El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, informó que las salas plenas de los tribunales departamentales de justicia realizarán audiencias trimestrales en los recintos penitenciaros, mientras que los jueces de materia lo harán una vez por semana con el objetivo de reducir el hacinamiento en los recintos penitenciarios de Bolivia.
“Hay que llevar la justicia a las cárceles, llevar todo el aparato jurisdiccional en materia penal a las cárceles, para que se desarrollen las audiencias en las cuales se apliquen cualquier tipo de disposiciones y se resuelvan las cesaciones”, refirió Egüez, en contacto con los medios de comunicación, tras señalar que es necesario encontrar una salida al problema de la sobrepoblación en los centros de reclusión.
El magistrado explicó que para mejorar el desorden y exceso de personas privadas de libertad en las cárceles, esa labor será coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), además de otras instituciones con las que fuera necesario coordinar.
70% DE DETENIDOS PREVENTIVOS
Egüez detalló que en Bolivia existen 18.000 personas privadas de libertad, de esta cifra, el 70% corresponde a detenidos preventivos y el 30% a sentenciados. “Existe un hacinamiento equivalente al 256% en las cárceles del país”, concluyó.
De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Fundación Milenio; las capacidades de los juzgados, fiscalías y defensoría pública permanecen estancadas, debido a la acumulación de causas pendientes, retardación en los juzgados y escasa resolución de casos
El rezago procesal se extiende a todo el desarrollo de los procesos judiciales, inclusive en sus etapas conclusivas. “De hecho, el número de sentencias judiciales es alarmantemente mínimo”, según verificó un estudio referido por la Fundación Milenio.
En tanto, las imputaciones formales presentadas durante un año suman alrededor de 20.600 en todo el país. “Las sentencias dictadas por los tribunales fueron de apenas 874, cifra que representa un escaso 4% del número de imputaciones, lo cual refleja la falta de justicia para miles de personas y familias”, sostiene el estudio.
HACINAMIENTO CARCELARIO
Uno de los peores dramas de la administración de justicia es la cantidad de presos sin sentencia ejecutoriada, situación que va en aumento.
El Informe Defensorial expone al respecto lo siguiente: Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional en la gestión 2012, con base en datos del Régimen Penitenciario, la población carcelaria en Bolivia alcanzaba a 13.500 personas, mientras que al 2017 aumentaron a 18.000, según la cifra referida por el magistrado Egüez.
Este mismo registro comparativo señala que al 2012 el 83 por ciento de los recluidos eran detenidos sin sentencia, si bien al 2017 este registro es del 70%, la dificultad se encuentra en que la mayor cantidad de internos son preventivos, lo que constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos.
“Esta enorme masa de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, que no deberían estar en las cárceles y que no obstante están condenados a condiciones infrahumanas de prisión, es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento que presentan las prisiones en el país”, refiere el estudio que, además, acude a conclusiones del Observatorio de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. (EL DIARIO-Agencias)
No comments:
Post a Comment