quedar mal" al conjunto de los jueces del país.

Mamani señaló que desde el Tribunal Departamental de Justicia se ha instruido a los Tribunales para que hagan seguimiento a los casos y sobre los jueces que resulten implicados se emitan informes.

En relación a aquellos jueces que están siendo procesados en instancias judiciales, mencionó que aguardarán la conclusión de los procesos para sancionarlos.

Wednesday, October 19, 2016

Magistrada Cristina Mamani Denuncian designación de jueces 'aplazados'

La consejera Cristina Mamani denunció que sus tres compañeros varones del Consejo de la Magistratura (CM) procedieron a designar como jueces a personas que se aplazaron en un primer examen y a funcionarios "allegados".
En contacto con la red Erbol, Mamani explicó que a mediados de julio se realizó un examen de competencias, del cual emanó una lista de aspirantes “recomendables” para ser jueces, pero la comisión encargada de la calificación decidió hacer otra evaluación, en la cual hubo más personas que aprobaron “en segundo turno”.

Detalles. Aseguró que el reglamento no habla de una segunda evaluación, por lo cual la designación de las nuevas autoridades se hizo de manera irregular. Aseguró que de los 21 jueces nuevos, nueve son aprobados en “segundo turno”, entre ellos actuales funcionarios del CM “allegados” de sus colegas.

El presidente Wilber Choque, el decano Róger Triveño y el licenciado Freddy Zanabria son los magistrados señalados por Mamani en las supuestas acciones irregulares de designación.

Observaciones. La magistrada detalló que hubo casos en que la comisión prefirió elegir una persona que hizo consultorías, trabajó en ministerios y nunca en el Órgano Judicial, por sobre un exjuez con 14 años de experiencia.

Señaló que en otro caso se descartó a una persona con alto puntaje, bajo el argumento de que no había conseguido los votos suficientes. Para la consejera, un aspirante debe ser elegido por sus méritos y no por conseguir votos.

Posición. Mamani pidió a sus colegas reflexionar y reconsiderar las designaciones en Sala Plena, para elegir a los puntajes más altos como jueces. “No es a la fuerza que tienen que ingresar (los jueces) porque es mi amigo, porque es mi funcionario”, agregó

Gobierno denuncia que autoridades judiciales liberaron a más de 40 reos peligrosos

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, denunció que solo en septiembre, los fiscales dejaron en libertad al menos a 40 reos peligrosos de la cárcel de San Pedro y anunció que se realizará una investigación y una auditoría porque se presume que son esos delincuentes quienes perpetraron los últimos atracos.

"No es toda la justicia, no son todos los fiscales, pero hay algunas autoridades del ámbito judicial que deben ser investigadas, sólo desde septiembre habían salido 40 delincuentes peligrosos de la cárcel de San Pedro acusados de robos agravados, eso es terrible", denunció Aparicio.

Señaló que este hecho es un "atentado contra la seguridad ciudadana" y se está investigando para identificar a las autoridades judiciales que dejaron en libertad a delincuentes "con amplio prontuario".

El martes, ocho falsos policías ingresaron a un domicilio en la zona Tarapacá de la ciudad de El Alto y robaron Bs 116 mil y al retirarse balearon al dueño de la vivienda causándole la muerte.

Aparicio expresó que este es uno de los casos en los que se tiene la hipótesis de que fue perpetrado por los reos que salieron de la cárcel y que volvieron a organizarse para cometer robos. Descartó que se tratara de delincuentes extranjeros.

"La hipótesis es que son delincuentes de amplio prontuario que han estado en las cárceles, eso nos va a permitir a dar con mayor celeridad y rapidez con los delincuentes", sostuvo.

El 90 por ciento de postulantes a vocal reprobó

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que de 200 aspirantes a los cargos de vocales de los tribunales departamentales de justicia aprobaron 20 abogados el examen de competencia, es decir, el 10 por ciento . “De los 200 postulantes a vocales solo 20 aprobaron el examen y con 20 no se puede cubrir las 24 acefalías a nivel nacional. Si estos 20 serían designados, no sería lógico ni coherente”, sostuvo.

El Consejo de la Magistratura cree que esta situación obliga a ampliar la convocatoria para que se presenten otros profesionales, con el objetivo que el Tribunal Supremo de Justicia pueda tener un margen para elegir a los vocales.

Anunció que la comisión pedirá a la Sala Plena del Consejo de la Magistratura una nueva convocatoria para que haya más aprobados. En el mes de agosto, el Consejo lanzó la convocatoria a vocales.

Guerrero dispuesto a ser enjuiciado por no extraditar a expresidente

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, se mostró dispuesto a enfrentar un eventual juicio anunciado por el activista alteño, Roberto de la Cruz, por el supuesto incumplimiento de funciones, al no haber conseguido la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el año 2008 a la fecha.

“Qué temor puede haber para el que cumple su trabajo, el que hace su rol y cumple todo lo que está establecido en el procedimiento, pues vamos a ir a responder donde nos digan. Nosotros estamos trabajando y no solo por un compromiso institucional, sino hasta por un compromiso personal (porque fue) una época donde ha muerto tanta gente, hubo delitos que agraviaron a nuestra gente, a nuestro Estado. Es un compromiso hasta personal que tenemos”, manifestó.

Sin embargo aclaró que cuando pasa por la voluntad y la decisión política de otro Gobierno que opta por encubrir a estas personas, ahí rebasa la capacidad de quienes están a cargo de una institución.

PAPELEO

Recordó que el año 2008 presentó a la primera solicitud de extradición que fue devuelta por Estados Unidos con observaciones en torno a la dualidad de los tipos penales que hay entre EEUU y Bolivia. En la segunda, fueron subsanadas las observaciones y se complementaron con documentos, videos, testimonios y fotografías.

Dijo que el Convenio de Extradición con Estados Unidos, no establece un plazo determinado para dar curso a la solicitud, sino dice a la brevedad posible, y se deja a la decisión y voluntad política de Estados Unidos de dar vía libre.

Guerrero sostuvo que trabajaron con un bufete de abogados en Estados Unidos, apoyaron a las víctimas y junto con ellas hablaron con el Departamento de Justicia, pero no existe voluntad política para atender el pedido boliviano.

“Es lamentable que Estados Unidos se convierta en un refugio de gente que ha cometido delitos de lesa humanidad, porque hay una actitud de protección clara de no dar curso a la solicitud”, manifestó. (Erbol)

TDJ y PNUD buscan solución a sobrepoblación carcelaria

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, y el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Mauricio Ramírez, suscribieron un memorando de entendimiento que tiene, como principal objetivo, solucionar el conflicto por la sobrepoblación carcelaria existente en el territorio nacional.

La autoridad del TSJ destacó que en coordinación con el PNUD se realizarán estudios, investigaciones, levantamiento de líneas base y propuestas para la implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, en temáticas estratégicas, como detención preventiva.

La Cumbre se desarrolló en junio de este año en Sucre y la misma determinó al menos seis ejes temáticos que deben ser implementados, según un programa de trabajo a cargo del Ministerio de Justicia.

“Con la firma del presente convenio se podrá implementar un proceso transformador que coadyuve a un cambio radical al atender una causal estratégicamente identificada por el Tribunal Supremo de Justicia y poco visible hasta el momento, confrontando la sobrepoblación carcelaria existente en el territorio nacional”, sostuvo Mamani.

Las áreas de apoyo y cooperación del “memorando de entendimiento” son: fortalecimiento institucional, capacitación de juezas y jueces, promoción de espacios de diálogo, coordinación y cooperación interestatal con organizaciones de la sociedad civil.

“En base a la reivindicación del derecho y el restablecimiento del rol de contralores de jueces y vocales de los derechos y garantías de los imputados, ante la aplicación de Medidas Cautelares; mediante el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de competencias para la debida motivación y fundamentación de sus resoluciones, a través de la capacitación con la evaluación post programa que permita efectuar un diagnóstico real y aplicación efectiva en la propia labor jurisdiccional, propendiendo a la disminución de detenciones preventivas como Medida Cautelar extrema”, dijo.

En este sentido, el “memorando de entendimiento” ayudará en el desarrollo de proyectos y actividades, en las áreas temáticas antes mencionadas, que analicen temas prioritarios y estratégicos, para de esta manera aportar a la transformación de la justicia.

Tuesday, October 11, 2016

Amedrentan a fiscales que indagan al propietario del local 'La Diosa'

Los fiscales que indagan la situación del local nocturno "La Diosa" y a su propietario Ernesto C., imputado por el delito de proxenetismo, denunciaron que fueron amedrentados por cuatro sujetos que los filmaron y fotografiaron tras la audiencia cautelar del imputado.

"Nos han filmado, nos han sacado fotografías, nos han seguido a pie desde el juzgado", relató la fiscal Karina Cuba, según publica hoy La Razón en su edición impresa.

Ernesto C. fue imputado por el delito de proxenetismo, cuya sanción establecida por el Código Penal es de dos a seis años de cárcel, tras una denuncia de cuatro mujeres, quienes trabajaban en el Nigth Club "La Diosa".

La investigación se abrió en el marco de las pequisas de otro local nocturno denominado Katanas, cuyo propietario Marco C. fue denunciado por trata de personas y enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Marco C. y Ernesto C. son considerados como los jefes de las dos de redes de explotación sexual que operan en La Paz.

Wednesday, October 5, 2016

Exfiscal y abogado son aprehendidos como cómplices de Humberto Quispe

El abogado Vladi Ch. y el fiscal Sergio B. fueron aprehendidos ayer por orden de la fiscal anticorrupción Jenny Quispe, sindicados de consorcio de jueces y abogados, y uso indebido de influencias, al actuar como cómplices del exfiscal Humberto Quispe.

Las nuevas aprehensiones se dan dentro de la denuncia planteada el 1 de agosto, por José Luis Cuenca, contra el exfiscal Quispe, que al momento tiene ocho imputaciones en diferentes procesos abiertos en su contra por similares delitos, además de extorsión.

Cuenca explicó a EL DIARIO, que en 2014 fue víctima de un robo de joyas hecho por sus empleados, y el caso fue a dar a manos de Quispe, entonces fiscal en la zona Sur.

En la reconstrucción de este caso, Cuenca se vio sorprendido cuando Quispe los acusa de haber cometido un auto robo y proceden a allanar su vivienda, donde el exfiscal, colaborado con cuatro policías, y su propia abogada, le sustraen cerca de 300 mil dólares entre joyas de oro y dinero en efectivo, además de pasar de víctima a imputado.

Por ese primer caso, ese mismo año, Cuenca abre contra Quispe, una denuncia por robo agravado. Pero el caso nunca avanza y con colaboración de Vladi Ch. es rechazado por dos fiscales, entre ellos, Sergio B. aprehendidos ayer.

DECLARAR

Al constatar que Quispe fue favorecido y se pretendía cerrar el caso, Cuenca hace la denuncia por consorcio, donde ayer, además de las aprehensiones, la fiscal Quispe tomó declaración informativa a uno de los representantes de la Asociación de Magistrados de La Paz, el juez Orlando R., mencionado por Vladi Ch. en una conversación de celular, donde asegura que como tiene una relación de amistad con el fiscal Sergio B. este ayudará a rechazar el caso contra Quispe.

La denuncia por consorcio, también esta presentada contra cuatro oficiales de policía, la fiscal Edna M. y la abogada que patrocinó a Cuenca en el primero proceso, Marlene Ch.

Tuesday, October 4, 2016

Defensa de acusados: Fiscalía recusa a jueces del “caso Alexander”

La fiscal Susana Boyán presentó una recusación en contra de dos miembros del Tribunal 10mo de Sentencia, que lleva adelante el juicio oral del caso Alexander, ocurrido hace dos años, con el fin de evitar que las pruebas presentadas por la propia Fiscalía, sean analizadas por peritos alternos, según informaron los abogados de dos de los acusados.

La recusación fue presentada por Boyán el viernes 30 de septiembre en contra de la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, y del juez técnico, Roberto Mérida, señalando que los mismos se parcializaron con la parte acusada y distorsionaron el procedimiento señalado para la obtención de pruebas extraordinarias.

De acuerdo con el articulo 28 de la Ley 025, de control judicial, sobre las limitaciones por recusaciones, la tercer miembro del Tribunal, Gladis Guerrero, debe convocar a otros dos jueces de otro juzgado para que ellos dicten fallo sobre la recusación que Boyán planteó contra sus dos colegas.

CASO

Dentro del caso Alexander, figuran como acusados de los delitos de supuesta violación, incumplimiento de deberes y encubrimiento de la muerte del menor de ocho meses, los médicos Sandra M. C. del Hospital del Niño, y Jhiery F. S. del Hogar Virgen de Fátima, además de la enfermera Lola R. O., todos de turno en ambas instituciones la madrugada del 13 de noviembre de 2014, cuando fue reportado el hecho.

Para Suleika Lanza, abogada de Sandra M. C., la recusación no tiene fundamentos, y en su criterio, Boyán plantea este recurso con el fin de llevar a cero todo el juicio, debido a que los miembros del Tribunal han dado lugar a los pedidos de la defensa para que se realicen pericias, cuyos resultados desmentirían de forma definitiva, la versión de una violación planteada desde la Fiscalía General. “Es a eso que le teme la Fiscalía, porque hasta la fecha, con sus testigos, no ha logrado establecer la participación (en el delito) de ninguno de los coacusados”, señaló Lanza.

DESCARTAN VIOLACIÓN

“Gracias a testigos que el Ministerio Público ha presentado en su momento, hemos podido establecer que ni siquiera ha existido violación. Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha presentado prueba alguna; uno: que demuestre la posible violación; y dos: algún elemento de prueba que haga creer que mi cliente haya participado en el hecho”, declaró Cristian Alanes, abogado del médico Jhiery F. S. principal acusado en este caso.

Alanes sostiene que la recusación de Boyán es una acción desesperada que pretende destruir la integridad del Tribunal y lograr que no se devele la verdad material e histórica de los hechos, más aún cuando el juicio está ingresando en la parte final, pero con un resultado adverso para la Fiscalía.

Hasta donde se tiene conocimiento, la recusación solo fue presentada por la Fiscalía y no así por los acusadores particulares, como son el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el Ministerio de Justicia y la Defensoría de la Niñez.

Alanes denunció que desde la declaración de uno de los principales testigos, hace casi dos meses, la Fiscalía ha recurrido a serie de acciones para dilatar el juicio y dejarlo estancado en la etapa de “producción de pruebas periciales”.

El rechazo o aceptación de la recusación se definirá hoy, a las 17.30 horas, en una audiencia convocada por la juez técnico, Guerrero.