Perfil
Nació el 9 de enero de 1980.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Juan Misael Saracho.
Maestría en Gestión y Políticas Públicas.
Diplomados en Gerencia Social y Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gerencia Pública,
Capacitadora e investigadora con publicaciones en gestión y autonomías, pluralismo jurídico y acceso a la justicia.
Autora de los libros Documento metodológico referido a Gestión y Fiscalización y Cuaderno de trabajo en gestión y fiscalización de asambleístas departamentales.
Puntaje: 64,5
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (TCP)?
Para mí fue una decisión natural, por tres motivos: mi experiencia de vida, la amplia formación académica y mi experiencia profesional, estos factores me han dado convicción por la plena realización de los derechos fundamentales de las personas, particularmente de las personas en condición de vulnerabilidad. Considero que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un espacio que me permitirá seguir contribuyendo a este propósito.
2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Trabajar con probidad y transparencia. En general, nuestro Estado debe adoptar una política estatal que garantice el acceso a la justicia, particularmente a la población en condición de vulnerabilidad. Creo que todas las instancias involucradas en el servicio de justicia deben tratar la problemática de manera sistémica, programada y articulada en el marco de una reforma al sistema de justicia.
3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia constitucional, propongo la creación de juzgados constitucionales con itinerancia programada de funciones en el territorio departamental, particularmente en zonas donde no existen juzgados ordinarios o presencia estatal. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales para promover la especialización en todo el país. Capacitación permanente y acceso amplio a las líneas jurisprudenciales a todos los actores del sistema de justicia y contribuir a fortalecer las garantías constitucionales de una administración de justicia con enfoque de género.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Es importante tener presente que la crisis del sistema de justicia en nuestro país tiene un carácter estructural que requiere la participación del Estado y la sociedad en el propósito de una reforma judicial. Las autoridades judiciales a ser electas deberán trabajar en contribuir y liderar dicha reforma judicial, garantizando la participación de la población. Las autoridades salientes deben contribuir a ello en este período de transición, resolviendo sus casos y la gestión de sus despachos.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Son varios los problemas del sistema de administración de justicia en el país: corrupción y la débil transparencia, mora procesal y retardación de justicia, muestras de falta de independencia judicial, poco desarrollo del pluralismo jurídico e interculturalidad, deficiente enfoque de género generacional, débil presencia territorial, bajo presupuesto judicial, que repercuten en la confianza de la población en el sistema de justicia. Es preciso que el Estado defina una política pública de acceso a la justicia con todas las instituciones del sistema. La solución de la retardación de justicia exige programas de liquidación de causas que se encuentran en mora procesal, acuerdos internos respecto a las mejores prácticas para la resolución.
No comments:
Post a Comment