La vulneración del derecho a la petición y respuesta; del acceso a la justicia y las garantías de un debido proceso; y de los derechos laborales, fueron las quejas más frecuentes en la Delegación Defensorial Departamental La Paz, de acuerdo con el Informe de Actividades 2016 presentado por esta institución.
“De los cerca de cuatro mil casos que fueron atendidos el año pasado, el mayor número tiene que ver con la justicia, con el acceso y la manera cómo ésta ha sido manejada”, afirmó la Delegada Defensorial, Teresa Subieta.
Esta instancia registra en La Paz las denuncias de todos los ciudadanos que creen que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, ya sea por una entidad pública o un agente privado que presta servicios públicos. Según la naturaleza del caso, éste puede ser admitido, ameritar una gestión defensorial, una orientación o puede ser rechazado.
En este marco, de los 3780 casos atendidos en 2016, un total de 1650 fueron admitidos, 1050 dieron lugar a una gestión defensorial, 18 fueron rechazados por diferentes motivos y los demás fueron orientados.
Un caso es admitido cuando éste implique violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos por la Constitución Política del Estado y otras normativas aprobadas por el Estado boliviano contra toda la actividad administrativa del sector público y de instituciones privadas que presten servicios públicos.
Entre los casos admitidos, los más frecuentes tuvieron que ver con el derecho a la petición y respuesta, con 357 casos; garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 335; derechos laborales, 307 casos. Asimismo, destacan las quejas vinculadas al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, a la educación, la salud, la propiedad privada individual y patrimonio, a la integridad, los de la niñez y la adolescencia y de las mujeres.
En cuanto al agente o institución más denunciada, destaca el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Dirección Departamental de Educación, con 169, 165 y 157 denuncias, respectivamente, de los 1650 admitidos.
Por otro lado, del total de quejas presentadas, el grupo poblacional en situación de vulnerabilidad que más ha acudido a la Delegación Departamental fue el de mujeres, seguido por el de adultos mayores y niños, niñas y adolescentes, con 1316, 581 y 203 casos, respectivamente.
Cabe mencionar que además de la oficina ubicada en la ciudad de La Paz, existen delegaciones regionales en El Alto y Caranavi, donde los ciudadanos también pueden requerir el servicio defensorial. En el caso de El Alto, se recibieron 3992 quejas y en Caranavi, 294.
Pero más allá de las cifras, según Subieta Serrano, lo más importante es “buscar las causas de estos hechos. Queremos ir de lo individual a lo colectivo, ver cuáles son los casos comunes e intentar ver soluciones junto con la gente respecto de su problemática. Y es que ha sido difícil en todo este periodo de cambios tratar de cambiar la superestructura del país, donde está la justicia, donde están las normas y los reglamentos”.
En este marco, la Defensoría del Pueblo, a cuya cabeza se encuentra David Tezanos Pinto, perfiló como una de sus principales líneas de acción salir al encuentro con el pueblo. Esto significa, según Subieta Serrano, que “la oficina nacional como las departamentales estaban recibiendo más a la gente en su escritorio. Ahora se trata de que los profesionales de servicio al pueblo vayan al área rural y a los barrios periféricos de las ciudades a atender los casos y escuchar a la gente”.
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