Saturday, February 25, 2017
Tribunal Agroambiental se alía con chiquitanos
Con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia, el Tribunal Agroambiental y la Organización Indígena Chiquitana (OICH), en calidad de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, a través de sus autoridades, suscribieron un convenio marco de cooperación y coordinación interjurisdiccional, en un acto oficial realizado este viernes en la ciudad de Santa Cruz.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Javier Peñafiel Bravo, manifestó “que la suscripción del documento se efectuó cumpliendo las disposiciones señaladas en la Constitución Política del Estado, como son el pluralismo jurídico, la interculturalidad y con ello fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación interjurisdiccional”.
“Se pretende desarrollar estrategias para evitar la burocracia, efectivizar la atención oportuna a la población y, sobre todo, transparentar los actos de las autoridades de la Jurisdicción Agroambiental y de la Organización Indígena Chiquitana”, dijo el Magistrado.
El cacique grande chiquitano, Justo Seoane, señaló: “a través de la firma del convenio se da inicio al cumplimiento de la Constitución Política del Estado”.
Fiscalía pide cárcel para vocales del TDJ
El Ministerio Público ha pedido la detención preventiva de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Virginia Crespo y Willy Arias, por presuntamente haber favorecido en un amparo constitucional a la empresa china CAMC, informó a ANF el fiscal del caso, Daniel Ayala.
"La Fiscalía está pidiendo la detención preventiva en contra de los dos señores vocales", señaló Ayala a ANF.
La audiencia cautelar de ambos vocales debía llevarse a cabo el jueves, sin embargo, no se efectuó porque la jueza Cinthia Delgadillo, del Juzgado Primero Anticorrupción, tenía baja médica. El caso pasó al Juzgado Segundo Anticorrupción, explicó Ayala.
Agregó que tampoco se llevó a cabo la audiencia en este último juzgado porque no se cumplió con las notificaciones correspondientes respecto a la ampliación de la imputación en contra de los sindicados.
"La Fiscalía está pidiendo la detención preventiva en contra de los dos señores vocales", señaló Ayala a ANF.
La audiencia cautelar de ambos vocales debía llevarse a cabo el jueves, sin embargo, no se efectuó porque la jueza Cinthia Delgadillo, del Juzgado Primero Anticorrupción, tenía baja médica. El caso pasó al Juzgado Segundo Anticorrupción, explicó Ayala.
Agregó que tampoco se llevó a cabo la audiencia en este último juzgado porque no se cumplió con las notificaciones correspondientes respecto a la ampliación de la imputación en contra de los sindicados.
Saturday, February 18, 2017
Justicia ordena liberación de Mendoza
La autoridad judicial del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal determinó la libertad con medidas sustitutivas del exfiscal Milton Mendoza, luego de que fuera implicado en un consorcio ilegal de jueces, fiscales, abogados y policías que presuntamente tranzó un amparo de Cotel, informó a ANF el mismo Mendoza.
“Hemos ganado una acción de libertad que básicamente (se ha enervado) todos los riesgos procesales y en estos 10 meses la Fiscalía no logró denunciar absolutamente nada (…) Tengo una restricción como el arraigo, presentación de garantes”, señaló a ANF Mendoza.
La audiencia se llevó a cabo la noche del jueves y Mendoza ganó una acción de libertad que había solicitado; ahora debe cumplir con algunas formalidades jurídicas para salir del penal de San Pedro.
Explicó que en los meses que estuvo detenido, la Fiscalía no demostró nada en su contra, al contrario el fiscal que conducía las investigaciones, Ángelo Saravia, fue encarcelado por estar vinculado a hechos irregulares por lo que también fue destituido.
“Hemos ganado una acción de libertad que básicamente (se ha enervado) todos los riesgos procesales y en estos 10 meses la Fiscalía no logró denunciar absolutamente nada (…) Tengo una restricción como el arraigo, presentación de garantes”, señaló a ANF Mendoza.
La audiencia se llevó a cabo la noche del jueves y Mendoza ganó una acción de libertad que había solicitado; ahora debe cumplir con algunas formalidades jurídicas para salir del penal de San Pedro.
Explicó que en los meses que estuvo detenido, la Fiscalía no demostró nada en su contra, al contrario el fiscal que conducía las investigaciones, Ángelo Saravia, fue encarcelado por estar vinculado a hechos irregulares por lo que también fue destituido.
Friday, February 17, 2017
Audiencia de rendición de cuentas Destituyeron a 99 fiscales y 299 son sancionados en cuatro años
De 2012 al 2016 fueron destituidos 99 fiscales y otros 299 sancionados por delitos de corrupción, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a ley, entre otras faltas, según reveló el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
“Producto de procesos disciplinarios, hemos destituido a 17 fiscales en la gestión 2016, 37 han sido sancionados con multas y desde 2012 hemos sancionado a 299 fiscales; otros 99 fueron destituidos. Hay casos de fiscales departamentales, de materia, que están en la cárcel, en esto no hemos tenido situación alguna de protección”, aseguró Guerrero.
Los datos fueron parte de los que se proporcionaron ayer en la Audiencia de Rendición de Cuentas Final de la gestión 2016, realizada en el Auditorio del Palacio de Comunicaciones, al que asistieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) Antonino de Leo, y Lenny Valdivia, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
COCHABAMBA
La autoridad puso de ejemplo una última destitución en Cochabamba, donde una fiscal cambió el tipo penal de violación a estupro, “si bien respetamos, valoramos el trabajo de los buenos fiscales, a los que vamos a respaldar, pero también tomaremos acciones contra los malos servidores que buscan el beneficio personal o para alguien, y no para satisfacer la necesidad de justicia que requiere nuestro pueblo”, señaló Guerrero a quien, desde el ámbito político, el sector opositor al MAS lo señala como servil a los intereses del Gobierno.
Entre las más recientes críticas que ha recibido la Fiscalía en la gestión 2016 está el “direccionamiento” del polémico caso en el que se vio involucrada la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que de tráfico de influencias derivó a enriquecimiento ilícito, donde no se tocó intereses ni se llamó a declarar a algún ejecutivo de la empresa China CAMC, con la cual el Gobierno tiene firmados seis contratos.
NIEGA PERSECUCIÓN
En el informe, Guerrero omitió dar detalle sobre persecución y al contrario mencionó aquellos en los que están comprometidos políticos de oposición al MAS, como el caso “Focas”, donde está Samuel Doria Medina, pero el Fiscal aseguró que no se trata de una persecución política, como afirma el jefe de Unidad Nacional.
En el caso Focas, “recursos del Estado pasan a manos privadas, pasan a una Fundación, es ese el caso que se está siguiendo, aquí no se trata de ninguna persecución, la Fiscalía no hace persecución política”, afirmó Guerrero.
GESTIÓN FISCAL
Por otro lado, Guerrero explicó que la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal es la base de grandes avances hacia la institucionalización del Ministerio Público, cuyos resultados se ven reflejados en las cifras y estadísticas que presentó ayer y, según su criterio, demuestran el trabajo de orden que se impuso en la institución desde que asumió el cargo.
Señaló también que al momento de asumir el mando de la Fiscalía, hace cuatro años, se encontró con una institución “anquilosada en el tiempo”, en la que luego de hacer un inventario, se reveló que se tenía cerca de 300.000 causas sin ser resueltas en varias gestiones, además de que no se tenía cuantificado de cuántos casos estaban registrados en departamentos como Beni y Cochabamba, por nombrar algunos.
DATOS
- Entre los datos más relevantes del informe de gestión, Guerrero informó que en 2016 el Ministerio Público cerró 93.278 casos, “que eran parte de la carga activa nacional, lo que demuestra un importante avance en el descongestionamiento de los procesos en el Ministerio Público”.
La autoridad destacó que resultado de la sistematización de controles del nuevo modelo fiscal, que incluye la implementación de las fiscalías corporativas, se puede tener cifras estadísticas como el índice de criminalidad, que entre 2012 y 2016, los delitos más atendidos fueron los de violencia familiar o doméstica con 78.419 casos registrados, seguidos de 45.527 de lesiones graves y leves, además de 34.115 de robo.
“De manera específica en el tema de violencia familiar o doméstica, en el 2016 ingresaron 22.257 causas al Ministerio Público”, apuntó.
Las estadísticas presentadas por Guerrero establecen también que el Programa Nacional de Flagrancia resolvió el año pasado 1.189 causas de 1.810 presentadas.
En cuanto al narcotráfico, se reportó 1.026 sentencias en 2016: 344 condenatorias, 85 absolutorias y 597 mediante procedimiento abreviado.
También mencionó 17 sentencias en delitos de medioambiente y 38 referidos con el sector aduanero.
En delitos de corrupción pública, se produjeron 163 sentencias, de las que 122 son condenatorias, 21 absolutorias y 20 de carácter mixto.
Sobre la persecución penal de delitos de violencia de género, el Ministerio Público registró 104 casos de feminicidio en 2016: 28 en La Paz, 27 en Cochabamba, 21 en Santa Cruz, ocho en Potosí, seis en Oruro, cinco en Chuquisaca, cinco en Tarija, tres en Beni y uno en Pando.
“Producto de procesos disciplinarios, hemos destituido a 17 fiscales en la gestión 2016, 37 han sido sancionados con multas y desde 2012 hemos sancionado a 299 fiscales; otros 99 fueron destituidos. Hay casos de fiscales departamentales, de materia, que están en la cárcel, en esto no hemos tenido situación alguna de protección”, aseguró Guerrero.
Los datos fueron parte de los que se proporcionaron ayer en la Audiencia de Rendición de Cuentas Final de la gestión 2016, realizada en el Auditorio del Palacio de Comunicaciones, al que asistieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) Antonino de Leo, y Lenny Valdivia, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
COCHABAMBA
La autoridad puso de ejemplo una última destitución en Cochabamba, donde una fiscal cambió el tipo penal de violación a estupro, “si bien respetamos, valoramos el trabajo de los buenos fiscales, a los que vamos a respaldar, pero también tomaremos acciones contra los malos servidores que buscan el beneficio personal o para alguien, y no para satisfacer la necesidad de justicia que requiere nuestro pueblo”, señaló Guerrero a quien, desde el ámbito político, el sector opositor al MAS lo señala como servil a los intereses del Gobierno.
Entre las más recientes críticas que ha recibido la Fiscalía en la gestión 2016 está el “direccionamiento” del polémico caso en el que se vio involucrada la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que de tráfico de influencias derivó a enriquecimiento ilícito, donde no se tocó intereses ni se llamó a declarar a algún ejecutivo de la empresa China CAMC, con la cual el Gobierno tiene firmados seis contratos.
NIEGA PERSECUCIÓN
En el informe, Guerrero omitió dar detalle sobre persecución y al contrario mencionó aquellos en los que están comprometidos políticos de oposición al MAS, como el caso “Focas”, donde está Samuel Doria Medina, pero el Fiscal aseguró que no se trata de una persecución política, como afirma el jefe de Unidad Nacional.
En el caso Focas, “recursos del Estado pasan a manos privadas, pasan a una Fundación, es ese el caso que se está siguiendo, aquí no se trata de ninguna persecución, la Fiscalía no hace persecución política”, afirmó Guerrero.
GESTIÓN FISCAL
Por otro lado, Guerrero explicó que la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal es la base de grandes avances hacia la institucionalización del Ministerio Público, cuyos resultados se ven reflejados en las cifras y estadísticas que presentó ayer y, según su criterio, demuestran el trabajo de orden que se impuso en la institución desde que asumió el cargo.
Señaló también que al momento de asumir el mando de la Fiscalía, hace cuatro años, se encontró con una institución “anquilosada en el tiempo”, en la que luego de hacer un inventario, se reveló que se tenía cerca de 300.000 causas sin ser resueltas en varias gestiones, además de que no se tenía cuantificado de cuántos casos estaban registrados en departamentos como Beni y Cochabamba, por nombrar algunos.
DATOS
- Entre los datos más relevantes del informe de gestión, Guerrero informó que en 2016 el Ministerio Público cerró 93.278 casos, “que eran parte de la carga activa nacional, lo que demuestra un importante avance en el descongestionamiento de los procesos en el Ministerio Público”.
La autoridad destacó que resultado de la sistematización de controles del nuevo modelo fiscal, que incluye la implementación de las fiscalías corporativas, se puede tener cifras estadísticas como el índice de criminalidad, que entre 2012 y 2016, los delitos más atendidos fueron los de violencia familiar o doméstica con 78.419 casos registrados, seguidos de 45.527 de lesiones graves y leves, además de 34.115 de robo.
“De manera específica en el tema de violencia familiar o doméstica, en el 2016 ingresaron 22.257 causas al Ministerio Público”, apuntó.
Las estadísticas presentadas por Guerrero establecen también que el Programa Nacional de Flagrancia resolvió el año pasado 1.189 causas de 1.810 presentadas.
En cuanto al narcotráfico, se reportó 1.026 sentencias en 2016: 344 condenatorias, 85 absolutorias y 597 mediante procedimiento abreviado.
También mencionó 17 sentencias en delitos de medioambiente y 38 referidos con el sector aduanero.
En delitos de corrupción pública, se produjeron 163 sentencias, de las que 122 son condenatorias, 21 absolutorias y 20 de carácter mixto.
Sobre la persecución penal de delitos de violencia de género, el Ministerio Público registró 104 casos de feminicidio en 2016: 28 en La Paz, 27 en Cochabamba, 21 en Santa Cruz, ocho en Potosí, seis en Oruro, cinco en Chuquisaca, cinco en Tarija, tres en Beni y uno en Pando.
Monday, February 13, 2017
El TCP abrirá oficinas en la capital cruceña
Gracias a un convenio entre representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Colegio de Abogados de Santa Cruz, se dará la apertura de una oficina que desde este lunes funciona en instalaciones de la institución de los profesionales en abogacía.
Con esta inauguración, se podrá hacer el seguimiento para tratar cuestiones referidas a los estatutos autonómicos desde la capital cruceña, sin ir necesariamente hasta Sucre.
"Todos las personas públicas o privadas que tengan tramites en esta instancia, podrán recabar información del mismo en estas oficinas" dijo Osvaldo Valencia, presidente del TCP, en el acto de la firma de convenio.
Fiscalía califica de logro el arraigo y la fianza impuestos a Doria Medina
El Fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, calificó como un logro que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya aplicado medidas sustitutivas para el líder de Unidad Nacional (UN) y empresario, Samuel Doria Medina, en el caso Focas.
“Es necesario garantizar la presencia del imputado en el proceso, razón por la cual las medidas sustitutivas son desde ya un logro para la Fiscalía”, apuntó.
Añadió que el TSJ demostró que Doria Medina “es con probabilidad autor de los hechos en el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas)”.
“Existen los elementos suficientes para afirmar con probabilidad que Doria Medina cometió tres delitos porque participó en los contratos de préstamo a favor de la Funda-Pro por más de 21 millones de dólares”, señaló Gutiérrez.
El sábado, el TSJ impuso arraigo a Doria Medina, obligación de presentarse cada mes ante la Fiscalía y fianza de 200.000 bolivianos. Para Arturo Beltrán (otro de los imputados) se determinó la presentación mensual y arraigo. Los demás tienen obligación de presentarse mensualmente ante la Fiscalía. Antonio Céspedes, Domingo Enrique Ipiña, Jesús Herman Antelo, Fernando Illanes, Germán Reynaldo Peters y Raúl España.
Doria Medina, en tanto, ya de retorno en La Paz, insistió ayer en que el juicio que se le sigue es “político”. “Si uno revisa el expediente, hay una instrucción del fiscal para que me siga Inteligencia. Me acusan de un tema de hace 25 años y deben creer que siguiéndome van a encontrar algo de hace 25 años. Es claramente una persecución política”, dijo.
Asimismo dijo que los argumentos del Ministerio Público fueron “inventados”, lo que también en su criterio demuestra que se trata de un tema político.
Frente a ello “yo me voy a defender, voy a demostrar mi inocencia, (aunque) en estos cuatro meses no me han podido demostrar daño económico”, dijo.
“Es necesario garantizar la presencia del imputado en el proceso, razón por la cual las medidas sustitutivas son desde ya un logro para la Fiscalía”, apuntó.
Añadió que el TSJ demostró que Doria Medina “es con probabilidad autor de los hechos en el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas)”.
“Existen los elementos suficientes para afirmar con probabilidad que Doria Medina cometió tres delitos porque participó en los contratos de préstamo a favor de la Funda-Pro por más de 21 millones de dólares”, señaló Gutiérrez.
El sábado, el TSJ impuso arraigo a Doria Medina, obligación de presentarse cada mes ante la Fiscalía y fianza de 200.000 bolivianos. Para Arturo Beltrán (otro de los imputados) se determinó la presentación mensual y arraigo. Los demás tienen obligación de presentarse mensualmente ante la Fiscalía. Antonio Céspedes, Domingo Enrique Ipiña, Jesús Herman Antelo, Fernando Illanes, Germán Reynaldo Peters y Raúl España.
Doria Medina, en tanto, ya de retorno en La Paz, insistió ayer en que el juicio que se le sigue es “político”. “Si uno revisa el expediente, hay una instrucción del fiscal para que me siga Inteligencia. Me acusan de un tema de hace 25 años y deben creer que siguiéndome van a encontrar algo de hace 25 años. Es claramente una persecución política”, dijo.
Asimismo dijo que los argumentos del Ministerio Público fueron “inventados”, lo que también en su criterio demuestra que se trata de un tema político.
Frente a ello “yo me voy a defender, voy a demostrar mi inocencia, (aunque) en estos cuatro meses no me han podido demostrar daño económico”, dijo.
Sunday, February 12, 2017
TSJ resolvió 3.200 causas de 6.400 procesos en curso
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, informó que esa instancia de poder resolvió 3.200 causas de 6.400 procesos que se hallaban en curso. Estos datos los dio a conocer en una rendición de cuentas presentada el viernes, en la ciudad de Santa Cruz.
“Estamos trabajando para reducir la carga procesal a cero, estos casos pertenecen a las salas Plena, Civil, Penal, Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera”, explicó
INFORME
Solamente la Sala Plena, que preside Mamani, resolvió 461 causas, de 1.469 procesos que se encontraban archivados. Este detalle fue expuesto en el discurso que pronunció para presentar la rendición de cuentas pública, a la que asistió el ministro de Justicia, Héctor Arce.
El informe reveló también que la Sala Civil, presidida por Rómulo Calle Mamani, resolvió 812 causas de 1.363 procesos conocidos y la Sala Penal, dirigida por Norka Mercado Guzmán resolvió 699 causas, de un total de 715 existentes
De su parte, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social Y Administrativa Primera, a cargo de Jorge Isaac Von Borries Méndez, resolvió 676 causas, entre las que se hallan trámites de casación y procesos contenciosos y contencioso – administrativos, de 1.132 procesos que estaban pendientes, detalló el magistrado Mamani, en su informe.
EXPOSICIÓN
Según el Presidente del TSJ, por disposiciones de la Constitución, Bolivia se sustenta en principios y valores, como el de transparencia, aspecto que en el caso de los servidores públicos, obliga rendir cuentas sobre la administración que se haga de recursos fiscales, lo que está, asimismo, en correspondencia con el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, conforme el art. 21.6 de la carta magna.
Mamani remarcó que, en ese marco, la Ley de Participación y Control Social obliga al Tribunal rendir cuentas públicamente y brindar a la sociedad civil los resultados de la gestión de las instituciones públicas, incluyendo el uso de recursos públicos.
“La Ley del Órgano Judicial, siguiendo las directrices de la Constitución Política del Estado, determina las competencias de la Sala Plena y las Salas especializadas del TSJ, estableciendo que resuelven todos los recursos de casación de la jurisdicción ordinaria, es decir en las materias civil, penal, familiar, laboral y seguridad social, además de procesos coactivos sociales. Igualmente, proceder a la revisión de la legalidad de los actos de la administración, con la activación de los procesos contenciosos y contencioso-administrativos. Lo que demuestra la relevante labor del Tribunal Supremo de Justicia en la solución del conflicto, contribuyendo así a la vigencia permanente de un estado inspirado en la justicia y portador de la paz”, argumentó.
ROL DEL TSE
Puntualizó también que al TSJ se le delegó la principal labor jurisdiccional de resolver los recursos de casación, la última de las vías reconocidas por la ley ordinaria, que antaño servía de medio para la dilación del resultado final de un proceso, pues la estrategia de recurrir ante la extinta Corte Suprema de Justicia en la certeza de la tardanza medida no en meses, sino en años, no era extraña ni a litigantes, abogados, ni al común de las personas. Esta práctica malsana ha sido erradicada por el trabajo de quienes ocupamos desde el 2012 la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, concluyó expresando el Dr.Mamani.
“Estamos trabajando para reducir la carga procesal a cero, estos casos pertenecen a las salas Plena, Civil, Penal, Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera”, explicó
INFORME
Solamente la Sala Plena, que preside Mamani, resolvió 461 causas, de 1.469 procesos que se encontraban archivados. Este detalle fue expuesto en el discurso que pronunció para presentar la rendición de cuentas pública, a la que asistió el ministro de Justicia, Héctor Arce.
El informe reveló también que la Sala Civil, presidida por Rómulo Calle Mamani, resolvió 812 causas de 1.363 procesos conocidos y la Sala Penal, dirigida por Norka Mercado Guzmán resolvió 699 causas, de un total de 715 existentes
De su parte, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social Y Administrativa Primera, a cargo de Jorge Isaac Von Borries Méndez, resolvió 676 causas, entre las que se hallan trámites de casación y procesos contenciosos y contencioso – administrativos, de 1.132 procesos que estaban pendientes, detalló el magistrado Mamani, en su informe.
EXPOSICIÓN
Según el Presidente del TSJ, por disposiciones de la Constitución, Bolivia se sustenta en principios y valores, como el de transparencia, aspecto que en el caso de los servidores públicos, obliga rendir cuentas sobre la administración que se haga de recursos fiscales, lo que está, asimismo, en correspondencia con el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, conforme el art. 21.6 de la carta magna.
Mamani remarcó que, en ese marco, la Ley de Participación y Control Social obliga al Tribunal rendir cuentas públicamente y brindar a la sociedad civil los resultados de la gestión de las instituciones públicas, incluyendo el uso de recursos públicos.
“La Ley del Órgano Judicial, siguiendo las directrices de la Constitución Política del Estado, determina las competencias de la Sala Plena y las Salas especializadas del TSJ, estableciendo que resuelven todos los recursos de casación de la jurisdicción ordinaria, es decir en las materias civil, penal, familiar, laboral y seguridad social, además de procesos coactivos sociales. Igualmente, proceder a la revisión de la legalidad de los actos de la administración, con la activación de los procesos contenciosos y contencioso-administrativos. Lo que demuestra la relevante labor del Tribunal Supremo de Justicia en la solución del conflicto, contribuyendo así a la vigencia permanente de un estado inspirado en la justicia y portador de la paz”, argumentó.
ROL DEL TSE
Puntualizó también que al TSJ se le delegó la principal labor jurisdiccional de resolver los recursos de casación, la última de las vías reconocidas por la ley ordinaria, que antaño servía de medio para la dilación del resultado final de un proceso, pues la estrategia de recurrir ante la extinta Corte Suprema de Justicia en la certeza de la tardanza medida no en meses, sino en años, no era extraña ni a litigantes, abogados, ni al común de las personas. Esta práctica malsana ha sido erradicada por el trabajo de quienes ocupamos desde el 2012 la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, concluyó expresando el Dr.Mamani.
Independencia de Órgano Judicial se refleja en fallos
El Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo la Rendición Pública de Cuentas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, acto que contó con la presencia de autoridades del Órgano Judicial y en representación del Órgano Ejecutivo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional Dr. Héctor E. Arce Zaconeta, quien dijo que la independencia se refleja en los fallos de la administración de justicia.
El Ministro Arce señalo: “La independencia del Órgano Judicial es fundamental para la administración de justicia, la misma se refleja a través de los fallos que emite el momento de hacer justicia”.
Recordó que al igual que otras entidades, como sistema universitario, la autonomía universitaria ejerce su independencia de otros órganos.
La transformación de la justicia será resultado de tres importantes componentes: La primera es la normativa: En Bolivia trabajamos en los Códigos Morales de los cuales ya tenemos aprobados los Códigos de Familia, Código Procesal Constitucional, el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley del Notariado, Código de Procedimiento Civil, quedando pendientes para la aprobación en la Asamblea Legislativa el Código del Sistema Penal, el Código Procesal Administrativo, la Ley General del Trabajo, el Código Procesal Laboral y el Código de Comercio.
La segunda son los recursos humanos: “La ley es buena o mala dependiendo de los administradores de justicia. El derecho es una ciencia, los administradores de justicia deben ser elegidos por sus méritos, entendidos como la ética, la dignidad así como la capacidad de los administradores de justicia.
Somos una sociedad que vive en el litigio, por ejemplo: si un ciudadano recurre a un abogado este identifica si tiene derecho o no en el problema que plantea; y el mismo debería decirle la verdad al litigante, si tiene un derecho para descartar o iniciar una causa, explicó.
La tercera es la sociedad boliviana: “Debemos trabajar en cultivar una sociedad más tolerante, debe ser menos pleitista para mejorar la convivencia armónica entre bolivianos. La justicia es un bien fundamental que debe promover la igualdad de oportunidades en favor de la población boliviana.”
La tarea no es simple, no es solo modificar la norma y tomar en cuenta la meritocracia, no está en estos dos elementos; a largo plazo los bolivianos se darán cuenta que la Justicia es un bien fundamental, que permite la convivencia pacífica en un Estado, sostuvo.
Tarea difícil, compleja, asumimos el reto y el compromiso de mejorar la Justicia en nuestro país, finalizo Arce.
El Ministro Arce señalo: “La independencia del Órgano Judicial es fundamental para la administración de justicia, la misma se refleja a través de los fallos que emite el momento de hacer justicia”.
Recordó que al igual que otras entidades, como sistema universitario, la autonomía universitaria ejerce su independencia de otros órganos.
La transformación de la justicia será resultado de tres importantes componentes: La primera es la normativa: En Bolivia trabajamos en los Códigos Morales de los cuales ya tenemos aprobados los Códigos de Familia, Código Procesal Constitucional, el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley del Notariado, Código de Procedimiento Civil, quedando pendientes para la aprobación en la Asamblea Legislativa el Código del Sistema Penal, el Código Procesal Administrativo, la Ley General del Trabajo, el Código Procesal Laboral y el Código de Comercio.
La segunda son los recursos humanos: “La ley es buena o mala dependiendo de los administradores de justicia. El derecho es una ciencia, los administradores de justicia deben ser elegidos por sus méritos, entendidos como la ética, la dignidad así como la capacidad de los administradores de justicia.
Somos una sociedad que vive en el litigio, por ejemplo: si un ciudadano recurre a un abogado este identifica si tiene derecho o no en el problema que plantea; y el mismo debería decirle la verdad al litigante, si tiene un derecho para descartar o iniciar una causa, explicó.
La tercera es la sociedad boliviana: “Debemos trabajar en cultivar una sociedad más tolerante, debe ser menos pleitista para mejorar la convivencia armónica entre bolivianos. La justicia es un bien fundamental que debe promover la igualdad de oportunidades en favor de la población boliviana.”
La tarea no es simple, no es solo modificar la norma y tomar en cuenta la meritocracia, no está en estos dos elementos; a largo plazo los bolivianos se darán cuenta que la Justicia es un bien fundamental, que permite la convivencia pacífica en un Estado, sostuvo.
Tarea difícil, compleja, asumimos el reto y el compromiso de mejorar la Justicia en nuestro país, finalizo Arce.
Acceso y administración de justicia son denuncias más recurrentes en La Paz
La vulneración del derecho a la petición y respuesta; del acceso a la justicia y las garantías de un debido proceso; y de los derechos laborales, fueron las quejas más frecuentes en la Delegación Defensorial Departamental La Paz, de acuerdo con el Informe de Actividades 2016 presentado por esta institución.
“De los cerca de cuatro mil casos que fueron atendidos el año pasado, el mayor número tiene que ver con la justicia, con el acceso y la manera cómo ésta ha sido manejada”, afirmó la Delegada Defensorial, Teresa Subieta.
Esta instancia registra en La Paz las denuncias de todos los ciudadanos que creen que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, ya sea por una entidad pública o un agente privado que presta servicios públicos. Según la naturaleza del caso, éste puede ser admitido, ameritar una gestión defensorial, una orientación o puede ser rechazado.
En este marco, de los 3780 casos atendidos en 2016, un total de 1650 fueron admitidos, 1050 dieron lugar a una gestión defensorial, 18 fueron rechazados por diferentes motivos y los demás fueron orientados.
Un caso es admitido cuando éste implique violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos por la Constitución Política del Estado y otras normativas aprobadas por el Estado boliviano contra toda la actividad administrativa del sector público y de instituciones privadas que presten servicios públicos.
Entre los casos admitidos, los más frecuentes tuvieron que ver con el derecho a la petición y respuesta, con 357 casos; garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 335; derechos laborales, 307 casos. Asimismo, destacan las quejas vinculadas al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, a la educación, la salud, la propiedad privada individual y patrimonio, a la integridad, los de la niñez y la adolescencia y de las mujeres.
En cuanto al agente o institución más denunciada, destaca el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Dirección Departamental de Educación, con 169, 165 y 157 denuncias, respectivamente, de los 1650 admitidos.
Por otro lado, del total de quejas presentadas, el grupo poblacional en situación de vulnerabilidad que más ha acudido a la Delegación Departamental fue el de mujeres, seguido por el de adultos mayores y niños, niñas y adolescentes, con 1316, 581 y 203 casos, respectivamente.
Cabe mencionar que además de la oficina ubicada en la ciudad de La Paz, existen delegaciones regionales en El Alto y Caranavi, donde los ciudadanos también pueden requerir el servicio defensorial. En el caso de El Alto, se recibieron 3992 quejas y en Caranavi, 294.
Pero más allá de las cifras, según Subieta Serrano, lo más importante es “buscar las causas de estos hechos. Queremos ir de lo individual a lo colectivo, ver cuáles son los casos comunes e intentar ver soluciones junto con la gente respecto de su problemática. Y es que ha sido difícil en todo este periodo de cambios tratar de cambiar la superestructura del país, donde está la justicia, donde están las normas y los reglamentos”.
En este marco, la Defensoría del Pueblo, a cuya cabeza se encuentra David Tezanos Pinto, perfiló como una de sus principales líneas de acción salir al encuentro con el pueblo. Esto significa, según Subieta Serrano, que “la oficina nacional como las departamentales estaban recibiendo más a la gente en su escritorio. Ahora se trata de que los profesionales de servicio al pueblo vayan al área rural y a los barrios periféricos de las ciudades a atender los casos y escuchar a la gente”.
“De los cerca de cuatro mil casos que fueron atendidos el año pasado, el mayor número tiene que ver con la justicia, con el acceso y la manera cómo ésta ha sido manejada”, afirmó la Delegada Defensorial, Teresa Subieta.
Esta instancia registra en La Paz las denuncias de todos los ciudadanos que creen que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, ya sea por una entidad pública o un agente privado que presta servicios públicos. Según la naturaleza del caso, éste puede ser admitido, ameritar una gestión defensorial, una orientación o puede ser rechazado.
En este marco, de los 3780 casos atendidos en 2016, un total de 1650 fueron admitidos, 1050 dieron lugar a una gestión defensorial, 18 fueron rechazados por diferentes motivos y los demás fueron orientados.
Un caso es admitido cuando éste implique violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos establecidos por la Constitución Política del Estado y otras normativas aprobadas por el Estado boliviano contra toda la actividad administrativa del sector público y de instituciones privadas que presten servicios públicos.
Entre los casos admitidos, los más frecuentes tuvieron que ver con el derecho a la petición y respuesta, con 357 casos; garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 335; derechos laborales, 307 casos. Asimismo, destacan las quejas vinculadas al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, a la educación, la salud, la propiedad privada individual y patrimonio, a la integridad, los de la niñez y la adolescencia y de las mujeres.
En cuanto al agente o institución más denunciada, destaca el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Dirección Departamental de Educación, con 169, 165 y 157 denuncias, respectivamente, de los 1650 admitidos.
Por otro lado, del total de quejas presentadas, el grupo poblacional en situación de vulnerabilidad que más ha acudido a la Delegación Departamental fue el de mujeres, seguido por el de adultos mayores y niños, niñas y adolescentes, con 1316, 581 y 203 casos, respectivamente.
Cabe mencionar que además de la oficina ubicada en la ciudad de La Paz, existen delegaciones regionales en El Alto y Caranavi, donde los ciudadanos también pueden requerir el servicio defensorial. En el caso de El Alto, se recibieron 3992 quejas y en Caranavi, 294.
Pero más allá de las cifras, según Subieta Serrano, lo más importante es “buscar las causas de estos hechos. Queremos ir de lo individual a lo colectivo, ver cuáles son los casos comunes e intentar ver soluciones junto con la gente respecto de su problemática. Y es que ha sido difícil en todo este periodo de cambios tratar de cambiar la superestructura del país, donde está la justicia, donde están las normas y los reglamentos”.
En este marco, la Defensoría del Pueblo, a cuya cabeza se encuentra David Tezanos Pinto, perfiló como una de sus principales líneas de acción salir al encuentro con el pueblo. Esto significa, según Subieta Serrano, que “la oficina nacional como las departamentales estaban recibiendo más a la gente en su escritorio. Ahora se trata de que los profesionales de servicio al pueblo vayan al área rural y a los barrios periféricos de las ciudades a atender los casos y escuchar a la gente”.
Friday, February 10, 2017
Evaluación a un año de su implementación Conciliadores resuelven 20,4% de 2.763 procesos civiles en 2016
La presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert, informó ayer que a un año de la implementación del “Sistema de Conciliación en sede judicial”, de 2.763 nuevos procesos que fueron registrados en 2016, el 20 por ciento de estos han sido resueltos por esta vía alternativa, evitando que se conviertan en juicios prolongados que sean una carga procesal.
Quisbert recordó que el 10 de febrero de 2016 se implementó el nuevo Código Procesal Civil, que en sus principales reformas tiene prevista la conciliación “que establecen y prevén fomentar la cultura de paz”, afirmó la presidente del TDJ a tiempo de destacar, que el TDJ atiende la carga procesal de tres departamentos.
En ese sentido, que según el informe de la Unidad de Políticas de Gestión, entre febrero y diciembre de 2016, se han ingresado 2.763 casos de conciliación en materia civil y que de ese total 524, es decir el 20,4 por ciento de estos, fueron resueltos por la vía del diálogo entre partes, resultado del trabajo de los 35 conciliadores que trabajan en provincias y ciudades capitales de La Paz.
DUPLICARON EL OBJETIVO
Además, de las 524 conciliaciones totales, se registraron 40 parciales, 625 fallidas, 801 incomparecencias y se tiene 773 demandas retiradas, no diligenciadas o excluidas.
La autoridad detalló que al momento del inicio de este trabajo, la comisión que fiscaliza la implementación del nuevo código tenía previsto que sólo se lograría un 11 por ciento de resultados, pero se logró duplicar el número de procesos resueltos por esa vía.
Quisbert puso, como ejemplo, el archivo de una demanda por resolución de contrato, que fue presentada el 21 de marzo de 2016 y luego del procesamiento correspondiente, “se obtiene el acta de conciliación total en fecha 15 de abril, es decir a un mes de la presentación de la demanda”.
FALENCIAS
Entre algunas falencias que dificultan la implementación plena del sistema de conciliación, según explicó Quisbert, está la falta de insumos e infraestructura.
Otro aspecto observado por la autoridad fue la falta de acompañamiento por parte de los medios de comunicación, para lograr llegar a la población, generando reflexión sobre la resolución de conflictos de interés personal.
“Muchas personas no conocen las ventajas, desventajas, alcances”, señaló la presidenta del TDJ, apuntando que aún varias personas consideran que serán perjudicados en el futuro, por lo que pide una mayor difusión sobre esta política judicial.
TIPOS DE CASOS
Por su lado, Juan Carlos Berrios, expresidente del Tribunal, explicó que las conciliaciones se dan en casos de materia civil, donde no existen de por medio la sanción de un tipo de delito, sino “son temas de derecho disponible de carácter patrimonial”, al que se puede recurrir, por ejemplo, para zanjar un pago de alquiler.
Quisbert recordó que el 10 de febrero de 2016 se implementó el nuevo Código Procesal Civil, que en sus principales reformas tiene prevista la conciliación “que establecen y prevén fomentar la cultura de paz”, afirmó la presidente del TDJ a tiempo de destacar, que el TDJ atiende la carga procesal de tres departamentos.
En ese sentido, que según el informe de la Unidad de Políticas de Gestión, entre febrero y diciembre de 2016, se han ingresado 2.763 casos de conciliación en materia civil y que de ese total 524, es decir el 20,4 por ciento de estos, fueron resueltos por la vía del diálogo entre partes, resultado del trabajo de los 35 conciliadores que trabajan en provincias y ciudades capitales de La Paz.
DUPLICARON EL OBJETIVO
Además, de las 524 conciliaciones totales, se registraron 40 parciales, 625 fallidas, 801 incomparecencias y se tiene 773 demandas retiradas, no diligenciadas o excluidas.
La autoridad detalló que al momento del inicio de este trabajo, la comisión que fiscaliza la implementación del nuevo código tenía previsto que sólo se lograría un 11 por ciento de resultados, pero se logró duplicar el número de procesos resueltos por esa vía.
Quisbert puso, como ejemplo, el archivo de una demanda por resolución de contrato, que fue presentada el 21 de marzo de 2016 y luego del procesamiento correspondiente, “se obtiene el acta de conciliación total en fecha 15 de abril, es decir a un mes de la presentación de la demanda”.
FALENCIAS
Entre algunas falencias que dificultan la implementación plena del sistema de conciliación, según explicó Quisbert, está la falta de insumos e infraestructura.
Otro aspecto observado por la autoridad fue la falta de acompañamiento por parte de los medios de comunicación, para lograr llegar a la población, generando reflexión sobre la resolución de conflictos de interés personal.
“Muchas personas no conocen las ventajas, desventajas, alcances”, señaló la presidenta del TDJ, apuntando que aún varias personas consideran que serán perjudicados en el futuro, por lo que pide una mayor difusión sobre esta política judicial.
TIPOS DE CASOS
Por su lado, Juan Carlos Berrios, expresidente del Tribunal, explicó que las conciliaciones se dan en casos de materia civil, donde no existen de por medio la sanción de un tipo de delito, sino “son temas de derecho disponible de carácter patrimonial”, al que se puede recurrir, por ejemplo, para zanjar un pago de alquiler.
Suspenden audiencia de Cusi hasta el martes
La audiencia de juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido, Gualberto Cusi se suspendió este jueves para el martes 14 de febrero y la defensa alega graves errores procesales.
“Habría una señal mala y obscura si continúa el proceso ya que el objetivo es sentenciarlo y destituirlo del Tribunal Constitucional, pero con una acusación tan frágil con muchos errores y en esas condiciones no se puede sentenciar a una persona. Corresponde anular esa acusación”, declaró el abogado Williams Bascopé.
El jurista dijo que tanto Cusi y los abogados esperan que la comisión de Justicia Plural y Ministerio Público subsane los errores que tiene la acusación y se vele por los derechos y garantías constitucionales.
En esta ocasión la audiencia fue suspendida por la ausencia de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia (Senado) Homer Menacho, quien solicitó baja médica por tres días.
Cusi es enjuiciado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
“De una vez que se instale la audiencia. Aunque lo que es importante es saber cómo se va a subsanar los errores de fondo en el proceso”, insistió Bascopé. (ANF)
“Habría una señal mala y obscura si continúa el proceso ya que el objetivo es sentenciarlo y destituirlo del Tribunal Constitucional, pero con una acusación tan frágil con muchos errores y en esas condiciones no se puede sentenciar a una persona. Corresponde anular esa acusación”, declaró el abogado Williams Bascopé.
El jurista dijo que tanto Cusi y los abogados esperan que la comisión de Justicia Plural y Ministerio Público subsane los errores que tiene la acusación y se vele por los derechos y garantías constitucionales.
En esta ocasión la audiencia fue suspendida por la ausencia de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia (Senado) Homer Menacho, quien solicitó baja médica por tres días.
Cusi es enjuiciado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
“De una vez que se instale la audiencia. Aunque lo que es importante es saber cómo se va a subsanar los errores de fondo en el proceso”, insistió Bascopé. (ANF)
Tuesday, February 7, 2017
Nuevo fiscal atendió caso Rózsa
El fiscal general, Ramiro Guerrero, decidió traer desde Sucre al nuevo fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera Espinoza, quien fue posesionado ayer en el cargo y a quien pidió trabajar con transparencia y a “puertas abiertas”.
Vera estuvo a cargo de investigaciones como el caso terrorismo que se ventila en Santa Cruz y en el caso de la desaparición 119 mil dólares de la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Cochabamba.
Guerrero recomendó al nuevo Fiscal Departamental trabajar con las “puertas abiertas” de su despacho para coordinar con los fiscales, instituciones y atender a la población. “Es importante recorrer los módulos, Epis (Estaciones Policiales Integrales), los asientos fiscales para ver en qué condiciones están trabajando (los fiscales). No hacer un trabajo entre cuatro paredes, encerrarse y no dar la cara, no informar”, señaló Guerrero.
Pidió a todos los fiscales de materia ponerse en lugar de la víctima pero sin perder la objetividad y la investigación. “No maltraten a la gente”, indicó.
“A veces es difícil conservar la autonomía e independencia del Ministerio Público, a veces es difícil porque algunos no entienden. (…) Éste es un nuevo momento del Ministerio Público: independiente, autónomo al servicio de la sociedad, para defender a la sociedad, para coordinar con otras instancias del Estado” pero sin injerencia de ningún lado.
Guerrero señaló que existen fiscales que aún no se enmarcan en el nuevo Modelo de Gestión Fiscal, por eso es que se ha retirado a cuatro fiscales en Cochabamba. “Se están haciendo cambios, ajustes en algunos asistentes también que tratan mal a las personas, maltratan a las víctimas”, indicó.
Nuevo fiscal
Vera nació en Potosí, es abogado, trabajó en el Ministerio de Educación, en el Fondo de Desarrollo Campesino y fue fiscal de materia por 10 años en Chuquisaca. Además es docente de la Escuela de Fiscales del Estado.
“Hasta el día de hoy (por ayer) formaba parte de los fiscales que tenía a su cargo los casos denominados Terrorismo I y II; también he tenido la posibilidad de participar en otras investigaciones tales como avasallamientos y consecuencias de los mismos; aquí en Cochabamba (en el caso) por el extravío de 119 mil dólares”, señaló Vera.
La nueva autoridad dijo que acompañará a los fiscales en los diferentes casos y que en su gestión insistirá en “controlar y garantizar que (todas las acciones) dentro la Fiscalía Departamental de Cochabamba estén en base al ordenamiento legal, respetando el mandato constitucional (...). No vamos a permitir actos que estén al margen de la ley”.
“NO HACEMOS POLÍTICA”
El fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló ayer que el Ministerio Público “no es una instancia política” como lo afirmó el fin de semana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y que no entrará en polémica porque dijo que las declaraciones que hizo —el viernes pasado— ratifican la independencia de la Fiscalía.
“No hay nada que decir, absolutamente, son criterios que se emiten desde el Ministerio Público ratificando la autonomía, la independencia (del) Ministerio Público y yo no quiero entrar más en polémicas”, respondió a la respuesta del Ministro de Gobierno. Guerrero criticó a Romero porque observó la imputación que hizo la Fiscalía al excomandante de la Policía de La Paz, Luis Araníbar por el caso Illanes. “Creo que (Romero) no conoce que hay objeciones, apelaciones, debería revisar un poco el procedimiento. Extraña que dos meses después de que salga la imputación que fue presentada el 2 de diciembre, se entere, con razón anda mal la seguridad del país”, dijo Guerrero.
Romero señaló que la declaración del Fiscal era política. “El Ministerio Público no hace política, tal vez se ha referido a que este es el año de la política criminal”, dijo Guerrero.
Vera estuvo a cargo de investigaciones como el caso terrorismo que se ventila en Santa Cruz y en el caso de la desaparición 119 mil dólares de la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Cochabamba.
Guerrero recomendó al nuevo Fiscal Departamental trabajar con las “puertas abiertas” de su despacho para coordinar con los fiscales, instituciones y atender a la población. “Es importante recorrer los módulos, Epis (Estaciones Policiales Integrales), los asientos fiscales para ver en qué condiciones están trabajando (los fiscales). No hacer un trabajo entre cuatro paredes, encerrarse y no dar la cara, no informar”, señaló Guerrero.
Pidió a todos los fiscales de materia ponerse en lugar de la víctima pero sin perder la objetividad y la investigación. “No maltraten a la gente”, indicó.
“A veces es difícil conservar la autonomía e independencia del Ministerio Público, a veces es difícil porque algunos no entienden. (…) Éste es un nuevo momento del Ministerio Público: independiente, autónomo al servicio de la sociedad, para defender a la sociedad, para coordinar con otras instancias del Estado” pero sin injerencia de ningún lado.
Guerrero señaló que existen fiscales que aún no se enmarcan en el nuevo Modelo de Gestión Fiscal, por eso es que se ha retirado a cuatro fiscales en Cochabamba. “Se están haciendo cambios, ajustes en algunos asistentes también que tratan mal a las personas, maltratan a las víctimas”, indicó.
Nuevo fiscal
Vera nació en Potosí, es abogado, trabajó en el Ministerio de Educación, en el Fondo de Desarrollo Campesino y fue fiscal de materia por 10 años en Chuquisaca. Además es docente de la Escuela de Fiscales del Estado.
“Hasta el día de hoy (por ayer) formaba parte de los fiscales que tenía a su cargo los casos denominados Terrorismo I y II; también he tenido la posibilidad de participar en otras investigaciones tales como avasallamientos y consecuencias de los mismos; aquí en Cochabamba (en el caso) por el extravío de 119 mil dólares”, señaló Vera.
La nueva autoridad dijo que acompañará a los fiscales en los diferentes casos y que en su gestión insistirá en “controlar y garantizar que (todas las acciones) dentro la Fiscalía Departamental de Cochabamba estén en base al ordenamiento legal, respetando el mandato constitucional (...). No vamos a permitir actos que estén al margen de la ley”.
“NO HACEMOS POLÍTICA”
El fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló ayer que el Ministerio Público “no es una instancia política” como lo afirmó el fin de semana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y que no entrará en polémica porque dijo que las declaraciones que hizo —el viernes pasado— ratifican la independencia de la Fiscalía.
“No hay nada que decir, absolutamente, son criterios que se emiten desde el Ministerio Público ratificando la autonomía, la independencia (del) Ministerio Público y yo no quiero entrar más en polémicas”, respondió a la respuesta del Ministro de Gobierno. Guerrero criticó a Romero porque observó la imputación que hizo la Fiscalía al excomandante de la Policía de La Paz, Luis Araníbar por el caso Illanes. “Creo que (Romero) no conoce que hay objeciones, apelaciones, debería revisar un poco el procedimiento. Extraña que dos meses después de que salga la imputación que fue presentada el 2 de diciembre, se entere, con razón anda mal la seguridad del país”, dijo Guerrero.
Romero señaló que la declaración del Fiscal era política. “El Ministerio Público no hace política, tal vez se ha referido a que este es el año de la política criminal”, dijo Guerrero.
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