Primeros magistrados electos se van entre críticas

SUSPENDIDOS

Cuatro consejeros de la Magistratura fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y antes de que se emitiera la condena, renunciaron.

El Órgano Judicial no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial, prácticamente de vacación y con la tarea pendiente de entregar sus despachos en enero, dejan sus cargos en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión en los últimos seis años, sindicados por una supuesta sumisión al poder político y la escasa iniciativa para encarar las reformas judiciales.

En criterio de abogados colegiados, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como cabeza del Órgano Judicial, no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años.

El decano en ejercicio de la presidencia Jorge von Borries, después de la firma del convenio para la implementación de medios tecnológicos en Derechos Reales y otros servicios, admitió que eso permitirá al menos visibilizar otros logros de la actual administración judicial.

Durante su último informe de rendición de cuentas realizado esta semana, ponderó la resolución de causas y las bases que dejan a los futuros magistrados.

Eso sí, no hubo avances en el proceso de institucionalización del Órgano Judicial, excepto las designaciones de los titulares de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Escuela de Jueces que, sin embargo, no se libraron de las críticas. La carrera judicial se quedó estancada en designaciones discrecionales y fuertes cuestionamientos al proceso de designación de vocales porque eligieron a los últimos. En seis años hubo una sola promoción de jueces formados.

El Tribunal Agroambiental termina sumido en un conflicto interno entre sus magistrados que se disputaron la presidencia y no lograron hacer aprobar el Código Procesal Agroambiental para ejercer todas sus competencias en materia ambiental, forestal y otras, tampoco pudo crear más juzgados. Su presidente, Javier Peñafiel, destacó la resolución de causas y el acercamiento de los jueces agroambientales a comunidades alejadas en el país.

El Consejo de la Magistratura termina marcado por las denuncias de presunta corrupción y extorsión a jueces y la supuesta venta de “pegas”; hay demandas en curso, algunas terminaron con condenas mínimas para los autores.

Las pugnas entre consejeros dejaron pendientes varios proyectos y los viajes constantes de sus autoridades fueron cuestionados por una diputada.

Aseguran que está en vigencia la carrera judicial pero ésta carece de un reglamento claro; en el último tiempo destituyeron a 80 jueces y fue el propio Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien cuestionó este proceso, denunciando extorsión a los afectados.

Cuatro consejeros fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa y antes de que se emitiera condena –la máxima puede ser la destitución–, renunciaron.

Punto de vista / Luis Vásquez Villamor

El abogado y ex presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Luis Vásquez Villamor, al evaluar la gestión de los actuales magistrados, lamentó que se eligiera a profesionales con escasa capacidad técnica para dirigir procesos, probablemente en otras condiciones, estas personas quizá no habrían llegado a ocupar ni las posiciones más bajas del Órgano Judicial al carecer del mínimo de requisitos para enfrentar un proceso meritocrático, según sus palabras.

Aseguró que eso se traduce en la acumulación de causas, la retardación judicial, “el error judicial que se incrementó”. “Si hay en las cárceles que están presas gente inocente y los millonarios enriquecimientos de los altos funcionarios del Gobierno, la justicia se concentra en los más pequeños y no ataca a los grandes corruptos”, enfatizó.

Vásquez ve una justicia “desprestigiada, destruida que simplemente le sirve al Gobierno que la utiliza para sus fines políticos y se ensaña con los que no tienen defensa”.

El abogado constitucionalista sostuvo que el TCP quedó en manos de abogados “incompetentes que no tienen ninguna calidad académica, sin independencia” que no pueden ser comparados con la capacidad de las anteriores autoridades.

Añadió que la independencia se basa en la meritocracia que se expresa en la carrera judicial pero aseguró que el Gobierno la destruyó, no sólo en los máximos niveles sino que fue copando vocales, jueces y hasta funcionarios auxiliares, aseguró. “Todos con carnet del MAS, es el poder del partido que les designó, no la meritocracia”, afirmó.

Recordó algunos nombres de profesionales reconocidos que antes se desempeñaron como magistrados: Pastor Ortiz Mattos, Carlos Tobar, Armando Villafuerte, Eduardo Rodríguez Veltzé, este último ahora agente del Gobierno en La Haya.

En el Tribunal Constitucional a Pablo Dermizaky, Willman Durán, Elizabeth Íñiguez, José Antonio Rivera y Silvia Salame, todos profesores especializados, independientes, por lo que calificó a esa etapa como la mejor del TC.