Saturday, July 29, 2017

Habilitan a 270 postulantes para el TCP y TSJ



La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) habilitó hoy a un total de 270 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La información fue dada a conocer por la Cámara de Senadore en su cuenta de Twitter:

111 postulantes fueron habilitados para el TCP, de los cuales 69 son varones, 42 mujeres y 31 con identificación indígena originario campesino. En el caso del TSJ, 106 son varones, 53 mujeres y 40 indígena originario campesino.

Este sábado, la Comisión Mixta de Constitución trabajó durante ocho horas para cruzar la información emitida por entidades públicas para habilitar o inhabilitar definitivamente a las y los postulantes.

La diputada Susana Rivero, miembro de la Comisión, explicó que en la primera convocatoria de preselección se inscribieron 305 personas y en la segunda se registraron 105 interesados, haciendo un total de 410, de las que finalmente se inhabilitó a 140.

Las listas de las y los postulantes habilitados a seguir en carrera serán publicadas en tres medios escritos de alcance nacional este fin de semana, para que la ciudadanía impugne a quienes crea pertinente, con documentos probatorios, durante el 1 al 7 de agosto.

Se prevé que el próximo 3 de diciembre, la población acudirá a las urnas para elegir a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

76 postulantes de 105 laboran en el Estado


De los 105 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional para las elecciones judiciales, 76 son funcionarios públicos. Así se puede verificar a través de sus reportes de declaraciones juradas en la Contraloría General revisadas ayer por EL DEBER.

La comisión mixta de Constitución y los representantes de las universidades verificaron los antecedentes de los 105 postulantes y esperaban ayer la información del Tribunal Supremo Electoral y de la Contraloría, para definir quiénes pasarán a las siguientes instancias, que son de evaluación de méritos y luego, de examen escrito.

La diputada demócrata Eliane Capobianco denunció ayer que Mayerling Castedo, secretaria de la Gobernación de Beni (MAS), postula al Supremo de Justicia, algo que para ella prueba que la elección será contaminada por colores políticos. Para la presidenta de la comisión Mixta de Constitución, Adriana Salvatierra, la crítica de la oposición es “inmoral” y le falta fundamento.

Para el Tribunal Constitucional, 36 de 53 postulantes son funcionarios. Nueve de ellos trabajan en instituciones como el INRA, el Servicio Agropecuario, los ministerios de Salud, Minería, Culturas, Desarrollo Productivo y Justicia, YPFB y uno en Covipol (vivienda policial).
Otros 13 son funcionarios en la administración judicial (tribunales departamentales, Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura, Órgano Judicial y Fiscalía), mientras que los 14 restantes, trabajan en gobernaciones, alcaldías, la Cámara de Senadores y uno de ellos en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

De hecho, Julio Veizaga Ovando, que es docente de esa universidad cochabambina, es el aspirante que reportó mayor patrimonio neto, con Bs 5.649.120.
De los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, 40 de 52 son funcionarios. 22 trabajan en el Supremo de Justicia, tribunales departamentales, Consejo de la Magistratura y de la Judicatura. Diez en fiscalías, Derechos Reales, Ministerio de Trabajo, Impuestos, entre otros.

Inicia revisión de requisitos de postulantes al TSJ y TCP



La comisión mixta de constitución inició la verificación de los requisitos habitantes de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Asambleístas de oposición y oficialismo comenzaron a considerar la documentación que la Contraloría, Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía General y otras instancias. Son 229 inscritos en la primera convocatoria y 105 en la segunda.


Diputados y senadores decidieron volver a revisar los casos de los inhabilitados, para evitar impugnaciones posteriores. Mañana debería conocerse la lista final de los aspirantes que pasan a la fase de la evaluación de méritos, examen escrito y oral.

Ayer se conoció que de los 105 postulantes al TSJ y TCP, 76 son funcionarios públicos, según sus reportes de declaraciones juradas en la Contraloría General, aunque ese aspecto no es inhabilitante para el proceso de selección.



Se prevé que en septiembre se defina en sesión de Asamblea la lista final de candidatos que figurarán en las papeletas que serán usadas en los comicios del 3 de diciembre. En el caso del Tribunal Agroambiental son 23 los postulantes habilitados para la fase final y 24 para el Consejo de la Magistratura.

Caso atraco frustrado Investigarán a tres jueces por libertad de delincuentes

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer la investigación de los antecedentes jurídicos por los cuales tres jueces concedieron libertad a los delincuentes implicados en el atraco frustrado en jueves en la zona Garita de Lima, además que reclamó la falta de seguimiento y ausencia en el operativo de la Fiscalía.

El fiscal departamental Edwin Blanco señaló que no se responderá a “nivel político” y sin explicar por qué no acompañaron el operativo en el cual se arrestó a los delincuentes; informó que se tomó conocimiento del caso y emitió imputación formal contra seis personas por los delitos de asociación delictuosa y portación ilegal de armas.

MOLESTIA

Romero anunció que se remitirá al Consejo de la Magistratura, los antecedentes de la banda de los seis presuntos atracadores, para que se investigue la actuación de los jueces que atendieron el caso y verificar si existió requerimiento fiscal de libertad a favor de los antisociales.

La autoridad expresó su molestia, porque la Fiscalía no acompañó al operativo policial que frustró un atraco que según los datos de Inteligencia debía darse en la zona Garita de Lima en La Paz, teniendo como víctima a una mujer que debía retirar la suma de 150 mil dólares de una de las agencias de banco.

Ante la ausencia de un fiscal, en coordinación con el viceministro de Régimen Interior y la Policía Boliviana, se ordenó un dispositivo bajo la figura de “acción directa” para neutralizar la acción delincuencial de los cuatro peruanos y dos bolivianos, que fueron arrestados el jueves.

“Algunos jueces parece que les dan cheque en blanco para poder delinquir”, declaró el ministro al citar que el boliviano Juan Cruz Mamani ingresó a la cárcel el 15 de abril de 2005 por tentativa de robo y 15 días después, el 30 de abril, fue puesto en libertad pese a tener en su contra un delito grave.

También citó el caso del peruano César Elvis Meza Choque que fue enviado a la cárcel el 21 de agosto de 2015 con sentencia mínima de 3 años de cárcel por robo agravado, cumplió 9 meses y fue liberado.

Mencionó el caso del peruano Asunción Rafael Pariona Palomino, quien ingresó a la cárcel el 18 de octubre de 2010 por delito de robo agravado, fugó el 3 de octubre de 2011, fue recapturado el 9 de enero de 2013, además del delito de robo agravado, se amplió su denuncia por delito de asesinato en grado de tentativa.

Romero sostuvo que esta persona debería estar cumpliendo una condena de 5 años, pero fue liberado a los 2 años y 11 meses, el 20 de marzo de 2017, y unos meses después volvió a delinquir protagonizando otros atracos, en la ciudad de El Alto.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que serán la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia las instancias que evalúen si corresponde abrir un proceso contra los jueces y fiscales para conocer bajo qué criterios otorgaron libertad a estas personas con antecedentes penales y carcelarios.

La autoridad anunció que ahora serán inflexibles en solicitar las mayores precauciones judiciales, porque sería irrisorio que las autoridades concedan medidas sustitutivas, más aún si todos están vinculados a atracos cometidos en la ciudad de El Alto.

Los detenidos fueron identificados como Asunción Rafael Pariona Palomino, Armando Vargas Quispe, César Elvis Meza Choque y Richar Ajco Huallpa, todos de nacionalidad peruana, y los bolivianos Juan Cruz Mamani y Tania Calle Burgoa.

Romero reveló que luego de ser difundidas las imágenes de los delincuentes, al menos dos víctimas de atracos en El Alto, los reconocieron.

Datos preliminares 27 de los 105 candidatos no cumplen con los requisitos

De los 105 postulantes que se presentaron para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al menos 27 no cumplieron con los requisitos generales y específicos, según datos preliminares.

La Comisión de Constitución está a la espera de que el Consejo de la Magistratura. Tribunal Supremo Electoral y Contraloría General del Estado remitan los antecedentes.

Esta instancia legislativa concluyó el pasado miércoles 26 con la verificación de los requisitos de los postulantes a ambos tribunales.

De los 52 postulantes para el TSJ, 10 no cumplen con los requisitos exigidos por el Reglamento; en el caso de los 53 aspirantes al TCP, 17 no cumplen con los requerimientos señalados.

Estos datos aún son preliminares, hoy la Comisión de Constitución del Legislativo sesionará para cruzar la información con los documentos que remitieron la Contraloría General del Estado, Consejo de La Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral. Se prevé que mañana domingo se publique la lista oficial de los habilitados ala fase de calificación de méritos.

AL BORDE

Entre los postulantes que no cumplen con las exigencias requeridas por la convocatoria está la ex magistrada del Consejo de la Magistratura Cristina Mamani, que también fue inhabilitada como candidata para el CM, en esta oportunidad se presentó nuevamente para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de donde también fue rechazada.

Además fueron excluidos José Romero Sandoval, Hugo Vargas Palenque, Mery Tarquino Limachi, Facundo Primo Cortez, Lizeth Cahuaya Serrudo, Zenaida Téllez Tirado y Rodolfo Guzmán Ramos.

En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), los observados son: Oscar Máximo Vargas, Dario Canaviri Gerónimo, Teodoro Elio López, Domitila Conde Guarachi, Dora Espada Pérez, Rosario Guarachi, Marco Antonio Vargas Callejas, Indira Fernández Sáfadez, Adriana Sáenz Quisbert, Apolinar Ancasi Morochi, José Illanes Vidal, Mario Abdón Linares, Julio Selaez Quispe, América Ríos Quispe, Emilio Calle García Jorge Lujan Rojas y Cyborg Kanashiro, este último se autodenominó como indígena.

MILITANCIA

Se generó una discusión sobre la fotografía de la postulante al TSJ Mayerling Castedo Molina que fue tomada del perfil de la red social de facebook, donde se la observa con una sudadera de campaña política del Movimiento al Socialismo (MAS) y con el puño en alto en un acto de posesión.

Además fue fiscal que impulsó el proceso penal para suspender y destituir del cargo al gobernador opositor del Beni, Ernesto Suárez, posteriormente fue la responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano en la Gobernación de ese departamento en la gestión de Alex Ferrier.

En este caso el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, manifestó que existe un problema con el tema de la filiación política, puesto que el certificado que emite el Tribunal Supremo Electoral (TSE), puesto que no garantiza que los postulantes no sean militantes de partidos políticos.

“Para la etapa de impugnación, el reglamento afirma que deben ser sustentadas con documentación idónea y ahí tenemos algunos problemas. Cómo es posible que participe en actos del oficialismo, use los colores del partido, tenga el puño en alto y jura como militante pero en el certificado de militante del Órgano Electoral no está inscrita”, explicó.

Por su parte, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, indicó que todas estas observaciones deben ser analizadas en la etapa de impugnación que se desarrollará a partir de este lunes, donde se deberá demostrar con pruebas legamente documentadas sobre la militancia partidaria de los postulantes.

“Si existe algún tipo de observaciones deben hacerlas llegar en la etapa de impugnaciones que es a partir del lunes hasta el siete de agosto. Para esto tendrán que adjuntar prueba idónea y estas pruebas que deben estar legalmente documentadas”, declaró.

Friday, July 28, 2017

Postulante al Órgano Judicial habría trabajado con el MAS


Mayerling Castedo Molina postula al tribunal supremo de justicia.

El jefe de bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, mostró ayer una fotografía donde se observa a Mayerling Castedo Molina, postulante a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con uniforme del MAS, en un claro indicio que algunos postulantes trabajaron para el oficialismo.

Dijo que Mayerling Castedo fue la fiscal que impulsó el proceso penal para suspender y destituir del cargo al gobernador opositor del Beni, Ernesto Suárez, y luego fue “premiada por el gobernador trucho Alex Ferrier” con quien trabajó hasta hace ocho días en la Secretaría de Desarrollo Humano.

Mencionó como otro caso emblemático, la postulación de Hugo Vargas Palenque que fue Fiscal Departamental del Beni, y que en 2011 impulsó el juicio contra Ernesto Suárez, y luego apareció involucrado en unos audios y conversaciones con Jessica Jordan, en tareas de conspiración contra autoridades electas.

El diputado aseguró que Hugo Vargas actualmente enfrenta procesos judiciales particulares por intentar apropiarse de bienes. Espera que antes de abrir la etapa de impugnación, el Consejo de la Magistratura y la Contraloría General del Estado remita información de antecedentes penales o solvencia fiscal para corroborar algunos extremos.

Santamaría indicó que incluso se conoce de un acto de posesión en el cargo, donde Almaraz agradece la confianza y su respaldo al proceso de cambio.

Sostuvo que todos estos casos muestran que hay gente ligada al gobierno, “pero como el papelito (certificado) dice que no tiene militancia, no pueden ser inhabilitados”, a sabiendas que trabajan para el MAS.

En contrapartida aseguró que hay pocas hojas de vida destacables que pueden ser la excepción, pero el resto tiene observaciones. (Erbol)

Thursday, July 27, 2017

Comité Universitario anuncia mayor rigurosidad en preguntas a candidatos a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia



El representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Lorenzo Flores, anunció este miércoles una mayor rigurosidad en la elaboración de las preguntas para el examen escrito de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con respecto al elaborado para los candidatos al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

"Ahora el sistema universitario verá con mayor rigurosidad el tema de la batería de preguntas que se plantearan para el examen escrito", indicó a los periodistas.

La determinación fue adoptada ante las cuestionantes surgidas a raíz de la prueba tomada a los aspirantes al TA y al CM, el pasado 4 de julio, cuyas preguntas fueron calificadas como "fáciles" y regaladas" por políticos de oposición, como también internautas por las redes sociales.

Flores indicó que el CEUB remitió notas a las universidades estatales para que envíen "hasta la siguiente semana" la batería de preguntas que después de recepcionadas serán revisadas.

"Esto es para tomar todas las previsiones y hacer los ajustes pertinentes con el adecuado tiempo y porque tomaremos las previsiones técnico logísticas del caso", sostuvo.

La Asamblea, junto al sistema universitario boliviano, lleva adelante la preselección de candidatos a altos cargos del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional. (26/07/2017)

Juez de Chulumani acusado de corrupción es enviado a la cárcel



El juez segundo Anticorrupción, Alan Zarate, dispuso este miércoles la detención en el penal de San Pedro de La Paz para el exjuez de Chulumani, Andrés Zabaleta, acusado de incumplimiento de deberes y corrupción.

"La autoridad jurisdiccional al encontrar la probabilidad de autoría, el riesgo de fuga y obstaculización en la investigación, dispone la detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro para el ciudadano, Andrés Zabaleta", establece la resolución cautelar.

Por su parte, el fiscal Daniel Ayala explicó que el juez realizó una valoración y una compulsa de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación y decidió la detención preventiva.

El Ministerio Público presentó la resolución de imputación formal por los tipos penales de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios.

Según la investigación, el exjuez suspendió una audiencia cautelar de un caso de violencia familiar y doméstica, sin una razón jurídica.

Ese mismo día, la denunciante vio a la abogada de la parte contraria y a la asistente del juez ingresar con bebidas alcohólicas al Juzgado y salir en la madrugada en estado de ebriedad. (26/07/2017)

Jueces que sentenciaron a Reynaldo Ramírez se abstienen de declarar


Los exjueces técnicos Mery Janeth Mojica y Luis Alberto Paz Casupá, se presentaron pocos después de las 15:30 ante los fiscales anticorrupción Fernando Mejía y Mirtha Mejía, quienes llevan adelante la investigación por la condena errónea que se emitió en contra de Reynaldo Ramírez, al que sentenciaron a 30 años por un asesinato que no cometió.

Wálter Suárez, uno de los abogados de los exjuzgadores, indicó que ambos juristas se abstuvieron de declarar ante los representabtes del Ministerio Público y se aguarda la determinación que asuman los fiscales sobre la pertinencia o no de su aprehensión.

Mojica y Paz son procesados por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Además de los jueces ya se presentaron a declarar en este caso el fiscal suspendido, Marcelo Delgadillo, el policía investigador Cristian Sánchez y el joven Reynaldo Ramírez, que ahora trabaja en una dependencia del Ministerio Justicia

Exjuez Zabaleta fue enviado a San Pedro

El juez segundo anticorrupción, Alan Zarate, dispuso ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, para el exjuez de Chulumani, Andrés Zabaleta, imputado por incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, en relación con el supuesto consumo de bebidas con litigantes.

La detención se impuso pese a que el juez Zárate desestimó el delito de consorcio, que figuraba en la imputación, por no hallar indicios ni declaraciones que hagan presumir que el fin de la actividad denunciada era lograr una ventaja económica en el momento del hecho o a futuro, según fundamentó al momento de dictar la resolución.

La audiencia que se desarrolló en medio del resguardo policial que de forma intransigente impidió el trabajo de los periodistas, dejando que otras personas realicen una especie de mitin a las puertas del juzgado, exigiendo la libertad del exjuez, asegurando que era inocente.

Ante el fallo del juez, el abogado de los denunciantes, Iván Quispe, afirmó que analizan el contenido de la apelación, ya que consideran que la autoridad no valoró los indicios presentados, pero que de todas maneras, en la etapa preparatoria se pueden presentar más evidencias.

Por su lado, Zabaleta negó dar entrevistas, pero se declaró inocente y perseguido por las autoridades del Consejo de la Magistratura, asegurando que si bien tiene más de 20 procesos disciplinarios abiertos en su contra, ha ganado varios.

Aseguró que antes de la implementación de la Escuela de Jueces, él contaba con la máxima calificación a nivel nacional, en una “verdadera” escuela, pero que esto no es tomando en cuenta.

Sobre la denuncia, la abogada América Ríos señaló que cuando era juez, su cliente se había excusado del caso de violencia familiar que generó esta polémica cuando fue filmado saliendo del juzgado en estado de ebriedad y tomado de la mano de la abogada denunciante, el 24 de marzo.

Sobre el video, aseguró que estaba mal de salud y por prescripción médica ya no puede beber.

Pero en criterio del juez Zárate, se comprobó el hecho de consumo de bebidas, por medio de informes policiales y declaración de testigos e implicados.

Quispe, en cambio, afirmó que el exjuez “hizo aparecer la excusa dos semanas después” de ser filmado y que la misma contiene un argumento subjetivo por lo que se podría ampliar la denuncia por otros tipos penales.
TITULARES

Elecciones judiciales Dos postulantes denunciados niegan procesos

Francisco Tarquino y Lilian Sandy, postulantes al Consejo de la Magistratura, rechazaron las acusaciones emitidas por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien dijo que en el proceso de preselección para altos cargos del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa habilitó indebidamente a por los menos cuatro aspirantes que están acusados por delitos de corrupción.

El martes Albarracín denunció a cuatro aspirantes al Consejo de la Magistratura, quienes lograron ser habilitados por el Legislativo y pasar los exámenes, pese a contar con varios procesos judiciales en su contra.

Entre los denunciados están Gonzalo Alcón Aliaga (excomandante de la Armada), Francisco Tarquino (fue representante del Consejo de la Magistratura en La Paz), Lilian Sandi (también fue representante de la Magistratura en La Paz) y Román Castro (fue juez y autoridad de la Universidad de El Alto).

Ante estas alusiones, Tarquino dijo: “niego enfáticamente (las acusaciones) y exijo al señor rector de la UMSA que sea responsable y además emita con seriedad sus informaciones y denuncias”.

Sandi también lamentó las acusaciones de Albarracín y aclaró que cuando ella era juez le interpusieron un recurso de amparo por diferentes fallas, pero eso no significa que sea una denuncia o una demanda.

“(Albarracín) ha vertido declaraciones sin ningún tipo de responsabilidad, o sea considero esas declaraciones muy irresponsables por cuanto mi persona jamás ha sido procesada por algún hecho de corrupción”, manifestó.

Video Elecciones Judiciales: Senadora Adriana Salvatierra informa sobre el proceso de postulantes

Wednesday, July 26, 2017

Ratifican participación Universidades participarán en proceso de preselección

El Sistema Universitario ratificó ayer su participación en la segunda etapa del proceso de preselección de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

La verificación de requisitos comienza a partir de hoy y el fin de semana se tendrá la lista de los habilitados que pasen a la siguiente fase.

“Queremos reiterar que el Sistema Universitario ha confirmado su participación en esta segunda etapa de evaluación, nos hicieron llegar una nota donde ratifican que el doctor. Lorenzo Flores Canedo es el delegado que participará de este proceso, además de otros cuatro delegados de las universidades”, explicó el legislador.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) envió una carta a la Asamblea Legislativa el 24 de julio, donde comunica que deben coordinar todas las acciones de este proceso con Lorenzo Flores, que es el delegado del Sistema de la Universidad Boliviana designado por resolución 02/2017 en la IX Conferencia Nacional de Universidades.

CRONOGRAMA

A partir del 1 al 7 de agosto la población podrá presentar sus impugnaciones contra los candidatos para ambas instancias, posteriormente el 8 y 9 del mismo mes serán resueltas y se publicará la lista de los habilitados para la fase de evaluación de méritos.

El proceso de evaluación curricular inicia el 10 hasta el 17 de agosto y el examen escrito se realizará el viernes 18. Posteriormente el lunes 22 de ese mes comenzarán con la etapa de entrevistas a los postulantes.

Ante esto, Gonzales indicó que tras la conclusión de la fase de entrevista entre el 1 y 2 de septiembre se llevará a cabo una asamblea ordinaria del Legislativo para seleccionar a los candidatos que hayan obtenido la mejor calificación para ingresar a la papeleta de sufragio con miras a las elecciones del 3 de diciembre.

CUOTEO

Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que están satisfechos con los resultados de las convocatorias, ya que existe el numero indicado de participantes continuar con el proceso de preselección de altas autoridades al Órgano Judicial.

Además aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) dejó a un lado el cuoteo partidario y político en la preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

“Hemos enterrado para siempre el cuoteo partidario y el cuoteo político, para la designación de autoridades del Órgano Judicial y eso nos satisface mucho”, destacó.

Consejo Universitario de la UMSA: Al menos cuatro habilitados tienen antecedentes penales

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, a nombre del Consejo Universitario presentó públicamente antecedentes penales de al menos cuatro postulantes para el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que fueron habilitados por el Legislativo.

La autoridad académica lamentó que la comisión evaluadora de la Asamblea no revisara los antecedentes de estos candidatos.

“Recogiendo la aspiración ciudadana, de tener una justicia proba, queremos decirles que es probable que ellos (las autoridades del Legislativo) no se hayan informado, pues existen postulantes indebidamente habilitados. Por ejemplo: Gonzalo Alcón Aliaga, Francisco Tarquino y Román Castro, quienes cuentan con antecedentes penales, que en su momento se hizo conocer”, indicó.

Esta declaración surge, tras un entredicho de la semana pasada entre el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales y Albarracín, quien descalificó a los postulantes para el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, porque cuentan con antecedentes penales y aspiran a ocupar cargos de altas autoridades en el Órgano Judicial.

OBSERVADOS

Gonzalo Alcón Aliaga, candidato al Consejo de la Magistratura, obtuvo una nota de 76 puntos en la fase de evaluación y fue habilitado para postularse a un cargo de esa instancia. Según la documentación presentada por la UMSA, tiene denuncias en su contra por presunto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, prevaricato y violencia familiar.

“Estos son datos del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) incumplimiento de deberes, violencia familiar o doméstica; en otro proceso esta denunciado por uso indebido de influencias. Estamos hablando del mismo postulante estrella, otra causa es denunciada por prevaricato”, detalló.

En segundo lugar se mencionó a Francisco Tarquino, también postulante al Consejo de la Magistratura, que obtuvo la puntuación de 59.4. Ha sido exrepresentante departamental del CM, al ser designado de manera directa por la magistrada Cristina Mamani, quien también se postula por tercera vez al Órgano Judicial.

Esta persona tiene denuncias de múltiples hechos de corrupción, incluso estaría vinculada con juez Fernando Rivadeneira, quien recientemente fue suspendido por liberar a un ciudadano brasileño, que protagonizó el atraco a la joyería Eurochronos, en la ciudad de Santa Cruz, y que murió en el tiroteo de ese día.

La tercera persona observada es Lilian Mercedes Sandi de Zeballos, quien también fue representante del CM en La Paz y está habilitada como postulante para esa instancia, obtuvo 59.1 puntos. Tiene una acusación penal por hechos de corrupción cuando fungía de jueza.

Finalmente, Román Castro, juez primero de sentencia en lo penal y exrector de la Universidad Autónoma Pública de El Alto (UPEA). Este postulante fue retirado de su cargo por estar implicado en hechos de corrupción.

En la revisión de los documentos proporcionados por el Rector de la UMSA, Castro tiene denuncias por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, estafa, lesiones graves y leves, incumplimiento de deberes y robo.

DENUNCIAS

En ese marco, Albarracin indicó que el pasado 30 de julio de 2016 se hizo llegar denuncias a la entonces ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, donde se dio a conocer que el exrepresentante del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino, y el juez Fernando Rivadeneira están implicados en hechos de corrupción.

La autoridad académica aseguró también que esa denuncia se envió a la Asamblea Legislativa y pidió a este órgano estatal que revise aquellos antecedentes de oficio.

Sobre este punto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que esperarán a que el Rector de esa unidad académica presente los documentos de los postulantes observados y será puesto a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa, para tomar alguna determinación.

“Valoramos que el rector de la UMSA nos acerque esta información, esperemos que sea fidedigna y realizaremos nuestro trabajo, indagaremos el tema y si corresponde tomaremos las medidas correspondientes. El hecho que estén en la lista de habilitados y que pasen a la asamblea no quiere decir que tengamos que taparnos los ojos”, apuntó Gonzales.

Elecciones judiciales Organizaciones civiles ven falencias en pre-selección

La Fundación Construir y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un informe preliminar, de la primera parte de evaluación de candidatos para el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), en el que se identifican algunas irregularidades.

Alrededor de 8 organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil están comprometidas con la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Estas entidades definieron articular esfuerzos para llevar adelante el monitoreo a la preselección, evaluación y elección de altas autoridades judiciales.

Entre estas organizaciones se encuentran: Alianza Libre de Violencia, Asuncami, Comunidad de Derechos Humanos, Coordinadora de la Mujer, Fundación Construir, Plataforma por la Democracia y la Ciudadanía, Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Justicia y los Derechos Humanos y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia.

Entre las observaciones, destacaron la etapa de impugnación de candidatos, que fue calificada como muy corta y a la nueva convocatoria, que “no garantiza la paridad de género y plurinacionalidad”.

En ese marco, uno de los puntos más cuestionados fue la modificación que se realizó al reglamento de preselección de los postulantes, donde la etapa de impugnación a los candidatos del Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se redujo de 7 a 4 días, tiempo considerado corto, porque la población no pudo presentar adecuadamente sus objeciones, lo que determinó su limitada participación.

“Hemos observado que el tiempo de las impugnaciones que se planteó en el proceso de preselección fue muy limitado, porque la gente que conoce de los antecedentes de los aspirantes no tuvieron el suficiente tiempo para presentar sus opiniones”, explicó Mónica Novillo, representante de la Coordinadora de la Mujer.

CALIFICACIÓN

En ese marco, estas organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas conformaron la “Iniciativa Ciudadana de monitoreo a las elecciones judiciales”, cuyo trabajo logró ya sus primeros resultados, con el informe preliminar que presentaron ayer.

Acerca de ello, la presidente de la Fundación Construir, Susana Saavedra, se refirió a las puntuaciones de los postulantes que obtuvieron notas mínimas, con las que fueron habilitados como candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental.

Este referente, según Saavedra, no corresponde con el perfil que debe tener un magistrado de una alta corte de justicia.

“Nosotros hemos observado las notas mínimas de los postulantes que se han establecido para habilitar en la preselección, creemos que estas notas no condicen con un perfil de eventual magistrado de una alta corte de justicia”, aseveró.

PARIDAD

Otra observaciones destacadas se refieren a los cambios que se realizaron al reglamento de preselección, después de declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional y para el Consejo de la Magistratura.

El nuevo reglamento no garantiza la paridad de género a nivel departamental, si no a nivel nacional, lo cual no certificará de forma efectiva la igualdad de oportunidades, como dispone la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Saavedra manifestó que se recomienda a las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa que garanticen el cumplimiento del artículo 6 de reglamento de proceso de preselección, que manda garantizar que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

En ese contexto, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia se ha propuesto continuar con el trabajo, como aporte constructivo al proceso de selección de candidatos de todas las instancias judiciales.

Tuesday, July 25, 2017

En el primer semestre: TDJO resolvió 15.723 causas y 13.585 están pendientes

El Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), en el primer semestre de esta gestión registró una carga procesal que asciende a 29.308 causas, de las cuales 13.518 son remanentes del 2016 y 15.790 son causas nuevas, haciendo un total de 29.308. A la fecha, de esa cantidad de causas, 15.723 fueron resueltas, sin embargo 13.585 están pendientes, debido a que la cantidad de jueces en el departamento es insuficiente.

"Hay un número de causas pendientes que esencialmente se remite a que no tenemos el número de jueces suficientes para atender todas esas causas, es un número bastante elevado las que han ingresado al primer semestre y que pese a la buena intención que tienen los jueces y vocales de este tribunal no se puede llegar a solucionarlas", explicó el presidente del TDJO, Franz Asencio Mendoza.

Ayer en la mañana, la institución judicial desarrolló la rendición pública de cuentas parcial de la gestión 2017, espacio en el que se dio a conocer que tanto la Sala Plena, las Salas Civil 1 y 2, las Salas Penal 1, 2, y 3, y la Sala Social Administrativa de dicha entidad resolvieron 671 causas de las 1.390 que se registraron esta gestión entre nuevas y remanentes del 2016.

Los juzgados y tribunales en materia penal de la capital, lograron resolver 3.394 causas y quedan pendientes 5.879; de la misma manera los juzgados y tribunales provinciales lograron resolver 2.043 causas y quedan pendientes 1.682, que serán atendidas en los meses venideros.

"Sin duda algo que es plausible es la creación de los conciliadores en materia civil que han ayudado mucho en la resolución de conflictos en el área patrimonial, que de alguna manera hace que esas causas ya no ingresen a resolverse por los jueces, en la capital tenemos cinco conciliadores y tres en provincias", dijo el presidente del TDJO.

Las diferentes oficinas de conciliación en el departamento recibieron en el primer semestre de la gestión 2017, 1.403 causas nuevas y del año pasado existían 271 causas remanentes, logrando resolver 1.351 causas, quedando pendientes 323.

FINANZAS

Por su parte el jefe administrativo financiero del TDJO, Mauro Ramírez, indicó que la ejecución presupuestaria de enero a junio es del 58,33%, ya que de los 3.663.658 bolivianos asignados para esta gestión, se utilizó 2.137.082 bolivianos.

"Hemos sobrepasado del 50%, esto va destinado más que todo a materiales de escritorio de los más de 60 juzgados que tenemos en el distrito, 1.191.333 bolivianos va destinado a esa partida de materiales y gastos de funcionamiento de los juzgados y unidades administrativas", explicó el profesional.

Elecciones Judiciales TSE aprobará Calendario Electoral reformulado

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé aprobar mañana el nuevo Calendario Electoral, con los ajustes correspondientes, rumbo a las elecciones judiciales del 3 de diciembre, informó a EL DIARIO el vicepresidente de la instancia, José Luis Exeni.

La autoridad electoral informó que se tiene ya lista la propuesta ajustada del nuevo cronograma de actividades, referentes a la elección de las altas autoridades de justicia en el país, en la que se contemplan las fechas del empadronamiento, las fechas de la difusión de méritos de los postulantes, entre otros.

“Tenemos ya una propuesta de calendario ajustado, que está previsto que lo aprobemos en la Sala Plena de mañana, 26 de julio. Básicamente adecúa algunas fechas del reforzamiento del empadronamiento y difusión de méritos de los pasos previos de capacitación de jurados, con arreglo de la nueva fecha del 3 de diciembre”, declaró.

Para la presidenta del TSE, Katia Uriona, es importante que las y los ciudadanos que acudan a las urnas a votar en diciembre conozcan a los postulantes y su trayectoria, por ello resaltó la necesidad de difundir los méritos de los aspirantes a los altos cargos judiciales.

“Vamos a hacer campaña de difusión respecto no solamente de los perfiles de quienes van a participar, porque ya la anterior vez nos dimos cuenta que no es suficiente conocer de sus estudios y sus ámbitos de trabajo, sino que se va a hacer un trabajo para que también se pueda proponer y analizar sobre cuál es su posición respecto a la administración de justicia, en el espacio al cual están participando”, sostuvo Uriona.

El TSE también realizará la difusión del alcance de la votación del 3 de diciembre, es decir, que informará y explicará sobre las papeletas y la cantidad de postulantes que se presentarán en cada uno de los cargos.

Para esta difusión, el TSE tendrá un período de 45 días (de septiembre a noviembre) para que los bolivianos puedan tener toda la información necesaria, rumbo al 3 de diciembre.

La presidenta del TSE espera que los postulantes tengan espacios abiertos, en medios de comunicación, para que puedan difundir su candidatura.

En ese marco, el TSE prepara un reglamento de difusión de méritos, que se espera hasta principios de agosto hacerlo público. Este reglamento permitirá una difusión equitativa de todos los postulantes, para que la población habilitada para votar esté bien informada sobre los candidatos, para que sobre esa base pueda decidir a quienes apoyar.

Para ejecutar toda esta tarea, el Órgano Electoral espera que en septiembre la Asamblea Legislativa entregue la lista de los candidatos habilitados para las elecciones judiciales, cuyos nombres estarán impresos en las papeletas de votación.

Propaganda política

Unas de las restricciones que contemplará el documento será que ningún postulante podrá hacer propaganda política, en el sentido de llamar a la población a un voto sobre algún tipo de ofertas.

Estará también prohibido que los candidatos hagan “guerra sucia” o inicien un debate, porque el 3 de diciembre la ciudadanía que se dirija a las urnas, para emitir su voto, deberá hacerlo después de haber evaluado los méritos de todos los postulantes.

Como se amplió la convocatoria y se fijó nueva fecha para las elecciones judiciales, el TSE también tiene previsto iniciar el registro de nuevos votantes. Deberán inscribirse todas aquellas personas que cambien de domicilio o los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 3 de diciembre.

Elecciones judiciales Inscripción cierra con 105 postulantes al TCP y TSJ

La etapa de inscripción para aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cerró con 105 registrados y la revisión de los requisitos comunes y específicos empezará mañana.

Con los 105 nuevos inscritos y los 229 que fueron habilitados en la primera convocatoria se tiene un total de 334 postulantes para ambos tribunales.

Al término de esta fase, el oficialismo afirmó que con los nuevos postulantes se garantiza los criterios de paridad de género y plurinacionalidad.

Del total de inscritos, 53 son candidatos para el TCP: 28 varones y 25 mujeres. En tanto que existen 52 inscritos para el TSJ: 28 varones y 24 mujeres.

La puerta del Palacio de la revolución donde se encuentra la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa se cerró a las 19.00 horas de ayer, sin embargo, en el interior del recinto aún se encontraban algunos postulantes haciendo fila para dejar sus documentos.

POSTULANTES

La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Adriana Salvatierra, señaló que el 72 por ciento de los postulantes se presentaron ayer.

“Con estas postulaciones se garantiza el criterio de paridad de género y plurinacionalidad, tomando en cuenta que este fue el factor principal para que se declare desierta la convocatoria para ambas instancias”, explicó la legisladora.

INSISTEN

Haciendo una comparación con las listas de la primera convocatoria, se evidenció que al menos 32 postulantes que fueron inhabilitados presentaron sus repostulaciones, es decir, se inscribieron una vez más para ser habilitados

Entre ellos está la exmagistrada del Consejo de la Magistratura (CM), Cristina Mamani, que presentó su candidatura para el Tribunal Agroambiental (TA) pero fue inhabilitada. En esta fase se presentó para el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de La Paz.

Mamani ya fue elegida en 2011 para el Consejo de la Magistratura. En abril de este año renunció al cargo porque enfrentaba un juicio de responsabilidades en su contra en el Senado, por presuntamente cometer faltas en el ejercicio de su función al dejar sin efecto irregularmente la designación de un juez.

Durante la fase de la verificación de requisitos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de los postulantes por el departamento de La Paz fueron inhabilitados 14 inscritos de los cuales 6 presentaron nuevamente sus documentos.

IMPUGNACIONES

A partir de mañana, miércoles, la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo y los delegados del Sistema Universitario comenzarán con la verificación de los requisitos de los postulantes que tendrá un plazo de seis días.

Es decir, que el Sistema Universitario mediante una nota enviada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa confirmó que participará del proceso de preselección para estas dos instancias judiciales.

La etapa de impugnación será a partir del 1 al 7 de agosto según el cronograma, ante esto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, indicó que impugnarán el 50 por ciento de los inscritos, tomando en cuenta que, al igual que la primera evaluación, son funcionarios públicos ligados al Gobierno central.

“Estamos trabajando y colectando los documentos necesarios para respaldar las impugnaciones contra los candidatos, tal como lo indicaron los presidentes de ambas cámaras”, explicó.

Comisión cierra registro al TCP y TSJ con 105 postulantes



La Comisión Mixta de Constitución registró ayer a 105 postulantes para el Tribunal Constitucional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De ellos, 55 son varones y 50 mujeres, confirmó la presidenta de esa instancia legislativa, Adriana Salvatierra.

Explicó que 53 abogadas y abogados presentaron sus documentos para el Tribunal Constitucional y 52 para el Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo con el reglamento de preselección, hoy y mañana se publicará la nómina en tres medios de comunicación escritos de circulación nacional.

Posteriormente, del 28 al 30 de agosto se revisará el cumplimiento de requisitos. Del 1 al 6 de agosto se elaborará un informe final, y del 2 al 9 de agosto se extenderá el proceso de impugnación.

En tanto que la fase de evaluación curricular, el examen escrito y la entrevista se llevarán a cabo del 10 al 29 de agosto.

De acuerdo con el cronograma, se prevé que la sesión de la Asamblea Legislativa se realice el 2 y el 3 de septiembre de 2017 para elegir, por dos tercios de votos, a cada uno de los 95 preseleccionados para magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

La elección judicial se realizará el 3 de diciembre.

En conferencia de prensa con la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y el titular de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, Salvatierra expresó su complacencia por el resultado alcanzado. “Ha sido una respuesta positiva, quedamos satisfechos”, precisó.

Sunday, July 23, 2017

Héctor Arce Zaconeta: “No le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo”


El ministro de Justicia considera que existen sectores que intentan hacer ver las elecciones judiciales como un plebiscito para medir el respaldo al Gobierno y también critica a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por no participar del proceso.

¿Cómo ven el proceso de la preselección judicial?
Este es un proceso extraordinariamente serio, como nunca se ha dado en el país, hasta donde sabemos siempre se han dado procesos de selección de autoridades por vías menos participativas y democráticas, y con procedimientos más cerrados. Hay que esperar qué es lo que ocurra, es muy lamentable la actitud de la UMSA, particularmente del doctor Waldo Albarracín, no puede descalificar el proceso antes de que comience.

Albarracín anticipa que se podría dar un escenario como en 2011, donde los votos nulos y blancos fueron más que los válidos. ¿Cree que eso sea posible?
Aún no se ha elegido a nadie, se está haciendo un proceso de preselección, ha quedado una cuarta parte de los postulantes, no se puede descalificar a priori este proceso, hay grandes profesionales que no merecen eso. Lo que puede hacer la universidad es no negar su participación, negar su concurso a este tema que necesitaba la ayuda de todas las instituciones y el avizorar que es lo qué va a ocurrir, es un despropósito, es una traición a la administración de justicia.

Lo que quieren algunos es deslegitimar esta elección, tratar de convertirla en un acto refrendatario contra el Gobierno nacional, todo a costa de la justicia y eso es algo muy grave, eso se puede entender de sectores recalcitrantes, pero no de defensores de derechos humanos, de académicos, que descalifican antes de que comience el proceso.

¿Cómo califica las preguntas que se realizaron a los postulantes?
Entiendo que el sistema universitario hizo las preguntas. No me parece correcta una pregunta tan simple como la que hicieron sobre la corrupción, pero se entiende que hay preguntas sencillas, medianas y fuertes, es como parte de un equilibrio, presumo que fue algo de eso, pero tiene que haber un equilibrio y razonabilidad.

¿Le teme a que gane el voto blanco o nulo?
No. Yo creo que cada quien tiene que hacer su tarea para la construcción de las autoridades de justicia. El pueblo es quien tiene que ejercer su derecho, no le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo y sabemos que hay intenciones de sabotear el proceso, pero nosotros tenemos confianza en el pueblo, porque es el mismo pueblo para el que será esa administración.

¿Qué debe esperar la población después de las elecciones judiciales?
La revolución de la justicia pasa por muchas cosas, uno de ellos es el elemento humano, el más importante, se debe elegir a todas las autoridades de la administración de justicia en base a la meritocracia, pero también necesitamos nuevas normas, nueva infraestructura, no es posible que el presupuesto sea tan bajo, necesitamos tecnología y un nuevo modelo de gestión. Se están eligiendo a vocales, pero en algunos casos no a los mejores. Hay que dignificar la administración de justicia.

Elecciones judiciales Legislativo implementará filtros en examen escrito

Para la segunda etapa del proceso de preselección de candidatos para el Órgano Judicial, la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa implementará filtros de control para las preguntas del examen escrito, con el fin de evitar preguntas como las que fueron cuestionadas en la evaluación para el Consejo de La Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

“No se dejará que se realicen preguntas absurdas. Se pasó una nota a la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Susana Rivero, para que la noche antes del examen escrito se realice un control de calidad a las preguntas para no pasar la vergüenza que se pasó en el anterior proceso”, explicó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.

En el examen a los postulantes al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM) se presentaron al menos cinco preguntas que fueron cuestionados por asambleístas de la oposición y del oficialismo puesto que no estaban al nivel de una evaluación a altas autoridades del Órgano Judicial.

PREGUNTAS

En ese marco, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, coincidió con esta postura de realizar un control a las preguntas que ingresen al examen escrito para los postulantes de ambos tribunales.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, confirmó que el Sistema Universitario solo realizará un banco de 360 preguntas, de la cual se sortearán 120 para la evaluación, que se prevé realizar el 18 de agosto, conforme al cronograma de la Asamblea Legislativa.

“Se encomendó al Sistema Universitario la realización de las preguntas para el examen escrito, en este caso son 360 interrogantes para ambas instancias y de esas se sortearán 120”, informó Gonzales.

La autoridad agregó que “existe cierta inquietud por parte de las universidades por la crítica que se generaron a un pequeño número de preguntas porque no reunían el rigor académico para los postulantes a altas autoridades al Órgano Judicial”.

CUESTIONADAS

Una de las preguntas que fue objeto de crítica, decía: “Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos b) Fomentarlos c) No tomarlos en cuenta d) Ninguna de las anteriores”.

En las preguntas generales del examen, una de ellas estaba referida al ejercicio de la abogacía: “El cambio de patrocinio en una causa, debe ser otorgado por: a) El cliente interesado b) El Colegio de Abogados c) El abogado renunciante d) El juez que conoce la causa”.

ENTREVISTA

Otra de las observaciones que se hizo es que las preguntas para la evaluación fueron realizadas solo por los asambleístas del MAS, sobre este punto, Santamaría indicó que la oposición debe participar de la elaboración de las mismas, al igual, serán sometidas a un control para evitar cualquier tipo de irregularidades durante el desarrollo.

POSTULANTES

Al momento existen 229 inscritos habilitados en la primera convocatoria, de los cuales el 50 por ciento son funcionarios pertenecientes al Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, incluso hay un periodista del medio estatal escrito Cambio que presentó su candidatura y está habilitado.

En el caso de La Paz, existen dos ex representantes departamentales del Tribunal de Justicia, Ivan Campero Villalba y Juan Carlos Berrios Alvizú; además de dos funcionarios del Ministerio de Justicia, Hugo Daniel Mogrovejo Martinez y Rodrigo Calcina Quisbert.

Según los datos obtenidos de la Declaración Jurada de los postulantes en la Contraloría General del Estado, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, también es aspirante para la misma instancia.

En el departamento de Chuquisaca el panorama es el mismo, al menos 9 de los 28 postulantes, son funcionarios del TSJ y la Fiscalía General del Estado.

Saturday, July 22, 2017

Revisarán preguntas para postulantes

La Comisión Mixta de Constitución revisará las preguntas que se realizarán a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el examen escrito previsto para el siguiente mes.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, manifestó que en el reglamento para ese proceso de preselección “se incorporó a la comisión para la revisión de las preguntas del examen escrito, para lo que estableceremos un mecanismo para revisar como comisión las preguntas previo ingreso al examen”.

La determinación de revisar las preguntas para los postulantes del TCP y TSJ surgió luego de que la oposición criticara la base de preguntas elaborada por el Sistema Universitario para los postulantes al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, de las cuales que dijo fueron “fáciles y regaladas”.

Salvatierra indicó que ahora el trabajo de revisión de las preguntas, establecerá una mejor calidad del examen, con el fin de que se tenga certeza de que los mejores profesionales superen la prueba.

Los postulantes que pasen la fase de impugnaciones, que se realizará entre finales de julio y principios de agosto, podrán rendir la prueba escrita conforme la batería de preguntas elaborada por el Sistema Universitario.

La batería de preguntas estará compuesta de 360 preguntas para la formulación de dos exámenes; uno para el TCP y otro para el TSJ.

De las 360 se sortearán 60 preguntas para cada examen, que se entregará a cada postulante en sobre cerrado el mismo día del examen, con un código asignado para resguardar su identidad y precautelar la objetividad al momento de su calificación.

La Asamblea, junto al sistema universitario, realiza la preselección de candidatos a autoridades del Órgano Judicial.

27 nuevos aspirantes a tribunales Constitucional y de Justicia

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, informó el viernes que a tres días de cerrar la etapa de inscripciones, la Comisión Mixta de Constitución registró 27 postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de la nueva convocatoria presentada por la Asamblea Legislativa para la preselección de candidatos a magistrados.

“Hasta ahora hay 27 postulantes inscritos, 14 para el Tribunal Constitucional y 13 para el Tribunal de Justicia, y esperamos que en los próximos días que estarán abiertas las oficinas de la Comisión de Constitución los interesados puedan acercarse a dejar la documentación respectiva”, indicó a los periodistas.

Salvatierra dijo que espera que al finalizar la jornada del lunes, cuando se cerrarán las inscripciones de postulantes, se cuente con un número de suficiente de interesados en participar del proceso de preselección.

En junio, la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo reglamento de preselección y la convocatoria para postulantes a principales autoridades al TCP y TSJ, después que se declaró desierta la primera convocatoria para ambas entidades judiciales.

Mientras tanto, el proceso de preselección de postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental, que realizó la Comisión Mixta de Justicia Plural, concluyó su labor con 24 aspirantes para la Magistratura y 23 para el Agroambiental, que pasarán a ser seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y competirán en las elecciones judiciales previstas para el 3 de diciembre.

La Asamblea, junto al sistema universitario boliviano, lleva adelante la preselección de candidatos a altos cargos del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Elecciones judiciales Revisión de requisitos empieza el 26 de julio

La revisión de los requisitos generales y específicos de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) comenzará el 26 de julio, debido a que el Sistema Universitario celebra la Autonomía Universitaria el 25 de julio. La Asamblea Legislativa envió una carta para que se haga conocer a los delegados académicos.

“El trabajo tenía que comenzar el martes pero esa jornada se recuerda el día de la Autonomía Universitaria y el Sistema Universitario solicitó que se dé comienzo con la revisión de los requisitos de los postulantes a partir del día miércoles, el cual tiene un plazo de 5 días”, explicó la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra.

La fase de inscripción de los postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cierra este lunes a las 19:00 horas. Hasta ayer se inscribieron 27 postulantes, 14 para el Constitucional y 13 para el de Justicia.

De la anterior convocatoria existen 229 postulantes, son 87 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 142 al Tribunal Supremo de Justicia los que fueron habilitados tras la revisión de sus requisitos.

DELEGADOS

Por su parte el presidente de la Cámara de Senadores José Alberto Gonzales manifestó que se envió una nota al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para que remita la lista de los delegados que participarán en la evaluación de los candidatos.

Además de hacerles recuerdo que deben elaborar la batería de preguntas para el examen escrito tal como se desarrolló para la evaluación de los candidatos al tribunal agroambiental y al consejo de la magistratura.

La próxima semana el Sistema Universitario se reunirá nuevamente, donde abordarán su participación en la preselección de aspirantes. Albarracín adelantó que la posición de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) será invariable, de no intervenir en el proceso y llamó a sus colegas a que tomen el mismo camino.

CRÍTICAS

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, hizo una severa crítica a los postulantes para el Órgano Judicial, donde los calificó como profesionales que no cuentan con la capacidad de ocupar esos cargos, además de que algunos rectores del sistema universitario son “genuflexos” con el gobierno al continuar en este proceso.

Tras esto, Gonzales lo acusó de tener una actitud política para boicotear este proceso de preselección y que tiene la finalidad de impresionar a sus pares para que estos desistan de su participación.

“Nos parece que una actitud política como la que ha tomado el señor Albarracín de boicotear abiertamente este proceso”, sostuvo Gonzales, al reaccionar a las críticas que hizo la autoridad universitaria al trabajo de la comisión.

Asimismo, pidió que deje la descalificación a los casi 300 candidatos que aspiran a ocupar los altos cargos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

Friday, July 21, 2017

Presentan cuarta denuncia contra juez Rivadeneira

Familiares del cabo de policía, Juan Alberto Quispe de 47 años, presentaron una nueva denuncia contra el juez sexto de materia en lo penal cautelar de La Paz, Fernando Rivadeneira, esta vez ante una resolución por la cual se dio libertad a otros tres funcionarios policiales imputados por tentativa de homicidio, agresión por la cual Quispe se encuentra postrado en estado de coma.

El Consejo de la Magistratura determinó ayer suspender de sus funciones al juez Rivadeneira en el marco del proceso disciplinario que se abrió en su contra, por la detención domiciliaria con la que benefició al delincuente brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, supuesto cabecilla del grupo que trato de atracar la Joyería Eurochronos en Santa Cruz y cayó abatido por la policía el pasado 13 de julio, luego de ocasionar la muerte de un oficial y una funcionaria de ese establecimiento.

POLICÍA

María Arteaga, esposa de Quispe, afirma que los tres camaradas de su esposo lo golpearon, hasta dejarlo en ese estado. El hecho sucedió el 17 de julio en la localidad Gran Choro, donde estaban destinados los cuatro.

Según la mujer, los imputados reconocieron el hecho, pero en audiencia cautelar Rivadeneira les otorgó medidas sustitutivas. El reclamo por la resolución fue presentado ante la Fiscalía de Distrito. Este sería la cuarta denuncia presentada en contra del juez.

MAGISTRATURA

El representante departamental de la Magistratura, Williams Dávila, informó ayer que esta determinación era oficial pero aún faltaba realizar la notificación al juez.

“Es una suspensión temporal por faltas gravísimas, porque en la liberación del brasileño no ha tomado en cuenta algunos aspectos del procedimiento y eso nos preocupa y esencialmente es la falta de una resolución de competencia que nos tienen que dar a los jueces paceños, porque el caso vino del Beni y vamos a ver quiénes han conocido la causa”, manifestó.

POLÍTICOS

Sobre el mismo caso, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, en conferencia de prensa, aseguró que Silvia Rengel Álvarez esposa del juez Rivadeneyra, era la directora del Servicio Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno y que incumpliendo la Ley de Migración 370, en su artículo 26, que prohíbe el ingreso a territorio boliviano de personas con sentencia condenatoria, permitió el ingreso del ciudadano brasileño Da Silva.

“(Se pedirá informe sobre) su relación marital, con la esposa que no hizo nada, para cumplir la Ley 370 que establece que no se debe permitir la estadía de delincuentes”, afirmó Rodríguez.

El asambleísta, también aseguró que el juez Rivadeneira contaba con notas de aplazo en la Escuela de Jueces y solo logró aprobar con 12 puntos otorgados por el directorio de esa instancia.

Anunció la petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que explique las razones, porque las que no se expulsó al delincuente brasileño, quien además estuvo preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por haber participado anteriormente en otro atraco a una joyería en Santa Cruz.

ESPOSA

Ante estas acusaciones, en horas de la tarde, la directora del Servicio Nacional de Migración, Cosset Estenssoro, salió a desmentir las afirmaciones del legislador y además de aclarar que Rengel Álvarez no ocupa la dirección aclaró que, la funcionaria “no ha participado en ningún acto administrativo relacionado con el ciudadano Antonio Abdón da Silva Costa”.

Dando lectura de un comunicado, Estenssoro afirmó que en el caso de Da Silva, este no contaba con registro migratorio, “se encontraría en una situación migratoria irregular, por otra parte, tampoco registra trámite de permanencia ni temporal ni definitiva ni tramites de naturalización alguna”.

La directora de Migración, también aclaró que no se tiene registro de ninguna alerta o pedido de búsqueda para da Silva.

En la misma conferencia, Rengel Álvarez aclaró entre lágrimas, que era funcionaria pública desde sus 20 años y que no tenía relación con el trabajo que desempeñaba su esposo y menos con el proceso que hoy causa de investigaciones.

Sobre las declaraciones del jefe de bancada de UD aseguró: “Cualquier personas (que hablo sobre el tema) debería pedir disculpas, especialmente cuando se trata de una mujer idónea, como yo me considero”, declaró a EL DIARIO.

Suspenden a juez e investigarán a fiscales

El Consejo de la Magistratura determinó suspender de manera temporal al juez Fernando Rivadeneira, para que asuma su defensa, es imputado como el responsable de dejar en libertad a Antonio da Silva, uno de los cuatro asaltantes de la joyería Eurochronos, informó el representante de esa instancia en La Paz, William Dávila.

“Es una suspensión temporal por faltas graves y gravísimas, en el caso del brasileño Da Silva, no tomó en cuenta algunos aspectos en el procedimiento. Tiene que asumir su defensa en libertad, durante el proceso disciplinario se advertirá cuáles fueron las faltas y el juez disciplinario determinará cuál es la sanción”, explicó.

El 23 de junio, Rivadeneira revocó la detención preventiva de Antonio da Silva, quien estaba recluido en la cárcel de Chonchocoro, por agresiones graves a un policía, y le otorgó detención domiciliaria.

En su defensa, Rivadeneira alegó que a la audiencia no se presentaron los representantes de los Ministerio Público y de Gobierno.

Además, reveló que el juez 1º Anticorrupción, Iván Perales, que anteriormente fue abogado de Da Silva, ocultó información sobre los antecedentes de su cliente con el fin de liberarlo. Agregó que si se hubieran conocido todos los antecedentes del antisocial, la decisión que tomó habría sido otra.

COMPETENCIA

Sobre estos hechos, el representante de la Magistratura indicó que el caso fue derivado del departamento del Beni, por lo que no se contaba con una resolución de competencia para el juez Rivadeneira. Además, indicó que es necesario investigar quiénes más conocieron el proceso penal.

Dávila expresó que también se está solicitando un informe al juez Perales, para que detalle todos estos pormenores necesarios para una buena investigación y fallo.

FISCALES

Por otra parte, Dávila añadió que en este proceso todos los actores deben asumir sus responsabilidades, específicamente los fiscales del Ministerio Público, quienes son los que investigan los detalles de los hechos, por lo que corresponde iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes, debido a la inasistencia a la audiencia cuando se determinó la detención domiciliaria del sindicado.

“Es justo iniciar una investigación porque están incumpliendo con sus labores, al no asistir a la audiencia; entonces, acá tienen que estar todos los actores, no pueden lavarse las manos”, declaró.

ESCUELA DE JUECES

Sobre este mismo caso, el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, denunció que el juez Rivadeneira fue beneficiado mediante una resolución del Directorio de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) para obtener una nota de aprobación.

En la primera convocatoria para los cursos de formación en la escuela de jueces, Rivadeneira obtuvo la puntuación de 47.95, sin embargo “de extraña forma” apareció con la ponderación de 66.95 puntos.

En la resolución Nº 15/2014, de nivelación de calificaciones en el marco de la segunda ampliación de la convocatoria 01/2013, del proceso de preselección de postulantes al primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria de la escuela de jueces, se otorgó 15 puntos de manera extraordinaria

“Estas irregularidades deben ser explicadas por el tribunal supremo de justicia, puesto que está a cargo de la escuela de jueces, para que expliquen por qué jueces inhabilitados son beneficiados mediante resolución de Directorio”, explicó el legislador.

Sospecha de vulneración de derechos Legislativo auditará tres procesos penales

Por decisión unánime, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados decidió someter a auditoría jurídica los procesos por el feminicidio de María Isabel Pillco, por la violación agravada cometida por un exdefensor de la Niñez y Adolescencia y por la detención preventiva por 15 años en un caso de robo agravado.

Según la resolución, estos tres procesos se constituirán en casos paradigmáticos y permitirán evaluar cómo se han llevado los procesos, establecer si se cumple la normativa y verificar la actuación de quienes tienen a su cargo la administración de justicia.

La diputada y presidenta de la Comisión, Susana Rivero, explicó según la agencia de noticias ANF, que los tres casos fueron elegidos luego de una amplia discusión y “se determinó ejercer la fiscalización de un caso de feminicidio, otro de violación agravada a una menor de edad y, asimismo, un caso de robo que derivó en la detención preventiva del acusado por más de 14 años”.

Explicó que según los antecedentes de estos procesos “algo no está bien y es necesario verificar cómo se han llevado a cabo los juicios y establecer si hubo o no vulneración de derechos y garantías constitucionales”.

El juicio por el feminicidio de María Isabel Pillco está en fase de apelación luego de que un tribunal de sentencia dictara la absolución de David Viscarra que fue acusado por la Fiscalía. La denuncia por violación agravada al menor contra el exdefensor de la Niñez y Adolescencia de Warnes, Hernán Zegarra Vargas, está en plena investigación y el supuesto agresor cumple detención preventiva en Palmasola. El caso por robo agravado data del año 2004 y, según una investigación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el imputado, Cristian Iraipi Castro, permaneció más de 14 años con detención preventiva.

Rivero señaló que “no se pueden dejar los delitos en la impunidad ni se pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales en la búsqueda de justicia”.

Recordó que “el feminicidio se constituye en una de las formas de violencia más extremas contra las mujeres por lo que su sanción debe ceñirse estrictamente a la ley, el caso de violación por un funcionario que debía proteger a niñas y adolescentes es un delito extremo e inaceptable, ambos casos no se comparan con el de robo y no explica cómo una persona estuvo más de 14 años con detención preventiva por robar una cadenita. La justicia está en un serio entredicho”.

La Comisión no se ha fijado un plazo para culminar las auditorías y ha definido que se encarará una investigación técnica en base a la revisión de los expedientes del proceso y de la valoración de las peticiones de informe escrito, no habilitará audiencias para escuchar a las partes.

“En el día se han aprobado las peticiones para defensa pública, fiscalía, policía, jueces, a través de sus máximas autoridades, cabeza de sector correspondiente”, explicó Rivero.

Consultada por ANF, María Galindo, de Mujeres Creando, dijo que esta investigación es un precedente muy importante. Recordó que “la idea de que la Cámara de Diputados realice una auditoría jurídica para frenar la impunidad la planteamos hace un año y la reiteramos cuando logramos la audiencia sobre el Código Penal”.

Detalló que “conocida la absolución del (presunto) feminicida de Pillco, citamos al diputado Manuel Canelas a radio Deseo y se logró el compromiso de que la Comisión realice la auditoría” y añadió que en el caso de la violación a una menor su organización intervino ante la continua obstaculización del proceso.

El proceso por el feminicidio de María Isabel Pillco fue seguido de cerca por varias organizaciones como el Observatorio por la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres y #NiUnaMenos Bolivia cuyas activistas fueron amenazadas por el juez a cargo del tribunal de sentencia.

Thursday, July 20, 2017

Reynaldo Ramírez trabaja en Ministerio de Justicia



Reynaldo Ramírez, sentenciado injustamente a 30 años de prisión sin derecho a indulto por un crimen que no cometió, ya es funcionario del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de la capital cruceña, se informó ayer.

“Nuestro amigo Reynaldo Ramírez, injustamente encarcelado en el pasado, ya es funcionario del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Santa Cruz”, escribió el ministro de esta cartera de Estado, Héctor Arce Zaconeta, en su cuenta de Twitter.

El 10 de julio se le hizo ese ofrecimiento como parte de la reinserción a la sociedad que precisa Ramírez luego de estar más de dos años encerrado en el penal de Palmasola y haber sufrido una serie de agresiones físicas, psicológicas y graves perjuicios económicos. En la reunión que sostuvieron en su despacho ministerial en La Paz, hablaron de los atropellos que sufrió y del apoyo que precisa para reinsertarse en la sociedad.

En ese cometido, se le brindó la oportunidad para que sea parte de la Casa de Justicia.

Wednesday, July 19, 2017

Justicia boliviana otra vez en la mira por la violación a derechos


VOTACIÓN

La población boliviana acudirá en diciembre a elegir a los nuevos magistrados para sustituir a los que salieron ganadores en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas y acusaciones durante su gestión.

La condena de un inocente a 30 años de prisión sin derecho a indulto y el caso de una niña de ocho años obligada a confrontar en una audiencia al hombre que la violó mostró que la crisis de la justicia del país parece no tener límites.

Los graves problemas de la administración de la justicia en el país, que afectan los derechos humanos, no son nuevos pero se han agravado al no haber funcionado las reformas aplicadas por el Gobierno de Evo Morales, como reconocen las propias autoridades.

Aunque los cuatros jueces implicados en esas decisiones han sido destituidos la anterior semana y serán sometidos a procesos penales planteados por el mismo Estado, los casos exponen una debilidad estructural preocupante porque abarca a varios actores.

El caso de la niña que compareció a una audiencia frente a quien la violó hace tres años ha estremecido a la sociedad, que conoció del caso por la grabación de un canal en la que se escucha a la menor relatar con llanto la agresión ante dos jueces y el acusado.

La abogada y activista feminista Julieta Montaño, reconocida por haber dado asistencia jurídica a centenares de mujeres en el país dijo que el caso de la niña prueba que nadie en la audiencia estaba convencido sobre cómo se deben proteger sus derechos.

El fiscal del caso, la representante de la Defensoría de la Niñez y el abogado de la menor podían haber rechazado su comparecencia ante el agresor en la audiencia, pero no lo hicieron.

Aunque luego la Defensoría denunció a los jueces, entre ellos una mujer, nunca debió producirse esa audiencia como se hizo.

"A mí me preocupa la ignorancia, la incapacidad, la falta de compromiso de quienes supuestamente representan a las víctimas", dijo Montaño, directora de la privada Oficina Jurídica de la Mujer.

Para el ministro de Justicia, Héctor Arce, es incomprensible que los jueces actúen al margen de las leyes y causen "vergüenza" al desconocer toda la normativa aprobada para defender a la niñez.

"Se han desconocido todos los valores, principios y mecanismos legales que con tanto sacrificio se han trabajado", dijo Arce.

Las normas que aprobó Bolivia sobre protección de derechos civiles y sociales, en particular de las mujeres, constituyen un avance reconocido internacionalmente, pero son varios los casos en los que hay mucha distancia entre lo que dice la ley y su cumplimiento.

"Estamos viviendo con un doble mensaje, el mensaje que dan las leyes y el mensaje que dan los hechos", agregó Montaño, que no ve "voluntad política" para aumentar los presupuestos y contratar gente con competencias para hacer respetar los derechos de las víctimas.

El otro caso que ha provocado una reacción generalizada de rechazo es el de Reynaldo Ramírez, detenido en 2015 y condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto acusado del asesinato en 2014 de una mujer de 22 años, a quien ni siquiera conocía.

Ramírez vivía en una ciudad distinta a aquella donde se cometió el crimen y el día en que ocurrió sufrió un accidente de tránsito.

El hombre, de 30 años, dijo que unos policías lo torturaron para tratar de que confiese el crimen, que fue expuesto ante los medios como criminal, que el fiscal del caso ni siquiera le tomó declaraciones, que los jueces nunca valoraron sus descargos que probaban que el día del crimen estaba ingresado en un centro médico.

El fiscal también ha sido destituido y será procesado penalmente.

El caso pudo ser aclarado porque los hermanos de Ramírez hicieron su propia investigación hasta hallar estos días al concubino de la víctima, que fue el autor del crimen, con la ayuda de un agente de Policía que siempre tuvo dudas sobre la culpabilidad del acusado.

El agente que ayudó a aclarar el caso, Cristian Sánchez, dijo que investiga otras tres condenas a presuntos inocentes, pero varios abogados hablan de muchos más.

Según el ministro Arce, es posible que este sea uno de "los casos de injusticia más graves que ha debido ocurrir en la historia de la humanidad".

Los casos han despertado una mayor sensibilidad en la sociedad sobre el tema ahora que el Legislativo debate un proceso de selección de candidatos a máximos magistrados, que ha provocado graves enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

La población acudirá en diciembre a elegir a los nuevos magistrados para sustituir a los ganadores en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas.

Fiscalía abre proceso contra juez por ‘mala resolución’



La Fiscalía Departamental de La Paz inició un proceso penal contra el juez Fernando Rivadeneira, quien decidió la cesación de la detención preventiva del brasileño Antonio da Silva, uno de los cuatro atracadores de la joyería Eurochronos.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, explicó que a partir de los informes que emitieron los fiscales se abrió una causa penal al todavía juez sexto de Instrucción en lo Penal.

“Cuando hay responsabilidad de fiscales, nosotros somos los primeros en sancionar y destituir por aprovechar las funciones que ejercen y dañan a la sociedad”, estableció Blanco.

El Consejo de la Magistratura, a través de su representación distrital, inició acciones ante el juez disciplinario y será esa instancia la que decida si suspende inmediatamente o deja en el cargo, hasta la conclusión del proceso, a Rivadeneira.revisión

De acuerdo con el consejero Orlando Ríos, esa determinación fue asumida en Sucre, en reunión de sala plena, en apego a las normas en vigencia.

Dijo que por esa razón se encuentra en La Paz para revisar la información que remitió el cuestionado juez por la liberación del brasileño que la semana pasada participó en el frustrado atraco a la joyería EuroChronos de Santa Cruz.

Dejó establecido que existen normas para cesar en funciones a los administradores de justicia

De momento, Rivadeneira, en su descargo, dijo que el abogado de Antonio Adao da Silva Costa, ahora juez anticorrupción, Iván Perales, le ocultó el cuaderno de antecedentes del asesino de Lorena Tórrez. De hecho, Perales también quedó bajo la lupa del Consejo de la Magistratura y la justicia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, deploró que la justicia no acompañe el accionar represivo del delito por parte de la Policía.

Tuesday, July 18, 2017

Juez no tenía competencia para liberar a atracador



El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aseguró ayer que el juez Fernando Rivadeneira no tenía la competencia para liberar al ciudadano brasileño Antonio Abdón Da Silva Costa.

Este ciudadano es uno de los tres que fueron abatidos en el atraco frustrado ocurrido el miércoles en la ciudad de Santa Cruz.

“Causa extrañeza al Ministerio que se nos acuse cuando el propio fiscal Genaro Quenta presentó memoriales al juez Rivadeneira haciéndole notar que no puede llevar actos procesales porque él no tenía la declinatoria de jurisdicción o competencia”, afirmó.

Blanco aclaró que el caso y en ese sentido el juez no era competente para llevar adelante esa audiencia de medida cautelar porque debía haber una resolución de declinatoria de competencia que declare incompetente al juez de Beni.

Al respecto, el juez Fernando Rivadeneira sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas y que su decisión fue asumida al constatar que el sindicado se encontraba 30 meses sin resolución alguna.

El diputado del MAS Franklin Flores informó que la bancada de su partido solicitará información al Tribunal Supremo de Justicia sobre la liberación de uno de los implicados en el atraco a la joyería EuroChronos.

Continuará preselección de candidatos a TSJ y TC



Los senadores y diputados que conforman la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, encargada del proceso de preselección de postulantes a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia, continuarán su trabajo en el receso legislativo.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, explicó que en la Comisión de Asamblea están incorporados los parlamentarios de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, quienes continuarán ininterrumpidamente su trabajo de preselección de postulantes a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia.

Las senadoras y los senadores titulares elegidos son José Alberto Gonzáles Samaniego, Leónidas Milton Barón Hidalgo, Ciro Felipe Zabala Canedo, Lineth Guzmán Wilde, Edwin Mario Rodríguez Espejo, Noemí Natividad Díaz Taborga, Adriana Salvatierra Arriaza, Jeanine Añez Chávez y Carmen Eva Gonzáles Lafuente.

Las diputadas y los diputados titulares que integran la Comisión de Asamblea son Gabriela Montaño Viaña, Susana Rivero Guzmán, José Manuel Canelas Jaime, Julio Huaraya Cabrera, Nora Quisbert Tito, Eleuterio Huallpa Janco, Trinidad Rojas Bellido, Wilson Pedro Santamaría Choque, Maida Paz Callaú, Delia Canaviri Condori, Valeria Silva Guzmán, Romina Guadalupe Pérez Ramos, Franklin Richard Flores Córdova, Sonia Silvia Brito Sandoval, David Ramos Mamani, María Eugenia Calcina Rivero, Fernanda Elena San Martín Carrasco y Norma Alicia Piérola Valdez.

Sunday, July 16, 2017

A 10 días del cierre de inscripción Sólo dos candidatos postulan a los tribunales de justicia

A 10 días del cierre de la etapa de inscripción para los postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se registraron dos candidatos para ambas instancias, asambleístas de oficialismo prevén que la próxima semana contarán con más participantes.

“Aún hay tiempo para que se presenten los postulantes para ambas instancias y que se pueda cubrir la participación de mujeres y los representantes indígenas que permitirá dar continuidad a este proceso de preselección como lo establece el reglamento”, señaló el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), David Ramos.

Scarlett Gutiérrez Rojas se inscribió el jueves pasado ante la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa como postulante al Tribunal Supremo de Justicia y Cyborg Kanashiro Bronnkss aspira a ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Este 24 de julio cierra el plazo de la fase de inscripción de los postulantes para ambas instancias. La convocatoria fue declarada desierta el pasado 15 de junio, debido a que no se completó el cupo mínimo de mujeres e indígenas, razón por la cual se emitió una nueva convocatoria.

Por esta razón las elecciones judiciales previstas para el 22 de octubre del año en curso fueron postergadas para el 3 de diciembre.

PROPUESTA

La oposición insiste en que el proceso se declare desierto por las irregularidades que se presentaron desde la preselección, para este efecto propuso la emisión de una ley extraordinaria para la prolongación de los cargos de las actuales autoridades del Órgano Judicial.

“Lo que se debe hacer es declarar mediante una ley extraordinaria la prórroga en sus cargos a las actuales autoridades del Órgano Judicial, con la finalidad de corregir todo el proceso de preselección, donde se presente una nueva convocatoria que garantice la participación de los profesionales más destacados en derecho y no permitir que ningún político ingrese al mismo”, señaló.

POSTULANTES

De acuerdo con la Asamblea, son 87 candidatos al Tribunal Constitucional y 142 al Tribunal Supremo de Justicia, los que fueron habilitados tras la revisión de sus requisitos.

Otro de los planteamientos de la diputada opositora es que los postulantes que fueron habilitados para los tribunales de justicia y constitucional sean inhabilitados y presenten nuevamente sus documentos.

CONTROL

Tal como en el primer proceso, el sistema universitario hasta el momento garantizó su participación en el proceso de preselección. La etapa de evaluación de los candidatos para el tribunal agroambiental y consejo de la magistratura fue criticada debido a algunas preguntas “fáciles” que se presentaron en el examen escrito.

Gustavo Rojas, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), indicó que se tomará en cuenta todas estas observaciones para mejorar el proceso de evaluación y ejecutar con mayor rigurosidad la segunda etapa del proceso de preselección de los candidatos al tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Friday, July 14, 2017

Juez que soltó a criminal responsabiliza a un fiscal



Fernando Rivadeneira, juez que dictó detención domiciliaria para el brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, que ayer participó del atraco de Eurochronos y fue abatido por la Policía, explicó que otorgó las medidas sustitutivas debido a que el fiscal del caso no se presentó a la audiencia.

"No quiero echar la culpa al Ministerio Público, entendemos la labor que tiene, pero no se ha hecho presente el Ministerio Público el día de la audiencia pese que a que mi autoridad ha oficiado que por favor este presente un fiscal y no ha habido respuesta", dijo el administrador de justicia.



Ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que el sujeto "estaba guardando reclusión en el recinto penitenciario de Chonchocoro, pero fue puesto en libertad por determinación de un juez". Él estaba detenido hasta el 27 de junio en el penal de máxima seguridad por lesiones graves y leves contra un uniformado.

El juez reveló además que el abogado del brasileño es ahora es juez Anticorrupción y ocultó información sobre los antecedentes de da Silva cuando encaró el proceso. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que el hombre era buscado por la Policía de su país por asesinar a un uniformado.



"El señor da Silva se ha beneficiado de una cesación a la detención preventiva tomando en cuenta la normativa, del artículo 239 en su numeral 3 establece que ninguna persona puede estar detenida más de 24 meses sin que se pudiera dictado sentencia y esta persona habría estado con 30 meses de privación de libertad", agregó Rivadeneira.

Ayer un atraco a la importadora Eurochronos en Santa Cruz, que dejó cinco víctimas fatales, entre ellas tres integrantes de la banda criminal, la gerenta administrativa del negocio y un uniformado de la Fuerza Anticrimen.

Magistratura analiza suspensión de juez que liberó a atracador


El Consejo de la Magistratura también decidió abrir una investigación contra el juez que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el brasileño Antonio Adán da Silva, uno de los atracadores a la relojería Eurochornos en Santa Cruz y si encuentra responsabilidades disciplinarias o penales inmediatamente procedería a suspenderlo.


El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, dijo este viernes que pidieron el expediente del caso de da Silva en el Tribunal de Justicia de La Paz, donde anteriormente guardaba detención, en el penal de Chonchocoro por causar lesiones a un Policía.


“Una vez teniendo el informe de la ciudad de La Paz, tomaremos alguna acción en el Consejo de la Magistratura y la Sala Plena va a reemplazar a los jueces que no tengan la cualidad de brindar un mejor servicio en la justicia”, aseguró Choque.

Comisión avala selección de precandidatos judiciales



La Comisión Especial de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia realizó ayer su octava reunión, en la que valoró positivamente los avances de la preselección de postulantes al Órgano Judicial y la implementación de la carrera judicial.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, presidió la junta, en la que se destacó el proceso que se lleva a cabo pese a que la oposición busca su fracaso.

“Se realizó una valoración positiva de los avances que hasta el momento se dieron en la implementación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia”, declaró al término del encuentro interinstitucional de alto nivel de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, recordó que ante la carencia de postulantes mujeres y en algunos casos indígenas a la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional se hizo una segunda invitación para la presentación de currículos, plazo que vence el 24 de julio.

Gonzales agregó que la Asamblea Legislativa cumplió con el trabajo de preselección para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

En cuanto a la ejecución de la carrera judicial se recomendó cumplir con las exigencias que requiere la sociedad boliviana, siempre en el marco de cuidar los intereses y la integridad de los más necesitados.

El trabajo se enfocó en tres ejes de evaluación y se felicitó la separación de cuatro jueces y un fiscal por su accionar erróneo en dos casos ocurridos en Santa Cruz.

Thursday, July 13, 2017

Carlos Alarcón: “Urge una restructuración total del sistema de justicia”

ROPUESTAS | EL RECONOCIDO CONSTITUCIONALISTA SE HALLA EN UNA VIRTUAL CAMPAÑA PARA QUE LAS ELECCIONES JUDICIALES TENGAN GARANTÍAS. PARALELAMENTE, PLANTEA OTRO MODELO DE SISTEMA JUDICIAL DESTINADO A EVITAR LA CONTAMINACIÓN POLÍTICA.

Carlos Alarcón desahucia las elecciones judiciales y prevé que volverán a resultar un fracaso. En esta conversación con OH! resume la serie de propuestas que ha llevado a los parlamentarios nacionales para evitar aquel colapso.



OH!: ¿Ha llegado la justicia boliviana a tocar fondo?

Es este uno de los peores momentos históricos del sistema judicial de Bolivia. Se vendió como una panacea y como una novedad la elección por voto de las altas autoridades judiciales. Sin embargo, esta idea tiene su origen en la Revolución Francesa. Esa vez, en 1789, se instauró la elección por voto de los jueces, pero no se aplicó nunca porque fracasó de entrada. Entonces era una mentira esto de que era un invento y un aporte de Bolivia al mundo la elección por voto popular.

Claro, acá se aplicó en el año 2011, por primera vez, pero fue un rotundo fracaso porque el soberano no era el verdadero decisor en las urnas de la calidad de justicia en el país eligiendo a los mejores jueces. Fue un ardid que usó el Movimiento Al Socialismo (MAS), con su mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa (ALP), para obligar al soberano a votar por los jueces que sólo le interesaban al MAS. Eso se está repitiendo ahora con esta segunda elección.

Entonces, en lugar de dar un gran paso y construir un sistema de justicia independiente, confiable y de alta calidad, encabezado por los mejores profesionales del derecho, el MAS obligó al soberano a votar por sus jueces para alcanzar fines políticos.

Uno de los instrumentos vitales para la manipulación política que tiene el Movimiento al Socialismo es el sistema fiscal, judicial y policial. Eso nos colocó en uno de los peores momentos de la historia del país en cuanto a un sistema de justicia que esté al servicio de la gente.



OH!: Si dejásemos al margen el sistema de elecciones, ¿cuál sería el camino a seguir para construir un nuevo sistema de justicia?

Tenemos que hacer un cambio, si vale el término, revolucionario en el capítulo de la Constitución Política del Estado (CPE), referido al tema. Tenemos que estructurar un nuevo sistema de justicia no sobre esta lógica verticalista, heredada de la época de Napoleón. Entonces se estructuraba verticalmente al sistema de justicia sobre la base, primero, de la manipulación política y después sobre la base de la carrera judicial. Urge una restructuración total donde tengamos un sistema horizontal que solamente diferencie las funciones de los operadores fiscales y judiciales por la especialidad que tengan en cumplir su trabajo, pero no por los grados ni jerarquías en la carrera judicial y fiscal.

Hay que cambiar eso por la capacitación fiscal y judicial. Y hay que darle garantías para que se seleccione a los mejores operadores del sistema y para que sean inamovibles hasta que fallezcan, se jubilen, renuncien o sean destituidos de sus cargos por faltas o delitos. En mi propuesta no debería haber diferencias por altos cargos, sino diferencias simplemente funcionales entre los juzgados. Entonces el juez mejor seleccionado, el que tenga garantías de inamovilidad en su cargo, salvo casos excepcionales, el que tenga la mejor capacitación, proporcionada por el Estado y las universidades, incluso con acuerdos a nivel internacional, etc., al no haber jerarquías, sólo se preocupará por una única agenda: los casos que le lleguen a su juzgado o fiscalía y en resolverlos de la mejor manera posible.

Entonces no tendrá que estar saltando de un puesto a otro, no tendrá que estar pagando facturas o debiendo favores para escalar en la pirámide de cargos. Ingresaría y terminaría su carrera en el mismo puesto y con todos los honores y reconocimientos sociales y profesionales que merezca exclusivamente por su buen o mal desempeño. Igualmente, debería haber igualdad de derechos y deberes entre todos los jueces. No debía haber unos que ganen más y otros que ganen menos, así estén en la frontera o en alguna provincia.

En suma, sería un sistema de justicia social altamente especializado y desconcentrado en el territorio. Se abrirían casas de justicia en los barrios, donde el ciudadano necesita a jueces y fiscales, y no en esa concentración absurda de hoy en los palacios de justicia en las capitales. Hoy allí el litigante tiene que pasar un vía crucis para acceder a una buena justicia. En este otro modelo de justicia constitucional se lograría que el ciudadano tenga cerca de su domicilio todos los servicios judiciales que necesite.



OH!: ¿Y cómo se garantizaría una adecuada organización de ese sistema para evitar deformaciones o manipulaciones?

Habría que sustentarlo en pilares fundamentales: primero, el mejor sistema de designación de jueces, que no es el político. O sea hay que lograr que las instancias más representativas de la sociedad civil y del Estado confluyan en una interacción positiva de energías para designar por concurso público de méritos a los jueces del país. Por eso planteamos el tribunal de méritos y castigos para que los notables que lo compongan se encarguen de designar a fiscales y jueces, y también de castigarlos cuando no cumplan bien su trabajo.

Ahí tenemos una designación que estaría descontaminada de la influencia hegemónica de los partidos políticos. Luego, tendríamos garantía de inamovilidad porque cuando cometiesen delitos estos jueces o fiscales los destituiría este mismo tribunal de notables. No los destituiría una asamblea política haciendo el papelón que se hizo en el caso Cusi y de otras magistradas, fue una señal de intimidación para que los jueces no ejerzan su función independientemente.

Tendríamos además buenas remuneraciones y habría un presupuesto, constitucionalmente garantizado, para el sistema de justicia, como sucede en muchos países. Sería una asignación automática porque desde la fundación de la república hasta hoy el virrey de Hacienda es quien tiene de rodillas a los jueces para mejorarles y desembolsarles su presupuesto. Esa autonomía financiera permitiría que el sistema judicial deje de ser la Cenicienta y que con ese presupuesto se establezcan tantas casas de justicia como se necesiten y se creen los ítems que hagan falta.



OH!: En ese sistema horizontal, sin jerarquías, ¿qué pasaría con los altos tribunales que hay en Sucre?

Se mantendrían, pero no por ser la cabeza del sistema de justicia, sino por la especialidad que tienen a nivel nacional. Al estar organizada la justicia territorialmente por especialidades, en Sucre tendrían los tribunales nacionales por especialidades, no por jerarquías.



OH!: Por ahora, se mantiene la modalidad de elecciones judiciales. ¿Cuánto cree que podría mejorar el sistema de justicia en el supuesto de que esas elecciones se realicen de la mejor manera posible?

Si estuvieran bien realizadas, algo para lo que no están bien encaminadas, se podría mejorar por lo menos un 30 por ciento. Esto porque no están dadas las condiciones de fondo para poder organizar el sistema con el que soñamos y queremos. Condiciones que son las que ya le he citado.

Pero, si por lo menos se eligieran buenos operadores ahora, se podría superar hasta un 30 por ciento la situación caótica y desastrosa en la que está el sistema de justicia.

Para eso se requerirán operadores judiciales que respondan a la agenda de justicia de Bolivia y no a la agenda política del MAS, el Gobierno y el Presidente.



OH!: ¿Cuál es la agenda política que usted considera tiene el Gobierno para los jueces?

Entre sus intereses está garantizar la inconstitucional postulación del Presidente el año 2019 y continuar con la criminalización de la vida política en el país especialmente contra los opositores que puedan restarle votos al MAS el 2019. También se busca aumentar una nueva forma de criminalización del derecho a la huelga y la protesta, bajo una forma encubierta de acciones populares.

Mañana, cuando el soberano vote en las urnas decisiones que vayan contra los intereses de perpetuación y concentración de poder del actual mandatario, ocurrirá lo mismo que en Venezuela. Habrá jueces que no tendrán el menor empacho en escamotear la voluntad popular. En esto el mayor problema que enfrentamos es que al MAS no le interesa resolver los problemas de justicia que tenemos en el país, sino que quiere usar a los jueces para resolver sus problemas políticos.



OH!: ¿Qué propone para que las elecciones judiciales tengan más garantías y lleguen a un mejor resultado?

Presenté oficialmente una a la ALP, a través de la diputada Norma Piérola. No fue ni siquiera debatida cuando se discutieron los cambios a la Ley del Tribunal Constitucional. Ahí planteo que en el primer momento de preselección de candidatos se establezca un tribunal de méritos conformado por 13 notables designados, ocho por instancias representativas de la sociedad civil y cinco por las instancias del Estado. Ahí elegirían notables el Colegio de Abogados, los rectores de las universidades públicas y privadas, las asambleas nacionales y departamentales de periodistas, la Central Obrera Boliviana, las confederaciones indígenas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Por parte del Estado, designarían notables el Presidente, los gobernadores, los alcaldes de ciudades intermedias, los alcaldes de ciudades capitales y el quinto notable por el Defensor del Pueblo.

En ese escenario, se entraría en una sana competencia de designación de notables. Cada instancia apostaría por representantes de prestigio. Una vez designados, estos 13 notables llevarían a cabo el concurso de méritos, irían a evaluar currículums, trayectoria, desempeño profesional de los candidatos que se presenten. Luego, elevarían listas a la ALP. Esto animaría a profesionales de alto prestigio a entrar al proceso. Porque los profesionales de alto prestigio hoy saben que si entran a la trituradora azul, sin esta garantía previa, les irá mal. Por eso este tribunal de méritos habría garantizado una amplia concurrencia de postulantes que es lo que está faltando ahora.

A ello se sumaba en la propuesta una regla de oro: si los votos nulos o blancos superan a los votos válidos, se anulan las elecciones, y se debe hacer una nueva. Eso indicaría que el tribunal de méritos y la Asamblea Legislativa no hicieron bien su trabajo y el soberano lo rechazó. El voto castigo obligaría presentar buenos candidatos y el soberano tendría la sartén por el mango.



OH!: Entiendo que planteó luego otra propuesta más simple.

Sí, ya que no se aceptaba una fórmula que garantice una buena selección, entonces pedí que, por lo menos, se ofrezca dos opciones de voto en las urnas: la del MAS y la que haga la oposición. Ya que no quieren dejar que la sociedad civil tenga el sartén por el mango, entonces por lo menos que entre ellos compitan en la ALP para buscar a los mejores abogados.

Ante esa propuesta en el Movimiento Al Socialismo dijeron que yo estaba planteando el famoso y nefasto cuoteo. Pero yo estoy pidiendo que, por lo menos nos permitan ir a votar para elegir entre “A” o “B” porque ahora nos están forzando a votar por “A” o por “A”. Yo les dije que, incluso, si el MAS elegía a los mejores abogados, yo votaría públicamente por ellos. Les daba la opción a sorprendernos.



OH!: En ese escenario, ¿cuál cree que podría ser la señal de rechazo ciudadano ante la imposición forzada del voto?

Se va a convertir en una especie de plebiscito donde una de las grandes opciones de defensa del respeto a sí mismo del votante será el voto nulo. Por ello, y como una propuesta más para salvaguardar la dignidad y el valor del soberano en las urnas, planteo que se sume en la papeleta de votación la casilla del “ninguno” como voto válido. Esto porque la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que el voto blanco y nulo no se computa.



Perfil

Carlos Alarcón Mondonio
Carlos Alarcón Mondonio fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Carlos Mesa, es catedrático universitario y experto constitucionalista y penal.