Sunday, February 25, 2018

Dos años de cárcel para exlíder de esposas de policías

El Juzgado Tercero de Sentencia de La Paz dictó dos años de reclusión contra la exdirigente de las esposas de policía de baja gradación, Guadalupe Cárdenas, acusada de instigar al derrocamiento del presidente Evo Morales, mediante Facebook.

El informe emitido desde el Ministerio de Gobierno señala que el caso surge porque el 19 de agosto de 2015, Cárdenas en su cuenta de Facebook llamó de manera hostil a deponer al presidente Evo Morales, al ministro Carlos Romero y el comandante de la Policía.

La exdirigente fue condenada por el tipo penal de instigación pública a delinquir. “Este delito afecta al Estado en su esencia, porque tiene que ver con la seguridad interna del país y de toda la sociedad”, dice un comunicado del Ministerio.

Cárdenas fue enviada a la cárcel con detención preventiva en marzo de 2016. Luego, un mes después, anunció que se postularía a Defensora de Pueblo desde su reclusión. En julio de este año recibió detención domiciliaria. (Erbol)

Tribunales y jueces Realizarán audiencias trimestrales en cárceles

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, informó que las salas plenas de los tribunales departamentales de justicia realizarán audiencias trimestrales en los recintos penitenciaros, mientras que los jueces de materia lo harán una vez por semana con el objetivo de reducir el hacinamiento en los recintos penitenciarios de Bolivia.

“Hay que llevar la justicia a las cárceles, llevar todo el aparato jurisdiccional en materia penal a las cárceles, para que se desarrollen las audiencias en las cuales se apliquen cualquier tipo de disposiciones y se resuelvan las cesaciones”, refirió Egüez, en contacto con los medios de comunicación, tras señalar que es necesario encontrar una salida al problema de la sobrepoblación en los centros de reclusión.

El magistrado explicó que para mejorar el desorden y exceso de personas privadas de libertad en las cárceles, esa labor será coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), además de otras instituciones con las que fuera necesario coordinar.

70% DE DETENIDOS PREVENTIVOS

Egüez detalló que en Bolivia existen 18.000 personas privadas de libertad, de esta cifra, el 70% corresponde a detenidos preventivos y el 30% a sentenciados. “Existe un hacinamiento equivalente al 256% en las cárceles del país”, concluyó.

De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Fundación Milenio; las capacidades de los juzgados, fiscalías y defensoría pública permanecen estancadas, debido a la acumulación de causas pendientes, retardación en los juzgados y escasa resolución de casos

El rezago procesal se extiende a todo el desarrollo de los procesos judiciales, inclusive en sus etapas conclusivas. “De hecho, el número de sentencias judiciales es alarmantemente mínimo”, según verificó un estudio referido por la Fundación Milenio.

En tanto, las imputaciones formales presentadas durante un año suman alrededor de 20.600 en todo el país. “Las sentencias dictadas por los tribunales fueron de apenas 874, cifra que representa un escaso 4% del número de imputaciones, lo cual refleja la falta de justicia para miles de personas y familias”, sostiene el estudio.

HACINAMIENTO CARCELARIO

Uno de los peores dramas de la administración de justicia es la cantidad de presos sin sentencia ejecutoriada, situación que va en aumento.

El Informe Defensorial expone al respecto lo siguiente: Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional en la gestión 2012, con base en datos del Régimen Penitenciario, la población carcelaria en Bolivia alcanzaba a 13.500 personas, mientras que al 2017 aumentaron a 18.000, según la cifra referida por el magistrado Egüez.

Este mismo registro comparativo señala que al 2012 el 83 por ciento de los recluidos eran detenidos sin sentencia, si bien al 2017 este registro es del 70%, la dificultad se encuentra en que la mayor cantidad de internos son preventivos, lo que constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos.

“Esta enorme masa de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, que no deberían estar en las cárceles y que no obstante están condenados a condiciones infrahumanas de prisión, es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento que presentan las prisiones en el país”, refiere el estudio que, además, acude a conclusiones del Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. (EL DIARIO-Agencias)

Wednesday, February 21, 2018

Video Liberan a Juez de Sentencia descartaron que conducia ebrio

Saturday, February 17, 2018

Comisión tomará en cuenta 80% del Código abrogado

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados prevé trabajar en un nuevo Código Penal a partir de la próxima semana, informó la diputada del MAS, Mireya Montaño, y aseguró también que se tomará en cuenta el 80 por ciento de la norma que fue abrogada en enero pasado.

“El 80 por ciento del código que fue abrogado contenía buenos elementos”, afirmó la legisladora y agregó que también “se están esperando las propuestas que los comités van a presentar la siguiente semana a la Comisión y posteriormente vamos a trabajar con la presidencia de ambas cámaras, en especial con Diputados en el tema de la coordinación y con los diferentes ministerios que están en la administración de justicia”, informó.

El pasado 25 de enero presidente Evo Morales promulgó una ley corta para la abrogación total del Código de Sistema Penal, el cual fue rechazado y cuestionado por varios sectores sociales y que causó movilizaciones, un paro de 47 días por parte de los galenos y trabajadores en salud, además de la huelga de hambre de un grupo de legisladores de oposición.

NUEVA NORMA

En ese marco, Montaño aseguró que se tomará como base el código abrogado, del cual se rescatará la segunda parte de la norma, que planteaba acortar los plazos de los procesos con la finalidad de agilizar las causas y contar con una sentencia en al menos un año.

“El 80 por ciento del código que fue abrogado contenía buenos elementos, por ejemplo el castigo a la retardación de justicia, a servidores públicos que son los administradores de la justicia, donde se planteaban castigo a fiscales y jueces”, argumentó.

Ante estos planteamientos el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB), Israel Centellas manifestó que es complicado agilizar los procesos si no se cuenta con el capital humano respectivo, el Gobierno debe tomar en cuenta que se debe mejorar la designación de presupuesto y la contratación de personal administrativo y jueces para concretar ese objetivo.

”Se requiere mayor número de jueces para implementar estas estrategias porque si le pedimos que hagan las cosas rápidas se requiere mayor personal, ese tema es el que no se está viendo y se lo está tomando en cuenta. Esperan que se trabaje el doble con los mismos recursos”, señaló el jurista.

El código también planteaba implementar la oralidad en las audiencias, sobre este punto Centellas advirtió que para su ejecución se requiere contar con jueces con mayor preparación y conocimiento del determinado caso.

Ruddy Flores defiende su cargo en Cancillería

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, afirmó que su nuevo cargo en la Cancillería no le llegó como una “recompensa” por alguna sentencia, sino se debe a un derecho que tiene para reincorporarse a la carrera diplomática.

“Con toda sinceridad y franqueza, al pueblo boliviano señalarle que esto no es ninguna recompensa por ningún fallo del Tribunal Constitucional. Y la ley establece los derechos que tengo como diplomático de carrera de poder solicitar una reincorporación, luego de cumplir funciones fuera del Ministerio”, dijo Flores en entrevista con La Razón.

Ruddy Flores fue uno de los magistrados que firmó la sentencia que habilitó la reelección indefinida de Evo Morales y toda autoridad electa. Opositores criticaron su nueva designación al considerarla que se trata de un “pago de favores” de parte del Gobierno.

El exmagistrado explicó que, terminada su gestión en el TCP, él solicitó al canciller Fernando Huanacuni su reincorporación a la carrera diplomática, y que fue designado como responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos, debido a que había una acefalía en esa repartición.

“Esto responde única y estrictamente a ese compromiso con el Estado boliviano de trabajar por los intereses del país”, señaló Flores, a tiempo de destacar su formación y experiencia en el derecho internacional.

Agregó que cualquier especulación sobre su designación tiene interés político.

Los opositores calificaron como un “premio” y “pago” el nombramiento del exmagistrado Flores en el cargo de Director General Jurídico de la Cancillería, en tanto, el oficialismo lo defiende.

“Está claro, el Gobierno devuelve los favores a un hombre que ha pisoteado la Constitución Política del Estado. Es un premio”, manifestó el senador del Movimiento Demócrata Social Yerko Núñez, al protestar por la decisión gubernamental, porque lo único que demuestra es la relación de la exautoridad con el Movimiento al Socialismo.

Saturday, February 3, 2018

Fiscalía procede con filiación de detenidos

Luego de la polémica entre el Ministerio de Gobierno y la Policía contra la labor de los fiscales, se instruyó realizar la filiación de las personas detenidas, informó el fiscal departamental Edwin Blanco.

Negando los evidentes desencuentros que se han ido dando entre ambas instituciones a lo largo de la semana, el Fiscal Departamental, informó que a solicitud del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, se instruyó emitir requerimientos para que implicados en determinados casos sean filiados en registros policiales.

El pedido mediante nota escrita, remitido a la Felcc, detalla que se precisa la filiación de implicados en casos como el desfalco al Banco Unión, Caso Taladros YPFB Drillmec y de los últimos detenidos por el caso de asesinato a la pareja Jesús y Carla.

Blanco hizo público este pedido en referencia a las denuncias sobre falta de coordinación entre la Policía y la Fiscalía, por un tema de protagonismo de parte de los fiscales.

Consultado por la razones por las que en unos casos se permitía la filiación de presuntos delincuentes detenidos y en otros no, Blanco aseguro que la norma le señala que al ser personas detenidas por la Fiscalía, es una obligación que las mismas sean puestas a conocimiento de los jueces y no así entregadas a la Policía para cumplir con este proceso que afirma es un mero trámite que puede ser realizado posteriormente.

La polémica sobre el procedimiento que realizan los fiscales, permitiendo que se libere a varios delincuentes se abrió luego de que personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Felcc, revelara supuestos vínculos entre meretrices dedicadas a dopar y robar a sus clientes y el Fiscal Blanco.

La denuncia causó repercusión en el ámbito político donde se pide la renuncia del Fiscal y se ha emitido una solicitud de informe al Fiscal General, Ramiro Guerrero.

Luego que Blanco acusara al viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, de provocar la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes y recibiera acusaciones de encubrir y liberar delincuentes, diputados oficialistas y opositores pidieron la renuncia del representante del Ministerio Público para que sea sometido a un proceso por el supuesto delito de “encubrimiento” e incumplimiento de deberes”.

Diputados de ambos lados consideran que Blanco incurrió en graves faltas al no ampliar la investigación contra Quiroga por el fallecimiento de Rodolfo Illanes, liberar de responsabilidad a delincuentes prontuariados y aceptar que el viceministro Quiroga direccione una investigación a favor de su suegra.