Varios funcionarios del Órgano Judicial perdieron su fuente laboral por denunciar hechos de corrupción y no fueron restituidos pese a haber recurrido a la justicia constitucional.
En el Consejo de la Magistratura, se sabe de dos funcionarios que denunciaron a un extécnico de la Unidad de Políticas en Potosí, sentenciado posteriormente a ocho años de prisión por extorsionar al personal administrativo, pero ellos siguen sin trabajo.
Es el caso del extécnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, de la exfuncionaria Carmen Martínez y otros.
Según la sentencia que determinó ocho años de prisión contra Félix Córdoba, extécnico del Consejo de la Magistratura de Potosí, Cayo y Martínez fueron testigos de cargo en la denuncia.
Consultado sobre estas personas, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, anunció que serán restituidos a nuevos cargos luego de que cada caso sea tratado en Sala Plena.
“Se podría designarlos en nuevos cargos, está en análisis en Sala Plena, es discutible”, agregó Choque.
APELACIÓN
Cayo y Martínez recurrieron al Ministerio de Trabajo que, en septiembre de 2016, dispuso medidas de protección para ambos trabajadores, lo que implica la restitución a su fuente laboral y el pago de salarios adeudados.
Esta resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, no fue cumplida por el Consejo de la Magistratura.
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