Gobierno presenta proposición acusatoria contra jueces del TSJ

El Ejecutivo presentó a la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, la proposición acusatoria contra magistrados del TSJ que sentenció con dos y tres años de cárcel a los involucrados en el caso misiles chinos.

La proposición fue presentada ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y por el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

El documento permitirá iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries, Rómulo Calle, Gonzalo Miguel Hurtado y Rita Susana Nava.

“Este fallo no ha tomado en cuenta la gravedad del delito, un artículo que establece sometimiento a potencia extranjera y no ha valorado de forma correcta el grado y la importancia del equipamiento militar entregado a un país extranjero, violentando el Código Penal y la Constitución, que establece como uno de sus principales atributos la soberanía”, señaló el ministro Ferreira.

Aseveró que el precedente que dejaría este funesto fallo será de mucha consecuencia, aunque el Gobierno cuenta con los fundamentos para una investigación y posterior acusación de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, explicó los dos elementos centrales en los que se fundamenta la solicitud:

El tribunal apartó en su sentencia el delito de sometimiento de la nación a dominio extranjero a pesar de los elementos probatorios.

La contradicción entre la primera sentencia 001/2015 contra los mismos acusados, en 2017 tiene entendimiento distinto.

“Un acusado fue hallado culpable por el delito de revelación de secretos y en 2017 no encontraron los elementos para decir que había secretos militares”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que los jueces cometieron al menos dos delitos y, ante ello, el Estado no puede quedar sin hacer nada.

“En 2005 Estados Unidos tomó la decisión de desarmarnos y quitarnos material bélico, y autoridades militares y civiles entregaron 37 misiles tierra-aire, que era un arma estratégica para defendernos”.

La autoridad aseveró que las penas de dos y tres años de cárcel no condicen con las sanciones que se debieron aplicar porque ninguno de los sentenciados cumplirá una condena carcelaria.

“Hay una responsabilidad penal de las personas que fallaron en contra de la norma”, concluyó.