Thursday, March 29, 2018

Revelan que Fiscalía amenazó y retiró testigos en juicio del caso Alexander

Los padres del médico Jhiery Fernández, sentenciado por la muerte del bebé Alexander, revelaron que la fiscal Susana Boyán amenazó y retiró a testigos de cargo que presentó su defensa. Forenses, investigadores policiales y compañeros de trabajo del galeno aseguraron que los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia lo condenaron a 20 años de cárcel sin prueba alguna.

En diciembre de 2015, al inicio del juicio, la comisión de fiscales, conformada por Edwin Blanco y Susana Boyán, presentó informes, análisis de laboratorio, fotografías, declaraciones y una lista de al menos 60 testigos de cargo con el fin de probar que el bebé Oscar Alexander Ch. V. fue víctima de violación y que el autor del vejamen era el doctor Jhiery Fernández.

Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que la fiscal Boyán “por estrategia” retiró a varios testigos, aspecto evidenciado en el Tribunal Décimo de Sentencia, cuando la mayoría de quienes declararon como testigos de cargo aportaron con datos que eximían al doctor Jhiery Fernández de algún tipo de participación en el supuesto hecho.

También se conoció que las fotografías de la necropsia, tomadas por la forense María Terán, experito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), no fueron presentadas debido a las amenazas de parte de Boyán contra el equipo de investigadores, quien también remitió a sus superiores notas con anuncios de proceso en contra del capitán René Tambo, actual jefe de Homicidios de la Felcc, quien declaró en el juicio señalando varios errores cometidos en los informes de los forenses Ángela Yarmila Mora y Cristian Camacho.

Fiscal Blanco mintió

Ayer, en entrevista con los medios de comunicación, Félix Fernández y Norma Sumi, padres del médico procesado, denunciaron que el ahora fiscal Departamental, Edwin Blanco, mintió al señalar que los peritos que emitieron el certificado forense, diagnosticando la supuesta violación, Mora y Camacho declararon como “forenses” y sólo fueron presentados como testigos.

A pesar de estas irregularidades, la fiscal Boyán calificó como un gran logró la sentencia emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, asegurando que se trabajó de forma “objetiva”.

De rodillas ante Fiscal General

Algunos aspectos que llamaron la atención durante el inicio del proceso, Norma Sumi relató que pidió de rodillas y llorando al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, verificar los antecedentes del caso, asegurando que su hijo era inocente y este le aseguró que sabía, pero la mujer se dio cuenta que Guerrero estaba presente el 14 de diciembre cuando su hijo fue detenido.

En esa fecha, según la declaración del capitán Tambo ante el Tribunal ya en juicio, el médico se negó a firmar la declaración redactada por el fiscal Blanco, debido a que en la declaración habían cosas que él no había declarado.

Marco Antonio García, entonces abogado del médico, corroboró a EL DIARIO todos estos antecedentes y aseguró que Blanco pretendió hacerle firmar un documento en el cual Fernández se inculpaba, lo que provocó una agria discusión en presencia del uniformado, quien dijo la verdad en juicio, señalando que no existía indicios de culpa contra el médico.

Testigos retirados

Entre los testigos que Boyán retiró de manera irregular estaba Luci Ibañez Mamani, esposa del portero del Hogar Virgen de Fátima, quien debía descartar la presencia del médico en el lugar, el 13 de noviembre de 2014, que cuando se afirma se cometió el hecho.

Boyán evitó también que declaren los investigadores especiales, Jhonny Paredes Espinoza, Jesús Licón y Ronald Valencia Jové. La familia asegura que ellos fueron excluidos por al fiscal para evitar que corroboren lo mismo que Tambo.

Otros testigos excluidos a último momento por Boyan fueron el exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes), militante del Movimiento al Socialismo, Henri Flores, y de su colaboradora, Lourdes Murillo Cuentas, responsable de hospitales de La Paz, así como a Reynaldo Calle Sarmiento, responsable de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).

El motivo de esas exclusiones, según la explicación de los padres, era evitar que se les interrogue sobre las malas condiciones en las que vivían los menores al interior del Hogar Virgen de Fátima y cuáles eran las condiciones de atención médica que recibían, en situación de abandono y por qué se contrataba a personas sin experiencia para su cuidado.

Asimismo, Boyán dejó fuera a la practicante de enfermería del Hospital del Niño, que fue sentenciada en proceso abreviado, Naty Choquetarqui Bellido, quien había incurrido en contradicciones en sus declaraciones acerca de la toma de temperatura del menor.

Tuesday, March 27, 2018

Video TEma Discriminación en el ambito juridico de Bolivia

Wednesday, March 21, 2018

Tuvo a su cargo casos de importancia nacional Fiscal Ayala fue destituido por violencia intrafamiliar

El ahora exfiscal de materia Daniel Ayala fue destituido del cargo, debido a denuncias de violencia familiar presentadas por su entorno, informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.

Ayala fue fiscal encargado de casos controvertidos que dejaron empañada la imagen de la Fiscalía, como el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, donde se cuestiona por qué no se imputó al actual viceministro, José Luis Quiroga, siendo quien incitó la violencia entre los cooperativistas mineros en agosto de 2016.

Junto al actual fiscal departamental, Edwin Blanco, Ayala también tuvo a su cargo la investigación en caso de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, proceso donde nunca se investigó los supuestos negociados tras la firma de cinco millonarios contratos entre el Gobierno y la empresa China CAMC, cuyos ejecutivos nunca fueron convocados a declarar.

CASOS CONTROVERTIDOS

Antes de ser destituido, Ayala estaba a cargo del caso de desfalco al Banco Unión, junto al fiscal suspendido Erlan Almanza, en medio del escándalo por denuncias de extorsión a los principales implicados, quienes presentaron audios referidos a este asunto.

Tal como en días pasados informó EL DIARIO, Guerrero precisó que Ayala fue destituido hace más de dos semanas, puesto que se están llevando procesos en su contra por presunta violencia contra la madre de sus hijos.

Guerrero sostuvo que en este tema, lo mejor es que Ayala se defienda desde el llano, sin ostentar el cargo de fiscal.

Entre las polémicas acciones del exfiscal, Ayala es recordado por responder de forma altanera y negar información a los periodistas señalando “desconozco, no tengo idea”, frase repetida a lo largo del caso Zapata.

Entretanto, el Fiscal General enfatizó que los funcionarios de la Fiscalía no sólo deben reunir las condiciones legales para ejercer el cargo, sino también deben cumplir con preceptos de ética y probidad.

Recientemente, en febrero, el fiscal Ayala fue objeto de críticas de parte de la oposición, puesto que el senador Arturo Murillo reveló que el 2011 fue dado de baja de la Policía por incumplir sus deberes dolosamente.

Thursday, March 15, 2018

Por fallo de repostulación en TCP Proposición acusatoria contra extribunos pasó a Comisión

Después de casi un mes de su presentación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, remitió el martes a la Comisión de Justicia Plural, la proposición acusatoria de Juicio de Responsabilidades contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional, presentada por el diputado opositor Luis Felipe Dorado.

Indicó que ahora resta que la Comisión controlada por el MAS emita informe en 30 días haciendo conocer su opinión sobre la viabilidad del juicio de responsabilidades contra los exmagistrados que firmaron los fallos en el caso Focas con una jurisprudencia inexistente y de la repostulación cuya sentencia estuvo escrita antes que incluso la demanda de inaplicabilidad de seis artículos de la Constitución sea admitida.

El diputado manifestó que espera que ambas pruebas canalicen el juicio de responsabilidades y el MAS no termine de encubrir a los magistrados que votaron por rehabilitar la candidatura de Evo Morales para el 2019, ignorando el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

Advirtió que de ser rechazo “sería un nefasto precedente ya que existen pruebas del delito cometido por los ex magistrados sentenciando con una sentencia futura”. Dijo no tener conocimiento sobre las razones por las que Gabriela Montaño se tomó un mes para derivar algo que incluso no fue puesto a consideración de pleno.

El memorial pide se abra juicio contra los exmagistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Rudy Flores, Juan Osvaldo Valencia Alvarado, Neldy Virginia Andrade Martínez, el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato sancionado por Código Penal.

Wednesday, March 14, 2018

Contra reelección indefinida TCP rechazó denuncia de “fraude procesal”

El Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el memorial en el que denunciaron “fraude procesal” para la anulación de la sentencia 0084/2017, referida a la reelección indefinida, informó el constitucionalista Carlos Alarcón.

La entidad del control constitucional rechazó porque las personas que interpusieron la denuncia “no son sujetos legitimados” para recurrir directamente al TCP con una acción o denuncia.

“Hemos tomado conocimiento de una resolución del Tribunal Constitucional señalando que los denunciantes no seríamos los sujetos legitimados, a pesar que tratándose de una denuncia no se necesita ninguna legitimación especial”, explicó el jurista a ANF.

Alarcón y activistas del país presentaron en Sucre un memorial ante TCP, para pedir que esa institución “disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo” en la sentencia de la reelección indefinida, por la existencia de un “fraude procesal”.

De acuerdo con el autoconstitucional los legisladores sí estarían facultados para presentar denuncias y acciones. “Lo que haremos es buscar legisladores de oposición para volver a presentar una denuncia”, manifestó.

RECURSOS DIRECTOS DE NULIDAD

En tanto, el TCP a través de un escueto comunicado informó que los dos recursos directos de nulidad presentados en contra de la Sentencia Constitucional sobre la reelección indefinida se encuentran en la Comisión de Admisión.

Uno de los recursos directos de nulidad 22867-2018-46 fue planteado por Eduardo Gutiérrez Monasterio, Fernando Cuellar Núñez, Luis Fernando Camacho Vaca, Lidia estela Llorenty y Paul Arana Cuellar; el segundo 22955-2018-46 fue presentado por Romer Fernando Hurtado.

Ambos fueron interpuestos contra la Sentencia Constitucional 0084/2017, que ha reconocido la reelección indefinida de las autoridades electas, amparado en esta definición el presidente Evo Morales anunció que volvería a ser candidato el 2019, y el Auto Constitucional 0269/2017-CA. “Se encuentran en conocimiento de la Comisión de Admisión”, especifica el comunicado.

Asimismo, informan que “por economía procesal ambas causas fueron acumuladas” y se encuentran en trámite conforme al procedimiento y los plazos señalados en el Código Procesal Constitucional y una vez que la Comisión de Admisión emita una decisión la misma será legalmente notificada”.

En noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó su sentencia dejando inaplicable cuatro artículos de la Constitución Política del Estado y declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral.

Los seis magistrados que firmaron la sentencia establecieron que para este caso aplica de manera preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto ninguna autoridad puede ser limitada en su derecho de repostularse sin límites ni restricciones.

Tuesday, March 13, 2018

No se admitió preguntas Hermetismo en caso Alexander

Bajo un total hermetismo transcurrió ayer la audiencia de Inspección Técnica Ocular (ITO) en los ambientes del Hogar Niño Jesús (antes Virgen de Fátima), dentro del juicio oral por el caso bebé Alexander; las autoridades judiciales negaron dar información mientras que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia evitó que se realicen consultas a las partes procesales.

La ITO fue solicitada por la defensa del médico Jhiery Fernández, y se desarrolló desde las 10.30 horas de la mañana cuando los acusadores a la cabeza de la fiscal Susana Boyán, miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, presidido por Patricia Pacajes; los acusadores particulares y los tres acusados junto a sus abogados se hicieron presentes en el hogar donde residen menores tutelados por el Estado.

El hogar es administrado por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación, dependiente de la Gobernación, que en 2014 estaba a cargo del ahora ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

En ese entonces, Agustina Quispe a cargo de la institución, por este caso fue denunciada por el entonces Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, omisión de denunciar y delitos contra la salud pública.

Según los antecedes y la declaraciones de testigos en esa fecha, a las 05.30 de ese 13 de noviembre de 2014, cuando falleció el menor, la cuidadora del bebé (mamita) Madelene Pahe Chambi, de 19 años, dejó solos en la habitación a los nueve menores que tenía a su cargo, mientras fue a la cocina a recoger los biberones.

Según la hipótesis de la fiscal Boyán, la joven tardó 30 minutos en realizar esa acción, momento que fue aprovechado por el médico Fernández, que estaba de turno, para ingresar a la “Sala 2” y cometer el horrendo crimen y luego salir del lugar.

Sin embargo, testigos, personal del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI), centro médico vecino al Hogar Virgen de Fátima, incluida una paciente de 14 años desmintieron la hipótesis de Boyán detallando que en ese horario, el médico Fernández se encontraba dando atención médica a la menor junto a la enfermera Roxana Cuentas.

INTERROGATORIO ILEGAL

En diciembre de 2014, Boyán y el actual fiscal departamental Edwin Blanco irrumpieron en el IRI e interrogaron a la menor de 14 sin orden, sin permiso del Sedeges, ni asistencia de psicólogos según confirmaron a este medio el personal administrativo de ese época.

Con esos antecedentes, tal como lo declararon en la etapa investigativa los abogados de los cerca de 14 involucrados, el primer punto a desmentir en la ITO que se desarrolló ayer fue el hecho que la “mamita” no demoró 30 minutos, sino, solo cinco minutos pues el lugar de donde fue a recoger los biberones queda a escasos metros de la “Sala 2” y las mismas ya estaban preparadas.

Otro aspecto que se desmintió en el juicio, por la portera del IRI, fue el hecho de que el acceso al Hogar Virgen de Fátima, desde el IRI, era abierto a las 06.30 y era imposible ingresar por otro punto, además que nadie más contaba con llaves de puerta.

La ITO de ayer se efectuó con la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, que desde la pasada semana se apersonó al proceso ante las varias denuncias por retardación de justicia y faltas de los abogado de Defensa Pública que asisten a la enfermera del Hogar Lola Rodriguez, coacusada en este juicio.

Asímismo, la directora de la Niñez y la Adolescencia de ese Viceministerio, Ninoska Durán, confirmó que esa instancia hace seguimiento al proceso y verificó que la ITO no vulnere los derechos de los menores.

Video TCP rechaza accion contra la reelección de Evo Morales..

Saturday, March 10, 2018

Ortiz, otro evaluador de magistrados aparece con un cargo en el TCP



Carlos Ortiz Quezada, quien fue uno de los representantes del sistema universitario en la evaluación de postulantes a magistrados, ahora figura como funcionario del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), denunció la senadora Janine Añez en contacto con Erbol.

En el proceso de evaluación de postulantes, que se realizó el año pasado en el Legislativo, Ortiz Quezada fue elegido como representante de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) para participar de la comisión de académicos encargada de elaborar las preguntas de los exámenes y hacer seguimiento.

La senadora Añez aseveró que entonces ya había suspicacia porque en Beni se conocía el vínculo de Ortiz Quezada con el postulante Gonzalo Hurtado, quien tuvo uno de las mejores calificaciones en el examen para postular el TCP.

Gonzalo Hurtado resultó ganador de una magistratura en el TCP y asumió funciones. Luego, el 24 de enero de 2018 Carlos Ortiz Quezada ingresó como funcionario del ese Tribunal, según su registró en la Contraloría.
Captura de pantalla de la declaración Jurada de Ortiz Quezada

Añez aseveró que Ortiz Quezada renunció a la decanatura que ejercía en la Universidad de Beni para irse a trabajar al Tribunal Constitucional.

La senadora, siempre en contacto con Erbol, señaló que esa designación de Ortiz Quezada no es ética, y está dando la razón a los cuestionamientos que hizo la oposición por la falta de transparencia del proceso de selección de candidatos a magistrados. "Genera susceptibilidad de que se estaría devolviendo favores, porque no puede ser, mucha casualidad", dijo.

La presencia de Ortiz en la comisión de preselección de postulantes ya había causado susceptibilidad, porque el mismo era vocal del Tribunal Electoral de Beni, cuando se anuló la candidatura de Ernesto Suárez a la Gobernación.
Este es el segundo caso de este tipo. Un día antes se reveló que un exfuncionario del Senado, que participó en la evaluación de postulantes a tribunos, ahora tiene un alto cargo en el Consejo de la Magistratura.

Fiscal Departamental deja sin efecto orden de aprehensión en su contra

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, a instancias del exfiscal Humberto Quispe, emitió dos órdenes de aprehensión contra los fiscales departamental de La Paz, Edwin Blanco, y de Materia, Lupe Zavala, por no comparecer como sus testigos de descargo al juicio oral que se sigue en su contra. Horas más tarde, Blanco presentó un memorial para dejar sin efecto dicha orden en su contra.

El 31 de enero inició el primer juicio oral contra Quispe por los delitos de uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.

Según los antecedentes, en julio de 2013, el exfiscal utilizó su cargo para montar un caso en contra de Horacio Flores Yanapa a quien encarceló y desalojó de un bien inmueble para tomar ventaja con otro grupo de personas que tenían un proceso patrimonial contra Flores.

Es dentro de este proceso que Quispe propone como sus testigos de descargo a fiscal departamental, Edwin Blanco, y la fiscal de materia Lupe Zavala.

Asegurando que los dos fiscales fueron notificados y no asistían a declarar en su favor, Quispe pidió al Tribunal emita las órdenes de aprehensión.

MANDAMIENTO ILEGAL

Horas más tarde, anoticiado por medios de comunicación, Blanco respondió molesto señalando que ese mandamiento emitido por el juez Alfredo Jaimes es “totalmente ilegal”, y que existen personas que lo quieren perjudicar para alejarlo del Ministerio Público.

Afirmó que presentó un memorial ante el juzgado que emitió su aprehensión, para presentarse a las 17.00 a declarar y así lo hizo.

En audiencia, Blanco respondió no recordar sobre varias acciones que se habían cometido por parte de Quispe, pero aseguró que hay varios procesos abiertos en contra del exfiscal con el mismo modus operandi.

Con la declaración de Blanco, se cerró la etapa de alegatos y presentación de testigos. El juicio se reinstalará el 21 de marzo cuando es posible que se dicte una primera sentencia contra el exfiscal.

PESECUSION

En criterio del fiscal Blanco, la orden de aprehensión emitida en su contra responde a acciones persecutorias gestadas desde el Ministerio de Gobierno con el objetivo de perjudicarlo.

Señaló que no fue notificado legalmente para esta declaración y lamentó el accionar de la autoridad jurisdiccional que no valoró como corresponde esta situación.

Representante del CUB y exvocal electoral ahora trabaja en el TCP

El representante de la Universidad y expresidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Carlos Ortiz Quezada, quien era parte de la Comisión de elaboración de preguntas en la etapa de calificación para postulantes a las elecciones de autoridades para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, ahora está trabajando con el magistrado Gonzalo Hurtado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunció la senadora de Unidad Demócrata (UD), Janine Añez.

“Ahora nos enteramos que Carlos Ortiz, está trabajando en el TCP, obviamente que no es ilegal, pero no es ético y pensamos que no es casual, porque están pagando favores” afirmó Añez.

Gonzalo Hurtado resultó ganador de una magistratura en el TCP y asumió funciones. Luego, el 24 de enero de 2018 Carlos Ortiz Quezada ingresó como funcionario del ese Tribunal, según su registró en la Contraloría.

Para poner en antecedentes la denuncia de la senadora de UD, recordemos que la Asamblea Legislativa conformó una comisión constituida por académicos del sistema universitario boliviano, quienes eran los encargados de elaborar la evaluación de los postulantes a las candidaturas para altos cargos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

En ese sentido, hizo la referencia la autoridad legislativa, porque dicha Comisión cayó en serias observaciones de transparencia por el rector del Umsa, Waldo Albarracín, autoridad del mismo sistema universitario boliviano.

“Este señor Carlos Ortiz era representante de la universidad, él era uno de los que elaboraba la batería de preguntas para los candidatos y sabíamos nosotros, la cercanía que tenía con el entonces candidato Gonzalo Hurtado ahora magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, manifestó Añez.

Tuesday, March 6, 2018

Fiscalía conforma una comisión para indagar incidente en Palmasola



La Fiscalía General instruyó la conformación de una comisión de fiscales para investigar la fuga y recaptura de reclusos en el penal Palmasola de Santa Cruz, según informó hoy en Sucre su titular, Ramiro Guerrero.

"He instruido al fiscal Departamental de Santa Cruz conformar una comisión de fiscales para conocer cuál ha sido la situación, pues si bien ahora se tiene la situación controlada (…) Queremos conocer cuáles fueron los detalles del caso y establecer la verdad histórica”, dijo la autoridad, de acuerdo a radio Loyola Fides.

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Esta jornada la Policía Boliviana informó que hay dos reos que lograron fugar y que son buscados, a la par del cambio y reforzamiento de la seguridad en el recinto que alberga a al menos 18.000 privados de libertad.

Una de las finalidades de las indagaciones será determinar la responsabilidad de los policías en todos los hechos del pasado lunes, desde el origen del conflicto, el tiempo de resolución y hasta establecer responsabilidades de todas las acciones.

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Además se instruyó una evaluación al Instituto de Investigaciones Forenses ((IDIF) sobre el interno que resultó herido producto de los altercados registrados ante la decisión de sacar a los menores de esa cárcel.

Finalmente, el fiscal general respaldó la salida de menores de los recintos carcelarios para que pasen al cuidado del Estado o de algún familiar, así evitar los abusos o vejámenes al interior de los penales.

Monday, March 5, 2018

Video Viceministro de Transparencia sobre el examen para elegir notarios de fe publica

Por primera vez aspirantes a notarios rindieron exámenes



Más de 2.000 abogados y abogadas rindieron ayer por primera vez en Bolivia el examen de competencia, de manera simultánea en los nueve departamentos, para optar a 442 notarías de fe pública, en medio de un inédito despliegue logístico y de seguridad tecnológica.

“Es la primera vez que se realiza un proceso de selección meritocrática basado en la calificación de méritos de postulantes y el examen simultáneo con características transparentes”, señaló el ministro de Justicia, Héctor Arce, una vez que los 140 postulantes paceños ingresaron a las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA.

La autoridad señaló que con este histórico proceso de selección meritocrática y transparente de notarios se “acabó” con los negociados económicos para la distribución de las notarías de fe pública, recurrentes durante los gobiernos neoliberales.

“En el pasado, lamentablemente, y esto es vox populi (voz del pueblo), era muy común la venta de los cargos notariales, se accedía por dádivas, por beneficios económicos, esa situación ha terminado”, aseguró.

Innovación tecnológica

Arce destacó el despliegue logístico y el sistema tecnológico moderno empleado para garantizar la seguridad y transparencia de las pruebas de competencia.

La jornada comenzó a las cero horas de ayer con la emisión de exámenes mediante cuentas encriptadas bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic).

Los postulantes ingresaron a las casas de estudios superiores desde las 08.00 sólo con la presentación de sus cédulas de identidad y la comprobación de su registro biométrico. No se permitieron teléfonos celulares. A las 09.15 iniciaron los exámenes y culminaron a las 12.15 en las nueve ciudades.

Calificaciones

Los postulantes respondieron 100 preguntas sobre 50 puntos (50% de la calificación total) y dicha puntuación se sumó a la obtenida anteriormente en la etapa de calificación de méritos, también sobre 50 puntos, a cargo del sistema universitario.

Para garantizar la transparencia, las notas finales, entre la evaluación de los méritos y del examen escrito, fueron publicadas en la página web de la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) www.notariadoplurinacional.gob.bo, dependiente del Ministerio de Justicia.

“Estas personas harán una carrera notarial porque llegaron por méritos y trayectoria. Los exámenes son una garantía de calidad y transparencia. No cumplirán funciones de cuatro o cinco años, sino que su carrera será evaluada cada dos años mejorando el servicio notarial”, aseveró.

“Saludamos el proceso de selección de notarias y notarios de todo el país. Resaltamos el trabajo del Ministerio de Justicia, que contribuye a transparentar esta elección en base a méritos y capacidades de los abogados postulantes. As, vamos cambiando la justicia en Bolivia”, publicó el presidente Evo Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Se habilitaron 2.041 abogados y abogadas para 442 notarías de las ciudades capitales y algunas intermedias porque para las notarías del área rural la convocatoria se publicará los próximos meses.

Llenarán espacios de diez notarías en Beni, 23 en Chuquisaca, 85 en Cochabamba, 140 en La Paz, 20 en Oruro, cuatro en Pando, 12 en Potosí, 126 en Santa Cruz y 22 en Tarija.

Sunday, March 4, 2018

Más de 2.000 postulantes para notarías del país

El Ministerio de Justicia anunció que 2.041 postulantes rendirán examen de competencia, hoy, en todos los departamentos del país, para optar a 442 notarias de Fe Pública, en el marco del proceso de selección de los mejores abogados bolivianos para esos cargos, en medio de un gran despliegue logístico y de seguridad tecnológica informatizada.

Ese proceso de selección meritocrática y transparente se realiza a través de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIrnoplu) con el acompañamiento del sistema universitario boliviano.

“Para la fase de los exámenes de competencia se contó con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP)”, remarca un boletín institucional.

“Esta fase del examen de competencia se desarrollará bajo un estricto protocolo de seguridad. Los resultados de las pruebas se conocerán el mismo día”, explicó el ministro de Justicia, Héctor Arce.

Precisó que en ese proceso se implementarán el registro biométrico, el código de barras, las cintas de seguridad; dijo que las preguntas propuestas por las universidades están protegidas.

Detalló que se controlará la identidad de los postulantes con el padrón biométrico y a través de escáneres dactilares en cada una de las universidades.

Saturday, March 3, 2018

Código del Sistema Penal abrogado aún es socializado

A pesar de la abrogación del Código del Sistema Penal debido a sus varias observaciones, protestas y conflictos, aún es socializado por el oficialismo que pretende mostrar que no todos los artículos de esta norma eran deficientes. Cuando acabe esta tarea, la Asamblea Legislativa definirá una fecha para elaborar una nueva propuesta de norma, informó a EL DIARIO el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.

“Seguramente más adelante se va afijar cual es el procedimiento, por ahora nosotros estamos abocados a la socialización con diferentes sectores sociales y podemos seguir manifestando a la sociedad, que era un buen Código y tenía importantes novedades que iban a transformar la justicia en el ámbito penal”, explicó el legislador.

El presidente Evo Morales promulgó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal, que fue rechazado y cuestionado por varios sectores del país con movilizaciones y una huelga de legisladores de la oposición.

La Ley 1027, promulgada el 25 de enero, en su artículo único, establece que “se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal”.

Gonzales manifestó que tras esta socialización se analizará si es que se toma de base la norma anulada y cuál sería la estrategia para su nueva redacción, por el momento no hay nada confirmado sobre la fecha del tratamiento.

En las últimas horas el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz informó sobre los gastos que se habían erogado para la redacción de esta norma, donde el pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal que comenzó en 2016 y que fue derogado, costó Bs 879.387, el 84 por ciento se financió con recursos de cooperación externa y el 16 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

De los Bs 879.387 usados para la elaboración de esta norma, Bs 736.389 salieron de la cooperación internacional y el Tesoro General de la nación erogó Bs 143.000, mediante la Vicepresidencia.

Al respecto Gonzales indicó que este informe fue enviado por él a solicitud del legislador, además indicó que los opositores buscan un pretexto para observar y deslegitimar el trabajo de los expertos que fueron convocados para la elaboración de esta norma.

Para la elaboración de la norma se contó con la colaboración de la doctora Pilar Quintanilla, directora jurídica de la Cámara de Senadores y de Diputados, la doctora Jovana Mendoza.

Reynaldo Imaña condujo el equipo técnico para la redacción de la norma y se contó con la asesoría del doctor Alberto Binder, experto internacional en derecho procesal penal.

Thursday, March 1, 2018

Caso bebé Alexander Interponen denuncia ante Consejo de la Magistratura por retardación

El Ministerio de Justicia interpuso una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces responsables de la suspensión de audiencias en el juicio oral por el caso del bebé Alexander, mientras un equipo de abogados fortalecerá la defensa en la última fase del juicio.

“Las suspensiones también han sido atribuibles porque no se encontraba el equipo completo del juzgado, etc. (Esos hechos) nos han llevado a hacer la denuncia correspondiente al Consejo de la Magistratura”, informó la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, entrevistada en Cadena A.

También detalló que un equipo de la cartera de Justicia, reforzará el equipo de la defensa en la última fase de juicio, para la defensa del menor, sostuvo.

“Es importante entender que este bebé de ocho meses es una muestra clara de que la respuesta institucional de la justicia y la administración de justicia tiene que darse, también. Muchas veces realizamos la denuncia pero la respuesta institucional tiene que ver con esta inmediatez, la celeridad, es así que vamos a participar en el juicio y vamos a exigir que este caso no quede en la impunidad”, manifestó Durán.

El martes, el director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Sepdep), Juan Andrade Guerra, fue destituido de su cargo por las constantes faltas del abogado de la entidad que debía patrocinar a una de las coacusadas del caso Alexander. Por este motivo las audiencias fueron suspendidas de manera consecutiva al menos en dos oportunidades.

En dos años y dos meses de juicio oral en el caso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones: 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y post natal de la jueza Guerrero; y 41 veces por otras razones como el embarazo de una de las coacusadas y la falta de abogado que debería garantizar la Defensa Pública.

El juicio oral en el caso Alexander se inició el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no hay sentencia ni en primera instancia.

Hasta donde se conoce, porque fue declarado en reserva, la fiscalía realizó la imputación con pruebas inexistentes, cuando uno de los encargados del caso era el actual fiscal departamental Edwin Blanco, ya que los resultados de ADN recién se iban a conocer. Posteriormente cuando ya fue encarcelado el principal imputado se conocieron las pericias con resultados que no lo involucran. (ANF)

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