El presidente Evo Morales anunció ayer que se iniciará un juicio de responsabilidades contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la sentencia “benévola” que dictaron en el caso misiles. El mandatario desechó, al mismo tiempo, la posibilidad de abrir un proceso contra el expresidente Carlos Mesa.
“Voy a pedir que el Ministerio de Defensa y otras instituciones inicien un juicio de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia, porque lo que hicieron es muy grave”, dijo Morales, tras hacer una evaluación de la sentencia en la reunión de gabinete junto a su equipo jurídico.
El pasado 30 de agosto, los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (que después renunció tras ser habilitado para las elecciones judiciales) y Rita Susana Nava Durán emitieron una sentencia contra los involucrados en el caso misiles, con penas que van sólo de dos a tres años.
Esta situación generó la indignación de las autoridades del Gobierno, porque consideran que en la entrega de los misiles de las Fuerzas Armadas de Bolivia a Estados Unidos se cometió un delito de traición a la patria y, por tanto, los responsables debieron ser condenados a 30 años de prisión.
“Los abogados, constitucionalistas y defensores de la patria seguramente explicarán en detalle este proceso (que se iniciará contra los magistrados), pero no se entiende cómo algunos juristas pueden ser cómplices de la traición a la patria”, agregó Morales, en una declaración de prensa efectuada ayer en Palacio de Gobierno.
Morales presentó la denuncia sobre el caso misiles chinos ante las autoridades judiciales cuando era diputado, después que algunos militares del país, a través de terceras personas, le hicieron llegar la información sobre ese hecho.
“Tuvimos conocimiento que el 3 de septiembre y 2 de octubre de 2005, altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas se pusieron al servicio del personal militar de la Embajada de EEUU, y de manera ilegal y delictiva ordenaron ejecutar, primero el acceso a la información secreta sobre la existencia y ubicación real de los misiles y, segundo, procedieron a la entrega y desactivación de dicho material despojando al Estado boliviano de su armamento bélico”, recordó.
Por eso, se presentó la proposición acusatoria contra los responsables, pero después de un largo proceso judicial, el pasado mes de agosto los jueces resolvieron penas que no convencen a las autoridades del Ejecutivo.
“El Tribunal no tomó en cuenta el delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, que contempla la sanción de 30 años de presidio; la traición a la patria tiene 30 años de cárcel y el desarmar a las FFAA es traición a la patria”, insistió Morales.
Además, ratificó su sospecha de que los miembros del TSJ posiblemente recibieron dinero para emitir un fallo benévolo contra los acusados, aunque luego admitió que no tiene pruebas de ese extremo.
Morales también se refirió a la parte final de la cuestionada sentencia, que involucra al expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa; desechó que él tenga alguna responsabilidad.
“En la prensa circuló que Carlos Mesa sería responsable y pedí que jurídicamente revisen si corresponde o no, pero el equipo jurídico me dijo que no corresponde, no es responsable de ningún juicio de responsabilidades el expresidente Carlos Mesa, eso me explicaron, porque aquí se trata de normas no se trata de acciones políticas”, apuntó.
La cuestionada sentencia del TSJ instruye la remisión de los antecedentes del caso ante el Ministerio Público, para que más adelante sea investigado Mesa por suscribir el Decreto Supremo Nº 28168, del 17 de mayo de 2005.
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