Saturday, November 18, 2017

“El Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida el crecimiento”

Hay quienes trabajan por los jóvenes en silencio y entonces una gran parte de la sociedad desconoce los resultados de su esfuerzo. Una de ellos es Christian Aramayo, conferencista en temas de empleo juvenil, objetivos de desarrollo sostenible e institucionalidad para el desarrollo desde organizaciones civiles y programas de formación.

Aramayo, ex vocal de Desarrollo Empresarial y Empleo del Consejo Departamental de la Juventud de Santa Cruz y ex director nacional del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo Bolivia, es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) y la Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (RELIDD).

En la primera de la entrevista que le hizo CAPITALES, publicada el martes pasado, calificó el comportamiento del mercado laboral boliviano como “irracional” porque “en vez de ganar cada vez más por cada título adicional de especialización, paga en una proporción menor a quienes se esfuerzan por estudiar más”.

En esta segunda parte se refiere a la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible, al concepto de “institucionalidad para el progreso económico”, al papel de la justicia en la economía y a la importancia de los liderazgos para una democracia y para el desarrollo de un país.

CAPITALES (C). ¿Cuál es la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible?

Christian Aramayo (CA). La participación de jóvenes bolivianos en los objetivos globales ha sido destacada por las características demográficas del país; Alejandro Leguizamón, de Cochabamba, por ejemplo, fue destacado a nivel de Sudamérica. Existen alianzas directas con las redes de la ONU gracias particularmente a la labor de los enviados para la juventud que tuvimos en los últimos años en Bolivia; hablo de Pablo Alpire y María Fernanda Ribera junto a los Voluntarios de las Naciones Unidas.

A pesar de la reciente vigencia de la agenda global 2030, la actividad de organizaciones juveniles ha sido muy intensa: los talleres de “Jóvenes por los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]” en alianza con la sociedad civil y universidades, como la Facultad de Ciencias Económicas de la UAGRM, y “Bolivia te quiero sostenible” de la JCI, han sido campañas exitosas de organizaciones juveniles. Otras, como la fundación TECHO, han correlacionado cada actividad que realizan todos los días con las metas específicas de los ODS; el rol de Siembra Juventud ha sido invaluable e incluso el escultismo boliviano incorporó la agenda 2030 a sus procesos internos. Si queremos un futuro promisorio, el desarrollo sostenible no es opcional y, hoy por hoy, Bolivia cuenta con organizaciones en la red mundial para la juventud de soluciones para el desarrollo sostenible.

C. ¿Crees posible la erradicación de la pobreza extrema en el mundo, de acuerdo con los Objetivos del Milenio? ¿Y en Bolivia, viendo sus particularidades?

CA. Hay que tomar en cuenta que, hasta comienzos del siglo XIX, el 95% de la población mundial vivió en pobreza extrema. Gracias a la innovación tecnológica, los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y la libertad económica, los avances han sido generosos en cuanto al progreso del ser humano y Bolivia no es la excepción.

En nuestro país, durante los últimos años, de 1996 a 2011 la pobreza extrema se redujo de 41.2% a 21% y al 2015 el indicador se encontraba en 16.8%. Si en tan solo 15 años se redujo la pobreza extrema en 20.2%, ¿qué nos induce a creer que no podremos reducirla en un 17% durante los próximos 15 años?

El Gobierno, pese a sus enormes y caros esfuerzos discursivos, terminó rendido ante los beneficios de la globalización y ante los principios fundamentales del mercado. La juventud se encuentra organizada para mejorar la realidad que recibe.

C. ¿En qué consiste la idea de la “institucionalidad para el progreso económico”? ¿Por qué es importante la institucionalidad para lograr el progreso en materia económica? ¿Hay confusión, generalmente, cuando hablamos de “institucionalidad”?

CA. Buena parte de los planteamientos económicos parten del supuesto de que oferta y demanda se encuentran y que no existen costes para que se encuentren ni para que transen, incluso los gobiernos suelen creer que pueden determinar un precio por decreto. El coste de que oferta y demanda transen es el coste de transacción, está definido por instituciones y resultó ser el determinante para el crecimiento de una economía en el largo plazo. Por ejemplo, una de las instituciones que eleva mucho los costes de transacción es el racismo y otra que los disminuye, la confianza.

Los costes de transacción se encuentran definidos por las instituciones y es importante observar que generalmente en discursos y diferentes publicaciones tratan a las instituciones como si fueran organizaciones. Es un error conceptual garrafal. Las instituciones son limitaciones que nos ponemos los seres humanos para tomar decisiones, las organizaciones son un grupo de personas con un interés en común.

Las instituciones funcionan como los mapas: uno sigue los que funcionan y desecha aquellos que no sirven. Existen instituciones formales (normas, leyes, decretos, etc.) e informales (valores, lenguaje, familia... básicamente, la carga cultural). Las instituciones informales supeditan a las formales, la clave en ambas es que sirvan para que podamos tomar decisiones. Es la calidad institucional —que define a los costes de transacción— lo que diferencia a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo. En un ambiente de confianza, el progreso se ve acelerado como pasó en los casos paradigmáticos de las dos Coreas, u observando a Bolivia, Santa Cruz durante la segunda mitad del siglo XX en comparación con otros departamentos. Ante la dinámica de la sociedad, si nuestras instituciones responden a esos cambios de la realidad objetiva, estamos hablando de eficiencia adaptativa.

C. ¿Cuál es el papel de la justicia en la economía?

CA. Gracias a Dios, los humanos somos imperfectos y actuamos en base a nuestro interés personal —que puede ser altruista o no—; para decisiones importantes y para aquellas que puedan contener riesgos considerables, necesitamos de una tercera parte a la que podamos apelar cuando exista alguna contingencia o algún incumplimiento. Esa tercera parte se encarga de hacer cumplir lo acordado, es decir, de administrar justicia.

A nivel de la sociedad, el Órgano Judicial es clave por una cuestión de costos y de poder. Si el Estado es controlado por un grupo o una persona, los incentivos en el mercado apuntan a que la aplicación de la norma y la Constitución —nuestro gran Contrato Social— en todo nivel sea de manera arbitraria, con consecuencias económicas funestas (la historia económica latinoamericana es ejemplar en este sentido). La corrupción puede institucionalizarse y los únicos que podrán acceder a la justicia son quienes tengan más poder o más dinero. ¿Quiénes resultan castigados? Los que cumplan las normas. Es como incidir en que las reglas de juego favorezcan a un grupo y ese grupo político con intereses económicos haga de juez y parte, literalmente.

Bajando a la discusión económica, no nos sirve un pacto fiscal si no se lo cumple, no nos sirve un INE si sus datos no son claros, y no nos sirve una ley —o la propia Constitución— si es contradictoria o nadie la entiende. Es lo que vemos con muchas licitaciones, y el caso ejemplar es el de Gabriela Zapata: si una empresa multimillonaria observa que el poder de decisión está controlado por un grupo o una persona, lo óptimo para esa empresa no es seguir la norma o pasos meritocráticos establecidos en la institucionalidad formal, sino contactarse con alguien del círculo de confianza de esa persona e incidir a través de ella en obtener los contratos. No es necesario tener preparación ni un horizonte ético mínimo para ello.

Esta forma de hacer economía es propia de la decadencia de la monarquía absolutista de Inglaterra —vea el caso de Ana Bolena— y además fue fuertemente criticado durante el siglo XVIII con el nombre de “mercantilismo”. ¿Qué frenó el poder de los monarcas en la civilización occidental? La división de poderes y la libre discusión de ideas. Así las cosas, el Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida nuestro crecimiento.

C. ¿Qué significado tienen los liderazgos para una democracia y para el desarrollo? ¿Se están formando líderes, en serio, para impulsar al país hacia su desarrollo?

CA. Los únicos que pueden realizar un cambio son las organizaciones políticas, en cualquiera de sus formas. No nos sirve de nada tener reformas que aceleren el proceso de desarrollo, si es que las organizaciones políticas no están interesadas en que estas reformas se mantengan. Es lo que ocurrió con la capitalización de YPFB: hoy el Gobierno está dispuesto a sacrificar el bienestar ambiental de generaciones futuras con tal de atraer inversiones que ya estaban garantizadas durante el proceso de la década de 1990.

Existe un cierto miedo a involucrarse en política, particularmente por los incentivos generados en la última década. Sin embargo, el surgimiento en los últimos dos años de perfiles interesantes es muy prometedor. No nos olvidemos de que a los abusivos y corruptos lo que más les incomoda es tener al lado a alguien con un horizonte ético intachable, por ello el Órgano Judicial tiene que tener fuertes componentes meritocráticos, y esto nos dice que la elección de magistrados y toda la crisis judicial dificulta el desarrollo. Bolivia necesita que los mejores jóvenes se involucren en política, creo que es cuestión de tiempo y un poco de más voluntad.

Gonzalo Hurtado Zamorano Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

Abogado con experiencia jurídica

Gonzalo Hurtado Zamorano

Perfil

Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas.
Maestría en Derecho Administrativo, Laboral y Tributario.
Diplomado en Derecho Constitucional.
Fue magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, vocal y presidente de la ex Corte Superior de Justicia.

Puntaje: 72,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Hemos estado casi 20 años dentro del Órgano Judicial, desde secretario, juez de instrucción, agrario, vocal y presidente del Tribunal Departamental, asimismo magistrado y presidente del Tribunal Supremo, es decir toda mi vida profesional al servicio de la administración de justicia y, en consecuencia, puedo identificar con precisión los problemas de nuestra justicia.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Institucionalizar los cargos jurisdiccionales, que no exista la transitoriedad y crear un mayor número de juzgados por población y por situación geográfica.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Crear la jurisdicción constitucional, una unidad de transparencia autónoma, crear una comisión de unificación de criterios y la institucionalización de los cargos.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Cuando se eligieron las anteriores autoridades (en 2011), no vino acompañado de leyes, eran las mismas normas de siempre, hoy se cuenta con cinco normas y falta una más, pero es una base para la transformación de la justicia.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Con la creación de la jurisdicción constitucional, los jueces ordinarios tendrán mayor tiempo para realizar su trabajo, y con leyes adecuadas a nuestra Constitución Política del Estado (vigente desde el 9 de febrero de 2009) y recursos humanos de excelencia se reducirá la retardación de justicia.

Se elegirá a nueve magistrados para el TSJ

En las elecciones judiciales del 3 de diciembre, las bolivianas y bolivianos elegirán a nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de los 36 preseleccionados por la Asamblea Legislativa.

La lista fue elaborada de acuerdo con los criterios de paridad de género y plurinacionalidad establecidos en las leyes 929 y 960, según Fuente Directa.

Por Chuquisaca los candidatos son: Lourdes Yolanda Barragán Careaga, Marina Durán Miranda, Lilian Paredes Gonzales de Durán y José Antonio Revilla Martínez; por La Paz: Rosmery Aliaga Apaza, Juan Carlos Berríos Albizu, Virginia Patty Torres y José César Villarroel Bustios.

Por Cochabamba están Nuria Gisela Gonzales Romero, Scarlett Carla Gutiérrez Rojas, Esteban Miranda Terán y Juan de la Cruz Vargas Vilte Laslo; de Oruro son Janneth Alarcón Rinaldo, María del Carmen Bejarano Mercado, Virginia Colque Calle y Marco Ernesto Jaimes Molina.

Por Potosí: Edwin Aguayo Arando, Elizabeth Arismendi Chumacero, Jorge Andrés Pérez Maita y Nelma Teresa Tito Araujo.

Tarija: María Cristina Díaz Sosa, Rolando Isidoro Espíndola Manguia, Ernesto Félix Mur y Zacarías Valeriano Rodríguez.

Los postulantes por Santa Cruz son Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Joyce Lizeth Choquerive Sossa, Olvis Eguez Oliva y Willian Tórrez Tordoya.

En tanto que por Pando los preseleccionados son Gonzalo Flores Céspedes, Ponciano Ruiz Quispe, Ricardo Torres Echalar y Rafael Zapata Ustaris; por el Beni Marlene Arteaga Vaca, Ramón Camargo Pedriel, Carlos Alberto Eguez Áñez y Mariana Montenegro Áñez.

El TSJ es una instancia independiente de los cuatro órganos del Estado y está sometido a la Constitución Política del Estado.

El Tribunal intensifica la difusión en el área rural

Los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz Freddy Cayo y Florencia Laruta informaron, por separado, que se intensificó el trabajo de difusión de méritos de los candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en el área rural.

“Como Tribunal Electoral Departamental estamos saliendo a las comunidades, personalmente, a socializar los méritos de los postulantes al Órgano Judicial”, declaró la vocal Laruta.

Cayo indicó que el trabajo es intenso a dos semanas de las elecciones judiciales del 3 de diciembre.

Dijo que las ferias son los lugares donde el personal se desplegó para entregar el material impreso que se elaboró para incentivar a la población a participar en los comicios judiciales.

Al igual que en la feria 16 de Julio de El Alto, donde se aprovecha la concentración de mucha gente. “También nos desplegamos en el Teleférico rojo”.

Además informó que el TED de La Paz desarrolla conversatorios informativos con las y los candidatos al TSJ y TCP en coordinación con instituciones públicas, organizaciones, sociales, universidades y la sociedad civil en su conjunto, interesadas en conocer los perfiles, trayectoria y las propuestas de las (os) candidatas (os), en cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Difusión de Méritos de las y los postulantes.

Ciudadanos tendrán tres minutos para votar el 3D

El coordinador del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Yamil Rivas Barrios, informó que la población que acuda a las urnas el 3 de diciembre tendrá tres minutos para ejercer su voto.

“La norma no indica ningún tipo de tiempo dentro del recinto reservado, pero se puede calcular tres minutos como máximo para votar”, señaló el coordinador de la Circunscripción 6.

La jornada de ayer el Tribunal Departamental Electoral (TED) realizó un simulacro de votación, en el que participó el presidente Antonio Condori Huanca.

Rivas explicó que toda persona que acuda a votar el domingo 3 de diciembre debe portar su cédula de identidad, como único documento válido para sufragar de acuerdo a norma.

El documento será verificado por el secretario de mesa y luego en la lista el elector deberá poner su huella; cumplido esto el Presidente de mesa entregará la papeleta que debe ser enseñada a los asistentes en la fila.

En cuanto a los tiempos, se ha establecido que las mesas inicien su trabajo a las 08.00 y se extiendan hasta las 16.00, para después dar paso al conteo de votos.

En cuanto a las maletas electorales, Rivas describió que éstas llevan un sello de seguridad; stikers de identificación, acta electoral, hojas de trabajo, ánforas, marcadores y todo el material administrativo.

Wednesday, November 15, 2017

Vélez dice que lo torturaron para que se inculpara

Edmundo Vélez, el hombre que estuvo cinco días detenido acusado de un crimen que no cometió, señala que fue golpeado por policías para declararse culpable.



"Me tiraron un manazo, me decían ¡por qué lo has matado!, luego me metieron a un cuarto, me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon", señaló Edmundo Vélez Andane, sobre la forma en que fue aprehendido y culpado por un crimen que no cometió.

El hombre que trabaja en una hacienda en Pedro Lorenzo, pide resarcimiento de daños, que se limpie su imagen y garantías por su seguridad.

El fiscal que llevaba adelante la investigación, Osman Arias, pidió disculpas a Vélez por lo sucedido y agradeció "a Dios porque no fue llevado a Palmasola".

Indicó también que el verdadero autor de la muerte de Félix Cortez Escóbar fue un ciudadano brasileño identificado como Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.

Fiscal pide disculpas por acusar a un inocente



Las pruebas arrojadas tras el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), que tiene al frente al capitán Cristian Sánchez, logró identificar al verdadero autor del crimen de Félix Cortez Escóbar. La Policía presentó al brasileño Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.

Por este caso fue detenido Edmundo Vélez Andame, que fue llevado a las celdas de la Felcc acusado erróneamente por el Ministerio Público. "Gracias a Dios este ciudadano no había sido remitido a la cárcel de Palmasola; considero que el daño es mínimo, como corresponde al Ministerio Público pedimos disculpas", dijo el fiscal Osman Arias.

Jefferson Roque Dos Santos Oliveira se hizo pasar como ‘testigo clave’ del hecho, como coartada. Sin embargo, el Iitcup halló sus huellas en una herramienta de trabajo y un machete usados en el homicidio.

El autor del crimen, que trabajaba en una quinta aledaña al lugar del hecho sangriento, intentó inculpar a su jefe, pero ante las evidencias de sus huellas dactilares terminó admitiendo su culpa como único responsable.

"Se cometió un error, como ocurre en todas partes", añadió el fiscal Arias que atribuyó a "la frialdad del brasileño Jefferson" que acusaba con tanta certeza a Vélez Andame de haber cometido el crimen.

El hombre que fue acusado de manera errónea agradeció a la Policía por su trabajo, pero a su vez, pidió que se le brinde una disculpa por lo ocurrido ya que mellaron su dignidad y lo señalaron de manera pública.

Experto jurista Pacto de San José no permite reelección como derecho humano

El presidente del Instituto del Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, afirmó que el Pacto de San José de Costa Rica no permite la reelección indefinida como un derecho humano de los Jefes de Estado, porque se contrapone al derecho del otro de elegir y ser elegido.

“No existe de manera directa ni indirecta, de manera tacita, sobreentendida o expresa, ninguna mención en la normativa del Pacto de San José de Costa Rica, que avale la pretensión política de que los jefes de Estado y de Gobierno puedan obtener como derecho relevante la reelección indefinida y esto porque subyace inmediatamente, una contraposición y antagonismo con el verdadero derecho de elegir y ser elegido”, dijo en una entrevista con Erbol.

Uno de los argumentos que establece la acción de inconstitucionalidad abstracta, que presentó el oficialismo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es que la los artículos que limitan la reelección de una autoridad de la constitución vulnera el artículo 23 de la convención americana de derechos humanos.

El artículo 23 de la Convención de Derechos Humanos establece que “todos los ciudadanos deben gozar de participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal que garantice la libre expresión de los electores...”.

MALAS INTERPRETACIONES

Rodríguez dijo que lamentablemente en América Latina, las interpretaciones normativas por la acción dinámica de la ideología y la política, han entendido de una manera ociosa, sesgada y muy interesada el “sensu stricto” de lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cualquier otro instrumento.

Sostuvo que no es compatible con la Convención, establecer una razón legal para que el Presidente pueda decir, vía este mecanismo, el camino a una reelección indefinida.

Aseguró que las fuentes del derecho internacional no permiten esta visión, donde la reelección indefinida es un derecho humano de los Jefes de Estado, pero además son creativas para darse un espacio supranacional que es la propia Corte Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos.

“Nada ni nadie puede arrogarse un acto interpretativo de lo que dice un texto, es la hermenéutica panamericana y tiene lo que se llama en el derecho internacional, una tradición jurídica muy pétrea pero que lamentablemente, que no ha respetado en la región cuando hemos tenido a presidentes exdictadores que se han querido mantener en el poder”, manifestó.

ALTERNANCIA

El prestigioso jurista internacional peruano afirmó que América Latina no es el mejor ejemplo de lo que se significa la alternancia en el poder, que ha sido subordinada por el poder avasallante de los caudillos que han interpretado a su manera y eso no corresponde a la ley, y “por eso terminan siendo los dictadores que han terminado muy mal en la experiencia gubernamental en sus países”.

Tuesday, November 14, 2017

Elecciones judiciales Partidos de oposición promoverán voto nulo

Con el objetivo de socializar el voto nulo, autoridades del Concejo pertenecientes a partidos políticos de la oposición al gobierno del presidente Evo Morales, iniciarán diferentes movilizaciones y campañas para que de esta manera, en las elecciones del próximo 3 de diciembre el voto nulo pueda ser contabilizado como válido, según el concejal Oscar Huanca.

La autoridad perteneciente al partido en función de Gobierno municipal de la ciudad de El Alto indicó que uno de los principales objetivos es hacer cumplir el ordenamiento jurídico tal cual establecen las leyes, por lo que se debe socializar este derecho, tomando en cuenta que algunos candidatos al órgano judicial estarían realizando de manera abierta campañas por el voto válido lo que no está permitido.

SOMETIMIENTO

"Lamentablemente algunos candidatos se están dando a la tarea de hacer campañas en este sentido y con esta actitud la población boliviana está viendo que como siempre existirá sometimiento del Poder Judicial hacia el Gobierno central, además esta actitud manifiesta que será una antesala para que se pueda modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), para el tema de la reelección indefinida", explicó el concejal Huanca.

Según la autoridad del Legislativo edil, con la exigencia de que se pueda aceptar el voto nulo lo único que se está efectuando es pedir el derecho a plantear el voto nulo, con la finalidad de tener la legitimidad que deben tener las autoridades judiciales, debido a que en el momento el órgano Judicial estaría totalmente sometido al poder político del partido en función de Gobierno nacional.

LEGITIMIDAD

De acuerdo con el concejal Huanca, uno de los objetivos del pedido de tomarse en cuenta el tema del voto nulo, para el tema de la contabilización y de esta forma poder verificar la certeza de una legitimidad de las autoridades que serán elegidas el próximo 3 de diciembre para las instancias del Tribunal Constitucional, la Corte Superior de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Concejo de la Judicatura.

"Para nosotros y la población en general, es una pena que el Tribunal Supremo Electoral, no quiera tomar en cuenta el voto nulo por lo menos para que la ciudadanía sepa sobre la legitimidad de los que serán elegidos en esta oportunidad", indicó la autoridad.

Para el efecto en los próximos días Oscar Huanca, afirmó que aquellas personalidades y políticos de oposición en la ciudad de El Alto, se sumarán a las acciones que se han iniciado en la ciudad de La Paz y todo el país en este sentido para socializar el voto nulo.

Caso de violación a hija Fiscal departamental y juez fueron denunciados

El fiscal distrital de La Paz, Edwin Blanco, y el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, fueron denunciados ayer por el Ministerio de Justicia y abogados de la víctima, en relación al caso del exfiscal Ricardo Condori, sindicado de violación a su hija de 16 años.

BLANCO

La denuncia en contra de Blanco fue presentada por la abogada de la familia de la víctima, quien señaló que el fiscal departamental incurrió en delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias para favorecer al exfiscal.

“Pedimos al fiscal general, Ramiro Guerrero, se pronuncie al respecto, pues se usó la movilidad de la Fiscalía, para proteger al imputado, además que se ha impedido el trabajo de la Policía”, aseveró la abogada de la víctima.

Anunció que se llamará a declarar al director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, capitán Jimmy Gonzales, y otros investigadores.

De la misma forma, el diputado Rafael Quispe anunció que se está pidiendo la ampliación de la denuncia contra el fiscal Blanco y el juez Pinto, señalando los mismos argumentos.

JUEZ PINTO

En el caso del juez Pinto, el Ministerio de Justicia interpuso ayer dos denuncias, una en la vía penal y la otra en el ámbito disciplinario.

Las encargadas de hacer la denuncia fueron la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, y la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán.

“Estamos haciendo la presentación de denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Publico y denuncia disciplinaria por faltas gravísimas ante el Consejo de la Magistratura contra el Juez Primero Anticorrupción, Ricardo Pinto”, explicó la Viceministra.

Las autoridades aseguran que el juez Pinto incurrió en prevaricato, al determinar, el 8 de noviembre, la detención domiciliaria en favor del exfiscal denunciado por la violación en contra de su propia hija, de 16 años.

Morales precisó que buscan la suspensión y destitución del juez que aseguran benefició al exfiscal con detención domiciliaria y luego retrocedió en esa medida para enviarlo con detención preventiva en el penal de Patacamaya.

Aseguró que el juez no valoró los antecedentes y dictó la detención domiciliaria, pese a que Ángela S., la menor de 16 años, seguía viviendo con su padre.

Condori fue denunciado por Judith S., madre de la menor, quien afirmó que su padre abusaba de ella desde agosto del año pasado, cuando fue a vivir con él.

CONTRAPARTE

De forma paralela, Johan Muñoz, abogado del exfiscal Condori, declaró que su cliente está siendo juzgado sin pruebas y señaló que hasta el viernes él había guardado silencio para cuidar la imagen de su hija, “esperando que ella diga la verdad”, pero al conocer que será remitido al penal de Patacamaya ha decidido decir su verdad, manifestó el jurista.

Explicó que las autoridades y quienes juzgan a su cliente deben conocer cuál era el comportamiento de Ángela S. y las razones por las que su madre pidió a Condori llevársela a vivir con él.

El viernes, el exfiscal Condori lamentó su situación, negando los cargos, dijo tener confianza en que su hija desmentirá las denuncias, pero observó que no se esté realizando una investigación adecuada y señaló que en el mismo informe de la Policía se verifican dos hechos importantes.

Primero, que la menor declaró haber mantenido relaciones sexuales con su enamorado, desde hacía dos meses, y que la última fue dos días antes de ser denunciado, es decir el domingo.

El abogado Muñoz adelantó que para desmentir la versión de la hija se está pidiendo que se cite a declarar a 18 personas, entre ellas tres menores para quienes pide garantías, pues conocen el entorno de amistades y cómo conseguía las pastillas anticonceptivas que fueron citadas como un indicio en contra de Condori.

El exfiscal, en entrevista con este medio, precisó que hace más de dos meses, cuando su hija Ángela S. fue detenida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Adela, en completo estado de ebriedad, se decidió que por seguridad, la menor también podría ir a dormir a la casa de la madre.

Pero que bajo ese pretexto ella salía de la casa diciendo que iba a dormir a la casa de su madre.

Consejo de Magistratura y Tribunal Agroambiental 50% de postulantes incumplió plazos

El 50 por ciento de los postulantes a tribunos al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA) comenzaron la difusión de méritos antes del 19 de octubre, fecha fijada en el Reglamento de difusión que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Son alrededor de 13 postulantes de 24 para ambas instancias que comenzaron la difusión de méritos antes de la fecha establecida por el Órgano Electoral. La misma cantidad de postulantes publican videos que no tienen el sello del Órgano Electoral y en algunos de ellos inducen al voto de manera directa.

El calendario electoral definió condiciones para los postulantes a magistrados al Órgano Judicial, un período de difusión de méritos entre el 19 de octubre hasta el 29 de noviembre; uniformar hojas de vida ante el TSE y finalmente definir esa difusión de méritos.

DIFUSIÓN ANTICIPADA

El postulante al Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón Aliaga, cuenta con tres perfiles en Facebook, donde se publican las participaciones de foros, además de la difusión de sus méritos y existe un video donde incita a la población a que voten por su candidatura.

Sus publicaciones comenzaron los primeros días de octubre. Eligió el verde como su color.

Otro de los postulantes con más páginas en esta red social, es Omar Michel Durán, quien publicó varios videos que no están en los parámetros del TSE. En dos de ellos muestra que la población de Oruro apoya su postulación y pide a la población a que vote por este.

El 19 de octubre el postulante fue condecorado por la Asamblea Legislativa con el galardón “Chuquiago Marka de Oro”, premio a la honestidad, excelencia y superación destacando el esfuerzo y aporte de varias personalidades.

En las redes sociales circuló un video donde, Juan Michel Durán, funcionario del Consejo de la Magistratura y hermano del postulante hizo campaña en la localidad del Torno de Santa Cruz.

Las páginas fueron habilitadas desde la segunda quincena de septiembre, adoptó los colores verde y rojo para su campaña.

En tanto, los postulantes Mónica Céspedes Machicao, Noel Antonio Humboldt Kovacev y Mirtha Gaby Meneses tienen cuentas en esta red social pero no realizan mayores publicaciones que la propuesta de trabajo y el video elaborado por el Órgano Electoral.

AGROAMBIENTAL

El contendiente Juan José García Cruz tiene un perfil habilitado el 19 de septiembre, dos días después comienza la socialización de su trayectoria como especialista en derecho agroambiental y destaca las propuestas de trabajo para mejorar esta instancia.

Otro de los casos es la postulación de Alberto Hugo Miranda, quien tiene el registro de tres cuentas: el primero es personal donde muestra fiches de sus propuestas, además la imagen de una boleta de sufragio donde solo está su imagen.

En otra de los perfiles, exhibe imágenes de un encuentro con sectores sociales de las comunidades interculturales en la región Ichilo del departamento de Santa Cruz, donde presenta su candidatura y sus propuestas para mejorar la Justicia.

El artículo 5 del Reglamento aprobado por el TSE define como “campaña electoral”, las caminatas y las marchas; asimismo, el inciso a del artículo 20 prohíbe a los candidatos realizar campaña electoral.

“Las candidatas y los candidatos, desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional al Tribunal Supremo Electoral, bajo sanción de inhabilitación, estarán prohibidos para: a. Solicitar el voto por su candidatura u otras, ya sea a través de propaganda en medios o mediante campaña electoral” señala el documento oficial.

Monday, November 13, 2017

Candidatos adelantaron campaña en las redes


El calendario electoral definió tres condiciones para los candidatos a magistrados al Órgano Judicial: periodo de difusión de méritos entre el 19 de octubre hasta el 29 de noviembre; uniformar hojas de vida ante el Tribunal Supremo Electoral; finalmente definir esa difusión de méritos; sin embargo, varios candidatos incumplieron lo establecido en el calendario y en el Reglamento de difusión de méritos.
EL DEBER realizó una revisión de todas las cuentas de los 72 candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y encontró que en algunos casos abrieron más de una cuenta en redes sociales. En otros casos usan su misma cuenta personal y la mayoría abrió grupos en Facebook que les permite tener adherentes. Pero 21 de los 72 postulantes revisados ya realizaban campaña desde el mes de septiembre y en todos los casos los infractores son candidatos al TSJ.
Es el caso de Ramón Camargo Pedriel, quien tiene dos páginas, en una pareciera familiar porque no hay publicaciones actuales; en la segunda está su campaña porque ahí se presenta y enumera todo su recorrido. Abrió su página el 14 de septiembre. Camargo Pedriel es candidato al TSJ por el Beni.


El segundo caso es de Carlos Égüez Añez, que tiene tres perfiles, en dos presenta sus méritos y sus adherentes piden el voto de forma directa; la primera publicación de las tres páginas revisadas es del 1 de octubre.
Juan de la Cruz Vargas tiene registro de dos perfiles, una con su nombre, no hay campaña, solo afiches con su propuesta; la segunda, denominada “amigos de Juan de la Cruz”, está toda la campaña, incluye fotos de sus viajes. El sitio fue creado el 29 de septiembre y desde entonces publica fotos de su campaña.


La candidata al TSJ por Chuquisaca Marina Duran Miranda figura en una sola página. Su actividad se restringe a recintos militares, incluso creó un lema “humanizar la justicia” y el sitio está activo desde el 2 de octubre.
Su contendiente Lilian Paredes Gonzales, también creó un lema, “justicia en tus manos” y su afiche refiere, “Lilian Paredes Gonzales al Tribunal Supremo de Justicia”. Ese cartel figura en las redes desde el 26 de septiembre.
El muro de Janneth Alarcón Rinaldo está activo desde el 10 de octubre y no hay campaña, solo su hoja de vida y su participación en los actos que organizan las instancias electorales.


Virginia Colque Calle, también candidata al TSJ por Oruro, creó la página el 20 de septiembre y empezó a publicar sus méritos el 11 de octubre.
Gonzalo Flores Céspedes creó su página el 6 de octubre y en el afiche refiere que es “página oficial” y publica sus caminatas y reuniones. Es uno de los candidatos que asumió colores de su candidatura, el verde y blanco y coloca su lema, “por una justicia justa, pronta y transparente”.
También por Pando candidatea Ricardo Torres Echalar y en su página, que fue creada el 18 de septiembre, figura toda su campaña e igual que sus contendientes, tiene su propio lema, “nace la esperanza para transformar la justicia”.
El candidato por Potosí Edwin Aguayo Arando tiene un perfil y en él hay seis videos promocionales y adoptó el lema “un abogado del pueblo para el pueblo” y desde el 4 de octubre figuran las publicaciones.


En el caso de Jorge Andrés Pérez Maita, se pudo encontrar tres cuentas, una familiar, la segunda donde figura toda su campaña, con fotos, videos y presentaciones, que fue creada el 5 de octubre, y una tercera que también tiene publicaciones de su campaña, creada un día después.
Por Santa Cruz, la candidata Teresa Ardaya Pérez, publica en su cuenta videos y afiches de sus participaciones. Su página fue creada el 14 de septiembre y las publicaciones empiezan ocho días después. Su lema es: “Para cambiar la justicia hay que conocerla por dentro”.


En el caso de la candidata Joyce Choquerive Sossa, tiene una página personal en la que comenzó a publicar desde el 11 de septiembre y adoptó como lema, “El cambio en la justicia es cambiar a los administradores de la justicia”.
Olvis Égüez Oliva inauguró su página el 8 de septiembre con una foto en el TDE y la explicación del reglamento de difusión y su lema es “cambio generacional que combata la corrupción en la justicia”.
Williams Tórrez Tordoya, también candidato al TSJ por Santa Cruz, creó dos cuentas y en una de ellas publica toda su campaña, empezando por un video en el que presenta a su familia. Esa página está activa desde el 15 de septiembre.
Por Tarija, el candidato Rolando Espíndola Manguía inicia sus publicaciones con su participación en la comisión mixta de Constitución donde explica su propuesta, fue el 25 de agosto.
Finalmente está el candidato Félix Mür Ernesto, tiene activa su página desde el 1 de septiembre, aunque publica un solo video y luego fotos de su participación y afiches de seminarios.

En el TCP
Los candidatos del TCP tienen otra particularidad. Realizan campaña callejera en caminatas que ellos mismos publican y describen que hacen conocer sus méritos y su propuesta de ser electos.
Sin embargo, el artículo 5 del Reglamento aprobado por el TSE define como “campaña electoral”, las caminatas y las marchas; asimismo, el inciso a del artículo 20 prohíbe a los candidatos realizar campaña electoral.


“Las candidatas y los candidatos, desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional al Tribunal Supremo Electoral, bajo sanción de inhabilitación, estarán prohibidos para: a. Solicitar el voto por su candidatura u otras, ya sea a través de propaganda en medios o mediante campaña electoral” señala el documento oficial; pero candidatas como Eve Mamani Roldán realizan caminatas y marchas y las fotos las publican en sus cuentas.


En dos candidatas al TCP por Oruro se observa cómo realizan sus caminatas e incluso adoptaron colores como un candidato político, por ejemplo Eve Mamani tiene los colores verdes y tiene personas que la acompañan y también lucen el mismo atuendo.
Asimismo, el TSE dispuso que los candidatos debían enmarcarse en la forma y estilo de publicación de sus hojas de vida y propuesta, pero solo algunos de los candidatos respetaron esas reglas, la mayoría adoptó modelos distintos y colores distintivos que los utilizan en todas sus publicaciones, pese a estar prohibidas.

Exfiscal Condori da su versión “Sé que mi hija va a decir la verdad”

El exfiscal Ricardo Condori, quien la pasada semana fue centro de la polémica, a raíz de la denuncia presentada por supuesta violación en contra de su hija de 16 años, dio su versión. Niega los cargos y afirma que la adolescente mintió a raíz de problemas familiares que tuvieron, pero que ella no ha medido el daño que se le ocasionó y asegura que “confía” en que dirá la verdad para revertir “la muere civil” que la sociedad ha dictado en su contra sin tener pruebas ni escuchar su versión.

SOY INOCENTE

“Yo sé que mi hija va a decir la verdad, que soy inocente, porque precisamente en la audiencia cautelar (del 08 de noviembre) ella estaba ahí, ella quería desmentir todo esto; ha preguntado por su papá, pero no le ha dejado su mamá; se la ha sacado. Y hay testigos de todo eso”, son parte de las breves declaraciones que el exfiscal Condori dio a EL DIARIO el pasado viernes 10 de noviembre, antes de ser conducido a celdas judiciales.

PELEAS

Condori asegura que tras la denuncia en su contra, está la presión de Judith S., madre de la adolescente con la que nunca convivió y no tuvo otra relación que el pago de pensiones, hasta el año pasado cuando su hija lo comenzó a llamar y le pidió irse a vivir con él.

Judith S. confirmó la versión de que su hija había “cambiado”, pero Condori señala que el cambio se dio antes de que vivan juntos y luego de una de las varias peleas que la madre tuvo con su actual pareja donde la menor salió golpeada.

Debido al riesgo que corría con el padrastro, el cambio de tutela –señaló– se dio con la firma de un documento privado, bajo el tenor de “acuerdo transaccional”, en el que la mujer cedía la custodia a Condori, y evitar que un juez imponga pago de pensiones a la madre, que con cinco hijos de tres diferentes parejas no hubiera logrado cumplir.

Son esos datos los que Condori pone en contexto para señalar que existen contradicciones en la versión que Judith S. dio a los medios de comunicación y que es un interés económico el que mueve a la madre; asegura que presiona a su hija.

DOCUMENTOS

Para corroborar la versión, Condori anuncia la declaración de varios testigos, la presentación del certificado médico forense sobre la agresión que sufrió su hija en la pelea entre su madre y el concubino; el documento firmado sobre la custodia y peritajes técnicos que establecerán el trato mutuo que se daban.

TESTIGOS

Por su lado, Johan Muñoz, abogado de Condori, precisó que se convocarán a 11 testigos de descargo, entre ellos, tres menores, para quienes se está pidiendo las medidas de protección que correspondan para que declaren en cámara gessell, con el fin de tener con claridad el perfil psicológico sobre la conducta que la menor tenía antes de los supuestos abusos en la casa de su padre.

ARRESTADA

Condori refirió que tuvo que sobrellevar varios incidentes a raíz de la conducta de su hija, desde agosto del año pasado, cuando tomó bajo su tutela a la menor y la llevó a vivir a la casa de su madre (abuela de la menor), donde él vivía junto a su actual pareja y sus dos hijos, y en la que asegura que no se cometió ningún abuso.

Entre los incidentes, hace algo menos de tres meses, uno quedó registrado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Adela, donde la menor fue llevada en completo estado de ebriedad, luego de ser sorprendida en un centro nocturno, bebiendo junto a otros jóvenes que la abandonaron y se dieron a la fuga.

Virginia M. S., actual pareja del exfiscal, también de profesión abogada, corroboró esa versión detallando que en esa ocasión, Condori, como había pasado antes, no logró la ayuda de la madre que no respondía al llamado y se enteraron de todo en horas de la madrugada.

La pareja de Condori refiere que la menor había causado daños a las dependencias de la defensoría, donde marcó las paredes; pasó la noche gritando insultos y aseguró haber sufrido agresión por parte de su padre, pero días después pidió disculpas y se retractó de volver con su madre.

Asevera que inquilinos de la casa y vecinos son testigos de que en otra ocasión, la adolescente, también en estado de ebriedad, fue llevada a casa por su propia madre, comprobando la mala conducta que esta presentaba desde antes de vivir con el padre.

ERA UNA FAMILIA

Virginia M. S. señalando estar cansada del problema que ha dejado afectada a toda su familia, desmiente a la madre de la adolescente, y asegura que hace nueve años viven juntos.

“Por nuestros trabajos, mis dos niños se quedaban al cuidado de mi hermana de lunes a viernes. Por la noche, el doctor (Condori) venía a recogerme o yo le daba alcance, llegábamos a casa y cenábamos en familia; el fin de semana cuando él no tenía turno era la convivencia de una familia normal (...) sabíamos que (la hija) había tenido problemas, pero ahora recién nos estamos enterando de las cosas que hacía y de lo que es capaz”, aseveró la actual pareja de Condori, quien señala que su familia está impactada al saber que el padre de sus dos hijos será remitido al penal de Patacamaya, y teme por su vida.

Por su lado, Condori refirió que por sus horarios de trabajo, por lo general de 08.00 a 22.00 su hija quedaba sin vigilancia, pero almorzaba con su abuela a su llegada del colegio.

PASTILLAS

Sobre la versión de que la menor recibía pastillas anticonceptivas del padre, luego de los supuestos abusos, Muñoz adelantó que ya se tiene elementos para desmentir este extremo y revelar cómo es que la adolescente tenía acceso a esas pastillas y por qué las ingería.

Muñoz detalló que en los informes, se señala que la menor había mantenido relaciones sexuales con su pareja dos días antes de la denuncia.

También refiere, que Judith S., en sus declaraciones, admitió que su hija tendía a mentir y refiere la mala conducta de la adolescente, aunque ante los medios, la misma señaló que el comportamiento de su hija, se debía a los abusos y las amenazas de las que era víctima.

Pero Muñoz señala otra contradicción y observa que en la declaración de la madre se dice que ella conocía de los supuestos abusos desde septiembre, por lo que dudan de la finalidad de callar una denuncia tan grave por dos meses.

PROTECCIÓN

El caso tomó relevancia debido a que el pasado martes por la noche, el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, capitán Jimmy Gonzales, denunció “la protección” de la Fiscalía de Distrito en favor de Condori, impidiendo que el mismo sea filiado y escoltado como procede en todos los casos.

Ante las denuncias, críticas y una falta de aclaración por parte del fiscal departamental, Edwin Blanco, el jueves se informó que Condori había sido “destituido” y que se había presentado la apelación a la detención domiciliaria que el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, le había concedido, calificándola de prevaricadora.

Ante la presión mediática, con el pronunciamiento del Gobierno de por medio, el viernes, el juez Pinto revocó esa medida y se envió a Condori a Patacamaya.

De las declaraciones de ambas partes, se tiene que el fiscal luchó por no ser encarcelado por el temor a represalias de varios delincuentes a los que envió a la cárcel, donde ahora él también debe ser remitido mientras avanzan las investigaciones para esclarecer quién miente.

MUERTE CIVIL

“Ya me han causado todo el daño, me han juzgado sin pruebas y las personas que me han condenado, sólo serán juzgadas ante Dios. He asumido defensa y hay varias pruebas con las que voy a probar mi inocencia (…). Todo este tiempo no he salido a la prensa por cuidar la imagen de mi hija, pero esto ya ha salido de límite, ya no puedo más, me han dado una muerte civil”, lamentó el exfiscal Condori antes de ser ingresado a celdas judiciales de donde será trasladado a Patacamaya en las próximas, y quedará a la espera de que su hija se retracte.

Encarcelan a exfiscal acusado de cobros indebidos

El exfiscal Walter Antezana Lora fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola en Santa Cruz, por presuntamente haber pedido $us 10 mil a un ciudadano a cambio de no aprehenderlo por un caso de avasallamiento en Camiri, Santa Cruz.

“La audiencia se desarrolló en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de la capital oriental, donde la Comisión de Fiscales presentó los elementos de convicción que evidencian que Antezana Lora es autor del delito imputado”, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar.

El acusado fue imputado por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes. Tras ser sorprendido en un ilícito, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, procedió con su inmediata destitución.

Según las investigaciones, Antezana exigió dinero a un implicado en avasallamiento para otorgarle libertad irrestricta, luego de recibir los montos acordados habría “escondido en una caja de tóner los 10 mil dólares”, señaló Larrea.

La semana pasada, el Fiscal General destituyó a tres fiscales; dos en Santa Cruz y uno en La Paz.

Antes del fallo del TCP Morales asegura triunfo para 2019

Antes de conocerse de forma oficial el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la tercera repostulación del presidente Evo Morales, este aseguró ayer que si va a las elecciones presidenciales en 2019 ganará con más del 70 por ciento de los votos.

“Ganamos con más del 50 por ciento, 60 por ciento. Si vamos a las elecciones (2019) y desafío a la derecha. La próxima vamos a ganar con más del 70 por ciento de votos, vamos a seguir acercándonos a la democracia popular, la verdadera democracia. No estamos muy lejos de eso”, afirmó el mandatario.

Morales remarcó que su gobierno se caracteriza por practicar la “verdadera democracia” para elegir a las autoridades de Estado y no la “dedocracia”.

“Nosotros practicamos la democracia, aquí el pueblo con su voto elige a presidente y no el Congreso. En los gobiernos neoliberales, los partidos políticos se juntaban, como no tenían mayoría hacían alianzas y levantaban los dedos y así elegían, eso es la dedocracia”, dijo.

“INFILTRADOS”

Asimismo, el mandatario expresó su molestia por presuntas irregularidades de funcionarios públicos en la prestación de servicios básicos. Aseguró que hay gente infiltrada pero que pondrá orden.

“No falta alguna gente infiltrada que quiere hacer quedar mal a Evo, al Gobierno, al proceso. Nos conspiran”, aseguró y agregó que algunos técnicos son los que sabotean los servicios para perjudicar a las autoridades.

“Ya se acabó que nos sigan chupando tetillas, hay que cambiar, hay que poner orden”, manifestó el presidente Evo Morales, a tiempo de exigir un funcionamiento eficiente del sistema de energía eléctrica en la localidad de Villa Tunari, en el Chapare donde entregó una subestación eléctrica.

El mandatario señaló que con esta instalación ya no tendrían que haber cortes de energía en esa región, pero advirtió que si persisten los problemas hará “rodar cabezas”. “Así van a aprender algunos que nos engañan”, dijo.

Elecciones judiciales Postulantes adoptan colores y lemas para difundir méritos


PASTOR MAMANI POSTULANTE AL ÓRGANO JUDICIAL QUE SE PROMOCIONA EN LAS REDES SOCIALES. GALERÍA(3)
[Move to Panel 1]

Los 64 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia habilitados para las elecciones judiciales difunden sus méritos a través de las redes sociales. La mayor parte de las cuentas fueron abiertas antes de la fecha establecida por el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral, al menos cuatro de ellos piden el voto de manera directa y algunos adoptaron colores para promocionarse.

EL DIARIO realizó una evaluación del comportamiento preelectoral de los aspirantes al Órgano Judicial a través de las redes sociales y constató que un total de 21 postulantes cuentan con más de dos cuentas oficiales en Facebook, una cuenta personal donde solo publican fotos familiares y la segunda están las publicaciones de sus méritos, encuentros y los lugares donde viajaron para socializar sus propuestas.

En las cuentas también se observan que al menos nueve de los postulantes adoptaron varios lemas y frases que los caracteriza en toda la difusión de su trayectoria y la presentación de propuestas.

La Asamblea Legislativa eligió a 96 postulantes para el Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, de los cuales 64 son para el TCP y TSJ. El próximo 3 de diciembre la población deberá escoger a 36 magistrados, 18 para cada uno de los Tribunales.

PERFILES

En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), solo cinco de los postulantes tiene dos cuentas, entre ellos se destaca al postulante Marco Antonio Justiniano Mejía del departamento del Beni, el cual tiene cuatro cuentas: el Beni con Marco Justiniano, Rurrenabaque Te Apoya..!!!, San Borja Te Apoya, El Beni Te Apoya!!!!! y Jóvenes Con Marco Justiniano, en estos perfiles personas ajenas publicitan la candidatura del postulante.

Estas páginas fueron abiertas entre el 20 y 23 de octubre después de que el Tribunal Supremo Electoral habilite la difusión de méritos de todos los postulantes a través de medios de comunicación.

Cuatro de los postulantes tiene dos cuentas, en la que destaca la de Eve Carmen Mamani Roldan del departamento de Oruro, donde manifiesta que tiene todo un equipo a su disposición para trabajar. En sus cuentas exhibe fotos y videos de sus actividades.

El resto de los postulantes cuentan con un solo perfil donde muestran sus actividades académicas y la presentación de sus propuestas.

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 16 de los postulantes cuentan con más de dos perfiles, donde se destaca la del Juan Carlos Berrios Albizú, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene cuatro cuentas: la primera es su perfil personal, la dos, “Amigos De Juan Carlos Berrios Albizu”; “Dr. Juan Carlos Berrios, seguimos contigo” y una cuarta, “Juan Carlos Berrios Albizu-unidos El Alto-La Paz”, se propagan sus participaciones en medios de comunicación y sus simpatizantes publicitan sus actividades.

El postulante José Cesar Villarroel Bustios, también de La Paz, tiene cuatro páginas, en dos perfiles publica sus logros académicos la participación en seminarios y los reconocimientos que recibió, en los dos restantes: “Todos somos José Villaroel” y “Amigos de José Cesar Villaroel Bustios”, pero en ninguna de estas hace campaña, solo están sus propuestas y algunos afiches.

Solo 14 postulantes abrieron perfiles y no registran actividades o en algunos casos no tiene cuentas en las redes sociales.

PROPAGANDA ABIERTA

Si bien estos postulantes anteriormente mencionados difunden sus méritos y personas ajenas a estas publicitan las actividades de los mismos y los apoyan en su candidatura, alrededor de cinco de los postulantes realizan campaña de manera abierta.

Entre ellos la de Herculiano Capusiri Casana postulante al TCP por el departamento de Potosí, existe un perfil con su fotografía donde llama al voto de forma directa.

Sin embargo, Capusiri denunció al TED de esa región que abrieron este perfil sin su conocimiento.

Carlos Alberto Eguez, postulante al TSJ por el departamento del Beni, también realiza campaña electoral de manera abierta y solicita el voto en ambos perfiles que habilitó desde el pasado 1 de octubre y el otro fue abierta el 30 del mismo mes.

Otra de las postulantes que induce al voto directo, a través de un video es Teresa Lourdes Ardaya Pérez, representante de Santa Cruz, creó su pagina el 14 de septiembre y a partir del 22 de ese mes comienza a difundir su candidatura.

REGLAMENTO

El reglamento de difusión de méritos que aprobó el Órgano Electoral establece en su artículo 21 las prohibiciones y sanciones: los postulantes bajo sanción de inhabilitación están prohibidos a solicitar el voto por su candidatura u otras, ya sea a través de propaganda en medios o mediante campaña electoral.

Hace más de dos semanas los asambleístas de oposición remitieron una denuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), esta fue devuelta porque no cumplió con el conducto regular, tomando en cuenta que estas denuncias deben ser remitidas a los Tribunales Departamentales y esta instancia es la que evalúa y determina una resolución.

El Órgano Electoral inhabilitó al postulante al TCP por el departamento del Beni, Hans Soruco Suárez, por la denuncia de que estaría induciendo al voto, del cual se evidenció que a través de redes sociales no realizó ningún tipo de campaña. El afectado presentó una apelación a esta determinación.

EXAUTORIDADES

La postulante al TSJ por el departamento de Potosí, Elizabeth Arismendi Chumacero, fue ministra de Defensa Social Legal del Estado en el primer período de gobierno de Evo Morales (2006).

Joyce Lizeth Choquerive Sossa fue acusada de tener vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), ya que su hermano, Heinz Darwin Choquerive Sossa, fue diputado suplente de ese partido en el segundo mandato de Evo Morales (2009-2014).

Por ultimo está el postulante Olvis Egüez Oliva que fue fiscal departamental de Pando, posesionado por Ramiro Guerrero.



Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Marcos Ramiro Miranda Guerrero



Perfil

Licenciado en Ciencias Jurídicas.
Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas.
Diplomado en Derecho Civil.
Fue vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, juez de Instrucción Mixto en Yacuiba y docente de la Universidad Privada el Chaco.

Puntaje: 68,1

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (TCP)?
Mi experiencia como juez instructor, fiscal de materia, juez de partido, vocal de la Corte Superior de Distrito, abogado libre, docente universitario, estos aspectos me permitieron conocer el tema de la justicia.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Es necesario coordinar con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia para designar vocales y jueces con vocación de servicio dando preferencia a los postulantes de cada departamento.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Que exista una sola sala en el Tribunal Constitucional Plurinacional y uniformar la jurisprudencia.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
No.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Abreviar todos los plazos procesales. Se compute el plazo para resolverlos recursos desde la radicatoria ante el tribunal de alzada. Es decir, en ese momento efectuar el sorteo.

Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Julia Elizabeth Cornejo Gallardo



Perfil

Nació el 9 de enero de 1980.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Juan Misael Saracho.
Maestría en Gestión y Políticas Públicas.
Diplomados en Gerencia Social y Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gerencia Pública,
Capacitadora e investigadora con publicaciones en gestión y autonomías, pluralismo jurídico y acceso a la justicia.
Autora de los libros Documento metodológico referido a Gestión y Fiscalización y Cuaderno de trabajo en gestión y fiscalización de asambleístas departamentales.

Puntaje: 64,5

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (TCP)?
Para mí fue una decisión natural, por tres motivos: mi experiencia de vida, la amplia formación académica y mi experiencia profesional, estos factores me han dado convicción por la plena realización de los derechos fundamentales de las personas, particularmente de las personas en condición de vulnerabilidad. Considero que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un espacio que me permitirá seguir contribuyendo a este propósito.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Trabajar con probidad y transparencia. En general, nuestro Estado debe adoptar una política estatal que garantice el acceso a la justicia, particularmente a la población en condición de vulnerabilidad. Creo que todas las instancias involucradas en el servicio de justicia deben tratar la problemática de manera sistémica, programada y articulada en el marco de una reforma al sistema de justicia.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia constitucional, propongo la creación de juzgados constitucionales con itinerancia programada de funciones en el territorio departamental, particularmente en zonas donde no existen juzgados ordinarios o presencia estatal. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales para promover la especialización en todo el país. Capacitación permanente y acceso amplio a las líneas jurisprudenciales a todos los actores del sistema de justicia y contribuir a fortalecer las garantías constitucionales de una administración de justicia con enfoque de género.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Es importante tener presente que la crisis del sistema de justicia en nuestro país tiene un carácter estructural que requiere la participación del Estado y la sociedad en el propósito de una reforma judicial. Las autoridades judiciales a ser electas deberán trabajar en contribuir y liderar dicha reforma judicial, garantizando la participación de la población. Las autoridades salientes deben contribuir a ello en este período de transición, resolviendo sus casos y la gestión de sus despachos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Son varios los problemas del sistema de administración de justicia en el país: corrupción y la débil transparencia, mora procesal y retardación de justicia, muestras de falta de independencia judicial, poco desarrollo del pluralismo jurídico e interculturalidad, deficiente enfoque de género generacional, débil presencia territorial, bajo presupuesto judicial, que repercuten en la confianza de la población en el sistema de justicia. Es preciso que el Estado defina una política pública de acceso a la justicia con todas las instituciones del sistema. La solución de la retardación de justicia exige programas de liquidación de causas que se encuentran en mora procesal, acuerdos internos respecto a las mejores prácticas para la resolución.

Saturday, November 11, 2017

Por fallo del Tribunal Constitucional Productores de coca en emergencia

Tras conocerse que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró legal los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca, la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se declaró en “estado de emergencia” y llamó inmediatamente a una reunión para analizar la situación.

El dirigente Franklin Flores informó a EL DIARIO que hoy darán a conocer las decisiones que tomen en relación al tema.

“Mañana (hoy) nos reuniremos todas las federaciones regionales y subcentrales a nivel de Los Yungas, todos los dirigentes y cuando termine la reunión, alrededor de las 11 de la mañana, informaremos de las conclusiones”, expresó Gutiérrez a este medio.

FALLO DEL TRIBUNAL

El TCP emitió ayer su fallo respecto al recurso de inconstitucionalidad abstracta que fue presentado meses atrás por legisladores opositores, cuestionando el artículo 16 de la Ley General de la Coca, que dispone las zonas autorizadas para el cultivo de coca, además de señalar que el límite de sembradíos es 22.000 hectáreas a escala nacional: 14.300 para La Paz y 7.700 para Cochabamba.

Sin embargo, la Sala Plena del TCP declaró: “la constitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca N° 906, de 8 de marzo de 2017, de acuerdo a los fundamentos vertidos precedentemente”, dice la parte resolutiva de la sentencia.

El organismo explicó que no advierte que los artículos impugnados de inconstitucionales vulneren el texto constitucional, “lo que deviene que las mismas resulten estar acordes con la Norma Fundamental».

Además, el TCP se refiere específicamente al artículo 16, observado por Adepcoca, en el que se menciona que “el Estado se reserva el derecho de establecer la extensión necesaria de la hoja de coca, destinada a propósitos lícitos, como la masticación tradicional, el consumo y uso en su estado natural (…), así como para cultivo y comercio, tomando las medidas necesarias para controlar el cultivo de coca con el fin de prevenir su abuso y la producción ilícita de estupefacientes que puede extraerse de las hojas…”.

DETALLE DE SUPERFICIES

El organismo del control constitucional expresa en la sentencia: “En relación a todo lo inherente al tema de la superficie cultivable y las zonas autorizadas previstas en la ley cuestionada, no se transgrede el artículo 384 de la Ley Fundamental, toda vez que dicha ley ha previsto los mecanismos legales e institucionales para regular y fiscalizar y controlar la producción de coca…”.

Acerca del aumento de la extensión de cultivos de coca hasta 22.000 hectáreas, establecido en la Ley General de la Coca, los demandantes sostienen que no sería fruto de un estudio o justificación técnica, y por ende inconstitucionales las zonas con registro y catastro.

No obstante, el TCP señala que “se evidencia que a través de la Ley 392 de 2013, el Estado boliviano ratificó la reserva interpuesta al artículo 49 (en diferentes incisos) de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (…) mediante el cual el Estado se reserva el derecho de establecer la extensión necesaria de la hoja de coca, destinada a propósitos lícitos, como la masticación tradicional, el consumo y uso en su estado natural (…) así como para cultivo y comercio, tomando las medidas necesarias para prevenir su abuso y la producción ilícita de estupefacientes que puede extraerse de las hojas…”.

Asimismo, sostiene que la Constitución Política del Estado tiene la supremacía respecto a otras normas y que ésta es la base para la emisión de otras disposiciones legales infra constitucionales.

ADEPCOCA

Tras conocerse el fallo, los cocaleros de Los Yungas se reunieron de emergencia en su sede de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, para tratar el tema, pero no quisieron adelantar qué acciones tomarán.

“Por estrategia no quisiéramos decir quiénes estamos reunidos. Sabemos que Los Yungas está muy atento a la información. Las redes sociales y la tecnología tiene un gran alcance y tenemos muchas llamadas desde los Yungas, porque nuestros hermanos productores están totalmente molestos”, informó el dirigente cocalero Sergio Pampa, en contacto con radio Compañera.

PALABRA OPOSITORA

También surgieron repercusiones de la oposición, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta de Twitter: «TCP declara legal 22.000 hectáreas de cultivo de coca. Quiebran ley, benefician al narcotráfico».

el senador demócrata Yerko Núñez se pronunció por la misma red social con un escueto mensaje: «MAS coca MAS narcotráfico».

GOBIERNO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el fallo del TCP con el fallo a favor de la Ley General de la Coca demuestra la política coherente del Ejecutivo en ese tema.

«Poner esos límites y legalizarlos en una ley es una política coherente con lo que hemos venido haciendo estos años y el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de decirnos que eso es constitucional», dijo la autoridad a medios estatales.

Romero agregó que con ese fallo «podemos aplicar plenamente la Ley (de la Coca), además hemos establecido una superficie de tope de 22.000 hectáreas para el consumo tradicional. Esas 22.000 hectáreas no es una cifra arbitraria, a diferencia de la Ley 1008 que hubiese establecido 12.000 hectáreas, pero sin ningún fundamento técnico».

Friday, November 10, 2017

Piden su renuncia Fiscal Blanco se complica por caso de violación

El fiscal departamental Edwin Blanco complicó el panorama respecto de irregularidades en las que se dio detención domiciliaría al exfiscal Ricardo Condori, denunciado por la supuesta violación en contra de su hija y calificó de “problemas personales” los pedidos de su renuncia hechas desde el ámbito político.

El martes por la noche se conoció la denuncia de supuesta protección al exfiscal Condori, denunciado por presunta violación a su hija de 16 años, hecho que ocurría desde agosto del año pasado y que él mismo proporcionaba pastilla anticonceptivas para evitar el embarazo.

Ante las varias críticas que recibió el Ministerio Público de un supuesto encubrimiento de la denuncia contra el fiscal y las irregularidades denunciadas por el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), capitán Jimmy Gonzales, ayer Blanco salió en una breve conferencia de prensa, que dejó aún más dudas sobre el proceder de los fiscales, pese a que anunció investigar dichas fallas.

En primera instancia, descargó toda la responsabilidad sobre la resolución que beneficia al exfiscal Condori con la detención domiciliaria, en el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto.

“La Fiscalía Departamental de La Paz considera que es una resolución prevaricadora y en las siguientes horas va a emitir algunas decisiones a objeto de investigar, cuáles han sido los pormenores de esa situación”, aseveró Blanco.

Reiteró que no se protegió al fiscal, pero no aclaró las observaciones sobre el trabajo con la Policía y se limitó a decir que “no entendía el porqué de los ataques” a su institución, pero justificó señalando que estos se deben “porque ven –dijo–crecer a una institución y ven cómo tomamos decisiones en el marco de la ley”, aseguró.

Asimismo, informó que la resolución del juez Pinto fue apelada en horas de la mañana de ayer, dejando la duda sobre el porqué la fiscal Juana Cortez y la coordinadora de El Alto, Paulina Fernández, no apelaron la determinación en audiencia del día miércoles.

Blanco, tampoco aclaró, las observaciones hechas por la abogada de la víctima, Ximena Nina, quien aseveró que el proceso corre el riesgo de ser desestimando por la mala representación de las fiscales.

Entre ellas el hecho de que la investigadora del caso no estuvo presente en la declaración informativa del exfiscal Condori y que tampoco lleva la firma.

Ayer el abogado de Condori, Johan Muñoz, reiteró esta observación y además observó que en dicha audiencia no se presentó el certificado de destitución contra su cliente ni la valoración psicológica.

Si bien para Muñoz, estos elementos ayudan a que su cliente pueda asumir mejor defensa y rechaza los cargos, en el caso de la abogada de la víctima asevera que estos elementos sólo dejan más dudas sobre la transparencia con la que maneja el caso la Fiscalía Departamental.

Blanco reconoció que el memorándum de “agradecimiento de servicios” para el exfiscal llegó al juzgado cerca de las 13.00 horas, pero anunció que de corroborarse un trabajo deficiente del personal encargado de hacer llegar el documento se procederá a su sanción.

TCP no acepta matrimonio de personas del mismo sexo

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró el jueves inconstitucional el parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, referida al ejercicio de los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales de las personas que cambiaron de identidad de género, entre ellos, el matrimonio.

El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la inconstitucionalidad del parágrafo II del art. 11 de la Ley de Identidad de Género en su frase “Permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”, establece la sentencia constitucional.

“Lo que dice la sentencia, es que la primera parte de la ley es constitucional, porque se entiende, porque si bien no es un derecho, es parte de un concepto de identidad que está garantizada, protegida por la Constitución Política del Estado, por lo tanto, se admite que se pueda cambiar de nombre, imagen y fotografía en el carnet de identidad”, explicó el secretario general del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Álvaro Llanos.

Precisó que esos cambios de datos generan nuevos derechos y dijo que esa situación aclara la sentencia al afirmar que el cambio de datos de sexo no conlleva necesariamente a ejercer todos los derechos.

“Se puede cambiar todo en el carnet de identidad, pero no significa que se pueda contraer matrimonio entre un hombre y un transgénero o una mujer y un transgénero, porque se entiende que es un cambio de identidad”, complementó.

Esa acción de inconstitucionalidad abstracta fue interpuesta por Maida Paz, Horacio Poppe y otros diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional en febrero de 2016.

Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, el fallo del TCP significa un “enorme retroceso” en materia de derechos para las personas con tendencias sexuales distintas.

“Me parece un retroceso enorme en materia de derechos la sentencia Constitucional del TCP (por) que limita el ejercicio de derechos laborales, civiles y políticos”, afirmó la legisladora y anunció que realizará una revisión técnica y detallada de la sentencia.

Tras conocido el fallo del TCP, en horas de la noche el movimiento GLBT de La Paz llegó hasta la plaza Murillo para protestar por la decisión de los tribunos y anunció que acudirá a instancias internacionales.

Desde las calles Oposición hará campaña por voto nulo este fin de semana

El diputado Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), anunció ayer que a partir de este fin de semana empezará la campaña por la vigencia del voto nulo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre. En tanto, el Ministro de Justicia considera que la convocatoria “va en contra de la justicia y del espíritu democrático”.

“Desde el fin de semana, este parlamentario y los compañeros de mi partido van a estar en la calle socializando en la ciudadanía las opciones de votación que tiene y por qué vamos a votar nulo. Vamos a explicarles (a los ciudadanos) caso por caso cuáles son las razones del voto nulo; con una papeleta en mano, les explicaremos que es su derecho y que está garantizado por la Constitución”, detalló el legislador.

Santamaría remitió solicitudes, en tres oportunidades, al Tribunal Supremo Electoral para que comience la difusión de las medidas legales que existen en las opciones de votación que tiene la ciudadanía: voto blanco, voto nulo y voto válido, tal como dispone el artículo 161, de la Ley de Régimen Electoral.

La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 161, establece que el electorado puede manifestar su voluntad mediante los votos válido, blanco y nulo.

Al respecto, la presidenta del TSE, Katia Uriona, en anterior oportunidad, dijo que no hay ninguna previsión en la normativa para llevar adelante campañas informativas por el voto nulo y blanco en las elecciones judiciales.

DIFUSIÓN

La presidenta del Órgano Electoral explicó que la entidad está informando en más de 350 medios de comunicación en todo el país sobre los sistemas de votación y que “lo que se computa en estas elecciones judiciales son los votos válidos, votos nulos y votos blancos”.

Además, indicó que el proceso de esta difusión fue dividido en tres partes: la primera fase se orientó sobre las competencias de cada una de las instancias del Órgano Judicial, la segunda comprende la difusión de los méritos y propuestas de los postulantes y, por último, se realizará la transmisión de informes sobre el sistema que existe legalmente para sufragar en los comicios electorales.

ATENTAR A LA DEMOCRACIA

Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, arguyó que la convocatoria al voto nulo que promueve la oposición para las elecciones judiciales va en contra de la justicia, del espíritu democrático y del sentimiento mayoritario de los bolivianos que demandan una mejor justicia.

“El Gobierno considera que las convocatorias al voto nulo, a no votar, a no participar en las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre, son llamamientos con daños a la democracia, a la justicia y al interés y necesidad que tiene el pueblo boliviano de buscar transformaciones en la administración de justicia”, afirmó en conferencia de prensa.

Además, manifestó que el Órgano Electoral, en cumplimiento de la Constitución y de la ley, está desarrollando una elección limpia y transparente, en la que el pueblo boliviano tiene la esperanza de contar con jueces, de ambos géneros, que construyan una mejor justicia en Bolivia.

María Inés Leytón de la Quintana Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

Perfil

Nació el 12 de abril de 1952 en la ciudad de Potosí.
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tomás Frías.
Maestría en Educación Superior.
Diplomados en Derecho Constitucional, Ciencias Penales, Educación.
Profesora de Filosofía, Psicología y Lenguaje.
Funcionaria del Órgano Judicial desde 1999 hasta 2011, asesora jurídica de varias instituciones públicas y privadas; docente de la ‘U’ Tomás Frías.
Autora de varios textos universitarios de procedimiento penal, Derecho Constitucional, entre otros.

Puntaje: 72,0

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Analizando la actual situación en la que se encuentra la administración de justicia que, de acuerdo con la opinión de la población, atraviesa una de sus peores crisis, por ello considero que todas y todos los profesionales que reunimos los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional tenemos el deber de apoyar a Bolivia con nuestra participación en las elecciones judiciales con el fin de sanear esta lamentable situación.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Una de las medidas estructurales debería ser garantizar la independencia judicial a través de la institucionalización de los cargos judiciales con acceso transparente con base en el concurso de méritos y examen de competencia, y verificación de antecedentes disciplinarios y/o penales de los postulantes a cargos, garantizando la carrera judicial sujeta a la evaluación de desempeño aplicada sistemáticamente de manera responsable por el Consejo de la Magistratura, controlando que las resoluciones judiciales sean pronunciadas de forma debida, fundamentadas y dentro de los plazos previstos por ley y evitar la retardación de justicia que afecta a la población.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Se debe lograr que el Tribunal Constitucional Plurinacional cumpla las funciones establecidas en la Constitución Política del Estado, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de todos los bolivianos, controlando que se cumpla el principio de la división de poderes, que cada jurisdicción actúe dentro del marco de sus competencias asignadas en la Constitución, contratando al personal idóneo que cumpla con el perfil profesional adecuado para el desempeño de sus funciones específicas, cuidar que la jurisprudencia constitucional desarrollada sea coherente y no contradictoria.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Son dos factores que pueden contribuir en una mejora de la administración de justicia, pero no son suficientes, por ello considero que es necesaria la creación de más juzgados en la jurisdicción ordinaria con operadores de justicia probos, transparentes, honestos, con conocimientos actualizados respecto a la normativa legal y jurisprudencia.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
El Consejo de la Magistratura debe controlar el cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales de justicia en sus diferentes materias y jerarquías, consecuentemente el oportuno pronunciamiento de las resoluciones judiciales dentro de los plazos previstos por ley debe formar parte de la evaluación de desempeño a la que están sujetos los jueces, correspondiendo someter a proceso administrativo y/o judicial a los jueces que incumplen sus funciones. Además incentivar el control social para que denuncien los afectados de la retardación de justicia ante las instancias que correspondan con el fin de aplicar las sanciones y agilizar los trámites procesales.

Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Herculiano Capusiri Casana

Perfil

Nació en una comunidad de la provincia Charcas de Potosí.
Licenciado en Derecho.
Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.
Diplomado en Interculturalidad.
Autor de los libros La justicia comunitaria y su compatibilización con la justicia ordinaria en el marco de la nueva Constitución
Política del Estado y El derecho comunitario, perspectivas del constitucionalismo plurinacional comunitario.

Puntaje: 71,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Si bien en 2011 hemos elegido autoridades judiciales, yo no he visto cambio en la justicia constitucional, por esa razón me he animado a postularme para poder dinamizar este proceso de transformación.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Fundamentalmente materializar lo que es la plurinacionalidad, eso implica una reestructuración en el Tribunal Constitucional, que actualmente funciona bajo la lógica del anterior Tribunal Constitucional. Lo único que se ha implementado es el tema de la descolonización y la jurisdicción indígena originario campesina, pero esas dos unidades tampoco producen jurisprudencia como para cambiar la justicia constitucional. Entonces lo que tiene que haber es una reestructuración total del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la base de la plurinacionalidad, que implica enfocar la administración de la justicia constitucional desde la lógica del pluralismo jurídico.

3.- ¿Qué SE DEBE hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Tenemos que asumir lo que es el pluralismo jurídico, las diferencias lógicas de la administración de la justicia porque en Bolivia tenemos un nuevo orden constitucional, sobre esa base tenemos que impulsar y dinamizar lo que son los principios y valores de los pueblos milenarios fundamentalmente. Ello nos coadyuvará a cambiar la justicia.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Claro que sí, sobre todo si es que hay propuestas. Yo hice un seguimiento riguroso al Tribunal Constitucional Plurinacional desde 2012, publiqué hace poco un libro al respecto, y el último capítulo incluye una propuesta para impulsar un cambio de la justicia constitucional. Si hay propuestas claras, precisas, es posible que se dé ese ansiado cambio de la justicia, de lo contrario no será posible, mucho depende de que el pueblo se fije propuestas que sean serias y sustentables.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Si es que se va a seguir trabajando en la lógica del inmovilismo jurídico, es difícil que cambie esta situación porque la justicia ordinaria es demasiado onerosa y ahí se arma el cuello de botella. Una justicia que es retardada no es justicia, se convierte en injusticia, por esa razón considero que debemos rescatar el modelo de administración de justicia indígena originario campesina, toda vez que vivimos dentro de un pluralismo jurídico que nos permite proyectar principios y valores fundamentalmente de la comunidad y poder proyectar para el cambio de la justicia.

Thursday, November 9, 2017

Destituyen a fiscal por presunto cobro de dinero


El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, destituyó ayer al fiscal de materia, Wálter Rafael Antezana Lora, que fue aprehendido por presunto cobro de dinero en un caso de avasallamiento de tierras, en Camiri.

“Por instrucción expresa de la autoridad ejecutiva del Ministerio Público se realizó un operativo encabezado por una fiscal anticorrupción de Santa Cruz quien se desplazó hasta la Fiscalía de Camiri para ejecutar esta acción”, informó el fiscal departamental, Freddy Larrea, al comunicar sobre la aprehensión del fiscal signado a Camiri.

Según las investigaciones del hecho, el fiscal destituito presuntamente habría exigido dinero a cambio de no emitir una orden de aprehensión, siendo pactada la entrega de la plata para las 16:00 del pasado miércoles.

“Tomando conocimiento de este hecho se desarrolló el operativo de manera inmediata, encontrando la suma de 10.000 dólares en el despacho del fiscal de materia, lo que derivó en la aprehensión de este ciudadano y el fiscal General determinó su destitución y procesamiento penal”, agregó Larrea.

La autoridad refirió que hay un mandato expresó de luchar frontalmente contra la corrupción dentro y fuera de la institución. “Enmarcados en ese principio y mandato se ha procedido con la aprehensión de este fiscal”, agregó Larrea.

El Ministerio Público presentará la imputación formal en contra de Antezana, por la presunta comisión de los delitos de concusión e incumplimiento de deberes y será la autoridad jurisdiccional quien determine fecha y hora de la audiencia cautelar.
El fiscal acusado fue traído a la capital cruceña anoche para ser presentado ante un juez cautelar hoy o mañana.

Santa Cruz Destituyen a fiscal por recibir “coima”

El fiscal de materia Walter Rafael Antezana Lora fue aprehendido y destituido de su cargo luego de que fue atrapado en flagrancia cuando recibió dinero por una “coima”.

Antezana recibió el soborno por un caso de avasallamiento de tierras en la localidad de Camiri en el departamento de Santa Cruz informó la Fiscalía.

De acuerdo con la relación de los hechos, este fiscal exigió un soborno a cambio de no emitir una orden de aprehensión y pactó la entrega del dinero para las 16.00 horas de ayer.

Entonces se desarrolló el operativo de manera inmediata encontrando la suma de 10 mil dólares en el despacho del fiscal, lo que derivó en la aprehensión de este ciudadano.

El fiscal general Ramiro Guerrero determinó la destitución de Antezana y su procesamiento penal correspondiente.

El Ministerio Público presentará la imputación formal en contra de Antezana Lora, por la presunta comisión de los delitos de concusión e incumplimiento de deberes.

Juez beneficia a fiscal denunciado por violación

El juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, benefició con detención domiciliaria al fiscal de materia de esa ciudad Ricardo Condori, quien fue denunciado por la presunta violación de su hija de 16 años de edad.

Ximena Nina, abogada de la madre de la víctima, anunció que apelaría la determinación del Juez y denunció una serie de irregularidades en el procedimiento, en las que incurrió la Fiscalía Departamental que dieron pie a que el sujeto permanezca en el lugar donde se presume cometió el delito, con el riesgo de que oculte o modifique pruebas, además de representar un riesgo para la menor que permanece desolada luego de romper el silencio y denunciar el hecho.

Por su lado, el abogado José Chambilla, que en medios radiales se presentó como representante del fiscal denunciado, afirmó que el juez Pinto no halló indicios de la probabilidad de autoría y que Ricardo Condori se encuentra tranquilo con esa determinación.

En contacto con nuestro medio, señaló que todo se trataba de una disputa familiar con la madre y que la señorita mantuvo relaciones con su enamorado y para evitar represalias inventó esta denuncia que le cuesta el cargo y la reputación al fiscal.

MADRE

Judit S., madre de la menor, descalificó este argumento y comenzó a dar detalles de cómo se dieron los hechos y señaló estar segura de que el padre de su hija recibe ayuda de la Fiscalía para encubrir el delito, por lo que exige su destitución y el retiro de su título de abogado.

La madre relató que su hija decidió ir a vivir con su padre hace un año y tres meses y que hasta antes de eso nunca tuvieron otra relación que no fuera la pensión que el fiscal Condori pagaba (Bs 400).

El padre contactó a la menor en el colegio y ella decide irse a vivir con él a su casa en la calle Sucre de la ciudad de El Alto, donde había dicho que vivía con su actual pareja y sus dos hijos, pero al poco tiempo la joven informa a su mamá que solo lo visitaban.

La madre relata que el lunes, una profesora del colegio la hace llamar para hablar sobre una presunta agresión que había sufrido la hija pero al no lograr hablar con la maestra, recoge a la menor y en su casa le revela los abusos de los que era víctima por parte de su padre.

Es así que concretan una cita con el fiscal Condori en la zona Garita de Lima de la ciudad de La Paz y ante los reclamos, el sujeto huye del lugar y el martes decide denunciar el hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto.

“Ella habló, le dijo en su cara: ¿por qué lo sigues negando? no me hagas más esto, quieres que te dé fechas, días, le gritó mi hija y luego ella se puso mal y mientras la atendíamos él (fiscal Condori) se ha escapado”, detalló la madre a EL DIARIO.

La madre señala que el abuso venía siendo cometido desde agosto del año pasado y en una ocasión el sujeto indujo a beber a la menor para luego abusar de ella.

La adolescente señala que era chantajeada por el padre que decía que de ser denunciado e ir a la cárcel perdería la vida pues los delincuentes que había enviado a la cárcel podrían cobrar venganza.

El mismo argumento fue planteado en la audiencia ante el juez Pinto y este lo favoreció con la medida sustitutiva.

IRREGULARIDADES

Nina precisó que el caso está viciado desde el momento que se toma la declaración de Condori, pues el martes, la fiscal Juana Cortez impidió que la Felcv cumpla su trabajo y que la investigadora esté presente o firme el documento. “Más adelante esto será objeto de un incidente y todo el caso se va caer”, aseveró.

También mencionó que de forma irregular, el fiscal denunciado fue traído a la ciudad de La Paz, sin escolta, y de la misma manera fue conducido a celdas judiciales.

Ayer se encontraron con la mayor irregularidad, pues no fueron notificadas con la hora de la audiencia cautelar que se instaló a las 10.15 horas y llegaron tarde para evidenciar que el juez Pinto concedió la detención domiciliaria al sujeto con solo la presentación de un certificado de la junta de vecinos y dos facturas de luz.

Nina calificó de inverosímil el hecho pues en los varios casos que tiene, ningún juez fue tan comprensivo, además que no tomó en cuenta la valoración psicológica de la víctima ni el peligro que representa para la menor, estando fuera de la cárcel.

TIENE TRABAJO

Otro elemento que jugó a favor del fiscal Condori es que presentó boletas de pago señalando que aún era fiscal.

Esto generó un comunicado tardío de la Fiscalía General que hizo conocer el memorándum de “agradecimiento de servicios” firmado por Ramiro Guerrero.

Ante todos estos hechos, Nina anunció la apelación de esa resolución que señala la detención domiciliaria, presentación cada semana y la presentación de dos garantes solventes por Bs 15.000. Además analiza el hecho de denunciar al juez Pinto ante el Consejo de la Magistratura.