El rechazo al Código del Sistema Penal movilizará desde mañana a varios sectores del país, entre ellos los transportistas de carga internacional y las organizaciones civiles como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que anunció protestas a partir de esta semana. La exigencia es que se abrogue toda la norma jurídica.
Tras realizar un ampliado, Comcipo, desde Potosí llamó a instituciones y organizaciones afiliadas a realizar un paro de 24 horas en rechazo al Código de Sistema Penal por ser atentatorio al derecho de diversos sectores.
Los cívicos potosinos mediante un comunicado aseguran que la norma promulgada el pasado 16 de diciembre es una imposición del Gobierno al que responsabilizaron de propiciar un “golpe funesto a la democracia” y a los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.
A través de un voto resolutivo la organización cívica convocó a un paro de 24 horas para el próximo martes 9 de enero y anunció que se trata de la “primera medida a asumir”.
Conminan a la Asamblea legislativa a abrogar dicho Código, por considerarlo atentatorio a los derechos de la ciudadanía.
PRESIDENTE DEL SENADO
En tanto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó de “demagógico y oportunista” la exigencia de distintos sectores de abrogar todo el Código de Sistema Penal, porque no consideran que el objetivo principal esa de esa norma es mejorar la administración de justicia en el país.
“Penosamente se ha hecho un campaña de satanización de todo el Código y ahora de manera alegre se pretende, definitivamente, eliminarlo todo. Son 700 artículos”, declaró la autoridad legislativa que impulsó la sanción como ley del Estado, en calidad de Cámara revisora.
Gonzáles onsidera que el Código tiene muchísimas virtudes motivo por el cual el Gobierno y la Asamblea están seguros que va a cambiar la justicia en el país y va a remover las estructuras del ámbito penal y apunta a satisfacer a la población.
Por su lado, el jefe de bancada de UD, Wilson Santamaría, explicó que es necesario abrogar el Código porque el sancionado por la Asamblea y posteriormente promulgado por el Ejecutivo, no fue socializado a la sociedad civil y por eso es el rechazo general a los alcances de la nueva disposición penal.
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