Saturday, November 18, 2017

“El Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida el crecimiento”

Hay quienes trabajan por los jóvenes en silencio y entonces una gran parte de la sociedad desconoce los resultados de su esfuerzo. Una de ellos es Christian Aramayo, conferencista en temas de empleo juvenil, objetivos de desarrollo sostenible e institucionalidad para el desarrollo desde organizaciones civiles y programas de formación.

Aramayo, ex vocal de Desarrollo Empresarial y Empleo del Consejo Departamental de la Juventud de Santa Cruz y ex director nacional del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo Bolivia, es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) y la Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (RELIDD).

En la primera de la entrevista que le hizo CAPITALES, publicada el martes pasado, calificó el comportamiento del mercado laboral boliviano como “irracional” porque “en vez de ganar cada vez más por cada título adicional de especialización, paga en una proporción menor a quienes se esfuerzan por estudiar más”.

En esta segunda parte se refiere a la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible, al concepto de “institucionalidad para el progreso económico”, al papel de la justicia en la economía y a la importancia de los liderazgos para una democracia y para el desarrollo de un país.

CAPITALES (C). ¿Cuál es la participación de los jóvenes bolivianos en los objetivos globales de desarrollo sostenible?

Christian Aramayo (CA). La participación de jóvenes bolivianos en los objetivos globales ha sido destacada por las características demográficas del país; Alejandro Leguizamón, de Cochabamba, por ejemplo, fue destacado a nivel de Sudamérica. Existen alianzas directas con las redes de la ONU gracias particularmente a la labor de los enviados para la juventud que tuvimos en los últimos años en Bolivia; hablo de Pablo Alpire y María Fernanda Ribera junto a los Voluntarios de las Naciones Unidas.

A pesar de la reciente vigencia de la agenda global 2030, la actividad de organizaciones juveniles ha sido muy intensa: los talleres de “Jóvenes por los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]” en alianza con la sociedad civil y universidades, como la Facultad de Ciencias Económicas de la UAGRM, y “Bolivia te quiero sostenible” de la JCI, han sido campañas exitosas de organizaciones juveniles. Otras, como la fundación TECHO, han correlacionado cada actividad que realizan todos los días con las metas específicas de los ODS; el rol de Siembra Juventud ha sido invaluable e incluso el escultismo boliviano incorporó la agenda 2030 a sus procesos internos. Si queremos un futuro promisorio, el desarrollo sostenible no es opcional y, hoy por hoy, Bolivia cuenta con organizaciones en la red mundial para la juventud de soluciones para el desarrollo sostenible.

C. ¿Crees posible la erradicación de la pobreza extrema en el mundo, de acuerdo con los Objetivos del Milenio? ¿Y en Bolivia, viendo sus particularidades?

CA. Hay que tomar en cuenta que, hasta comienzos del siglo XIX, el 95% de la población mundial vivió en pobreza extrema. Gracias a la innovación tecnológica, los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y la libertad económica, los avances han sido generosos en cuanto al progreso del ser humano y Bolivia no es la excepción.

En nuestro país, durante los últimos años, de 1996 a 2011 la pobreza extrema se redujo de 41.2% a 21% y al 2015 el indicador se encontraba en 16.8%. Si en tan solo 15 años se redujo la pobreza extrema en 20.2%, ¿qué nos induce a creer que no podremos reducirla en un 17% durante los próximos 15 años?

El Gobierno, pese a sus enormes y caros esfuerzos discursivos, terminó rendido ante los beneficios de la globalización y ante los principios fundamentales del mercado. La juventud se encuentra organizada para mejorar la realidad que recibe.

C. ¿En qué consiste la idea de la “institucionalidad para el progreso económico”? ¿Por qué es importante la institucionalidad para lograr el progreso en materia económica? ¿Hay confusión, generalmente, cuando hablamos de “institucionalidad”?

CA. Buena parte de los planteamientos económicos parten del supuesto de que oferta y demanda se encuentran y que no existen costes para que se encuentren ni para que transen, incluso los gobiernos suelen creer que pueden determinar un precio por decreto. El coste de que oferta y demanda transen es el coste de transacción, está definido por instituciones y resultó ser el determinante para el crecimiento de una economía en el largo plazo. Por ejemplo, una de las instituciones que eleva mucho los costes de transacción es el racismo y otra que los disminuye, la confianza.

Los costes de transacción se encuentran definidos por las instituciones y es importante observar que generalmente en discursos y diferentes publicaciones tratan a las instituciones como si fueran organizaciones. Es un error conceptual garrafal. Las instituciones son limitaciones que nos ponemos los seres humanos para tomar decisiones, las organizaciones son un grupo de personas con un interés en común.

Las instituciones funcionan como los mapas: uno sigue los que funcionan y desecha aquellos que no sirven. Existen instituciones formales (normas, leyes, decretos, etc.) e informales (valores, lenguaje, familia... básicamente, la carga cultural). Las instituciones informales supeditan a las formales, la clave en ambas es que sirvan para que podamos tomar decisiones. Es la calidad institucional —que define a los costes de transacción— lo que diferencia a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo. En un ambiente de confianza, el progreso se ve acelerado como pasó en los casos paradigmáticos de las dos Coreas, u observando a Bolivia, Santa Cruz durante la segunda mitad del siglo XX en comparación con otros departamentos. Ante la dinámica de la sociedad, si nuestras instituciones responden a esos cambios de la realidad objetiva, estamos hablando de eficiencia adaptativa.

C. ¿Cuál es el papel de la justicia en la economía?

CA. Gracias a Dios, los humanos somos imperfectos y actuamos en base a nuestro interés personal —que puede ser altruista o no—; para decisiones importantes y para aquellas que puedan contener riesgos considerables, necesitamos de una tercera parte a la que podamos apelar cuando exista alguna contingencia o algún incumplimiento. Esa tercera parte se encarga de hacer cumplir lo acordado, es decir, de administrar justicia.

A nivel de la sociedad, el Órgano Judicial es clave por una cuestión de costos y de poder. Si el Estado es controlado por un grupo o una persona, los incentivos en el mercado apuntan a que la aplicación de la norma y la Constitución —nuestro gran Contrato Social— en todo nivel sea de manera arbitraria, con consecuencias económicas funestas (la historia económica latinoamericana es ejemplar en este sentido). La corrupción puede institucionalizarse y los únicos que podrán acceder a la justicia son quienes tengan más poder o más dinero. ¿Quiénes resultan castigados? Los que cumplan las normas. Es como incidir en que las reglas de juego favorezcan a un grupo y ese grupo político con intereses económicos haga de juez y parte, literalmente.

Bajando a la discusión económica, no nos sirve un pacto fiscal si no se lo cumple, no nos sirve un INE si sus datos no son claros, y no nos sirve una ley —o la propia Constitución— si es contradictoria o nadie la entiende. Es lo que vemos con muchas licitaciones, y el caso ejemplar es el de Gabriela Zapata: si una empresa multimillonaria observa que el poder de decisión está controlado por un grupo o una persona, lo óptimo para esa empresa no es seguir la norma o pasos meritocráticos establecidos en la institucionalidad formal, sino contactarse con alguien del círculo de confianza de esa persona e incidir a través de ella en obtener los contratos. No es necesario tener preparación ni un horizonte ético mínimo para ello.

Esta forma de hacer economía es propia de la decadencia de la monarquía absolutista de Inglaterra —vea el caso de Ana Bolena— y además fue fuertemente criticado durante el siglo XVIII con el nombre de “mercantilismo”. ¿Qué frenó el poder de los monarcas en la civilización occidental? La división de poderes y la libre discusión de ideas. Así las cosas, el Órgano Judicial es clave si queremos acelerar de manera sostenida nuestro crecimiento.

C. ¿Qué significado tienen los liderazgos para una democracia y para el desarrollo? ¿Se están formando líderes, en serio, para impulsar al país hacia su desarrollo?

CA. Los únicos que pueden realizar un cambio son las organizaciones políticas, en cualquiera de sus formas. No nos sirve de nada tener reformas que aceleren el proceso de desarrollo, si es que las organizaciones políticas no están interesadas en que estas reformas se mantengan. Es lo que ocurrió con la capitalización de YPFB: hoy el Gobierno está dispuesto a sacrificar el bienestar ambiental de generaciones futuras con tal de atraer inversiones que ya estaban garantizadas durante el proceso de la década de 1990.

Existe un cierto miedo a involucrarse en política, particularmente por los incentivos generados en la última década. Sin embargo, el surgimiento en los últimos dos años de perfiles interesantes es muy prometedor. No nos olvidemos de que a los abusivos y corruptos lo que más les incomoda es tener al lado a alguien con un horizonte ético intachable, por ello el Órgano Judicial tiene que tener fuertes componentes meritocráticos, y esto nos dice que la elección de magistrados y toda la crisis judicial dificulta el desarrollo. Bolivia necesita que los mejores jóvenes se involucren en política, creo que es cuestión de tiempo y un poco de más voluntad.

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