“Seguramente más adelante se va afijar cual es el procedimiento, por ahora nosotros estamos abocados a la socialización con diferentes sectores sociales y podemos seguir manifestando a la sociedad, que era un buen Código y tenía importantes novedades que iban a transformar la justicia en el ámbito penal”, explicó el legislador.
El presidente Evo Morales promulgó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal, que fue rechazado y cuestionado por varios sectores del país con movilizaciones y una huelga de legisladores de la oposición.
La Ley 1027, promulgada el 25 de enero, en su artículo único, establece que “se abroga la Ley N° 1005 de 15 de diciembre de 2017 “Código del Sistema Penal”.
Gonzales manifestó que tras esta socialización se analizará si es que se toma de base la norma anulada y cuál sería la estrategia para su nueva redacción, por el momento no hay nada confirmado sobre la fecha del tratamiento.
En las últimas horas el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz informó sobre los gastos que se habían erogado para la redacción de esta norma, donde el pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal que comenzó en 2016 y que fue derogado, costó Bs 879.387, el 84 por ciento se financió con recursos de cooperación externa y el 16 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
De los Bs 879.387 usados para la elaboración de esta norma, Bs 736.389 salieron de la cooperación internacional y el Tesoro General de la nación erogó Bs 143.000, mediante la Vicepresidencia.
Al respecto Gonzales indicó que este informe fue enviado por él a solicitud del legislador, además indicó que los opositores buscan un pretexto para observar y deslegitimar el trabajo de los expertos que fueron convocados para la elaboración de esta norma.
Para la elaboración de la norma se contó con la colaboración de la doctora Pilar Quintanilla, directora jurídica de la Cámara de Senadores y de Diputados, la doctora Jovana Mendoza.
Reynaldo Imaña condujo el equipo técnico para la redacción de la norma y se contó con la asesoría del doctor Alberto Binder, experto internacional en derecho procesal penal.
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