Nació el 12 de abril de 1952 en la ciudad de Potosí.
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tomás Frías.
Maestría en Educación Superior.
Diplomados en Derecho Constitucional, Ciencias Penales, Educación.
Profesora de Filosofía, Psicología y Lenguaje.
Funcionaria del Órgano Judicial desde 1999 hasta 2011, asesora jurídica de varias instituciones públicas y privadas; docente de la ‘U’ Tomás Frías.
Autora de varios textos universitarios de procedimiento penal, Derecho Constitucional, entre otros.
Puntaje: 72,0
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Analizando la actual situación en la que se encuentra la administración de justicia que, de acuerdo con la opinión de la población, atraviesa una de sus peores crisis, por ello considero que todas y todos los profesionales que reunimos los requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional tenemos el deber de apoyar a Bolivia con nuestra participación en las elecciones judiciales con el fin de sanear esta lamentable situación.
2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Una de las medidas estructurales debería ser garantizar la independencia judicial a través de la institucionalización de los cargos judiciales con acceso transparente con base en el concurso de méritos y examen de competencia, y verificación de antecedentes disciplinarios y/o penales de los postulantes a cargos, garantizando la carrera judicial sujeta a la evaluación de desempeño aplicada sistemáticamente de manera responsable por el Consejo de la Magistratura, controlando que las resoluciones judiciales sean pronunciadas de forma debida, fundamentadas y dentro de los plazos previstos por ley y evitar la retardación de justicia que afecta a la población.
3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Se debe lograr que el Tribunal Constitucional Plurinacional cumpla las funciones establecidas en la Constitución Política del Estado, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de todos los bolivianos, controlando que se cumpla el principio de la división de poderes, que cada jurisdicción actúe dentro del marco de sus competencias asignadas en la Constitución, contratando al personal idóneo que cumpla con el perfil profesional adecuado para el desempeño de sus funciones específicas, cuidar que la jurisprudencia constitucional desarrollada sea coherente y no contradictoria.
4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Son dos factores que pueden contribuir en una mejora de la administración de justicia, pero no son suficientes, por ello considero que es necesaria la creación de más juzgados en la jurisdicción ordinaria con operadores de justicia probos, transparentes, honestos, con conocimientos actualizados respecto a la normativa legal y jurisprudencia.
5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
El Consejo de la Magistratura debe controlar el cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales de justicia en sus diferentes materias y jerarquías, consecuentemente el oportuno pronunciamiento de las resoluciones judiciales dentro de los plazos previstos por ley debe formar parte de la evaluación de desempeño a la que están sujetos los jueces, correspondiendo someter a proceso administrativo y/o judicial a los jueces que incumplen sus funciones. Además incentivar el control social para que denuncien los afectados de la retardación de justicia ante las instancias que correspondan con el fin de aplicar las sanciones y agilizar los trámites procesales.
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