Evo anuncia reforma de la justicia con duras sanciones a jueces, fiscales y abogados por retardación y corrupción

El presidente Evo Morales anunció hoy la implementación de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien que tienen por objetivo eliminar falencias de la justicia en Bolivia como la retardación y la corrupción.

En ese marco, anunció que se enviarán tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Uno de ellos se refiere a la modificación del Código de Procedimiento Penal, que incluye sanciones a jueces y abogados que no cumplan sus funciones.

Entre las determinaciones más destacadas están: el juez que suspenda audiencia será destituido y procesado; la inasistencia de fiscal a un proceso será hecho de reemplazo o destitución; el abogado defensor que no asista será reemplazado por defensor público y sancionado con la suspensión de su matrícula profesional.

Asimismo, si el querellante no asiste, se cerrará el proceso por abandono y continuará sólo el Ministerio Público lo ve correspondiente. Si el imputado no asiste, continuará la audiencia, si fuese necesario, su presencia será conducido por la fuerza pública, indicó Morales.

Por otra parte, existirán fiscales y policías especializados en investigaciones de delitos, principalmente los referidos a los casos de violencia en contra de niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad.

Respecto a la lucha contra la corrupción, se incorporará la figura de agente encubierto para la investigación de delitos de corrupción. También se incorporará la videograbación como prueba válida para esta clase de delitos.

En cuanto a las sanciones, de ser faltas graves, se podrá suspender la matrícula de abogado de 1 a 12 meses; de ser faltas gravísimas, se suspenderán las matrículas profesionales de 2 a 5 años con una multa de 10 salarios mínimos y de haber reincidencias en este punto, la suspensión será de 6 a 10 años.

En cuanto a los plazos, de ser casos complejos para crímenes, la duración del proceso será de 1 año con una extensión máxima de 6 meses; por delitos comunes el proceso es de 1 año con una extensión de 2 meses y, en caso de violencia contra las mujeres, el proceso durará 6 meses con una extensión máxima de 1 mes. De ser un caso en flagrancia, el proceso sólo será de 90 días.

“Tenemos la gran oportunidad de cambar nuestra justicia”, dijo Morales al afirmar que estas medidas, asumidas en la cumbre nacional, tienen por objetivo eliminar la retardación, garantizar un acceso a una justicia pronta, oportuna y justa para todos por igual. También dijo que se debatirá sobre dar cadena perpetua a los violadores de menores.

A su turno, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró que las conclusiones presentadas y que se implementarán a futuro, fueron consensuadas a nivel nacional con las organizaciones sociales, autoridades del Poder Judicial, del Ejecutivo e instancias afines al derecho o la abogacía en Bolivia.