Sunday, December 31, 2017

Código del Sistema Penal Juristas de La Paz anuncian recurso contra artículo 205

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, anunció ayer que preparan un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 205 y varios otros que fueron identificados como contrarios a la Constitución Política del Estado.

Dijo que tras un análisis técnico legal con participación de profesionales en derecho constitucional y derecho penal, concluyeron que en el caso particular del 205, se generan tres deficiencias. La primera que aplica dos sanciones por el mismo tipo penal.

La segunda es que ese artículo “no tiene el sujeto activo determinado” y por eso no se sabe quiénes son los afectados, si son los abogados o choferes; y la tercera que es genera inseguridad jurídica, atentando al artículo 177 de la Constitución Política del Estado.

Adicionalmente identificaron al artículo 34 sobre decomiso de bienes y dinero a favor del Estado; artículo 193 sobre violación de comunicación privada o difusión indebida y 194 en torno a la revelación de secretos que establece sanciones con prestación de servicios de utilidad pública e inhabilitación.

Dijo que la intención es ser más proactivos y buscar una salida alternativa legal para lo cual están elaborando una acción de inconstitucionalidad que será socializada hasta el miércoles ante los diputados o senadores que quieran firmar y presentar al día siguiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que ellos son los legitimados activos.

La entidad colegiada entiende que hay riesgo latente en el tiempo, aunque el Código de Sistemas Penales recién ingresará el 1 de junio de 2019, por tanto, hay tiempo para evitar atropellos contra los derechos de las personas.

Advirtió que esta es una señal que como Colegio de Abogados busca una solución consensuada y si observan que no hay respuesta proactiva de parte de las autoridades de Gobierno, asumirán acciones de protesta en respaldo a la huelga médica y de otros sectores, que mantienen observaciones de fondo al contenido de algunos artículos del Código de Sistemas Penales.

Friday, December 29, 2017

Comienzo del año judicial Evo Morales posesionará a nuevos tribunos

Los 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional serán posesionados por el presidente Evo Morales el 3 de enero en la ciudad de Sucre, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

“En un solo acto de manera conjunta el próximo miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana. El presidente Evo Morales, en cumplimiento a las normas, tomará posesión a todas las autoridades judiciales que han sido elegidas el pasado 3 de diciembre”, afirmó la autoridad desde la ciudad de Sucre.

Los nuevos magistrados del Órgano Judicial fueron electos el pasado 3 de diciembre en las urnas en medio de observaciones por ser allegados al Gobierno y con un promedio de 30 por ciento de respaldo de la población en edad de votar. La mayoría votó nulo y blanco mostrando su descontento.

Arce informó que ese día, en el mismo acto el Mandatario boliviano será el encargado de inaugurar el año judicial tal cual establece la normativa. Dicho evento se realizará en instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia en la Capital del país. El receso judicial se dio a partir del pasado 13 de diciembre.

CUESTIONADOS

El pasado 20 del mes en curso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales de habilitación a las altas autoridades del Órgano Judicial, en medio de ovaciones de sectores sociales vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Estas nuevas autoridades fueron observadas por la oposición, puesto que la mayoría eran funcionarios públicos del Órgano Judicial y del Ejecutivo, por lo que adujeron que la administración de la justicia en el país no cambiará y continuará bajo la manipulación del partido gobernante, tal como lo hicieron anteriormente.

SIN MAYORÍA

En las elecciones los tribunos no obtuvieron el 50% más uno de la votación del electorado, la mayor parte obtuvo un promedio del 30% de aceptación de la ciudadanía, debido a estos antecedentes. Los votos blancos y nulos llegaron por encima del 60% según los datos del Órgano Electoral.

Otra de las observaciones que se hizo es que la preselección de los postulantes a estos cargos no fue realizado por una comisión imparcial que debió estar conformada por el ente colegiado y el sistema universitario. Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa estaban a cargo del proceso de evaluación.

Además de las modificaciones que se realizó a la convocatoria de inscripción para los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, porque no cumplía con los criterios de paridad y representación del sector indígena.

NUEVAS AUTORIDADES

Ese día, serán posesionados 18 magistrados del tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nueve titulares y nueve suplentes; la misma cantidad será para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); el Tribunal Agroambiental (TA) contará con 10 magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, mientras que en el Consejo de la Magistratura (CM) serán seis concejeros, tres titulares y tres suplentes.

Por otra parte, Arce aprovechó para exhortar a las autoridades electas y las salientes a realizar un proceso de transición coordinado para evitar perjuicios a la ciudadanía.

Video William Bascope Abogado Constitucionalista: Los referendums no pueden ser anulados

Wednesday, December 27, 2017

Código del Sistema Penal puede ser usado contra librepensantes

A menos de un mes de la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal, médicos, profesionales de otras áreas y la Central Obrera Boliviana (COB) observaron varios artículos de la norma, porque consideran que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos.

“Lo que quieren imponer es la criminalización y la penalización no sólo de las actividades de los médicos sino de todos los profesionales, lo único que quiere el gobierno del MAS es someter a la población para eternizarse en el poder (…) Esto puede generar persecución política y penalización a todos los sectores en general, incluso a dirigentes sindicales porque protestan por un determinado hecho”, afirmó Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócrata (UD).

La Federación de Profesionales de La Paz se declaró en Estado de Emergencia en contra del Código de Sistema Penal. Los médicos llevan 34 días de paro indefinido en rechazo al artículo 205 de la norma cuestionada. Durante la pasada semana se registraron enfrentamientos entre médicos- estudiantes universitarios y policías.

SE SUMAN DESCONTENTOS

En ampliado nacional que se llevó acabo ayer en Cochabamba, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, y Trabajadores por Cuenta Propia, establecen que los artículos 174, 209, 293 y 294 atentan contra los derechos constitucionales.

En rechazo a esta normativa dieron un plazo de 10 días al Gobierno para que derogue el Código del Sistema Penal, además convocaron a una movilización para el próximo 8 de enero de 2018 en la ciudad de La Paz.

Por su parte, la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal) también objetó la norma penal, porque “fue aprobada sin consenso con el sector”.

En su sector, citan por ejemplo, el articulo 137 que aplica triple sanción para casos de accidente de tránsito con muerte, el cual pone en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores, en franca violación a los derechos y garantías de la Constitución Política del Estado.

Coincidieron con los gremiales en los enunciados 293 y 294 donde se sancionan las movilizaciones, al oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, este sector también pide la derogatoria del nuevo Código.

Para Barrientos, estas imposiciones legales, más la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que la mayoría fueron funcionarios públicos del Estado, es una parte del aparato represor que el Gobierno pretende instaurar en contra de los sectores sociales y profesionales que no comparten las políticas del partido oficialista.

MOVILIZACIONES 2018

Por otra parte, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió apoyar la movilización de los médicos a partir de los primeros días de enero de 2018.

“En Potosí, en la capital, se ingresará a movilizaciones a partir de mediados de enero. Con estas fiestas se hace difícil poder organizar, pero seguro después iniciaremos medidas de apoyo a los médicos y a otros sectores colegiados”, informó Jhonny Llally, presidente de Comcipo,.

La Asociación de Transporte Pesado Nacional e Internacional del Valle Bajo dieron plazo al Gobierno, hasta el 31 del mes en curso, para que se revierta esta norma, caso contrario comenzarán un paro indefinido desde el 2 de enero.

TINTES POLÍTICOS

Sin embargo, Franklin Gutiérrez, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), sostuvo que los líderes de oposición, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, están detrás de estas movilizaciones, por lo tanto sus demandas tienen tintes políticos.

Asimismo, el presidente Evo Morales, un día antes de la Navidad, desestimó cualquier reunión con los médicos, a quienes acusó de hacer “daño a la vida” y que su movilización es completamente política, además que es parte de una estrategia estadounidense.

“No podemos reunirnos con la gente que está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, eso no va a haber. Ya se hicieron la burla de la Ministra (Ariana Campero), entonces, si quieren diálogo, levanten la huelga, el paro. El diálogo está abierto siempre, está en manos de ellos. No podemos ser cómplices de que sigan cometiendo tantos abuso algunos médicos”, dijo Morales.

ARTÍCULOS OBSERVADOS EN EL CÓDIGO DE SISTEMA PENAL

137.- (HOMICIDIO CULPOSO CON MEDIO DE TRANSPORTE)

La persona que por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de los reglamentos o los deberes inherentes a la conducción de vehículos, cause a otra la muerte, con un medio de transporte motorizado, será sancionado con prisión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación.

II. La sanción será agravada a presión de cuatro a ocho años, reparación económica e inhabilitación, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Si en el momento del hecho la persona autora está debajo la dependencia de alcohol o estupefacientes.

Si la culpa es temeraria.

III. La persona propietaria, gerente o administradora de empresa de transporte que inobserve los deberes a su cargo previsto en la Ley, Código y el Reglamento de Tránsito, resulte una muerte en accidente de tránsito, será sancionada con reparación económica. Si la culpa es temeraria la sanción será agravada a presión de dos a cuatro años y reparación económica.

174.- (DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA) I.

La persona que, no pague o pague de menos un tributo al que está obligada, por un importe superior a doscientos cincuenta mil unidades de fomento a la vivienda (250.000 UFVs)… será sancionada co prisión de cuatro a ocho años y una multa equivalente al 100% del tributo omitido, cuando la persona incurra en las siguientes conductas:

Oculte, altere o no lleve registros contables al que está obligado

Constituya una doble contabilidad

Registre una o varias operaciones sin respaldo documental estando obligado a llevarlo o se consigne el precio o importe falso.

205. (DAÑO A LA SALUD O INTEGRIDAD FÍSICA POR MALA PRÁCTICA)

La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.

II. La sanción de presión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se cause lesiones graves o gravísimas; en tanto que, la sanción de prisión será de tres a seis años reparación económica e inhabilitación.

III. Las sanciones previstas en los parágrafos anteriores serán agravadas en un tercio, tanto en el mínimo como en el máximo, si la culpa es temeraria

IV. Quedará exento de responsabilidad penal cuando:

En el caso concreto, hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión.

El resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo dela practica de las profesiones de salud, al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico.

V. No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante respecto de la salud o la integridad física.

VI. Las circunstancias descritas en el presente artículo podrán ser acreditadas por las partes, a través de los medios de prueba técnica, científica imparcial, idónea y pertinente previsto en el código o en leyes vigentes y por cualquier otro medio lícitamente obtenido.

209. (OBSTACULIZACIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS)

Será sancionada con multa sancionadora de 251 a 400 días de inhabilitación, la persona que con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio de los derechos políticos de una o más personas, incurra en alguna de las siguientes conductas:

Amenace, coaccione, ejerza violencia o abuse de una relación de dependencia laboral, familiar o económica en contra de una o más personas que se afilien o desafilien de determinada organización política o voten o no por una candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo revocatorio de mandato.

Viole la protección del secreto de voto, con la intención de procurarse para si o para el otro, conocimiento sobre cómo ha votado otra persona

Ofrezca, prometa o garantice de manera ostensible regalos, dadivas u otras ventajas, para que los electores no voten o voten en un determinado sentido.

293. (SEDICIÓN)

La persona que sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a alguna servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o trastornar a turbar el orden público, será sancionado con prisión de uno a tres años y prestación de trabajo de utilidad pública.

II. En caso de que las personas que incurrieron en la conducta del parágrafo I, se sometieren al primer requerimiento de la autoridad pública, sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, solo será sancionados los promotores o directores a quienes se les aplicará la mitad de la sanción prevista.

III. No es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o los derechos fundamentales.

294 (ATRIBUIRSE LOS DERECHOS DEL PUEBLO)

La persona que forme parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda la inhabilitación.

II. Las acciones de movilización social, no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo precedente, que tangan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán consideradas como el atribuirse los derechos del pueblo.

Tuesday, December 26, 2017

Video Dr. Hugo Chavez, Analisis del Nuevo Codigo del Sistema Penal e Ivan Lima Art 205

Video ¿Qué dice el artículo 205 del Código Penal?

Conoce que es lo que dice el artículo sobre la mala praxis profesional que ha provocado un paro médico que este martes cumple 34 días

Mira el video o lee el artículo completo más abajo:


Artículo 205
Daño a la salud o integridad física por mala práctica.

I. La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de protocolo, reglamento o deberes inherente al ejercicio de la profesión o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.

II. La sanción será de prisión de 2 a 4 años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas. La sanción será de prisión de 3 a 6 años, reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte.

III. Las sanciones serán agravadas en un tercio si la culpa es temeraria.

IV. Quedará exenta de responsabilidad penal cuando: a) En el caso concreto hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión; o b) El resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de las profesiones de salud, al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico.

V. No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante, respecto de la salud o la integridad física.

VI. Las circunstancias descritas en este artículo podrán ser acreditadas por las partes, a través de pruebas técnicas, científicas, imparciales, idóneas y pertinentes.

TCP cierra la puerta a legisladores que exigen estatuto para Santa Cruz



Luego de arribar a Sucre y cerca a las 14:30 de este martes, la comitiva compuesta por 7 asambleístas departamentales de Santa Cruz, llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con colchonetas y carteles, exigiendo un estatuto autonómico cruceño con constitucionalidad plena.

No obstante al intentar ingresar a este órgano para pedir que el ente administrador de justicia emita una respuesta sobre el texto de los cruceños, se les cerró las puertas a los legisladores.

“Lamentamos que esta institución nos cierre las puertas. Nosotros exigimos una respuesta positiva porque Santa Cruz necesita un estatuto, dado que se siguieron todos los pasos legales y legítimos y es una demanda del pueblo”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marco Mejía.

Aseguró que la intención de los legisladores era hablar con los magistrados para manifestarles que tienen la obligación de cumplir con el departamento cruceño que necesita este documento para consolidar el desarrollo en la región.

“Hemos decidido quedarnos en las puertas del TCP hasta tener una estatuto 100% constitucional”, dijo Mejía al informar que ya son 23 días hábiles de retraso que tiene el ente magistrado.

En julio del 2015 la Asamblea cruceña aprobó la Ley del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Luego de 17 meses el TCP declaró al texto parcialmente constitucional. Tras subsanar artículos observados por los magistrados nuevamente se envió el documento en noviembre de este año, sin embargo a pesar de que tenían sólo un plazo de 45 días hábiles, no hay respuesta por parte de este órgano.

Sunday, December 24, 2017

El voto nulo y los nuevos magistrados

Las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, elegidas por voto popular serán posesionadas en enero de 2018.

Asumirán sus cargos con el fantasma de no ser “legítimos”. Son producto de un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa cuestionado por la oposición. Un período de “campaña” que, a pesar de que estaba prohibida para los candidatos, se dieron modos para promocionarse.

Paralelamente, los opositores hicieron fuertes llamados para que la ciudadanía dé un castigo a los aspirantes, pero también al Gobierno, porque cuatro días antes a los comicios el Tribunal Constitucional dio vía libre al presidente Evo Morales para repostularse sin límites ni restricciones.

En estas elecciones el voto nulo alcanzó el 51,35%, el válido el 35,02% y el blanco el 14,93%. Por estos resultados que no dan “legitimidad”, Durán sospecha que nuevamente serán subordinados al poder político y avizora que será otro tiempo fracasado en la administración de justicia. (ANF anuario)

La crónica realidad de la administración de justicia

Siete de cada 10 privados de libertad no tienen sentencia. El hacinamiento en las cárceles bordea el 300%, lo que muestra la más impactante crisis de la administración de justicia en Bolivia, en medio de profundas críticas a los operadores.

La gestión 2017 termina con similar o mayor inquietud respecto a la situación del sistema judicial y carcelario. Los datos de privados de libertad no se han reducido, porque la detención preventiva es utilizada como una “regla” y no como una “excepción”, sostiene la nota del anuario de la agencia ANF.

Jorge Mostajo, miembro de la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, mostró su preocupación por que hasta marzo la población en los centros penitenciarios llegaba a 16.613 detenidos, solo 5.028 con sentencia y 11.585 con detención preventiva.

“Esa es una muestra de cómo está funcionando el sistema de justicia penal. Es la muestra más impactante de la crisis, pero a partir del uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles”, dijo a ANF la directora de Fundación Construir, Susana Saavedra.

¿En qué medida las autoridades fiscales y jurisdiccionales garantizan el debido proceso y la presunción de inocencia? Ha sido una interrogante después que Reynaldo Ramírez tuvo que pagar el costo de una “ineficiente” administración de justicia.

Pasó más de dos años en la cárcel por un asesinato que no cometió. La Fiscalía sostuvo que era el culpable, basado en semejanzas con el verdadero feminicida. La justicia lo condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

No fue la Fiscalía que resolvió el caso, sino su hermana. Peregrinó y tocó todas las puertas para demostrar su inocencia, hasta que la Policía estableció que las pericias no coincidían y que el asesino era otro.

Saavedra asegura que esta situación continuará si es que no existe “una reforma integral y estructural de la justicia”, cree que se trata de plantear el problema desde una política pública y no un tema normativo.

El Órgano Judicial recibe el 0,42% del Presupuesto General de la Nación. Recursos destinados al Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, Defensa Pública y Defensa de la Víctima. Otro es el presupuesto del Ministerio Público.

El análisis de Omar Durán, excandidato a magistrado, apunta a la desinstitucionalización como la principal causa para la crisis judicial, situación que no cree que cambie con la renovación de las autoridades judiciales que este pasado 3 de diciembre fueron electas.

“Será más de lo mismo o peor, porque la mayoría de los electos fueron funcionarios del Gobierno”, comenta Durán, quien cree que las autoridades en más de una década no supieron mejorar la justicia a pesar de que tenían las posibilidades para hacerlo.

Protesta porque el Consejo de la Magistratura no cumplió su rol disciplinario; el Tribunal Supremo de Justicia por no corregir la justicia ordinaria en las instancias de juzgados; y en el caso del Tribunal Constitucional dice que su papel fue un “desastre mundial”.

Saavedra y Durán coinciden en que la corrupción y la injerencia en el Órgano Judicial son problemas que se han profundizado en esta gestión.

“Ese es el tema, que mientras no existan las condiciones para una independencia judicial e institucional, va a seguir siendo un problema”, añade Saavedra.

En un intento por limpiar su imagen y la del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura destituyó a 88 jueces del país que tenían procesos penales y disciplinarios.

Se estima que hay 1.082 jueces en todo el país distribuidos en los tribunales departamentales de justicia para atender al menos 800.000 causas que están en trámite.

De acuerdo con un informe del Consejo de la Magistratura el 2016, un juez en materia civil atendía entre 1.500 y 2.000 causas y en materia penal hasta 3.000 casos.

Pero las críticas también se abren al Ministerio Público. Durán manifiesta que operan “roscas” de protección entre fiscales que solo protegen intereses, pero que no ha asumido su papel central que es la persecución penal y la dirección funcional de la investigación. (ANF anuario)

Maltrato y muestras de cariño peligrosa combinación “Justicia que tarda, no es justicia”

Este “Amor” promete mucho pero solo llena de frustración, encadena a las mujeres a seres a los que se les otorga todo el poder sobre ellas, las somete a los roles tradicionales, y las sancionan y maltratan cuando no se ajustan a los cánones establecidos para ellas.

“Por amor” las mujeres aguantan insultos, violencia, desprecio, humillaciones. “Por amor”, se anulan, pierden la libertad e incluso pierden las redes sociales y afectivas.

“VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”

Todo este panorama conlleva a muchas mujeres a engrosar las enormes listas de “víctimas de violencia”, las mismas que cuando se quitan el velo de la cara y se animan por fin a denunciar a sus parejas por situaciones de maltrato, abuso y explotación, se encuentran con procesos largos y tediosos que causan el desgaste emocional de la víctima.

Muchos funcionarios de la Policía Nacional y Fiscalía, instancias donde llegan denuncias y procesos respectivamente, traban los trámites de las mujeres haciendo que estas desestimen continuar buscando justicia para lograr pensiones para ellas y sus hijos en algunos casos y en otros, hacer justicia por violencia y abuso y así empezar a reconstruirse física y emocionalmente.

“JUSTICIA QUE TARDA, NO ES JUSTICIA”

Para el Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Doctor Israel Hugo Centellas, el país requiere con urgencia una normativa legal que permita disminuir los trámites para que las mujeres logren viabilizar procesos legales.

Según el abogado, uno de los factores que impiden agilizar estos procesos, es la poca factibilidad para la aplicación de las leyes concernientes al respecto.

Existen normas legales muy positivas, pero aplicarlas es otro proceso, es decir en la práctica los trámites que deberían ser rápidos son largos y desgastantes para la denunciante.

¿NUEVO CÓDIGO PENAL BENEFICIA A MUJERES?

Centellas dijo que de acuerdo al Nuevo Código de Procedimiento Penal, el procedimiento podría agilizarse sin embargo será un proceso muy largo en el que se tendrá que analizar la forma de aplicabilidad.

El Código de Procedimiento Penal, señala que las mujeres víctimas de violencia podrán resolver en una sola audiencia, además del hecho penal, la asistencia familiar, custodia de hijos, separación y hasta divorcio.

También para recibir información sobre un caso, las personas podrán ver toda la documentación mediante el internet, incluso podrán ver la audiencia.

Además los tiempos máximos para las sentencias, serán de 15 días para acabar con el procedimiento, entre otros.

Centellas dijo que el Código del Procedimiento Penal en lo que concierne a este tema, es ágil pero eso recién se verá en la práctica.

Explicó que se vivió la misma situación el año 1999, cuando se generó el Código de Procedimiento Penal actual, que prometía ser veloz, sin embargo esto no sucedió en la práctica.

“Vemos que los procesos duran demasiado, ese es el problema la aplicación de las normas”, reiteró.

CAMBIOS QUE HAY QUE EMPEZAR A CONOCERLOS

Dijo que en este momento no existe nada claro, ya que por medio de este Código, se procederá al cambio de jueces, ya no existirán los Tribunales de Sentencia.

“Se utilizarán jueces públicos y todos van a poder llevar adelante la investigación, son cambios que realmente hay que empezar a conocerlos y a partir de eso ver si realmente es viable o no aplicar esta norma”, señaló.

“SERÍA IDEAL”

Manifestó que sería ideal hacer un proceso en un día o en un tiempo reducido, es una idea muy buena, pero operativizarla resulta complejo, ya que existen algunos desfaces.

Dijo que esta normativa será aplicada y entrará en vigencia a partir del año 2019, es decir existe más de un año y medio para analizar los alcances, ventajas y desventajas de la misma.

Friday, December 22, 2017

Nuevo Código de Sistema Penal Constitucionalista advierte ambigüedad en artículo 205

El artículo 205 del Nuevo Código de Sistema Penal fue observado y analizado por el constitucionalista William Bascopé, quien manifestó que es ambiguo, está mal redactado y no solamente sanciona a los profesionales en medicina, sino también a aquellos ciudadanos que tienen un oficio.

“No tiene la coherencia en redacción penal (…) el 205 indica que la persona que en su ejercicio de oficio o actividad, está dirigido no solamente a profesionales sino a cualquiera que tenga un oficio o actividad (carpintero, albañil, chofer) si causa daño en el cumplimiento de su actividad va a ser sancionado en base a este artículo, esto no está dirigido solo profesionales médicos”, explicó el jurista.

Además establece que no se hace una diferencia entre culpa y dolo, puesto que en la redacción del artículo se incluye la palabra “temeridad”, es decir que el daño causado a una cierta persona es realizada con saña, cosa que no pasa en el ejercicio de la profesión u oficio.

Hace más de un mes que los médicos del país están protestando y exigiendo que se derogue el artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal, puesto que los criminaliza y los sanciona penal y económicamente, sin contar con las condiciones pésimas de trabajo en los hospitales.

ANÁLISIS

El artículo 205 de la norma cuestionada establece que la persona que en ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física a otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y el cumplimiento de instrucciones judiciales.

Ante esto, el experto advierte que no solo sanciona a profesionales en medicina, sino a aquellos que tiene un oficio libre, lo cual es una medida política de sometimiento que pretende disciplinar a aquellos que piensen diferente al Gobierno, puesto que en base a este enunciado se pueden levantar falsas denuncias contra cualquier persona.

En el parágrafo III del cuestionado artículo señala que las sanciones se agravarán en un tercio si la culpa es temeraria.

Con relación a esto el jurista indicó que no se hizo una diferencia entre culpa y el dolo, cuando se habla de culpa es en el contexto de un accidente, donde sabía del daño que podía causar pero que no lo quería hacer, lo que generalmente pasa en los accidentes y en algunos casos de negligencia médica.

DOBLE SANCIÓN

Por otra parte, el parágrafo II del 205 determina que la sanción es privación de libertad de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción se cause lesiones graves en una cierta persona. Además que esta sanción privativa de libertad será elevada de tres a seis años si se causa la muerte.

En este punto Bascopé explicó que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho, el cual está señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, además que no se le da la oportunidad de defenderse

“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.

INHABILITACIÓN

Por último el jurista manifestó que la otra sanción que estipula esta norma es la inhabilitación de la profesión de los que serían procesados por este artículo, el cual es inconstitucional porque la carta magna garantiza el derecho al trabajo a la población.

Remarcó que el nuevo Código de Sistema Penal es inconstitucional porque está vulnerando las garantías que la norma fundamental otorga a la población, por lo que debe plantear un recurso de inconstitucional y acudir a instancias internacionales

Thursday, December 21, 2017

Pastor Mamani es magistrado suplente del TCP

El ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, fue electo como magistrado suplente para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Mamani fue uno de los postulantes más observados en la etapa preelectoral por su abierta campaña política y en su anterior cargo se declaró “admirador” del presidente Evo Morales.

Según el cómputo oficial que presentó el TSE, el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia y ahora magistrado suplente al Tribunal Constitucional Plurinacional, obtuvo el 30.44% de la votación en el departamento de Potosí, quedó después de Petronilo Flores Condori que tiene el 34.01%.

CAMPAÑA

Durante la etapa de difusión de méritos, Mamani realizó campaña en Potosí, circularon varias fotografías por las redes sociales donde se lo observa con dos personas a quienes les entregó un folleto con su propuesta para mejorar la justicia.

Cuando fue seleccionado por la Asamblea Legislativa, tras culminar con el proceso de preselección y la fase de evaluación, se reunió con varios asambleístas del movimiento al socialismo.

Además fue cuestionado por los asambleístas de oposición en la implementación de la Escuela de Jueces del Estado, del cual era presidente, donde presuntamente se advirtieron algunas irregularidades en el gasto en la formación de jueces, que alcanzaba a Bs 1.4 millones.

Organo Judicial Nuevos tribunos observados recibieron credenciales

Los nuevos magistrados del Órgano Judicial que lograron sus cargos con un tercio de apoyo del electorado y en medio de observaciones de gran parte de la sociedad, recibieron ayer sus credenciales de parte de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Son 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que reemplazarán a las autoridades que culminan su gestión en el Sistema Judicial boliviano tras seis años al mando del Órgano de Justicia.

AFINES AL MAS

Las varias denuncias de la oposición contra los ahora magistrados en sentido de que éstos responden a la línea política del MAS, ayer fueron confirmadas por la presencia de las organizaciones sociales afines al MAS quienes presenciaron la entrega de credenciales y ovacionaron a por lo menos siete nuevos tribunos.

Entre ellos, los representantes al Consejo de la Magistratura, el militar en retiro Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, fueron aplaudidos y aclamados por los asistentes.

En el acto estaban presentes los familiares, amigos de las flamantes autoridades, además de un sector compuesto por representantes de movimientos sociales vinculados con el MAS, la entrega de credenciales se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia.

HABILITADOS

Antes de la entrega de los documentos de habitación, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona hizo una retrospectiva de todo el proceso electoral, desde cuando la Asamblea Legislativa entregó las listas oficiales de los 96 postulantes a nuevas autoridades.

Los siete vocales del TSE entregaron las credenciales de habilitación a cada uno de los nuevos tribunos. El alto comenzó con los miembros del Tribunal Agroambiental, cinco titulares y cinco suplentes.

Al concluir con esta instancia siguió la entrega a los representantes del Consejo de la Magistratura, los titulares son Dolka Vanessa Gómez, Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, estos dos últimos fueron aplaudidos por los asistentes en el auditorio.

Michel después de recibir su credencial, fue congratulado con guirnaldas, incluso los sectores campesinos le entregaron un poncho rojo, indicando que lo apoyarán en toda su gestión.

Posteriormente se otorgó los títulos a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los vitoreados en esta instancia fueron José Antonio Revilla Martinez, representante por el departamento de Chuquisaca y Juan Carlos Berrios Albizú por La Paz.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional también fueron elogiados por los sectores sociales, Georgina Amusquivar Moller por el departamento de Oruro, Petronilo Flores Condori de Potosí.

CLAUDIA BRAVO

La asambleísta departamental de La Paz, Claudia Bravo, se hizo presente en la entrega de credenciales a los nuevos magistrados y aprovechó su presencia para protestar y recordarles que la mayoría de la población no los apoyó. Les acusó de “serviles al poder”. La policía la sacó del recinto.

“¡Truchos! ¡Vendidos! ¡Ilegítimos! ¡Vendidos al poder! ¡El pueblo no los quiere porque son unos truchos. Les debería dar vergüenza! ¡El pueblo no ha votado por ustedes!”, vociferó desde las graderías la asambleísta Bravo mientras se desarrollaba la entrega de credenciales.

En ese escena, de fondo también se oye una voz femenina que ordena “¡Sáquenla!” y acto seguido policías la agarraron del brazo para obligarla a salir.

INDEPENDENCIA

En tanto, el magistrado, Juan Carlos Berrios, aseguró que las nuevas autoridades realizarán sus labores de manera independiente, sin la intromisión del poder político, puesto que está enmarcado en la Constitución Política del Estado.

Por su parte la magistrada al Tribunal Constitucional Plurinacional, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, indicó que se debe realizar un diagnóstico de todo el trabajo que realizó a esa instancia y posteriormente se determinarán qué acciones tomar.

Finalmente el magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, se refirió el dictamen que emitió el TCP el cual habilita al presidente Evo Morales a una reelección indefinida, señaló que los fallos son de cumplimiento obligatorio y no deben ser cuestionados.

Hurtado fue cuestionado por el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de los “misiles chinos”. Al momento. el proceso está en la Asamblea Legislativa para determinar el inicio de juicio de responsabilidades.

Nuevas autoridades

Según datos proporcionados por el TSE, los tribunos electos para el Consejo de la Magistratura son: Dolka Vanessa Gómez Espada (13,21%), Gonzalo Alcón Aliaga (13,07%) y Omar Michel Durán (11,41%).

Los magistrados electos para el Tribunal Agroambiental son: Gregorio Aro Rasguido (22,55%), Rufo Nivardo Vásquez (9,73%), Elba Terceros Cuellar (9,18%), María Teresa Garrón (8,94%) y Ángela Sánchez Panoso (7,31%).

Los más votados para el Tribunal Supremo de Justicia fueron José Antonio Revilla Martínez (36,80%) en Chuquisaca, Juan Carlos Berríos (32,18%) en La Paz, Esteban Miranda (35,04%) en Cochabamba, Marco Jaimes Molina (38,94%) en Oruro, Edwin Aguayo (43,57%) en Potosí, María Cristina Díaz Sosa (37,85%) Tarija, Olvis Eguez (29,80%) en Santa Cruz, Ricardo Torrez Echalar (47,30%) en Pando, Carlos Alberto Eguez (34.13%) en Beni.

Los magistrados electos para el Tribunal Constitucional Plurinacional son Orlando Zeballos (34,19%) en Chuquisaca, Briggida Vargas (27,19%) en La Paz, Karem Lorena Gallardo, 38,34% en Cochabamba, Giorgina Amusquivar (30,09%) en Oruro, Petronilo Flores (34,12%) en Potosí, Julia Elizabeth Cornejo (32,38%) en Tarija, Carlos Alberto Calderón (35,84%) en Santa Cruz, Gonzalo Miguel Hurtado (48.82%) en Beni y René Espada (39,34%) en Pando.

En relación a la paridad de género, el TSE destacó que resultaron electos nueve mujeres y 17 varones.

Wednesday, December 20, 2017

Destituyeron a 25 fiscales

Dentro de la evaluación parcial presentada ayer por la Fiscalía General, se informó que en la presente gestión se destituyó a 25 fiscales, por diferentes faltas y delitos, así como se tiene a otro número funcionarios que están procesados.

“Al margen de estos 25 fiscales destituidos, muchos todavía están siendo procesados en el ámbito disciplinarios, en algunos casos han concluido a nivel sumariante y están para (la revisión) a nivel jerárquico en la Fiscalía General”, informó el fiscal general Ramiro Guerrero.

La autoridad, admitió que existe otro número de fiscales procesados en la vía penal por diferentes delitos como corrupción.

Guerrero puso como ejemplo el caso de un exfiscal departamental de Oruro quien fue destituido e imputado por el delito de consorcio.

Así mismo, señaló que otro número de fiscales fueron alejados del cargo bajo la figura de agradecimiento de servicios porque no cumplían su trabajo con la labor que exige el cargo.

LILIAN CALDERÓN

Otro caso de fiscal destituido que citó Guerrero, fue el del fiscal en Santa Cruz que presentó acusación y ocasionó que un varón sea condenado a 30 años por un feminicidio del cual era inocente y solo logró que el caso sea esclarecido por el trabajo de seguimiento de la Policía.

También se refirió a la fiscal Lilian Calderón quien en el último mes tenía a cargo la investigación del caso de desvió de insumos en el Hospital Obrero.

La autoridad lamentó la actitud de la exfiscal Calderón que fue arrestada por protagonizar una pelea en un juzgado de familia donde agredió a la exnovia de su esposo a quien solicitaba el pago de asistencia familiar.

Guerrero refirió que Calderón ya hubiera sido destituida si no fuera por ella es una fiscal de carrera, además de que se tiene un antecedente de proceso penal donde ya se tiene una resolución de acusación, pero la misma no fue presentada debido al extravió del cuaderno de control jurisdiccional.

157 jueces destituidos en seis años Las nuevas autoridades del Órgano Judicial deben implementar la carrera judicial

Durante seis años de gestión del nuevo sistema del Órgano Judicial se destituyeron a 157 servidores judiciales, por retardación de justicia y corrupción, según el informe del Consejo de la Magistratura.

“Con destitución son 157 servidores judiciales, 11 vocales, 50 jueces que han sido destituidos y ya no podrán ejercer la función jurisdiccional en el Órgano Judicial y en ninguna otra institución, las causas son: retardación de justicia, incumplimiento de llevar audiencias, excusas y otras faltas más”, explicó el presidente del Consejo de la Magistratura saliente, Wilber Choque.

Asimismo informó que esta instancia se constituyó en parte querellante en casos donde jueces y vocales estaban implicados en hechos de corrupción y consorcio de jueces y fiscales.

En el país existen 1.081 servidores judiciales, los cuales tienen presencia en 154 de 327 municipios a nivel nacional. Cada juez debe atender alrededor de 60 mil causas procesales, es decir cada uno de estos funcionarios están a cargo de seis mil procesos.

CARRERA JUDICIAL

Por otra parte Choque manifestó que el reto de las nuevas autoridades del Órgano Judicial será la implementación de la carrera judicial, tomando en cuenta que la Escuela de Jueces del Estado se implementó desde el 2015.

“Estamos dejando una institución saneada y el gran reto de las nuevas autoridades es la implementación de la carrera judicial, que fue a partir de puesta en vigencia de la Escuela de Jueces, esto tiene la finalidad de renovar el desempeño de los jueces”, argumentó Choque.

En el PGE 2018, el presupuesto para el Órgano Judicial es de Bs 953.919.671 del cual se designará Bs 6.285.894 para la escuela de jueces. Anteriormente esta instancia emitió una nueva convocatoria para el segundo curso de especialización de jueces.

El 3 de diciembre pasado, en Bolivia se desarrollaron las segundas elecciones judiciales calificadas por los observadores internacionales como “inéditas” porque en ningún otro país de la región se eligen tribunos y magistrados por voto popular, a pesar del rechazo de dos tercios del electorado a este proceso, en enero próximo las nuevas autoridades del sistema judicial asumirán sus cargos y esta jornada recibirán sus credenciales de parte del Tribunal Supremo Electoral.

Beni Egüez y Hurtado son elegidos para TSJ y TCP

El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni informó ayer que Carlos Alberto Egüez y Gonzalo Miguel Hurtado fueron elegidos como las autoridades esa región para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respectivamente.

“En lo referido al Tribunal Supremo de Justicia, el primer lugar en votación es para Carlos Alberto Egüez, con un 34,13% y una totalidad de 23.986 votos; segundo lugar es para Mariana Montenegro, con un 34,08%, total de votos 23.952”, indicó el presidente del TED, Rodolfo Coímbra.

En el caso de Hurtado que ganó para el TCP, éste obtuvo el 48,82%, lo que representa un total de 29.104 votos, mientras que el segundo lugar fue para Marco Antonio Justiniano con el 32,17% (19.175 votos).

El 3 de diciembre se realizaron las elecciones judiciales, pero las actas de cuatro mesas de las localidades de San Lorenzo y Oromomo, del municipio de San Ignacio de Moxos, y de Misión Fátima de San Borja fueron anuladas por denuncias de presunto fraude.

Esa situación hizo que los resultados finales para tener a los ganadores al TCP y TSJ por el Beni aún queden en suspenso.

El pasado domingo se repitió la votación en esas mesas observadas.

Legislativo y Gobierno Formarán comisión por Ley Código del Sistema Penal

Tras la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal se conformará una “comisión de seguimiento e implementación” de la nueva norma jurídica y estará integrada por instancias del Órgano Judicial, tres ministerios, el Legislativo y la Contraloría General del Estado, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.

La autoridad afirmó que dicha comisión se reunirá después del receso parlamentario.

“Tras el receso (de la Asamblea Legislativa) se realizará la primera reunión de coordinación y a partir de esa comisión es que se realice el cronograma y vamos a hacer el seguimiento, para que se cumplan las cuestiones de adecuación física de la justicia, el tema de la digitalización y la formación de los recursos humanos”, explicó Gonzales.

La Comisión de Seguimiento estará conformada por los ministerios de Justicia, Gobierno y Economía; el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Fiscal General del Estado.

El nuevo Código de Sistema Penal entrará en vigencia a partir de julio de 2019, puesto que después de su promulgación se dispuso 18 meses para su implementación.

DISPOSICIONES

Según las disposiciones transitorias del Código del Sistema Penal, la Comisión deberá trabajar en un Plan Nacional de Implementación, el cual contará con el diseño de modelos de gestión, elaboración de reglamentos, el reordenamiento de juzgados y fiscalía, la adecuación de herramientas tecnológicas e infraestructura física que garantice la operatividad de la nueva institucionalidad de la justicia penal.

En el plan de formación y especialización, la escuela de jueces y fiscales deberá estar a cargo de la capacitación de los servidores de la justicia, la cual estará constituida sobre la base de la especialización de los profesionales en Derecho.

SILVIA SALAME

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, manifestó a EL DIARIO que es necesario que en la capacitación de funcionarios al Sistema Judicial sean también tomados en cuenta los abogados, puesto que este tema fue una de las falencias del actual Código de Sistema Penal, por lo que no se ejecuta en su plenitud.

Al menos ocho meses antes de la vigencia de este nuevo Código deben adecuarse las normas orgánicas de la instancia judicial. Se organizarán los colegios de jueces de cada distrito judicial, con al menos 15 miembros; y las salas penales de cada tribunal departamental de justicia se convertirán en el colegio de impugnación de sentencias.

El Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Policía de Investigación tienen que contar con un plan de reorganización de sus oficinas, que antes será aprobado por la Comisión de Seguimiento.

RECURSOS

La pasada semana, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, los recursos económicos para el Órgano Judicial es de Bs 953.919.671. Los recursos asignados para el 2017 fueron de Bs 796.918.064, para el que hubo el incremento de Bs 157.001.607. El recurso asignado a esta instancia no llega ni al 1% del Presupuesto General del Estado.

Gonzales aseguró que estos recursos garantizarán que la implementación de la nueva norma penal, a su criterio el incremento del presupuesto es significativo, a comparación de la gestión pasada.

La Dra. Salame manifestó que este porcentaje de presupuesto no es suficiente para mejorar las falencias en la justicia, mucho más con la puesta en vigencia de nuevas normas, por lo que el incremento de los recursos debe ser superior al 5%.

“Sin tomar en cuenta estas nuevas implementaciones, se había concluido que por lo menos se proceda al incremento del 5% en el presupuesto general, el Estado sólo asigna el 0.6% (…). Empero, con la aplicación de las nuevas normas el incremento debe ser mayor, porque se han incorporado tareas que no están consignadas en el presupuesto del órgano judicial”, explicó la jurista.

Thursday, December 14, 2017

El TCP declara inconstitucional norma municipal que actualiza impuestos en La Paz

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la Ley Municipal 171, que modifica la Ley 012, para actualizar la Base Imponible (BI) de bienes inmuebles y confrontar el valor catastral con el valor comercial.

La Sentencia Constitucional 0087 de fecha 29 de noviembre y publicada el 13 de diciembre, basa su declaratoria en el “incumplimiento del procedimiento previsto por la Norma Suprema para su elaboración; consiguientemente la inaplicabilidad de la Ley impugnada”.

La demanda contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales fue interpuesta por el exalcalde paceño Omar Rocha Rojo, el concejal Jorge Silva y el dirigente vecinal Eloy Vera en contra de los concejales Pedro Susz y Beatriz Álvarez.

El recurso de inconstitucionalidad ante el TCP demandó la inaplicabilidad de las leyes municipales 171 y 012 de creación de impuestos municipales, aprobadas por el Concejo Municipal de La Paz y promulgadas por el Ejecutivo edil.

El concejal Jorge Silva presentó el recurso en abril de 2016, con el argumento de que la Ley Municipal 171 incrementaba el impuesto a las transferencias de inmuebles y vehículos en 203%.

“Va en contra del espíritu de la Constitución Política del Estado, en ese sentido, en La Paz se han promulgado dos leyes que vulneran la Constitución”, sostuvo Silva, en ese entonces.

Para dictar la inconstitucionalidad de las leyes municipales, los magistrados arguyeron que la política fiscal se trata de una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Aclararon que la regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos municipales es una competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales.

El fallo está firmado por los magistrados Macario Lahor Cortez, Zenón Bacarreza, Oswaldo Valencia y Efrén Choque; Ruddy Flores y Neldy Andrade fueron votos disidentes, mientras que la magistrada Mirtha Camacho se excusó de conocer este proceso.

Wednesday, December 13, 2017

Elección de jueces, una idea que llegó de España



Constitucionalistas españoles asesoraron en la Asamblea Constituyente; uno de ellos negó haber planteado la elección judicial y dijo que trabajaron más en garantías de derechos, democracia participativa y métodos de control al poder constituido

El país acaba de votar por segunda vez para elegir a los máximos magistrados nacionales. Y por segunda vez la elección resultó un fracaso. Si hace seis años, cuando el experimento se hizo por primera vez, el voto nulo y blanco alcanzó al 59%, ahora subió al 67%, según los datos preliminares ofrecidos por el TSE.

No sólo es la baja votación. La camada de jueces elegidos en 2011 resultó terriblemente ineficaz, mediocre y deshonesta. Casi todos los elegidos terminaron enjuiciados por diferentes delitos, entre otros, acoso sexual. Sólo los seis magistrados del Tribunal Constitucional enfrentan alrededor de 60 denuncias en su contra, a la espera de una resolución de la Cámara de Diputados. Mirtha Camacho ha acumulado 13 procesos en su contra; Efren Choque, ocho; Ruddy Flores, siete; Macario Lahor Cortez, 11; Oswaldo Valencia, 10; Zenón Bacarreza, nueve; y Neldy Andrade, siete.

El caos era tal que en febrero de 2014 el presidente Evo Morales admitió el fracaso del sistema de elección de jueces: "Yo quiero decir la verdad, aunque algunos se molesten. Creo que en vano incorporamos poncho y pollera en la justicia, no cambia nada, ésa es mi pequeña evaluación".

El propio Gobierno incorporó procesos contra los magistrados, pero contra los independientes. Por aceptar un recurso contra la Ley del Notariado, fueron suspendidos Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez del Tribunal Constitucional. El objetivo, hoy, parece obvio: tener a integrantes sumisos, que le permitieran al Gobierno gobernar indefinidamente. Tras salir esos tres magistrados, fueron convocados los tribunos suplentes, que acaban de fallar a favor de la reelección indefinida del Presidente.

UNA IDEA VENIDA DE ESPAÑA

La idea de elegir a jueces por voto popular llegó de un equipo de constitucionalistas españoles que actuó como asesor de la Asamblea Constituyente, entre 2007 y 2008 en Sucre, Oruro y La Paz.

El grupo de asesores españoles estaba dirigido por Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau y compuesto por José Luis Martínez, Albert Noguera y Alfredo Serrano, entre los más destacados, todos ellos relacionados al ahora cerrado Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y a la Universidad de Valencia. A ellos se sumó también Íñigo Errejón, entonces un aventajado estudiante de doctorado de la Universidad Complutense que había decidido escribir su tesis sobre el "proceso boliviano". Hoy Errejón es integrante de Podemos, el partido español de izquierda aliado al MAS de Bolivia.

La CEPS llegó primero a Venezuela, durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, quien le entregó a esa entidad siete millones de euros de apoyo económico para que asesorara a la Asamblea Constituyente de ese país y para crear en España "consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano", según un documento revelado en abril de 2016. La fuerza creada es precisamente Podemos. Esa fuerza se llama Podemos, que fue integrada por una veintena de dirigentes del CEPS, de los que nueve son actualmente diputados en ese país, empezando por el líder del partido, Pablo Iglesias, quien fue responsable de organizar el centro.

Viciano y Martínez Dalmau habían trabajado seis años antes en la Asamblea Constituyente venezolana (y en 2008 asesoraron a la de Ecuador). Algunas de sus ideas, respecto de reducir las características representativas de la democracia liberal, habían sido incorporadas en el texto venezolano, por ejemplo en el hecho de poder "revocar" a todas las autoridades, incluido el Presidente, por voto popular. Los españoles creían en que se debían potenciar las posibilidades de la democracia directa, por encima de la delegativa.

Según dijo el ex asambleísta Raúl Prada a este periodista en 2015, entrevistado para un reportaje publicado en Venezuela, éstos llegaron al país a través de programas de apoyo de Venezuela, cuyo gobierno estaba interesado en la marcha del proceso constituyente boliviano.

IDEAS CONCRETAS DE INFLUENCIA ESPAÑOLA

Por su parte, Samuel Doria Medina, jefe de UN y ex asambleísta, expresó que los españoles trajeron ideas muy concretas a la Asamblea, luego incorporadas a la Constitución boliviana, como el concepto de "justicia plural" (es decir de convivencia entre la justicia ordinaria y la comunitaria) y la elección de magistrados por voto popular.

"Esas son ideas que ellos trajeron. Lo mismo, su visión inflexible sobre los recursos naturales. Ellos impusieron la idea de que en caso de asociaciones con empresas privadas en la producción de hidrocarburos, si existen ganancias, se comparten con el Estado, y si hay pérdidas, la empresa es la que debe asumirlas en un 100 por ciento", contó. "Así, ¿quién va a invertir en Bolivia?". El político opositor cree que esas tres ideas han sido muy perniciosas para la sociedad boliviana.

Franco Gamboa, que fue el representante en Sucre de la oficina de Naciones Unidas encargada del seguimiento a la Asamblea, coincidió con ello. "Los españoles lograron jugar un papel ideológico y político importante en la Asamblea. Ellos influyeron en el tema de la elección popular de jueces y el pluralismo jurídico, pero también en el concepto de plurinacionalidad, que está en el nombre oficial del Estado boliviano", contó.

Martínez Dalmau, quien envío unas respuestas por mail para el mencionado reportaje, negó tajantemente todo ello: "Ni el tema de la (unión de la) justicia popular con la formal ni la elección directa de los magistrados ha estado nunca, al menos en mi caso, en mi ámbito de interés. De hecho, cuando escuché sobre la elección directa de los magistrados en la constituyente boliviana le vi más problemas que virtudes. No obstante, los constituyentes lo asumieron como una decisión propia", dijo el constitucionalista al responder el cuestionario mencionado.

Pero hubo más: No sólo que los asesores españoles influyeron en el contenido de la Constitución, sino que prácticamente la redactaron. Como el proceso constituyente boliviano había sido tan obstruido, con largas demoras en Sucre, violentas protestas en La Calancha, cambio de sede al Liceo Militar y finalmente instalación de sesiones en Oruro, las diferentes comisiones de asambleístas del MAS entregaron más de 700 artículos, muchos de ellos mal redactados, incongruentes y contradictorios entre sí. Fue cuando el vicepresidente Álvaro García Linera convocó a algunos abogados para que trabajaran en el edificio de la Lotería, en La Paz, e integrarán a una "comisión de redacción" de la CPE.

REDACCIÓN FINAL

Según Prada, Doria Medina, la también ex asambleísta Rebeca Delgado y Franco Gamboa, los españoles Viciano y Martínez Dalmau fueron dos de los redactores de la CPE boliviana y tuvieron como función ordenar los caóticos artículos que habían redactado los asambleístas del MAS. Nadie podía hacerlo mejor que ellos, pensó García Linera.

Viciano, Martínez Dalmau y sus asistentes bolivianos terminaron a tiempo y de 700 artículos originales concibieron un texto constitucional de 411 artículos. Fue aprobado el 9 de diciembre en Oruro en sólo 14 horas, sin debate alguno excepto oír (pero no aceptar) las observaciones de la solitaria bancada de UN, la única opositora que asistió a la sesión. Ningún artículo fue rechazado, reformado o reescrito.

Viciano y Martínez Dalmau tuvieron todavía un trabajo adicional que hacer. El premio final, digamos: los 411 artículos pasaron a una comisión de estilo y concordancia, que se reunió en La Paz entre el 11 y el 13 de diciembre, en el edificio de la Lotería. Allí los asesores volvieron a trabajar, esta vez en el afinado final.

Martínez Dalmau admitió, en el email mencionado, esa situación: "(...) el proceso de revisión técnica de la Constitución que se aprobó en grande en Oruro fue en el edificio de la Lotería, en La Paz. Yo trabajé unas horas en algunos puntos sobre los que me pidieron asesoría; en esa reunión estaban solo constituyentes, y sus decisiones fueron sobre la coherencia del texto. No estaban ni García Linera ni Evo Morales". Según varias fuentes, no sólo trabajó "unas horas", sino durante todo el proceso de redacción de la nueva Constitución.

También agregó que: "nosotros trabajábamos más en el ámbito técnico y, respecto a temas materiales, en las garantías de los derechos, los mecanismos de democracia participativa y los métodos de control al poder constituido, especialmente al Ejecutivo. Esos eran nuestros puntos fuertes". Precisamente, una forma de control al poder constituido es elegir a jueces por elección directa.

¿Qué dice la Constitución?

Artículo 182. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.

IV. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas.

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.

Artículo 183. I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Artículo 188. I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismos y formalidades para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 194. I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.

Artículo 198. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal, según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Primeros magistrados electos se van entre críticas


SUSPENDIDOS

Cuatro consejeros de la Magistratura fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y antes de que se emitiera la condena, renunciaron.

El Órgano Judicial no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial, prácticamente de vacación y con la tarea pendiente de entregar sus despachos en enero, dejan sus cargos en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión en los últimos seis años, sindicados por una supuesta sumisión al poder político y la escasa iniciativa para encarar las reformas judiciales.

En criterio de abogados colegiados, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como cabeza del Órgano Judicial, no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años.

El decano en ejercicio de la presidencia Jorge von Borries, después de la firma del convenio para la implementación de medios tecnológicos en Derechos Reales y otros servicios, admitió que eso permitirá al menos visibilizar otros logros de la actual administración judicial.

Durante su último informe de rendición de cuentas realizado esta semana, ponderó la resolución de causas y las bases que dejan a los futuros magistrados.

Eso sí, no hubo avances en el proceso de institucionalización del Órgano Judicial, excepto las designaciones de los titulares de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Escuela de Jueces que, sin embargo, no se libraron de las críticas. La carrera judicial se quedó estancada en designaciones discrecionales y fuertes cuestionamientos al proceso de designación de vocales porque eligieron a los últimos. En seis años hubo una sola promoción de jueces formados.

El Tribunal Agroambiental termina sumido en un conflicto interno entre sus magistrados que se disputaron la presidencia y no lograron hacer aprobar el Código Procesal Agroambiental para ejercer todas sus competencias en materia ambiental, forestal y otras, tampoco pudo crear más juzgados. Su presidente, Javier Peñafiel, destacó la resolución de causas y el acercamiento de los jueces agroambientales a comunidades alejadas en el país.

El Consejo de la Magistratura termina marcado por las denuncias de presunta corrupción y extorsión a jueces y la supuesta venta de “pegas”; hay demandas en curso, algunas terminaron con condenas mínimas para los autores.

Las pugnas entre consejeros dejaron pendientes varios proyectos y los viajes constantes de sus autoridades fueron cuestionados por una diputada.

Aseguran que está en vigencia la carrera judicial pero ésta carece de un reglamento claro; en el último tiempo destituyeron a 80 jueces y fue el propio Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien cuestionó este proceso, denunciando extorsión a los afectados.

Cuatro consejeros fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa y antes de que se emitiera condena –la máxima puede ser la destitución–, renunciaron.

Punto de vista / Luis Vásquez Villamor

El abogado y ex presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Luis Vásquez Villamor, al evaluar la gestión de los actuales magistrados, lamentó que se eligiera a profesionales con escasa capacidad técnica para dirigir procesos, probablemente en otras condiciones, estas personas quizá no habrían llegado a ocupar ni las posiciones más bajas del Órgano Judicial al carecer del mínimo de requisitos para enfrentar un proceso meritocrático, según sus palabras.

Aseguró que eso se traduce en la acumulación de causas, la retardación judicial, “el error judicial que se incrementó”. “Si hay en las cárceles que están presas gente inocente y los millonarios enriquecimientos de los altos funcionarios del Gobierno, la justicia se concentra en los más pequeños y no ataca a los grandes corruptos”, enfatizó.

Vásquez ve una justicia “desprestigiada, destruida que simplemente le sirve al Gobierno que la utiliza para sus fines políticos y se ensaña con los que no tienen defensa”.

El abogado constitucionalista sostuvo que el TCP quedó en manos de abogados “incompetentes que no tienen ninguna calidad académica, sin independencia” que no pueden ser comparados con la capacidad de las anteriores autoridades.

Añadió que la independencia se basa en la meritocracia que se expresa en la carrera judicial pero aseguró que el Gobierno la destruyó, no sólo en los máximos niveles sino que fue copando vocales, jueces y hasta funcionarios auxiliares, aseguró. “Todos con carnet del MAS, es el poder del partido que les designó, no la meritocracia”, afirmó.

Recordó algunos nombres de profesionales reconocidos que antes se desempeñaron como magistrados: Pastor Ortiz Mattos, Carlos Tobar, Armando Villafuerte, Eduardo Rodríguez Veltzé, este último ahora agente del Gobierno en La Haya.

En el Tribunal Constitucional a Pablo Dermizaky, Willman Durán, Elizabeth Íñiguez, José Antonio Rivera y Silvia Salame, todos profesores especializados, independientes, por lo que calificó a esa etapa como la mejor del TC.

Piden a magistrados salientes evitar designación de jueces



El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a las todavía autoridades del Consejo de la Magistratura evitar cualquier designación de jueces porque esta tarea la realizarán los magistrados que fueron electos el 3 de diciembre, una vez que asumirán sus cargos en enero del próximo año.

“Hemos recibido denuncias que no han sido confirmadas, pero, de cualquier manera, exhortamos respetuosamente al presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, que evite cualquier nombramiento de jueces en los últimos días de su gestión; lo correcto es que se deje esa tarea al próximo Consejo de la Magistratura”, dijo en conferencia de prensa en la ciudad de Sucre.

Arce reiteró que lo más correcto es permitir a las nuevas autoridades electas asumir la labor de nombrar nuevos jueces de forma transparente y meritocrática, dentro del marco de la reforma judicial.

“No es correcto que las autoridades que están de salida se pongan a elegir autoridades judiciales sin una necesidad objetiva, ya hay nuevas autoridades electas, dejemos que las nuevas autoridades elegidas por el voto y que se posicionarán el próximo año sean quienes lleven adelante procesos verdaderamente meritocráticos”, manifestó.

El domingo 3 de diciembre, la población boliviana acudió a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante seis años estarán al frente del Órgano Judicial.

Tuesday, December 12, 2017

Piden a los jueces mirar con lupa cesaciones de reincidentes



La Policía considera que este fin de año se están incrementando los pedidos de cesaciones a la detención especialmente de reclusos reicincidentes de la cárcel de Palmasola.

El subcomandante de la Policía, a tiempo de destacar la última captura de una banda de atracadores, entre los que figuraban dos colombianos, cuando vaciaban una vivienda afirmó que la mayoría de estas personas que incurren en delitos penales son exreclusos. Siles aseguró que los detenidos en la cárcel están en su derecho de pedir libertad porque la ley lo permite, pero manifestó que las solicitudes deben ser bien analizadas porque en la mayoría de los hechos violentos se ha detectado que los autores son exinternos del penal. Por sa razón aseguró que la justicia debe analizar muy bien.

“Tenemos los casos de Eurochronos y muchos otros en los que los responsables son reincidentes de la cárcel”, dijo.

Sunday, December 3, 2017

Video Elecciones Judiciales: Concentraciones en diferentes plazas para cuidar el Voto

Video Elecciones Judiciales: Resumen de lo que paso hoy 3 de Diciembre

Video Elecciones Judiciales: Comienzan los recuentas esta ganando el NULO, la gente Festeja

Video Elecciones Judiciales 2017: Esta Informado para votar en las judiciales??

San Julián TDE anula papeletas electorales por estar marcada

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Santa Cruz anuló ayer papeletas electorales que según denunció el diputado opositor, Tomás Monasterio, ya estaban marcadas.

Monasterio informó que se constituyó en San Julián y constató material electoral “abandonado en esta zona, tenemos las fotos donde se evidencia muchas papeletas marcadas”.

El parlamentario cruceño mostró fotografías de las papeletas y aseguró que esas evidencias constituyen “señal y ejemplo claro de un fraude que está queriendo hacer el Movimiento al Socialismo, con la anuencia del tribunal electoral” y anunció acciones legales contra las máxima autoridades electoral del país porque “es inadmisible que antes que se habiliten las ánforas existan papeletas marcadas”.

Monasterio responsabilizó del hecho al Movimiento al Socialismo (MAS) que “busca mecanismos para aplacar la voz del pueblo” y formuló un llamado a la población para que salga mayoritariamente a votar este domingo para reafirmar el voto del 21 de febrero.

Sin embargo, Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), descartó que estén marcadas y aclaró que se el vehículo que llevaba las maletas con el material de sufragio dejó caer una de ellas por accidente y los responsables de ese material no se dieron cuenta hasta que llegaron al recinto.

En respuesta, el presidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, rechazó las acusaciones de fraude y aseguró que las papeletas encontradas en San Julián forman parte de un lote de material electoral que cayó en el trayecto por accidente. La autoridad dijo que esas papeletas fueron anuladas y reemplazadas por otras. (Agencias)

Según Colegios de Abogados Nuevas autoridades no cambiarán situación de justicia en el país


Los 96 postulantes al Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional presentaron sus propuestas para mejorar la justicia.

El colegio de abogados de Bolivia asegura que la administración de la justicia no cambiará con la designación de nuevas altas autoridades, el Gobierno debe implementar políticas a largo plazo y el incremento de los recursos económicos al área, tomando en cuenta que solo asciende al 0.56 por ciento del Presupuesto General del Estado.

“No creo que exista un cambio, el problema de justicia no es un conflicto de personas, es un tema estructural, lo que se necesita es una política de Estado donde realmente haya intereses de mejorar la administración de la justicia, esto requiere mayor inversión en recursos económicos”, explicó la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia salame.

Esto coadyuvará a la implementación de nuevos juzgados con el personal de apoyo adecuado y la implementación tecnológica, para la implementación de una base de datos de las causas procesales y las notificaciones, el cual agilizará el la realización de audiencias.

LOS PROBLEMAS

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 asigna un monto de Bs 796.918.064 para el órgano Judicial. En la construcción de edificios se destina poco más de 44 millones de Bolivianos, mientras que para “garantizar la resolución de causas y procesos” en los tribunales departamentales de justicia se va el grueso del presupuesto de más de 753 millones de bolivianos.

El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, durante la Cumbre de Justicia que se realizó a mediados del 2016 en la ciudad de Sucre, solicitaron al Gobierno una mejor asignación de presupuesto. Sin embargo, este fue negado y las autoridades centrales les exigieron demostrar eficiencia.

En Bolivia existen 1.004 jueces en los tribunales departamentales para atender las causas ordinarias; además de otros 57 juzgados agroambientales y 21 para atender materia disciplinaria. Esto significa que en todo el país hay 1.082 administradores de justicia para resolver más de 800.000 causas que están en trámite y atender a los 11,1 millones de habitantes.

El informe del Consejo de la Magistratura no es nada alentador, pues un juez en materia civil atiende entre 1.500 y 2.000 causas, mientras que uno de materia penal puede recibir hasta 3.000.

LAS PROPUESTAS

Los 96 postulantes al Órgano Judicial y ll Tribunal Constitucional Plurinacional presentaron sus propuestas para mejorar la justicia, muchos de estos derivan en la implementación de nuevos juzgados, la digitalización del sistema judicial.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas advirtió que no basta que los postulantes hayan presentado estos proyectos, la mayor parte de estos no serán implementados por la falta de recursos económicos.

El Estado implementó nuevas normas judiciales para los cuales se requiere inversión, la capacitación del personal judicial y administrativo, la asignación de nueva infraestructura. La cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley del Código de Sistema Penal, en sus disposiciones transitorias señalan la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación.

La Escuela de Jueces del Estado y la Escuela de Fiscales estarán a cargo del plan nacional de formación y especialización, el cual deberá capacitar al personal sobre la nueva legislación penal.

VÍNCULOS

73 de los 96 postulantes a magistrados tuvieron vínculos con el partido de Gobierno, porque eran funcionarios públicos en las instituciones del estado, incluso algunos fueron autoridades del ejecutivo.

Centellas señaló que estos antecedentes e vinculación entre los postulantes y el Gobierno pueden influir en las decisiones que emitan las nuevas autoridades, además que esto se evidenció desde el comienzo del proceso de preselección, porque la asamblea legislativa es quien llevó todo el proceso de preselección.

Saturday, November 18, 2017

“El Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida el crecimiento”

Hay quienes trabajan por los jóvenes en silencio y entonces una gran parte de la sociedad desconoce los resultados de su esfuerzo. Una de ellos es Christian Aramayo, conferencista en temas de empleo juvenil, objetivos de desarrollo sostenible e institucionalidad para el desarrollo desde organizaciones civiles y programas de formación.

Aramayo, ex vocal de Desarrollo Empresarial y Empleo del Consejo Departamental de la Juventud de Santa Cruz y ex director nacional del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo Bolivia, es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) y la Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (RELIDD).

En la primera de la entrevista que le hizo CAPITALES, publicada el martes pasado, calificó el comportamiento del mercado laboral boliviano como “irracional” porque “en vez de ganar cada vez más por cada título adicional de especialización, paga en una proporción menor a quienes se esfuerzan por estudiar más”.

En esta segunda parte se refiere a la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible, al concepto de “institucionalidad para el progreso económico”, al papel de la justicia en la economía y a la importancia de los liderazgos para una democracia y para el desarrollo de un país.

CAPITALES (C). ¿Cuál es la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible?

Christian Aramayo (CA). La participación de jóvenes bolivianos en los objetivos globales ha sido destacada por las características demográficas del país; Alejandro Leguizamón, de Cochabamba, por ejemplo, fue destacado a nivel de Sudamérica. Existen alianzas directas con las redes de la ONU gracias particularmente a la labor de los enviados para la juventud que tuvimos en los últimos años en Bolivia; hablo de Pablo Alpire y María Fernanda Ribera junto a los Voluntarios de las Naciones Unidas.

A pesar de la reciente vigencia de la agenda global 2030, la actividad de organizaciones juveniles ha sido muy intensa: los talleres de “Jóvenes por los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]” en alianza con la sociedad civil y universidades, como la Facultad de Ciencias Económicas de la UAGRM, y “Bolivia te quiero sostenible” de la JCI, han sido campañas exitosas de organizaciones juveniles. Otras, como la fundación TECHO, han correlacionado cada actividad que realizan todos los días con las metas específicas de los ODS; el rol de Siembra Juventud ha sido invaluable e incluso el escultismo boliviano incorporó la agenda 2030 a sus procesos internos. Si queremos un futuro promisorio, el desarrollo sostenible no es opcional y, hoy por hoy, Bolivia cuenta con organizaciones en la red mundial para la juventud de soluciones para el desarrollo sostenible.

C. ¿Crees posible la erradicación de la pobreza extrema en el mundo, de acuerdo con los Objetivos del Milenio? ¿Y en Bolivia, viendo sus particularidades?

CA. Hay que tomar en cuenta que, hasta comienzos del siglo XIX, el 95% de la población mundial vivió en pobreza extrema. Gracias a la innovación tecnológica, los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y la libertad económica, los avances han sido generosos en cuanto al progreso del ser humano y Bolivia no es la excepción.

En nuestro país, durante los últimos años, de 1996 a 2011 la pobreza extrema se redujo de 41.2% a 21% y al 2015 el indicador se encontraba en 16.8%. Si en tan solo 15 años se redujo la pobreza extrema en 20.2%, ¿qué nos induce a creer que no podremos reducirla en un 17% durante los próximos 15 años?

El Gobierno, pese a sus enormes y caros esfuerzos discursivos, terminó rendido ante los beneficios de la globalización y ante los principios fundamentales del mercado. La juventud se encuentra organizada para mejorar la realidad que recibe.

C. ¿En qué consiste la idea de la “institucionalidad para el progreso económico”? ¿Por qué es importante la institucionalidad para lograr el progreso en materia económica? ¿Hay confusión, generalmente, cuando hablamos de “institucionalidad”?

CA. Buena parte de los planteamientos económicos parten del supuesto de que oferta y demanda se encuentran y que no existen costes para que se encuentren ni para que transen, incluso los gobiernos suelen creer que pueden determinar un precio por decreto. El coste de que oferta y demanda transen es el coste de transacción, está definido por instituciones y resultó ser el determinante para el crecimiento de una economía en el largo plazo. Por ejemplo, una de las instituciones que eleva mucho los costes de transacción es el racismo y otra que los disminuye, la confianza.

Los costes de transacción se encuentran definidos por las instituciones y es importante observar que generalmente en discursos y diferentes publicaciones tratan a las instituciones como si fueran organizaciones. Es un error conceptual garrafal. Las instituciones son limitaciones que nos ponemos los seres humanos para tomar decisiones, las organizaciones son un grupo de personas con un interés en común.

Las instituciones funcionan como los mapas: uno sigue los que funcionan y desecha aquellos que no sirven. Existen instituciones formales (normas, leyes, decretos, etc.) e informales (valores, lenguaje, familia... básicamente, la carga cultural). Las instituciones informales supeditan a las formales, la clave en ambas es que sirvan para que podamos tomar decisiones. Es la calidad institucional —que define a los costes de transacción— lo que diferencia a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo. En un ambiente de confianza, el progreso se ve acelerado como pasó en los casos paradigmáticos de las dos Coreas, u observando a Bolivia, Santa Cruz durante la segunda mitad del siglo XX en comparación con otros departamentos. Ante la dinámica de la sociedad, si nuestras instituciones responden a esos cambios de la realidad objetiva, estamos hablando de eficiencia adaptativa.

C. ¿Cuál es el papel de la justicia en la economía?

CA. Gracias a Dios, los humanos somos imperfectos y actuamos en base a nuestro interés personal —que puede ser altruista o no—; para decisiones importantes y para aquellas que puedan contener riesgos considerables, necesitamos de una tercera parte a la que podamos apelar cuando exista alguna contingencia o algún incumplimiento. Esa tercera parte se encarga de hacer cumplir lo acordado, es decir, de administrar justicia.

A nivel de la sociedad, el Órgano Judicial es clave por una cuestión de costos y de poder. Si el Estado es controlado por un grupo o una persona, los incentivos en el mercado apuntan a que la aplicación de la norma y la Constitución —nuestro gran Contrato Social— en todo nivel sea de manera arbitraria, con consecuencias económicas funestas (la historia económica latinoamericana es ejemplar en este sentido). La corrupción puede institucionalizarse y los únicos que podrán acceder a la justicia son quienes tengan más poder o más dinero. ¿Quiénes resultan castigados? Los que cumplan las normas. Es como incidir en que las reglas de juego favorezcan a un grupo y ese grupo político con intereses económicos haga de juez y parte, literalmente.

Bajando a la discusión económica, no nos sirve un pacto fiscal si no se lo cumple, no nos sirve un INE si sus datos no son claros, y no nos sirve una ley —o la propia Constitución— si es contradictoria o nadie la entiende. Es lo que vemos con muchas licitaciones, y el caso ejemplar es el de Gabriela Zapata: si una empresa multimillonaria observa que el poder de decisión está controlado por un grupo o una persona, lo óptimo para esa empresa no es seguir la norma o pasos meritocráticos establecidos en la institucionalidad formal, sino contactarse con alguien del círculo de confianza de esa persona e incidir a través de ella en obtener los contratos. No es necesario tener preparación ni un horizonte ético mínimo para ello.

Esta forma de hacer economía es propia de la decadencia de la monarquía absolutista de Inglaterra —vea el caso de Ana Bolena— y además fue fuertemente criticado durante el siglo XVIII con el nombre de “mercantilismo”. ¿Qué frenó el poder de los monarcas en la civilización occidental? La división de poderes y la libre discusión de ideas. Así las cosas, el Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida nuestro crecimiento.

C. ¿Qué significado tienen los liderazgos para una democracia y para el desarrollo? ¿Se están formando líderes, en serio, para impulsar al país hacia su desarrollo?

CA. Los únicos que pueden realizar un cambio son las organizaciones políticas, en cualquiera de sus formas. No nos sirve de nada tener reformas que aceleren el proceso de desarrollo, si es que las organizaciones políticas no están interesadas en que estas reformas se mantengan. Es lo que ocurrió con la capitalización de YPFB: hoy el Gobierno está dispuesto a sacrificar el bienestar ambiental de generaciones futuras con tal de atraer inversiones que ya estaban garantizadas durante el proceso de la década de 1990.

Existe un cierto miedo a involucrarse en política, particularmente por los incentivos generados en la última década. Sin embargo, el surgimiento en los últimos dos años de perfiles interesantes es muy prometedor. No nos olvidemos de que a los abusivos y corruptos lo que más les incomoda es tener al lado a alguien con un horizonte ético intachable, por ello el Órgano Judicial tiene que tener fuertes componentes meritocráticos, y esto nos dice que la elección de magistrados y toda la crisis judicial dificulta el desarrollo. Bolivia necesita que los mejores jóvenes se involucren en política, creo que es cuestión de tiempo y un poco de más voluntad.

Gonzalo Hurtado Zamorano Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

Abogado con experiencia jurídica

Gonzalo Hurtado Zamorano

Perfil

Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas.
Maestría en Derecho Administrativo, Laboral y Tributario.
Diplomado en Derecho Constitucional.
Fue magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, vocal y presidente de la ex Corte Superior de Justicia.

Puntaje: 72,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Hemos estado casi 20 años dentro del Órgano Judicial, desde secretario, juez de instrucción, agrario, vocal y presidente del Tribunal Departamental, asimismo magistrado y presidente del Tribunal Supremo, es decir toda mi vida profesional al servicio de la administración de justicia y, en consecuencia, puedo identificar con precisión los problemas de nuestra justicia.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Institucionalizar los cargos jurisdiccionales, que no exista la transitoriedad y crear un mayor número de juzgados por población y por situación geográfica.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Crear la jurisdicción constitucional, una unidad de transparencia autónoma, crear una comisión de unificación de criterios y la institucionalización de los cargos.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Cuando se eligieron las anteriores autoridades (en 2011), no vino acompañado de leyes, eran las mismas normas de siempre, hoy se cuenta con cinco normas y falta una más, pero es una base para la transformación de la justicia.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Con la creación de la jurisdicción constitucional, los jueces ordinarios tendrán mayor tiempo para realizar su trabajo, y con leyes adecuadas a nuestra Constitución Política del Estado (vigente desde el 9 de febrero de 2009) y recursos humanos de excelencia se reducirá la retardación de justicia.

Se elegirá a nueve magistrados para el TSJ

En las elecciones judiciales del 3 de diciembre, las bolivianas y bolivianos elegirán a nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de los 36 preseleccionados por la Asamblea Legislativa.

La lista fue elaborada de acuerdo con los criterios de paridad de género y plurinacionalidad establecidos en las leyes 929 y 960, según Fuente Directa.

Por Chuquisaca los candidatos son: Lourdes Yolanda Barragán Careaga, Marina Durán Miranda, Lilian Paredes Gonzales de Durán y José Antonio Revilla Martínez; por La Paz: Rosmery Aliaga Apaza, Juan Carlos Berríos Albizu, Virginia Patty Torres y José César Villarroel Bustios.

Por Cochabamba están Nuria Gisela Gonzales Romero, Scarlett Carla Gutiérrez Rojas, Esteban Miranda Terán y Juan de la Cruz Vargas Vilte Laslo; de Oruro son Janneth Alarcón Rinaldo, María del Carmen Bejarano Mercado, Virginia Colque Calle y Marco Ernesto Jaimes Molina.

Por Potosí: Edwin Aguayo Arando, Elizabeth Arismendi Chumacero, Jorge Andrés Pérez Maita y Nelma Teresa Tito Araujo.

Tarija: María Cristina Díaz Sosa, Rolando Isidoro Espíndola Manguia, Ernesto Félix Mur y Zacarías Valeriano Rodríguez.

Los postulantes por Santa Cruz son Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Joyce Lizeth Choquerive Sossa, Olvis Eguez Oliva y Willian Tórrez Tordoya.

En tanto que por Pando los preseleccionados son Gonzalo Flores Céspedes, Ponciano Ruiz Quispe, Ricardo Torres Echalar y Rafael Zapata Ustaris; por el Beni Marlene Arteaga Vaca, Ramón Camargo Pedriel, Carlos Alberto Eguez Áñez y Mariana Montenegro Áñez.

El TSJ es una instancia independiente de los cuatro órganos del Estado y está sometido a la Constitución Política del Estado.

El Tribunal intensifica la difusión en el área rural

Los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz Freddy Cayo y Florencia Laruta informaron, por separado, que se intensificó el trabajo de difusión de méritos de los candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en el área rural.

“Como Tribunal Electoral Departamental estamos saliendo a las comunidades, personalmente, a socializar los méritos de los postulantes al Órgano Judicial”, declaró la vocal Laruta.

Cayo indicó que el trabajo es intenso a dos semanas de las elecciones judiciales del 3 de diciembre.

Dijo que las ferias son los lugares donde el personal se desplegó para entregar el material impreso que se elaboró para incentivar a la población a participar en los comicios judiciales.

Al igual que en la feria 16 de Julio de El Alto, donde se aprovecha la concentración de mucha gente. “También nos desplegamos en el Teleférico rojo”.

Además informó que el TED de La Paz desarrolla conversatorios informativos con las y los candidatos al TSJ y TCP en coordinación con instituciones públicas, organizaciones, sociales, universidades y la sociedad civil en su conjunto, interesadas en conocer los perfiles, trayectoria y las propuestas de las (os) candidatas (os), en cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Difusión de Méritos de las y los postulantes.

Ciudadanos tendrán tres minutos para votar el 3D

El coordinador del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Yamil Rivas Barrios, informó que la población que acuda a las urnas el 3 de diciembre tendrá tres minutos para ejercer su voto.

“La norma no indica ningún tipo de tiempo dentro del recinto reservado, pero se puede calcular tres minutos como máximo para votar”, señaló el coordinador de la Circunscripción 6.

La jornada de ayer el Tribunal Departamental Electoral (TED) realizó un simulacro de votación, en el que participó el presidente Antonio Condori Huanca.

Rivas explicó que toda persona que acuda a votar el domingo 3 de diciembre debe portar su cédula de identidad, como único documento válido para sufragar de acuerdo a norma.

El documento será verificado por el secretario de mesa y luego en la lista el elector deberá poner su huella; cumplido esto el Presidente de mesa entregará la papeleta que debe ser enseñada a los asistentes en la fila.

En cuanto a los tiempos, se ha establecido que las mesas inicien su trabajo a las 08.00 y se extiendan hasta las 16.00, para después dar paso al conteo de votos.

En cuanto a las maletas electorales, Rivas describió que éstas llevan un sello de seguridad; stikers de identificación, acta electoral, hojas de trabajo, ánforas, marcadores y todo el material administrativo.

Wednesday, November 15, 2017

Vélez dice que lo torturaron para que se inculpara

Edmundo Vélez, el hombre que estuvo cinco días detenido acusado de un crimen que no cometió, señala que fue golpeado por policías para declararse culpable.



"Me tiraron un manazo, me decían ¡por qué lo has matado!, luego me metieron a un cuarto, me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon", señaló Edmundo Vélez Andane, sobre la forma en que fue aprehendido y culpado por un crimen que no cometió.

El hombre que trabaja en una hacienda en Pedro Lorenzo, pide resarcimiento de daños, que se limpie su imagen y garantías por su seguridad.

El fiscal que llevaba adelante la investigación, Osman Arias, pidió disculpas a Vélez por lo sucedido y agradeció "a Dios porque no fue llevado a Palmasola".

Indicó también que el verdadero autor de la muerte de Félix Cortez Escóbar fue un ciudadano brasileño identificado como Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.

Fiscal pide disculpas por acusar a un inocente



Las pruebas arrojadas tras el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), que tiene al frente al capitán Cristian Sánchez, logró identificar al verdadero autor del crimen de Félix Cortez Escóbar. La Policía presentó al brasileño Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.

Por este caso fue detenido Edmundo Vélez Andame, que fue llevado a las celdas de la Felcc acusado erróneamente por el Ministerio Público. "Gracias a Dios este ciudadano no había sido remitido a la cárcel de Palmasola; considero que el daño es mínimo, como corresponde al Ministerio Público pedimos disculpas", dijo el fiscal Osman Arias.

Jefferson Roque Dos Santos Oliveira se hizo pasar como ‘testigo clave’ del hecho, como coartada. Sin embargo, el Iitcup halló sus huellas en una herramienta de trabajo y un machete usados en el homicidio.

El autor del crimen, que trabajaba en una quinta aledaña al lugar del hecho sangriento, intentó inculpar a su jefe, pero ante las evidencias de sus huellas dactilares terminó admitiendo su culpa como único responsable.

"Se cometió un error, como ocurre en todas partes", añadió el fiscal Arias que atribuyó a "la frialdad del brasileño Jefferson" que acusaba con tanta certeza a Vélez Andame de haber cometido el crimen.

El hombre que fue acusado de manera errónea agradeció a la Policía por su trabajo, pero a su vez, pidió que se le brinde una disculpa por lo ocurrido ya que mellaron su dignidad y lo señalaron de manera pública.