El Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivia (CEUB) designó a 11 delegados que estarán presentes en la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y entre estos, cuatro eran funcionarios públicos del Consejo de la Magistratura, del Órgano Electoral, INRA y uno de ellos tiene un proceso penal por percepción indebida de sueldos.
“Se hizo una revisión de los antecedentes de los delegados. Observamos los antecedentes de cuatro de los designados para la preselección de magistrados. Trabajaron en el Consejo de la Magistratura, en el Órgano Electoral, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Con estos antecedentes no se puede tener plena confianza de un proceso transparente”, afirmó el diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría.
OBSERVADOS
Entre los observados está el caso de Enrique Cortez Romero, representante de la Universidad Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, que era exmagistrado del Consejo de la Judicatura. Fue posesionado por el presidente Evo Morales.
Otro de los delegados que también trabajó en instancias del Gobierno es Jorge Calisaya Gutiérrez, quien fue funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y está vinculado con un proceso en un registro irregular de la Función Económica Social de esa institución, en el caso de expropiación de tierras en el departamento de Pando.
CASO NOTORIO
En tanto, el representante de la Universidad Amazónica de Pando, Carlos Ortiz Quezada, fue presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, en el período 2014-2015, y en ese tiempo determinó sancionar con una multa de Bs 8.588 al partido de Unidad Demócrata del Beni (UD-Beni), liderada por Ernesto Suárez.
Este hecho fue uno de los más notorios, puesto que fue en plena época preelectoral en 2015, Ortiz delegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suerte de este partido político, el que procedió a inhabilitarlo, faltando días para los comicios electorales. Adicionalmente, fueron anuladas las candidaturs de 228 postulantes del Beni, en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 2015.
Otro caso es el del delegado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Héctor Araoz Velasco, a quien se le extendió un pliego de cargo, por un juicio que le sigue la Alcaldía local, por concepto de percepción indebida de sueldos; el daño económico asciende a los 10 millones de dólares.
En este caso, el aludido presentó un recurso de casación y la nulidad del proceso, el cual fue declarado infundado por el Tribunal Supremo de Justicia.
En el auto supremo de Nº 136 - Coactivo Fiscal Sucre, del 27 de abril de 2009, “dispone girar pliego de cargo en ejecución de sentencia contra Héctor Araoz Velasco por la suma de $us 10.806,64 por concepto de percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado conforme dispone el art. 77 inc. d) de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal; asimismo manteniendo las medidas precautorias dispuestas contra el demandado”.
PROCESO FALLIDO
El diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría indicó que estos antecedentes de los cuatro delegados muestran que el proceso está viciado de irregularidades, porque no cuenta con la transparencia y legalidad correspondientes. Pidió a las autoridades del sistema universitario brinde información de la elección de estos sin tomar en cuenta sus historiales.
OFICIALISMO
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, manifestó que la oposición está apostando al fracaso de todo el proceso de elección y aseguran que no se presentaran más postulantes para magistrados al Órgano Judicial.
No comments:
Post a Comment