El postulante para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado participó en el Tribunal que dictó una sentencia contra los implicados en la desactivación de misiles chinos, los cuales fueron entregados a Estados Unidos en diciembre de 2005.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano es uno de los postulantes para el TCP, seleccionado por los dos tercios del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, el pasado jueves. Fue uno de los aspirantes que obtuvo la ponderación de 72.5 en la fase de evaluación.
Tras conocer la lista oficial, Hurtado renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para poder habilitar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, tal como dispone el reglamento.
DESIGNACIÓN
Hurtado fue elegido en las elecciones judiciales de 2011 como miembro del Tribunal Supremo de Justicia, en representación del departamento del Beni. El ahora postulante por segunda vez fue electo como magistrado titular con 23.472 votos, equivalente al 56,92 por ciento de la población que participó en los comicios electorales en esa región.
En esa oportunidad, 41.234 personas emitieron un voto válido, el que fue equivalente al 29,51 por ciento; 38.211 optaron por el voto blanco, igual al 27,35 por ciento; y 60.271 por el voto nulo, 43,14 por ciento.
SENTENCIA
El exmagistrado antes de su renuncia sentenció a los involucrados en el caso misiles chinos, junto con sus colegas Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Rita y Susana Nava Durán. Fidel Tordoya expresó voto “disidente”.
El pasado 1 de septiembre, el Tribunal de Sentencia emitió un dictamen de tres años de cárcel para 8 de los 10 implicados en ese caso.
El exministro de Defensa, Gonzalo Méndez; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Marco Antonio Justiniano; el excomandante del Ejército, Marcelo Antezana, y el exjefe del Estado Mayor, Marco Antonio Vásquez, fueron sentenciados a tres años de prisión.
Los coroneles David Torricos y Wilber Sánchez fueron condenados a dos años de prisión y Víctor Hugo Cuéllar recibió una sentencia de dos años y medio de prisión. Por otra parte, el exviceministro Gonzalo Rocabado y al capitán Ernesto Caballero fueron absueltos.
CRÍTICAS
Sobre esta sentencia se desataron fuertes críticas contra los administradores de justicia, puesto que la condena fue muy benevolente contra los implicados, ya que fueron absueltos del “delito de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero”, ninguno de los imputados cumplirá condena en la cárcel porque serán beneficiados con la suspensión condicional de la sentencia.
Por su parte, el abogado constitucionalista William Bascopé estableció que es necesaria la realización de una auditoria jurídica a todo el proceso de investigación, tomando en cuenta la sentencia que se dictó contra los responsables.
En su criterio, la sentencia que se dictó tenía el fin de perjudicar al expresidente Carlos Mesa, ya que se remiten los antecedentes del caso al Ministerio Público para investigar sobre el decreto que se derogó en la gestión de la exautoridad.
“Algo está sucediendo o alguien lanzó esta sentencia de manera intencional para afectar al expresidente Carlos Mesa, de manera que no pueda postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2019”, resaltó Bascopé.
PROCESOS CONTRA MAGISTRADOS
Hasta el momento, al menos siete magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura (CM) fueron denunciados y sometidos a procesos por parte del Gobierno.
Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chanez fueron alejados de sus cargos, como resultado de un proceso de juicio de responsabilidades que se desarrolló en la Asamblea Legislativa, por la suspensión de la Ley del Notariado.
A la vez, esta instancia también inició un juicio de responsabilidades contra los magistrados Gonzalo Triveño, Cristina Mamani, Wilma Mamani y Freddy Sanabria, miembros del Consejo de la Magistratura, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, vulnerando los derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez, pese a ser elegido.
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