Sunday, December 30, 2018

Más de mil denuncias contra operadores de justica


Durante la gestión 2018 el Consejo de la Magistratura recibió entre 1.000 y 1.200 denuncias contra funcionarios del sistema judicial, de los cuales sólo 60 casos fueron sometidos a proceso disciplinario tras verificarse suficientes indicios de faltas a la Ley 025 del Órgano Judicial, declaró ayer el representante de la Magistratura de La Paz, magistrado Aldo Castro.

“Haciendo una evaluación histórica entre las gestiones 2017 y 2018 en La Paz el rango de denuncias se mantiene entre 1.000 y 1200. Es necesario fortalecer al Consejo de la Magistratura para profundizar esta tarea y continuar de manera más eficiente”, afirmó Castro.

El magistrado afirmó que el personal asignado para esta instancia judicial es insuficiente frente a la gestión que debe cumplir en las distintas áreas y denuncias tomando en cuenta que muchos casos requieren de la acción inmediata de parte del Consejo, no sólo en la instancia de informes sino también en la intervención directa a juzgados.

Castro refirió que la recurrencia de faltas denunciadas contra los operadores de justicia tiene que ver, la mayoría, con la suspensión de audiencias, omisión y notificaciones a destiempo, recientemente el Consejo de la Magistratura intervino varios juzgados donde se evidenció la comisión de la faltas disciplinarias, entre éstas en consumo de bebidas no permitidas.

“Las acciones directas que se han estado realizando han permito tener una mayor y sólida presencia institucional en las acciones. Esta presencia institucional nos ha permitido fortalecer y mejorar la administración de justicia”, remarcó.

Durante la gestión 2018, el ente judicial contralor ha iniciado 60 procesos disciplinarios, entre éstos a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, que fueron destituidos del cargo, mientras que otros recibieron sanciones pecuniarias o si amerita llamadas de atención, además de hacer frecuentes recomendaciones tanto a jueces como al personal de apoyo.

Castro aclaró que independientemente de la vía por la cual se tome conocimiento de la denuncia, que puede ser vía Consejo de la Magistratura o directamente ante uno de los tres jueces disciplinarios que tiene esta institución, se realiza una previa evaluación de la denuncia para verificar el sustento de la misma.

“La Magistratura analiza la presunta falta y se hace un informe, sobre la base de éste y la instancia de asesoría se recomienda o desestima el proceso. Este procedimiento permite precautelar los derechos de las partes”, refirió tras remarcar que no se tratan de acciones arbitrarias, sino en estricto apego a la norma.

RENOVACIÓN DE PERSONAL

Castro señaló también que el Consejo de la Magistratura está en la fase de renovación de autoridades jurisdiccionales por jueces de carrera emergentes de las convocatorias públicas para la selección y preselección de postulantes.

“Paulatinamente se está cambiando al personal y vamos a continuar con este proceso en la medida que se vayan presentando las acefalías. La última realizada durante la gestión 2018 fue para cobertura de cargos a jueces, vocales departamentales, jueces jurisdiccionales, jueces registradores y personal de apoyo”, señaló sin dar cifras exactas y queda aún por designar cuatro acefalías para La Paz, dos en El Alto y otros dos en la sede de gobierno.

“Los últimos acontecimiento en el sistema judicial nos han obligado a repensar en la actuación de los administradores de justicia. Este año ha salido a luz aspectos que nos llaman a ver con mayor cuidado el régimen de control y fiscalización”, refirió Castro.

El magistrado, precisó que la selección del recurso humano para los cargos acéfalos cuenta con el criterio de destacados académicos y juristas, quienes evalúan los méritos e idoneidad de los postulantes.

De acuerdo con lo previsto para el siguiente año, el Consejo de la Magistratura priorizará “la intervención más decidida a los juzgados, vamos a incidir en el cumplimiento del régimen disciplinario”, señaló el magistrado.

Junto a este plan contralor la Magistratura también tiene previsto continuar con el plan de descentralización, en Derechos Reales como, inicialmente en Patacamaya y Los Yungas de La Paz.

Saturday, December 29, 2018

La Paz: Remueven a 12 fiscales por acusaciones



El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó que 12 fiscales de la División Corrupción Pública del Ministerio Público fueron removidos de sus cargos tras ser acusados por presunta corrupción y otros hechos irregulares.

Señaló que en contra de los fiscales removidos se plantearon varias denuncias de presunta corrupción, que fueron conocidas en su momento y ahora incluso se analiza la posible destitución de los funcionarios involucrados.

Abogado pide dinero para cancelar a un fiscal y juez


4.500

BOLIVIANOS sería la suma que "sonsacó" el abogado identificado con el apellido Barrera, según Marco Borda.

Un abogado solicitó dinero a su cliente con la finalidad de pagar a un juez y un fiscal para sacarlo de Cantumarca, penal donde está recluido preventivamente por el delito de violación.

La denuncia la hizo pública el abogado Marco Borda, quien dijo que actualmente su colega está "desaparecido", luego de "soncarle" dinero a su propio cliente.

Lamentó que su colega haga quedar mal a los profesionales que estudiaron derecho porque, según él, no se puede engañar a las personas.

Actualmente, se presentó una querella en el Ministerio Público contra este ciudadano para que comparezca y se defienda de la acusación.

"Este abogado a sonsacado la suma de 4.500 bolivianos a una persona que enfrenta un proceso penal por el delito de violación", afirmó a los medios de prensa.

Borda dijo que el hecho ocurrió hace seis meses y, a la fecha, el abogado esta "desaparecido" porque ni siquiera acudió a la declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Finalmente, dijo que ahora espera que las autoridades requieran lo que manda la ley.

Friday, December 28, 2018

Denuncian que un juez se duerme en las audiencias y solo despierta para dictar resoluciones


Raquel Guerrero, abogada de la familia del niño José Junior Vega Villarroel que falleció por presunta negligencia médica, cuestionó la capacidad para administrar justicia del vocal Sigfrido Soleto, ya que, según denunció, las audiencias las pasa durmiendo y luego dicta resoluciones.

Guerrero anunció una querella penal contra este funcionario que, según su declaración, es un mal administrador de justicia. Soleto dio libertad a una médica implicada en la muerte de José Junior.

"Vamos a iniciar acciones penales contra estos señores, malos administradores de justicia, en especial contra ese señor Sigfrido Soleto que solo va y se duerme", manifestó la jurista.

Guerrero remarcó que Soleto no solo se quedó dormido en dos audiencias en las que ella participó, sino en varias, y que esta situación es de conocimiento del Órgano Judicial, que no hace nada al respecto.

"No es en las únicas dos audiencias que Soleto se duerme y despierta solo para dictar sus resoluciones, en todas las audiencias (se duerme), este señor ya no está apto para un cargo tan alto que es ser vocal, defender a la sociedad", manifestó.

Recordó que el vocal también se quedó dormido en la audiencia del caso Sebastián, niño al que le extirparon un riñón sano por error, y en "muchas audiencias más, y eso todo el Palacio de Justicia (de Santa Cruz) lo sabe".

Soleto también incumplió por casi tres años una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cafferata y luego de excusó de ver la causa.

Thursday, December 27, 2018

Justicia liberó a 20 antisociales protuariados

En las últimas horas la fuerza del orden detuvo Ronald Iturri a que tiene seis antecedentes delictivos desde el 2006, el ministerio público pide su detención en Chonchocoro.

La Policía denunció que la justicia liberó a 20 de los 29 delincuentes que fueron aprehendidos la semana pasada durante tres operativos que se realizó en un solo día. Al respecto el director de la Unidad Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Juan José Millán, lamentó que las autoridades judiciales no hayan tomado en cuenta los antecedentes delictivos.

“Me atrevo a decir que la mayoría de ellos (delincuentes aprehendidos en flagrancia) están siendo beneficiados con la libertad, inclusive sin tomar en cuenta los antecedentes y el prontuario que en materia aportamos a la autoridad jurisdiccional. Los jueces aún no están cooperando en este tema ya que están aplacando con otro tipo de criterios”, cuestionó Millán.

El pasado viernes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga presentó a 28 personas involucradas en hechos delictivos, los cuales eran miembros de tres bandas delictivas que operaban en las principales zonas comerciales de La Paz.

La autoridad policial señaló que existe un trabajo de coordinación con el ministerio público, para evitar que estas personas puedan quedar en libertad. Lamentablemente esta misma situación no se replica con los miembros del Tribunal Departamental de Justicia, quienes son los que benefician con medidas alternativas a la detención.

En las últimas horas la policía aprehendió a Hugo Iturri, quien con la compañía de otras dos personas ingresó a una tienda en la zona de Achachicala para sustraer objetos de valor. El propietario al percatarse de ese hecho lo persiguió hasta detenerlo, pero este sujeto le ocasionó varias heridas con un cuchillo de mesa.

Millán explicó que este sujeto cuenta con seis antecedentes delictivos desde el 2006 hasta octubre del presente año, el fiscal que lleva el caso está pidiendo la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por su peligrosidad.

“Esperamos que en esta ocasión se pueda determinar la detención preventiva en Chonchocoro que ha sido el pedido del fiscal de materia. Esperamos que las autoridades jurisdiccionales obren conforme a Derecho y puedan enviarlo a ese centro penitenciario”, añadió.

Wednesday, December 26, 2018

Pacajes pide disculpas por elegir mal a sus amigos


La exjueza Patricia Pacajes pidió disculpas al pueblo boliviano porque se equivocó al elegir a sus amistades a quienes acusa de haberla drogado para grabarle sobre el caso Alexander; asegura que dicho audio es ilegal, por lo tanto, es "inimputable".

Ella permanece en el penal de Obrajes y protestó este pasado lunes porque se suspendió, por segunda vez consecutiva, su audiencia a la cesación de su detención preventiva.

La exautoridad una vez más pidió disculpas al pueblo boliviano, pero por equivocarse al elegir a sus amistades, a quienes señala como responsables de haberla drogado y dopado para grabarle sobre el caso del bebé Alexander y revelar que Jhiery Fernández era inocente.

"Pido disculpas (...) al pueblo boliviano por haberme equivocado, equivocarse es de humanos, al elegir a mis amistades; el pueblo se va a dar cuenta que la suscrita ha sido dopada, drogada, es víctima de delincuentes y me han grabado", declaró a la red Gigavisión.

La autoridad insistió que su sentencia se basó en las pruebas que presentó la Fiscalía, pese a que el Consejo de la Magistratura a partir de una auditoría abrió varios procesos de tipo penal y administrativo contra jueces y funcionarios judiciales por este caso.

En el mes de septiembre se difundió un audio en el que Pacajes revela que el médico acusado de violación al bebé Alexander era inocente, porque el Ministerio Público basó su acusación en una prueba que no demostraba la violencia sexual.

Sin embargo, según la exjueza el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía (IITCUP) determinó que el audio no tiene valor legal.

"En fecha 26 o 38 de septiembre, es una prueba científica, donde dice que el audio o grabación no tiene valor legal, voy a presentar a la prensa, porque los archivos se encuentran contaminados (y) regrabados", sostuvo.

La exjueza se considera inimputable "Lo que he hablado es de borracha, estaba dopada, drogada, no he hablado en mi sano juicio. Soy inimputable porque la base de la prueba es ilícita, esta grabación es ilícita", sostuvo, es decir que no tiene responsabilidad penal en sus actos por la sentencia en el caso Alexander.

Tuesday, December 25, 2018

Gobierno dictó indulto y amnistía para 2.535 privados de libertad

El presidente Evo Morales dictó este lunes un nuevo Decreto de indulto y amnistía para favorecer a 2.535 personas privadas de libertad con penas menores a cinco años y para quienes tuvieran menores a su cargo, excepto casos violencia intrafamiliar, corrupción, atentados contra el presidente.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que en los siguientes 365 días se pretende 1.035 personas obtengan la amnistía y unas 1.500 accedan al indulto.La amnistía se dará a personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menor o igual a 5 años, excepto en determinados tipos penales, como la violencia familar, corrupción, sustracción de un menor, sedición, atentados contra el presidente y otros dignatarios, homicidio culposo. El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que en los siguientes 365 días se pretende 1.035 personas obtengan la amnistía y unas 1.500 accedan al indulto.La amnistía se dará a personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menor o igual a 5 años, excepto en determinados tipos penales, como la violencia familar, corrupción, sustracción de un menor, sedición, atentados contra el presidente y otros dignatarios, homicidio culposo.También se beneficiarán quienes haya cometido delitos cuya pena es hasta ocho años de cárcel, siempre que hay acuerdo con las víctimas, excepto en delitos como estupro, pornografía, espectáculos obscenos con niños, abandono de niños, cohecho, entre otros.Asimismo, pueden recibir amnistía reclusos con discapacidad grave o muy grave, enfermedad terminal, mujer embarazada o con hijo lactante, quienes tengan bajo su guarda única a hijo menor de 6 años de edad con o con discapacidad, personas a partir de los 58 años de edad, y cuando exista acuerdo con la víctima víctimas múltiples por delitos de estafa, estelionato, quiebra, alzamiento de bienes o falencia civil y lesiones gravísimas.El indulto, por otro parte, es para quienes tengan extramuro, detención domiciliaria, libertad condicional y condenas hasta 365 días calendario siguientes a la publicación del Decreto.Pueden recibir este beneficio los reos hasta 28 años de edad o más 58 años y que hayan cumplido una cuarta parte de la condena.También pueden acogerse quienes tengan bajo su cuidado a menores de seis años de edad, quienes cuiden a un hijo con discapacidad grave o muy grave, y quienes tengan enfermedad incurable.Asimismo, el indulto es para las personas con pena privativa de libertad igual o menor a 10 años y que haya cumplido una cuarta parte de la condena privativa. También será para reos que tengan acuerdo con las por delitos de estafa y tipos penales parecidos, mujeres embarazadas o que tengan hijo lactante.Arce señaló que el indulto no procederá cuando se trate de delitos de traición a la patria, espionaje, separatismo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, tenencia de armas, tráfico ilícito de armas, robo de armamento y munición de uso militar o policial. homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, homicidio culposo, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y delitos contra la seguridad exterior e interior Estado, delitos donde el Estado sea parte querellante o acusadora.

Tampoco procederá la amnistía o el indulto cuando la víctima sea niña niño o adolescente, persona incapaz o por violencia familiar o doméstica, no procederá tampoco en caso de delitos de sustancias controladas sancionadas con penas superiores a 10 años de privación de libertad, corrupción o vinculados, excepto incumplimiento de deberes sin afectación al estado y omisión declaración de bienes y rentas. (Erbol)

Saturday, December 22, 2018

Tribunal de Justicia nombró 30 vocales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no logró designar a los 80 vocales que tenía previsto debido a los antecedentes penales que registran la mayoría de los postulantes, informó el presidente de la máxima instancia judicial, magistrado José Antonio Revilla.

En sesión extraordinaria, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia priorizó la designación de 30 vocales para cargos acéfalos en los 9 departamentos, no obstante de que el objetivo inicial fue cubrir 80 cargos acéfalos.

Revilla señaló que la decisión de asignar sólo 30 vocales fue asumida luego de verificar los indecentes penales de los postulantes.

“Deberíamos nombrar 80 vocales, han sido nombrados una fracción, un número de 30, contrastadas las nóminas correspondientes con antecedentes penales, nos hemos encontrado con que muchos postulantes tiene antecedentes penales, consiguientemente, dado el poco tiempo que disponemos, ya que el Tribunal supremo entre en vacación se ha visto por conveniente priorizar las acefalías”, remarcó la máxima autoridad del TSJ.

Las designaciones pendientes fueron diferidas para enero del siguiente año, una vez cumplida la contrastación de la información para no causar descrédito ante la población, En tal razón, los magistrados en Sala Plena decidieron tomarse un tiempo hasta enero para analizar la situación de los postulantes con antecedentes penales, explicó Revilla. “Se ha nombrado por unanimidad las acefalías, tomando en cuenta los criterios meritocráticos y los primeros de las listas”, dijo el presidente del TSJ, tras aclarar que los nuevos vocales deben reemplazar a los que cumplieron su mandato constitucional de cuatro años de ejercicio.

Los vocales designados para cada departamento son los que la Sala Plena consideró pertinente y adecuada para el idóneo cumplimiento del cargo.

Para el departamento de Pando fueron designados los abogados Luis Gonzalo Vargas Terrazas y David Zeballos Burgoa; para Beni los vocales, Marlene Arteaga Vaca, Roberto Ismael Nacif Suárez y Haider Echalar Justiniano; para Potosí los vocales Ronald M. Baldivieso Flores, Remberto Elías López Ll., Ingrid A. Arizaga Flores y Luis Condori Sunagua; para Tarija Yenny Cortez Baldivieso y Ernesto Félix Mur; para Chuquisaca Iván Sandoval Fuetes; a Oruro fueron designados los vocales Hernán Ocaña Marzana, Juan Carlos Selaya Rojas y Filimón Comdori Callizaya, para Cochabamba los vocales Jesús V. Gonzales Milan, Patricia Torrico Ortega, Juan Edgar Balderrama B., Mirtha Mabel Montaño Torrico, Claudia G. Morales Orellana y Pablo Antezana Vargas; para La Paz fueron designados los vocales Eddy Aruquipa Cubillas, Iván Ramito Campero Villalba, Cesar Wemceslao Portocarrero C., Silvia M. Portugal Espinoza, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Rosario Verónica Sánchez S; finalmente para Santa Cruz fueron designados los vocales Ever Alvares Orellana, Arminda Méndez Terrazas y Efrain Cruz Limachi.

Las nueva autoridades serán posesionadas en enero del siguiente año en cada uno de sus distritos judiciales por el magistrado representante de su Departamento.

Saturday, December 15, 2018

TCP declara improcedente recurso contra ley del TIPNIS

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra la ley que anula la intangibilidad al territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), fue declarado improcedente por esta instancia.

“El Tribunal Constitucional Plurinacional ha dispuesto la improcedencia del mismo” afirmo el Magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado.

Como se recordará, el año pasado, diputados de Unidad Demócrata (UD) presentaron en Sucre un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la Ley que anula la intangibilidad del TIPNIS.

En ese entonces, el diputado Norman Lazarte, que encabezó la delegación, hizo la presentación, y al momento de hacerlo precisó que se trata de una acción de inconstitucionalidad abstracta, puesto que a su criterio la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).

Lazarte señalaba que la Ley estaba contra la biodiversidad protegida por la Constitución y tratados internacionales. En el memorial se observaba, por ejemplo, que la norma vulnera el artículo 342 de la CPE que obliga al Estado a mantener el equilibrio en el medio ambiente.

Asimismo, el opositor indicaba que en el recurso también se solicita medidas cautelares, para evitar que se aplique la ley mientras se decide su constitucionalidad.

El fundamento de la demanda indicaba que sigue vigente en la Constitución, en su artículo 385, la preservación de las áreas protegidas, y los artículos 388 y 403 protegen a los territorios indígenas.

El TIPNIS tiene una doble condición para su protección, por ser parque nacional y territorio indígena, por lo tanto su resguardo no sólo está garantizado en la Carta Magna y las leyes sino en convenios internacionales.

El oficialismo en la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS que básicamente levanta la “intangibilidad” y abre la posibilidad de que se construya la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari resistida desde antes de 2011. EL DIARIO y otros medios.

Oposición pide destituir a fiscal Juan Lanchipa

Unidad Demócrata (UD) exige al Gobierno la destitución del Fiscal General del Estado (FGE) Juan Lanchipa, por tener militancia en el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque vulneró la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, la autoridad aseguró que no es parte de ninguna organización política.

“Estoy presentando un requerimiento ante el presidente de la Asamblea legislativa Álvaro García, para que se proceda con la destitución del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa puesto que se ha comprobado, según el nuevo padrón de militantes que se habría inscrito a las filas del MAS el 16 de septiembre de este año”, dijo Ortiz.

El legislador afirmó que esta irregularidad vulneró los artículos 227 y 182 de la Constitución Política del Estado, los cuales restringen que el Fiscal General sea parte de una organización política. Además que eso resta la credibilidad del trabajo transparente que se realice liderando esa institución.

Sin embargo, la unidad de comunicación del Ministerio Público, mediante un comunicado negó que el Fiscal General del Estado se haya inscrito como militante en el partido oficialista, consideró que hubo un error en el sistema o suplantación.

“Son errores de sistema que ellos (Tribunal Supremo Electoral) tienen, seguramente alguna otra persona ‘x’ ha suplantado alguna firma, algún nombre, etcétera, pero lo que queda claro es que nuestra autoridad (Lanchipa) no es militante y no se ha inscrito en ningún partido político”, aseguró José Luis Tarquino, director de Comunicación de la Fiscalía.

El pasado 9 de octubre, Lanchipa fue elegido por la Asamblea Legislativa como el nuevo titular de esa institución, obtuvo 116 votos de los 152 que fueron emitidos en la sesión del pleno.

En medio de un fuerte cuestionamiento sobre su cercanía con el ministro de Justicia, Héctor Arce, el 23 de ese mes fue posesionado en el cargo por el presidente Evo Morales en reemplazo de Ramiro Guerrero quien en octubre culminó su gestión de seis años.

Uno de los requisitos que exigía el reglamento del proceso de selección que aprobó la Asamblea Legislativa, era que los candidatos a ese alto cargo no sean militantes de ningún partido político, por lo menos cinco años antes del proceso de convocatoria.

A pesar de que en un principio, Tarquino negó que Lanchipa sea militante del partido oficialista, indicó que la autoridad del Ministerio Público está solicitando al Órgano Electoral que anule el registro de su militancia en el partido oficialista.

OTRAS MILITANCIAS

Además de Lanchipa, los fiscales departamentales de La Paz y Santa Cruz, William Alave y Mirael Salguero, respectivamente, figuran ambos como militantes del MAS en el registro del TSE.

En la aplicación Yo Participo se puede observar que Alave fue inscrito el 17 de septiembre de este año, mientras que Salguero fue registrado en ese partido un día antes. Éste segundo el mismo día que Lanchipa.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 21, el cargo de fiscal es incompatible con la militancia en organizaciones políticas. Esa misma condición está vigente para nombrar a fiscales departamentales.

Fiscalía General: Presunta militancia política de Lanchipa se trata de un error



El jefe de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, aclaró que el titular de esta institución, Juan Lanchipa Ponce, no es militante de ninguna agrupación política y que el hecho de que figure en listas del Movimiento Al Socialismo (MAS) debe ser atribuido a un error del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Como es de conocimiento público desde algunas semanas atrás se han encontrado varios errores en el sistema de registro de militantes que administra el TSE donde muchos ciudadanos aparecieron como militantes de diferentes partidos políticos y éste es uno de esos casos”, dijo Tarquino, de acuerdo a un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Según los datos arrojados por el sistema Yo Participo del TSE, Lanchipa estaría registrado como militante de uno de los partidos políticos existentes en el país; sin embargo se trataría de una “falsa militancia” debido a un “error de sistema” del Tribunal Electoral.

El Funcionario recordó que el pasado 22 de agosto el actual Fiscal General del Estado presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional diferentes requisitos, entre ellos el respectivo certificado de no militancia otorgado por el TSE, para postularse y habilitarse para el cargo.

“Sería ilógico que la actual autoridad luego de acreditar su no militancia el 22 de agosto, tres semanas después se inscriba a un partido político estando en plena carrera de selección para Fiscal General”, dijo Tarquino a tiempo de indicar que en las últimas horas ya se habría realizado el respectivo trámite de rigor ante el TSE para anular esa “falsa militancia”.

Monday, December 3, 2018

LEY N° 1027 - LEY DE ABROGACIÓN DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

LEY N° 1027
LEY DE 25 DE ENERO DE 2018
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE ABROGACIÓN
DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia M. Gómez Andrade, Alicia Canqui C, Margarita del C. Fernández Claure.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Octavio Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez MINISTRO DE EDUCACIÓN E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

Sunday, December 2, 2018

LEY N° 1025 - LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205 DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

LEY N° 1025
LEY DE 10 DE ENERO DE 2018
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

LEY DE DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 137 Y 205
DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan los Artículos 137 y 205 de la Ley N° 1005 de fecha 15 de diciembre de 2017, “Código del Sistema Penal”.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Omar Paul Aguilar Condo, Patricia M. Gómez Andrade, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Milton Claros Hinojosa, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Ariana Campero Nava.

La Fiscalía desestima la denuncia contra el TSE



Por decisión del fiscal de distrito, William Alave, quedó sin efecto la denuncia contra vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como consecuencia de la aparición de inscripciones no autorizadas en partidos políticos.

El abogado que se atribuyó la representación de al menos 500 personas, Omar Durán, expresó su desacuerdo ante esta determinación debido a que al momento de presentar la queja adjuntó la autorización de las personas afectadas.

El jueves, el abogado presentó una acusación penal en contra de los miembros del TSE (María Choque, presidenta; Antonio Costas, vicepresidente; Lucy Cruz, vocal; Idelfonso Mamani, vocal, y Dunia Sandoval, vocal), ante la Fiscalía, por los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración o modificación del padrón electoral.

Alave dio a conocer que la queja no contaba con la facultad otorgada por ley para que se obre a nombre de los 500 afectados, y por ello hoy la instancia judicial desestimó la denuncia.

El vocal del TSE, Idelfonso Mamani, dijo que desconoce la demanda contra los vocales y sólo se remitió a señalar que por decisión de Sala Plena se resolvió que las personas que desean presentar los formularios para anulación, renuncias y restitución de sus antecedentes de militantes tienen plazo hasta el 5 de diciembre.

De acuerdo con el TSE, hasta el 29 de noviembre 34.744 personas acudieron a dependencias del Órgano Electoral para regularizar su situación de militancia.

Además aseguró que el calendario electoral se cumple de acuerdo con lo planificado y que el 13 de diciembre se hará a conocer el padrón de militancia.

Friday, November 30, 2018

Jhiery Fernández procesa a exjueza Pacajes

El médico Jhiery Fernández inició este jueves un proceso penal contra la exjuez Patricia Pacajes por difamación y calumnia, después de que lo vinculó a un supuesto "grupo delincuencial".

"Hemos presentado el día de hoy una demanda en un proceso privado", indicó Cristian Alanes, abogado de Fernández.

El pasado lunes, Pacajes aseguró que Fernández usó un grupo delincuencial para hacerla drogar y grabar un audio con sus declaraciones para luego utilizar ese material como prueba y conseguir su objetivo de salir de la cárcel.

Fernández negó esa acusación y exigió a la exjuez disculparse de toda la población boliviana porque se demostró que administró muy mal la justicia.

El 17 de septiembre pasado, Petrona Patricia Pacajes Achu admitió, según un audio, que condenó sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández por una violación que nunca sufrió el bebé Alexander.

La administradora de justicia y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz cuenta en detalle su papel en el caso que sacudió la sensibilidad boliviana a fines de 2014, por involucrar a un menor en una casa de acogida.

Según los datos que brinda, casi todos los que intervinieron en los tribunales, en este escalofriante caso, sabían que el médico Jhiery Fernández era inocente, incluso fiscales que lo imputaron y acusaron sobre la base de un error de una médica forense inexperta.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses perdió la vida a raíz de un paro cardiorespiratorio. Presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense Ángela Mora estableció que el menor había sido víctima de violación.

En La Paz se requiere 60 nuevos juzgados

Presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova, informó ayer que para prestar un mejor servicio a la sociedad, se requiere contar con al menos 300 juzgados, los 240 actualmente existentes son insuficientes. A pesar de ello, los operadores de justicia cumplirán la vacación judicial anual del 4 al 30 de diciembre.

Explicó que el Distrito de La Paz es el que mayor carga procesal tiene a nivel nacional y que esta gestión la carga procesal subió en 40 por ciento.

“Hay una sobrecarga en el trabajo. A diario se están llevando entre cinco a seis audiencias en el TDJ. La proporcionalidad en la capacidad humana de los jueces para atender las audiencias no es equilibrada, pero se lo está haciendo”, dijo.

Por otro lado, informó que en La Paz se dispuso vacación judicial del 4 hasta el 30 de diciembre del presente año en el marco de la Ley 810.

“Se van a quedar juzgados en materia penal para atender todos los casos con detenido y los nuevos casos que se vayan a presentar durante la vigencia de la vacación. Se está quedando una sala penal y los juzgados necesarios. En la ciudad de La Paz se están quedando dos juzgados cautelares, el mismo criterio se está manejando en la ciudad de El Alto, estamos viendo tratar de ver una equidad entre la necesidad que tiene la población y el número de juzgados que se van a quedar”, aclaró.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió suspender la vacación judicial de esta gestión porque tienen trabajo pendiente. Al respecto, Campero explicó que dicha suspensión es solo para el personal del TSJ que tiene su sede en Sucre.

Seis jueces serán procesados por faltas en caso Alexander

El representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Américo Araníbar, informó que la próxima semana iniciarán procesos penales y disciplinarios contra seis jueces que participaron en el caso bebé Alexander.

El informe de auditoría legal al proceso contra el médico Jhiery Fernández reveló que existen indicios de faltas graves y gravísimas cometidas por seis jueces, siete funcionarios judiciales y establece que ocho fiscales son responsables de retardación de justicia.

Aranibar explicó que tras recibir el informe de auditoría jurídica a la sentencia 05/2018 del caso bebé Alexander, en Sucre, esta instancia viene preparando las denuncias correspondientes contra cinco exmagistrados y uno (Rolando Chaca) que continúa en ejercicio de sus funciones.

“Los procesos no solamente se harán contra los doctores Patricia Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida sino contra los jueces de instrucción que han conocido este caso del bebe Alexander, me refiero a los doctores Enrique Morales, Rolando Chaca y Lía Cardozo”, dijo.

La autoridad judicial manifestó que entre el lunes o martes de la próxima semana presentarán denuncias ante un juez disciplinario por las faltas graves, así como procesos penales ante el Ministerio Público.

Aranibar aclaró que en septiembre se inició un proceso disciplinario contra la exjuez Patricia Pacajes, por revelar hechos de un caso declarado en reserva, misma que concluyó el lunes con su destitución definitiva.

Empero sigue en curso otro proceso disciplinario por retardación en la remisión de obrados al tribunal de alzada del caso bebé Alexander, contra los tres jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, compuesta en ese entonces por Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladis Guerrero.

“Este se encuentra en curso, entendemos que el juez disciplinario ya va a emitir una resolución definitiva sancionando a los exjueces Mérida, Guerrero y Pacajes”, anunció.

Consultado por el sistema judicial que en los últimos meses ha sido muy cuestionado por el accionar de algunos magistrados, manifestó que en esta nueva gestión del CM está seleccionando jueces probos y desde la próxima gestión serán evaluados periódicamente de manera integral, misma que incluirá un estudio psicológico.

“Se está viendo la meritocracia para que puedan entrar jueces probos, al margen de ello está la evaluación y permanencia de los jueces, es decir que los mismos van a ser evaluados a partir del próximo año de manera permanente y periódica”, apuntó.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Iván Córdova, manifestó que se pidió al CM que se tenga mucho cuidado en la selección de jueces, debido a los últimos hechos que salieron a la luz.

“El juez es un profesional especializado en un área, es una persona que debe contar con una madurez social, solvencia académica, experiencia en el tema judiciario y el juez es humano, es por eso que también nosotros debemos asumir todos esos componentes para que en definitiva tengamos jueces profesionales, que nos permitan que la justicia ingrese en un proceso de cambio. Es importante hacer una reingeniería en algunos elementos de la formación de jueces”, aseveró.

Por otro lado, informó que ayer posesionó a dos nuevos jueces para atender los casos del Tribunal Décimo de Sentencia.

Esta gestión, tres jueces fueron descubiertos en estado de ebriedad presidiendo audiencias, en junio los jueces Daniel Huaynoca y Tomás Condori fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en el Tribunal Tercero de Sentencia y el 22 de noviembre el juez Ramiro Quenta, del Tribunal de Sentencia VIII de La Paz, fue aprehendido, por segunda vez, dirigiendo una audiencia ebrio.

Sunday, November 25, 2018

Denuncia contra Susana Boyán y Roberto Mérida

El abogado Johnny Zeballos presentó el viernes una denuncia ante el Ministerio Público, contra la exfiscal Susana Boyán, el exjuez Roberto Mérida y el jurista Sergio Rivera por haber manipulado un proceso en el que buscaban apropiarse de un patrimonio de aproximadamente millón y medio de dólares.

“Estamos presentando la denuncia formal por el consorcio de jueces, fiscales, abogados y partes dentro del Tribunal Décimo de Sentencia, en relación al doctor Roberto Mérida y su relación y vínculo ilegal que tendría con el abogado Sergio Rivera y la exfiscal Susana Boyán, a objeto de apropiarse de los bienes del señor Nelson Estrada dentro de una declaratoria de herederos de un millón y medio aproximadamente”, aseveró.

Zeballos explicó que el 19 de noviembre de 2018 recusaron al exjuez Roberto Mérida porque era patrocinado por el jurista Sergio Rivera R., quien también es abogado de Paolowa Estrada, una de las denunciadas en el caso.

“A través de la recusación, se me hace llegar este documento que es la Resolución Disciplinaria Nº 26/2017, dentro del caso 309/2016 donde la denunciada es Susana Boyán y su abogado es Sergio Rivera, abogado que también es apoderado de la parte que se está queriendo expropiar de los bienes del señor Nelson Estrada, que ya ha sido denunciado por la exjuez Patricia Pacajes”, aclaró.

El jurista explicó que en diferentes audiencias el extinto Nelson Estrada fue amedrentado ya que al ser víctima se lo interrogó como acusado, tratando de obtener elementos ilegales.

“En audiencia dijeron queremos elementos para un parricidio, cuando el señor Estrada no se encontraba en Bolivia, se ha mencionado un robo y hurto en contra de la esposa del señor Estrada, misma que se encuentra en el penal de Obrajes, pese a que nunca encontraron ese dinero. Tenemos audios que demuestran que la misma denunciante dice que ese dinero jamás ha existido”, refirió.

Las denuncias contra jueces, fiscales y el jurista se presentaron luego de que la exjuez Patricia Pacajes denunciara a este consorcio ante el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, Roberto Mérida y el abogado Rivera anunciaron por separado una demanda penal en contra de la exjuez Pacajes por el delito de calumnia, pues ella lo denunció por consorcio de jueces y fiscales, acusación que según dijeron es falsa.

Thursday, November 22, 2018

LEY N° 1011 - PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

LEY N° 1011
LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo Único. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 33 y 37 de la Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Nuestra Señora Santa María de la Asunción, República del Paraguay.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta.



PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
PREÁMBULO
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva del derecho a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano,
HAN CONVENIDO
en suscribir el siguiente
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
ARTÍCULO 1
Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
ARTÍCULO 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
ARTÍCULO 3
El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de  un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTÍCULO 4
El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Friday, November 9, 2018

Caso “bebé Alexander” CM: 27 jueces, fiscales y funcionarios cometieron faltas graves y gravísimas

El Consejo de la Magistratura (CM) estableció que 13 funcionarios, entre jueces y administrativos, además de 14 fiscales, tienen indicios de haber incurrido en delitos y faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas. Conocido el diagnóstico, el diputado Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), pidió que los responsables sean procesados penalmente y encarcelados.

“Era obvio que no solo la exjuez Patricia Pacajes era la culpable, ahora, con el ingreso de nuevos fiscales en el caso, se dieron cuenta que incurrieron en errores. Esto tiene que llevar a que tanto jueces y fiscales que han hecho mal las cosas, entren a la cárcel. Es más, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán ya deberían estar detenidos”, aseguró Barral.

El decano del CM, Omar Michel Durán, informó que la auditoría también develó que entre el 90 y 95 por ciento de los funcionarios del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz tienen responsabilidades.

“Lamentamos mucho que hayan habido tantas fallas, tantos errores”, dijo este jueves en conferencia de prensa, en la ciudad de Sucre, sede de sus funciones.

Explicó que la auditoría, solicitada por la defensa legal del médico Jhiery Fernández, que fue condenado a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé Alexander sin pruebas científicas ni testificales, contiene más de 260 hojas de informe, que constituye una radiografía de todo lo acontecido en el proceso.

Fernández permaneció recluido desde el 16 de diciembre de 2014 y el pasado 10 de octubre dejó el penal de San Pedro, cuando una juez dispuso medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria.

El bebé Alexander falleció el 13 de noviembre de 2014, y según investigaciones de la Fiscalía de La Paz, dirigida entonces por Patricia Santos, el deceso se produjo por una presunta violación. A casi cuatro años del hecho, existe confusión sobre lo sucedido en un hogar de asistencia a menores dependiente de la Gobernación de La Paz.

El informe contenido en más de 260 fojas, describe a detalle los presuntos delitos cometidos por los funcionarios, como la suspensión de 106 audiencias de las 221 programadas.

Asimismo, aclaró que por el Ministerio Público participaron 14 fiscales en ambas etapas, la preparatoria donde procede la investigación y la de juicio oral. En ambas etapas destaca la participación de Edwin Blanco, Susana Boyán, mientras que en la etapa preparatoria además de los mencionados, destacan Patricia Santos, Rosby Zapata, Edna Montoya, Lizeth Zarco, Gastón Corrales, Leopoldo Ramos, entre otros.

La consejera Dolka Gómez aclaró que como CM no pueden valorar la sentencia misma, sino sólo revisar las cuestiones de forma que tiene incidencia en las jurisdiccionales.

“Este proceso se está sustanciando todavía, porque aún está en apelación con un plazo ya extemporáneo. Las autoridades jurisdiccionales determinarán cuál será la sanción, o la próxima vía que se tenga que seguir”, dijo.

Thursday, November 8, 2018

Video Abogado de Medico Fernandez, explica las avances del Caso, LA JUSTICIA APESTA!!!

Magistratura: Auditoría detecta faltas graves y delitos penales en caso Alexander


El decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán, informó este jueves que la auditoría realizada al caso Alexander encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", manifestó Michel en conferencia de prensa.

La auditoría jurídica al caso Alexander por parte del Consejo de la Magistratura duró un mes. Analizó 56 expedientes y emitió un informe de más de 260 hojas que "constituye la radiografía precisa y final de todo lo que ha acontecido en la tramitación del proceso denominado bebé Alexander".

Antecedentes


El médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia sin que exista una prueba contundente de su culpabilidad en la violación y muerte del bebé Alexander. Durante el proceso se denunció de forma reiterativa la actuación de la Fiscalía por amenazar a testigos y abogados, y esconder pruebas que beneficiaban al galeno.

El caso dio un giro cuando la presidenta del Tribunal, Patricia Pacajes, reveló en un audio que la violación a Alexander nunca existió y que la sentencia se dio por presión política de tener un culpable. De no ocurrir este hecho, Fernández seguiría preso.

Michel dijo que en el caso participaron entre jueces y personas de apoyo jurisdiccional casi 10 y 14 fiscales, que serán abordadas por sus entidades correspondientes.

La autoridad indicó que lo que corresponde a partir de este momento al pleno del Consejo de la Magistratura es remitir el informe final de auditoría jurídica a las autoridades competentes.

"Mandaremos una copia al fiscal general del Estado para que pueda asumir lo que corresponda en el marco de su ley orgánica, en lo que concierne a la participación de los fiscales, y también vamos a remitir esta auditoría ante la representación del Consejo de la Magistratura de La Paz, a los jueces disciplinarios correspondientes", apuntó.

Aclaró que la auditoría jurídica es un análisis sobre todo a los procedimientos y a los plazos del proceso. Michel dijo también que les llamó profundamente la atención que de 221 audiencias producidas en el caso, se hayan suspendido 106. "Es realmente alarmante para todo el Estado boliviano y todo el Órgano Judicial", lamentó.

Dijo que la auditoría jurídica en este caso tiene que constituir un hito histórico para poder "enfrentar los vacíos y los males endémicos que en las tramitaciones de muchos juicios sufrimos en nuestra patria en el Órgano Judicial".

Ministerio Público retira su apelación a condena en el caso bebé Alexander



El Ministerio Público anunció este jueves que retira su apelación a la sentencia emitida contra el médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años dentro del caso bebé Alexander. La Fiscalía, durante la gestión de Ramiro Guerrero, había objetado la pena, solicitando que suba a 30 años.

"En la fecha se ha presentado un memorial del retiro de recurso de apelación restringida en el caso bebé Alexander, esta decisión fue asumida después de un riguroso análisis de la comisión de fiscales. La acusación realizada en su momento por el Ministerio Público carecía de fundamento", afirmó el titular de la Fiscalía General, Juan Lanchipa.


En la mañana el Consejo de la Magistratura concluyó que la auditoría realizada al caso encontró desde faltas disciplinarias hasta presuntos delitos penales cometidos por los funcionarios que participaron en este proceso penal.

Lanchipa informó que "queda en manos de la Sala Penal Tercera el conocimiento únicamente de la apelación interpuesta por las víctimas, es decir que a partir de ahora el Ministerio Público deja este recurso".


El titular no quiso adelantar criterios sobre lo que sucederá con los investigadores que actuaron en el proceso y se limitó a señalar que las indagaciones internas a las que son sometidos darán luces sobre el grado de responsabilidad que tuvieron en la fundamentación de la acusación contra el médico.

"Hemos encontrado faltas disciplinarias desde leves, graves, gravísimas y también presuntos delitos penales de parte de todos esos funcionarios, de la mayoría de esos funcionarios, un 90 a 95% en su participación. Lamentamos mucho que haya habido tantas fallas, tantos errores", detalló esta jornada el decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán.

Según el exmagistrado José Antonio Rivera: Sentencia 0084/2017 no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio

A 20 días de cumplirse un año de la Sentencia Constitucional 0084/2017, emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dicho documento sigue generando debate y análisis en la población, para el especialista en Derecho Constitucional, José Antonio Rivera, esa norma no es aplicable al Presidente y Vicepresidente en ejercicio, pues no tiene carácter retroactivo.

El profesional basa su análisis en dos razones, la primera se refiere al hecho de que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen efecto "ex nunc" es decir "desde ahora", por lo tanto, no son de aplicación retroactiva. Ese principio está establecido por el art. 14 del Código Procesal Constitucional, que señala: "La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma del ordenamiento jurídico, no dará lugar a la revisión de sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, ni a la revisión de los actos realizados con la norma cuando se presumía constitucional".

Según Rivera, no se pueden desconocer los principios de preservación del Estado de Derecho, seguridad jurídica y protección de derechos como consecuencia de la anulación de una norma mediante sentencia constitucional.

Conforme a ello, lo resuelto en la Sentencia Constitucional es aplicable desde su publicación para ciudadanas y ciudadanos que sean elegidos con la interpretación realizada de las normas previstas en el artículo 26, parágrafo 2, inciso 2) de la CPE y el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

"El Presidente y Vicepresidente del Estado en ejercicio, fueron elegidos con la norma prevista por el Art. 168 de la Constitución, que fija el período constitucional en cinco años y prevé la reelección continua por una sola vez, fue bajo ese marco jurídico y reglas vigentes que los ciudadanos y ciudadanas votaron por ambos ciudadanos y los invistieron del mandato popular, reglas que no pueden ser modificadas en el camino sin infringir el principio de seguridad jurídica y afectar el Estado Constitucional de Derecho", apuntó.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que el 21 de febrero de 2016, en un referendo constitucional, se preguntó a la población si estaba o no de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la CPE, la cual fija el período de mandato de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, ganando el No con un 51,3 por ciento (%) de los votos válidos.

Sin embargo, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), buscaron otras vías para la repostulación de Evo Morales, es en ese sentido que el 18 de septiembre de 2017, presentaron al TCP, una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley 026, del Régimen Electoral, y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la CPE.

71 días después, el 28 de noviembre, los magistrados del TCP, declararon la "aplicación preferente" del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285, 288 de la Carta Magna.

Wednesday, November 7, 2018

Blanco se queja de "bullying" al dejar la Fiscalía


INVOLUCRADOS

14

funcionarios entre jueces, fiscales y secretarios estarían involucrados en el caso bebé Alexander.

El ex fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco denunció ayer que su remoción a ventanillas del Ministerio Público fue como una especie de "bullying" hacia su persona y por eso habría decidido dejar el servicio público tras los cuestionamientos a su desempeño en el caso del bebé Alexander. Mientras en Sucre, el fiscal General, Juan Lanchipa, anunció que los fiscales que participaron en este proceso están siendo investigados.

"Ha sido una forma de hacer una especie de 'bullying' (acoso)hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto", afirmó Blanco, sobre el puesto que le asignaron como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones. "Yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona", enfatizó.

El ex fiscal lamentó "que con mentiras, que con engaños hayan dañado mi imagen y han dañado a mi familia, lastimosamente desde mi mamá y otros sectores de mi familia se han sentido muy afectados y yo creo que he entregado bastante a esta institución desde que me hice asistente fiscal".

Desde Sucre, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que Blanco dimitió sin dar más explicaciones sobre su alejamiento.

También reveló que están realizando una investigación a los fiscales que participaron en este polémico caso que ocasionó la destitución de una jueza que siendo presidenta de un Tribunal de Sentencia, condenó a un médico sin pruebas científicas. “Estamos a la espera del informe del fiscal departamental de La Paz a quien hemos delegado la responsabilidad para la dirección de esta investigación”, aseguró.

INFORME

El decano en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dijo ayer que al menos 14 funcionarios, entre jueces, fiscales y personal de apoyo jurisdiccional, estarían involucrados en supuestas irregularidades en el caso Alexander.

El informe de auditoría con las conclusiones tenía que presentarse el lunes pero Michel explicó que surgieron algunas observaciones que están siendo subsanadas para que la resolución y los indicios identificados se constituyan en un hito histórico para el esclarecimiento de este caso.

“El informe será revisado y aprobado en Sala Plena para que el jueves se haga conocer una explicación técnica y posteriormente remitir a las autoridades competentes la auditoría para que dispongan lo que corresponde en derecho”, remarcó.

Dentro de este caso están siendo investigados la ex jueza Patricia Pacajes y los dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz que condenaron a 20 años de prisión a un médico.

Fiscal departamental de Potosi declara 15 bolivianos de patrimonio

Quince bolivianos supuestamente es el patrimonio de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, de acuerdo con la declaración jurada en la Contraloría del Estado, pero ella lo niega.

De acuerdo con el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de la autoridad, extraída de la página web de la Contraloría, el total de bienes activos Choque tiene Bs 15.00, en deudas pasivos 0.00, patrimonio neto 15.00 y rentas pasivos de 39.618 bolivianos.

La declaración jurada fue declarada, según la página web, el 31 de octubre de 2018.

Al respecto, la flamante autoridad negó que haya declarado esa suma y dijo estar sorprendida.

"¿Quince bolivianos? Ha debido existir un error", expresó con una carcajada y dijo que hay un error porque, según ella, no fue esa su declaración jurada que hizo.

"Se ha realizado la declaración del sueldo que estaba percibiendo como jueza cautelar, y no es esa la cantidad", complementó.

Choque develó que su patrimonio no supera los 20.000 bolivianos porque tiene una familia y ello genera muchos gastos.

"Los gastos son inmensos, el sueldo que se gana mensual y algunos ahorros, no hay más", aseveró la fiscal departamental de Potosí en declaración a este diario.

Tuesday, November 6, 2018

Bolivia cayó dos puntos en ranking mundial de justicia

Bolivia cayó dos posiciones en una medición anual respecto al funcionamiento de la Justicia, de acuerdo con el último informe presentado por la asociación civil internacional World Justice Project. La medición comprende a 113 países adheridos al Estado de derecho.

La organización realiza la medición “con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho por medio de una evaluación cuantitativa diseñada para ofrecer una imagen detallada y completa de la medida en que los países se adhieren al Estado de derecho en la práctica”.

Según el informe de la gestión 2017/2018, Bolivia descendió dos puestos y quedó en el lugar 106 del ranking realizado entre los 113 países que se encuentran adheridos a este modelo.

El puntaje general de Bolivia es de fue 0,38, en una escala que va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de derecho.

El informe realiza una separación por regiones, América Latina y el Caribe está conformado por 30 naciones, el país con el mejor posicionamiento es Uruguay con una nota de 0,71, en tanto que el último puesto es para Venezuela, con 0,29.

La medición anual que se realiza en 113 países permite tener datos sobre ocho dimensiones, las cuales para Bolivia arrojan la medición general: Restricciones en los poderes del gobierno, puesto 104; Ausencia de corrupción, 110; Gobierno abierto, 81; Derechos fundamentales, 92, Orden y seguridad, 101; Cumplimiento normativo, 98; Justicia civil, 111 y Justicia penal, 112.

Proceso a fiscales Ministerio Público espera informe departamental

La Fiscalía General del Estado espera el informe final de las investigaciones a fiscales y autoridades a cargo del proceso en el caso “bebé Alexander”, para tomar las acciones que correspondan, afirmó ayer la autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa Ponce.

La máxima autoridad del Ministerio Público remarcó que esta tarea fue delegada a una comisión de fiscales para que realice un exhaustivo trabajo de investigación tanto en el denominado “bebé Alexander” como en cada uno de los casos en este distrito, proceso aún en curso a cargo ahora del fiscal departamental, William Alave.

“Vamos a esperar los resultados de esta comisión para pronunciarnos al respecto”, puntualizó el Fiscal General a tiempo de señalar que la investigación encargada a esa comisión no se limitará a determinados actores, sino deben participar todas las autoridades llamada por ley y el Ministerio Público debe garantizar la participación de todas las partes para establecer la verdad histórica de los hechos.

En este contexto, Lanchipa aseguró que todos los antecedentes que hacen en cada uno de los casos en investigación, de manera específica en el caso “bebé Alexander”, la grabación de audio de la exjuez Patricia Pacajes acerca de ese proceso, exautoridad judicial en detención preventiva por violar la confidencialidad en ese proceso.

“Todo está en manos de la investigación para que nosotros en base a las conclusiones de la comisión podamos tomar algunas acciones, entretanto no podemos emitir ningún criterio”, remarcó la autoridad del Ministerio Público.

Con relación a las investigaciones que hacen al caso del Banco Unión, la autoridad señaló aún se encuentra en etapa de investigación y será mediante la Fiscalía de La Paz que se conocerán los alcances de la investigación, apuntó.

Con relación a las investigaciones y auditoría al caso “bebé Alexander”, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró sus dudas acerca del procedimiento dispensado además de haber advertido contradicciones en la sentencia dictada contra el médico Jhiery Fernández, principal acusado en este proceso.

Exfiscal en funciones administrativas Autoridades señalan que Blanco debe ser investigado

La reasignación de funciones al exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, causó rechazo por haberle confiado tareas de alta sensibilidad como el control del registro biométrico, ante la imposibilidad de alejarlo del Ministerio Público; sus nuevas funciones debieran ser de mínimo riesgo y relevancia en la Fiscalía de Distrito.

Edwin Blanco fue designado ayer para cumplir funciones en la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones del Ministerio Público, sin especificar el cargo que ocupará, bajo supervisión del fiscal de materia Omar Yujra.

El fiscal del Distrito, William Alave, firmó el memorándum de designación, el pasado 1 de noviembre, mediante el cual recomienda a Blanco “esmero y responsabilidad en el desempeño de las tareas encomendadas”.

Al respecto, Blanco afirmó que sus nuevas funciones no le generan ningún malestar puesto que la labor en el Ministerio Público se puede hacer en cualquier cargo y siempre son complejas.

“El servicio a la sociedad no tiene límites. Yo no tengo por qué sentirme mal al desarrollar una función”, afirmó.

Blanco fue el centro de la polémica los últimos meses debido a la actuación de la Fiscalía en el caso bebé Alexander.

Respecto a los procesos que se le siguen por el caso del bebé Alexander, dijo que no le han notificado, pero él no se ha escapado y presentará sus descargos. Aseguró que en su gestión de Fiscal Departamental actuó con “absoluta legalidad” y no se ha desviado ningún caso.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Choque, aseveró que con los antecedentes que Blanco tiene dentro de la institución, debería ser alejado del cargo y ser investigado de acuerdo a norma, sin ningún tipo de beneficio y con un proceso transparente.

Por otro lado, el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez, aseguró que lo que debiera hacer el Fiscal General del Estado es retirar a Blanco por los antecedentes de corrupción que tiene y dar un ejemplo de que las cosas dentro del Ministerio Público se harán de acuerdo a ley.

“No puede estar en la Fiscalía una persona que hizo mala gestión y que mandó a la cárcel a gente inocente, estar en otro cargo dentro de la Fiscalía, es como un premio”, aseguró.

En ese contexto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que los derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado, no privilegian, sino que alcanza a todos.

“Nosotros hemos señalado que vamos a respetar los derechos laborales, pero no hemos señalado que no haya inamovilidad, eso significa que ha ingresado a una condición de Fiscal III”, explicó.

INAMOVILIDAD

A su turno, el diputado Rafael Quispe aseguró que el exfiscal Blanco se cuidó de no salir del Ministerio Público ya que tiene un hijo nacido en julio y otro que viene en camino, por lo que goza de inamovilidad laboral.

Asimismo, aseguró que debe existir un proceso disciplinario contra Blanco, y como autoridad nacional seguirá de cerca las denuncias que existen en contra suya.

“Nosotros lo hemos denunciado por incumplimiento de deberes en varios casos relevantes. Como era Fiscal Departamental, es el responsable de todos los casos como el Fondo Indígena, Chaparina, Banco Unión, Alexander y otros, donde nunca se cumplieron plazos procesales”, dijo.

Justicia otorga abogados a la familia de la niña Tatiana Barreto, víctima de infanticidio hace tres años



La familia de la niña Tatiana Barreto cuenta con el apoyo legal del Ministerio de Justicia, que consiste en un equipo de abogados para que los representen en el juicio seguido contra la mamá de la niña y su padrastro, acusados de infanticidio.

Tatiana también era de nacionalidad paraguaya y tenía tres años al momento de su muerte. Estaba en el país a cargo de su madre, Fátima Velásquez, quien residía en Bolivia junto a su nueva pareja, Rubén Graff. La mujer solicitó un permiso especial para traer a la niña durante tres meses, para luego devolverla al cuidado de su papá, en ese tiempo habrían cometido una serie de abusos físicos contra la menor, que derivaron en su muerte.

Óscar Barreto, padre de la menor, destacó el apoyo que el Ministerio de Justicia le brinda a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, instancias que coadyuvan en el seguimiento de este caso, que se ventila en instancias judiciales y que debe ser vigilado por la familia a la distancia, ya que todos residen en Paraguay.

En una nota pública escrita en la página oficial de la familia Barreto denominado “Justicia para Tati” que se difunde en las redes sociales, Barreto comentó que en febrero pasado estuvo por Bolivia en una audiencia del juicio por infanticidio contra Fátima Velásquez (madre de la niña) y su novio Rubén Graff.

En esa oportunidad recurrió al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucionalpara solicitar el patrocinio de un abogado de la institución para que atienda su caso. “Recurrí a este ministerio porque he visto como el ministro de Justicia, Héctor Arce, defiende a capa y espada a los niños”, aseveró.

Manifestó que continuará luchando, para que se llegue a hacer justicia. “Agradezco a toda la comunidad boliviana y paraguaya, a la gente que no ha olvidado a Tati, al Ministro de Justicia y a su equipo, que Dios los bendiga, mi esperanza está puesta en todos ustedes. Mi familia y yo no descansaremos jamás, hasta tener justicia y la repatriación de los restos de Tati”, escribió Barreto.

Exfiscal Blanco renuncia a su cargo en el Ministerio Público



El exfiscal departamental, Edwin Blanco presentó su renuncia al cargo de fiscal de materia en el Ministerio Público, argumentando cuestiones familiares y que recibió mejores ofertas laborales.

Williams Alave, actual fiscal departamental de La Paz dispuso que Blanco se encargue del biométrico en el Ministerio Público, es decir que debía registrar periódicamente a los imputados que se beneficiaron con medidas sustitutivas, además de atender la ventanilla de información a la población.

Blanco señaló a los medios de comunicación que "recibió ofertas laborales más benignas" y que su familia también lo motivó a dimitir a la Fiscalía debido al seguimiento mediático del cual es objeto.

El exfiscal culminó su gestión como representante departamental del Ministerio Público hace casi dos semanas, en medio de cuestionamientos a su labor investigativa dentro del caso Alexander y la sospecha de que implicó intencionalmente al principal sospechoso de ese hecho, el doctor Jhiery Fernández.

Justamente en el marco de estas labores, Blanco debía tomar el registro biométrico periódico de el médico Fernández que se benefició con la detención domiciliaria, luego de permanecer casi cuatro años en prisión, gracias a un audio filtrado donde la exjueza Patricia Pacajes revela que fue sentenciado a 20 años siendo inocente por la presunta violación del bebé Alexander.


Wednesday, October 31, 2018

Pacajes compro espacio en el periodico para pedir disculpas a Evo Morales por sus palabras


Autoridades del Ministerio Público Incertidumbre en labor de nuevos fiscales

Los nuevos fiscales de Distrito posesionados ayer, en Sucre, no son esperanza de cambio real en el Ministerio Público por su afinidad con el Gobierno, este hecho pone en duda la labor que deben desempeñar afirmó ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, luego de que se conociera públicamente a las autoridades.

“Al parecer, lo que se está haciendo es pagar favores en función de la competencia que hubo entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) y ahora los que salieron en otros lugares les están dando las fiscalías de distrito, seguramente para pagar las promesas de lo que ya a todas luces parece haber sido una campaña interna dentro del MAS para elegir al FGE”, refirió Ortiz.

Aseguró que el fiscal general, Juan Lanchipa, está directamente vinculado al Gobierno y a personas como el Ministro de Justicia, por lo que no espera que trabajen con la independencia que se requiere en el Ministerio Público.

En tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que la mayoría de las autoridades posesionadas ayer son los mejores calificados en el proceso de selección a Fiscal General del Estado (FGE) que realizó la Asamblea Legislativa.

En criterio del diputado Amilcar Barral, de UD, Lanchipa respetó las mejores notas que obtuvieron los aspirantes a la FGE, por lo que espera que estos demuestren en la práctica todo lo que demostraron en teoría.

“Les demos el beneficio de la duda, ya que esta gente ha demostrado que tenía el mayor puntaje en la preselección de candidatos a Fiscal General, esperemos hagan bien las cosas y ojalá que su gestión sea más transparente que la de sus antecesores”, apuntó.

POSESIÓN

En solemne acto realizado ayer en instalaciones de la Fiscalía General de Estado (FGE), en la capital del Estado, los nueve fiscales de distrito prestaron juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. El evento contó con la presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce Z., y las altas autoridades del Órgano Judicial.

En la oportunidad, Lanchipa recomendó a las nuevas autoridades trabajar en función a dos desafíos: Recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal de más de 236 mil causas vigentes en todo el país.

El Ministro de Justicia destacó el hecho de que muchos de los fiscales departamentales posesionados deriven de los mejores puntuados por la Asamblea Legislativa.

“Es una señal que merece nuestra felicitación porque se valora la meritocracia, la capacidad y el esfuerzo que han demostrado en su postulación y sean reconocidos con un cargo importante como es una fiscalía departamental”, expresó.

Asimismo, el Titular de Justicia manifestó que el país está viviendo tiempos de crisis en la administración de justicia y recordó que el año 2009 se identificaron tres problemas medulares: Las leyes, elemento humano y la falta de recursos en infraestructura, informática entre otros.

Video La mamá de Chumita fue excarcelada en Argentina, habla Willma Blazz de como queda ahora

Mamani conduce la Dirección de Justicia Indígena

El dirigente indígena originario campesino Hilarión Mamani Navarro asumió la dirección de la oficina de Justicia Indígena, con el objetivo de fortalecer y revalorizar las leyes de este sector.

Desde 2013, Mamani se desempeñó como jilliri apu mallku del ejecutivo nacional del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y esta labor fue destacada por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Como apu mallku del Conamaq, impulsó una de las cinco instituciones del Pacto de Unidad que participó en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina, realizada en agosto en Cochabamba.

Trayectoria

Trabajará de manera directa con el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, Gilvio Janayo.

Entre 1995 y 2002 realizó labores de minería y sus habilidades para la dirigencia lo catapultaron al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. De 2010 a 2011 fue subalcalde de un distrito originario de la Alcaldía Municipal de Cotagaita, provincia Nor Yungas del departamento de Potosí.

Hasta 2013 también fue jatun cacique de la nación chichas wisijsa.

Janayo señaló que los conocimientos y la trayectoria de Mamani serán de gran ayuda para la justicia indígena.

Fiscales deberán reducir la carga procesal y recuperar la confianza

Recuperar la confianza de la población y resolver la carga procesal de más de 230 mil causas vigentes a escala nacional son los desafíos que deberán resolver los nuevos fiscales departamentales, que ayer fueron posesionados en la ciudad de Sucre.

En el acto de posesión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, les recordó a las nuevas autoridades “que las expectativas y esperanzas del pueblo boliviano en las labores que cumplirán tienen el objetivo de lograr una justicia transparente, oportuna, eficaz y sin discriminación”.

Asimismo, dijo que una de las acciones que llevará adelante el Ministerio Público en los próximos años será implementar un nuevo modelo de gestión fiscal, para lo cual ejecutará reformas organizativas y cambios sustanciales en la metodología de trabajo.

Agregó que el sistema acusatorio requiere un Ministerio Público ágil para cumplir con la investigación, a fin de lograr una persecución eficiente mediante un cambio del producto y del perfil del talento humano.

“Los fiscales de todo el Estado deben saber que no se debe acusar la ilegalidad con otras ilegalidades, por ello estamos sometidos a los principios constitucionales y debemos hacerlo sin negligencias, sin dejar a la víctima. Fiscales, está en sus manos proteger”, manifestó.

Reconocimiento

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó que algunos de los nuevos fiscales departamentales fueron designados como un reconocimiento a las calificaciones que obtuvieron durante el proceso de selección meritocrática del Fiscal General del Estado.

“Es una señal que merece la felicitación porque se valora la meritocracia y el esfuerzo es reconocido con un cargo de notable importancia para bien de todos los ciudadanos”, señaló.

Tuesday, October 30, 2018

Lanchipa posesiona a nuevos fiscales departamentales seleccionados por méritos



Nueve fiscales departamentales fueron posesionados hoy por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, que decidió conformar su equipo de trabajo con los postulantes que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de selección realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El titular del Ministerio Público planteó dos retos para las flamantes autoridades: recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal vigente que ascienden a 236.000 procesos vigentes.

"Trabajaremos en función de los derechos de los ciudadanos y el bien común", aseguró Lanchipa en el acto de posesión, realizado en la Capital Constitucional de Bolivia, Sucre.

A nombre de las nuevas autoridades, Álvaro Mauricio Nava Morales, fiscal del departamento de Chuquisaca, agradeció la confianza en los fiscales y aseguró que optimizarán el trabajo por el bien de la población.

A su turno, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, destacó que los designados son quienes obtuvieron las mejores notas en el proceso de elección de ALP y manifestó su esperanza de que puedan avanzar para superar los problemas que agobian a la justicia boliviana.

"Los bolivianos somos una nación que cree en sí misma, somos un ejemplo a seguir. Si somos los primeros en crecimiento económico también podemos mejorar hasta ser un ejemplo de justicia", afirmó en su discurso.

Los nueve fiscales departamentales:

La Paz: Williams Alave

Santa Cruz: Mirael Salguero

Cochabamba: Juan de la Cruz Vargas

Potosí: Roxana Choque

Oruro: Orlando Zapata

Pando: Juan Carlos Cuéllar

Beni: Nuria González

Chuquisaca: Mauricio Nava

Tarija: Francisco Álvarez

La mamá de ‘Chumita’ no volverá a la cárcel; un juez de Argentina le otorgó el perdón humanitario



El juez federal argentino Ernesto Hansen benefició a Claudia S. E., la mamá de ‘Chumita’, con la excarcelación (libertad) por lo que ahora podrá quedarse junto a sus tres hijas en su natal Montero, Santa Cruz, según publicó el portal infobae.

La madre fue detenida en Argentina, transportando cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo 'Chumita', de 13 años, quien murió el 17 de octubre a causa de un cáncer terminal.

La historia de la madre boliviana se conoció gracias a este sitio web, que publicó su caso, luego que fue detenida en la cárcel de Güemes, Argentina, casi por un año.

Claudia solicitaba a las autoridades judiciales que le otorguen un permiso humanitario para retornar a Bolivia y cuidar a su hijo en sus últimos días de vida.

Al conocerse el drama de la madre boliviana, el Defensor del Pueblo coadyuvó en las gestiones y en coordinación con los defensores de la mujer, en Argentina, se logró un permiso de 30 días para que retorne al país. A estas gestiones se sumó el Ministerio de Justicia, que inicialmente buscaba una ampliación del permiso, y luego perfilaba tramitar un perdón humanitario.

El defensor oficial de Claudia, Andrés Reynoso, declaró a Infobae que la Fiscalía de Jujuy requirió más información sobre el caso, que fue proporcionada de manera rápida por el Gobierno de Bolivia y apoyó la solicitud de excarcelación

Al conocer la buena noticia, la madre de Chumita declaró al medio argentino desde Montero: "Se hizo justicia, estoy contenta, feliz, quiero agradecer a Infobae por contar mi historia y a mis defensores porque también ellos se han movilizado. Tengo a mi hijita acá conmigo, estoy muy agradecidísima, me voy a quedar con mis hijitas, me queda salir adelante, trabajar para mantenerlas a ellas y no volver a separarme".

Monday, October 29, 2018

Observan denuncia contra Gina Foianini

La fiscal de Santa Cruz, asignada al caso de denuncia por los delitos de discriminación y racismo contra Gina Foianini, la mujer que escupió al vicepresidente Álvaro García Linera, observó la misma porque presentaba ambigüedades y por carecer de elementos para tomar una decisión.

De acuerdo al programa “Carlos Valverde en La Red”, la Fiscal otorgó al denunciante, Rolando Américo Enríquez Cuellar, 24 horas para subsanar los observaciones que se hizo basada en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 260.

“La estamos denunciando por discriminación y racismo que tiene una pena de tres a siete años de cárcel y le pedimos a la señora Gina Foianini, que se entregue a la Justicia o caso contrario pedimos a la Fiscalía que detenga a esta señora, porque es un peligro para la sociedad”, informó Enríquez Cuellar tras formalizar esa denuncia.

Valverde manifestó que Rolando Cuellar es dirigente de Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS), y sospechoso de participar en el atentado del 21 de junio de 2008 contra canal 4 de la Red Unitel de Yacuiba.

El canal 4 de la Red Unitel de la ciudad de Yacuiba (Tarija) sufrió en la madrugada del 21 de junio de 2018 un atentado con dinamita que sólo causó destrozos materiales.

Asimismo, dijo que el 4 de mayo de 2010 fue visto en un grupo que intentaba tomar las oficinas de la Dirección Departamental de Trabajo en Santa Cruz.

Sobre el caso del escupitajo, el vicepresidente García aseguró la pasada semana que no asumirá ninguna acción contra la mujer porque está dispuesto a seguir sufriendo agresiones.

“Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre. En lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me va a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos”, sostuvo.

Caso Apolo Inicia juicio contra Juan Bascopé

Después de cuatro años y tres meses, de mantener detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, iniciaría hoy el juicio contra Juan Bascopé, acusado de asesinato y otros casos, sin ninguna prueba, en el caso Apolo.

El lunes 22 de octubre, el juez Beltrán Quispe Pucho, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, suspendió la audiencia por la incomparecencia del fiscal Ramiro Jarandilla y el Comando Nacional de la Policía, quienes son los denunciantes.

Bascopé, que alega inocencia, denunció que fue torturado por efectivos policiales y militares cuando lo aprehendieron en julio de 2014, lo que motivó la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, contra la tortura.

El Ministerio Público concluyó las investigaciones de este caso en septiembre de 2015 y remitió ese actuado a las autoridades judiciales del TDJ para que se inicie juicio oral, sin embargo los jueces recién llamaron a inicio del juicio el 22 de octubre de 2018, el cual fue reprogramado para las 10.30 horas de hoy.

Bascopé es el único aprehendido del caso Apolo y está acusado de asesinato, lesiones graves y leves, portación de armas de fuego y encubrimiento, a la fecha lleva cuatro años y tres meses de detención preventiva, sin ninguna prueba en su contra.

Por este caso, 25 personas fueron procesadas, a la fecha solo Bascopé permanece detenido, otros 22 cumplen detención domiciliaria y dos gozan de libertad pura y simple.

CASO APOLO

En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Policías y Militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.

Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.

Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno lanzó una feroz campaña de desprestigio.

El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.

Los jueces del TDJ tardaron más de tres años para llamar a juicio contra 25 personas supuestamente implicadas en el asesinato de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Apolo.

TORTURA

Juan Bascopé fue detenido el 17 julio de 2014 y denuncia que desde ese día hasta el 20 de julio de ese año, fue torturado por policías y militares para obligarle a autoincriminarse por la muerte de cuatro efectivos de Policía y del Ejército que ingresaron a la comunidad Miraflores, Apolo, para erradicar coca en octubre de 2013.

El saldo de la tortura que Juan recibió por efectivos militares, de la Policía, inclusive de los investigadores del caso, son tres costillas rotas, ambos hombros dislocados, el tórax lesionado, las manos con los nervios destrozados y profundos dolores en el ombligo.

ITEI

En declaraciones anteriores a EL DIARIO, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes siguen siendo el método de investigación y confesión más utilizado por la Policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.

Emma Bolshia Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.

“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por la cual a la Policía no se la forma en métodos científicos, por el contrario se la entrena en el uso de la tortura como medio de amedrentamiento”, manifestó Bravo.

A decir del ITEI, la Policía aún mantiene la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre las más recurrentes como método para obtener información.