Hay 84 procesos que acosan a 17 magistrados titulares

De los 28 magistrados titulares y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al menos 17 tienen alrededor de 84 procesos de juicio de responsabilidades en su contra en la Asamblea Legislativa; de ese total, siete están con imputación y cinco con suspensión temporal de funciones por decisión de Diputados mientras termine el juicio en el Senado.


El informe corresponde al Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja, donde se tienen 133 denuncias contabilizando de gestiones pasadas y de las cuales 84 corresponden a juicio de responsabilidades.

El juicio
De las cinco autoridades suspendidas, cuatro son consejeros de la Magistratura: Freddy Sanabria, Roger Triveño, Cristina Mamani y Wilma Mamani, además del magistrado del TCP, Gualberto Cusi. El juicio para estas autoridades ya tiene tribunal de sentencia en el Senado, que en los próximos días deberá instalar el juicio propiamente dicho. Además de ellos, están con imputación los magistrados Bernardo Guarachi, del Tribunal Agroambiental, y Mirtha Camacho, del TCP, según datos del Comité de Ministerio Público de Diputados que proporcionó la legisladora del PDC Norma Piérola.


Las denuncias que enfrentan las 17 autoridades son por supuesta manipulación de cargos, prevaricato, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la CPE, destrucción de documentos, incumplimiento de deberes, omisión de declaración de bienes, falsedad ideológica y material, retardación, asociación delictuosa y extorsión.


En julio de 2014 fueron suspendidos los magistrados Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chanez, por vetar la Ley del Notariado, aprobada en enero de ese año, pero luego entró en vigencia. Velásquez renunció y su proceso se archivó; Cusi fue apartado por su salud, pero luego se reactivó su juicio. El caso Chanez fue el único que terminó con sentencia de destitución en un tribunal de juicio en el Senado, en enero de 2015.


Las denuncias contra magistrados son de hace más de dos años y en algunos casos fueron priorizadas por Diputados, tal como el de los consejeros, que tenían otras denuncias por extorsión que no avanzan, según Piérola. Sin embargo, el titular del Comité, Juan Cala, del MAS, atribuyó la demora a las acciones dilatorias de incidentes atribuidas a los propios magistrados que colaboraban con el requerimiento de información sobre las denuncias.


Están con informe de acusación Bernardo Guarachi, del Tribunal Agroambiental, y Mirtha Camacho, del TCP. Es el caso del consejero Roger Triveño, que criticó la celeridad de la suspensión por la denuncia de supuestas irregularidades en la designación de un juez en La Paz. En su descargo, Triveño dijo que no cometió ningún delito en la paralización de la designación como juez del abogado Juan Toledo Yana porque este tenía imputaciones en su contra y una ley, en 2012, prohibía el ejercicio de jueces imputados.


En el TCP, tres de los siete magistrados fueron cesados del cargo, excepto Gualberto Cusi, que aún sigue en juicio. Asumieron la titularidad Oswaldo Valencia, Macario Cortez (ambos con juicios) y Zenón Bacarreza